Alberto Orozco Hernández
Expediente 922/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 922/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alberto Orozco Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Por lista notifico a la quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil dieciocho. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el doce de febrero de este año, se concedió la protección constitucional a ALBERTO OROZCO HERNÁNDEZ, para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".siguiendo los lineamientos establecidos, de manera inmediata provea el dictado del laudo respectivo, dentro del juicio ordinario laboral número 92/2014, de su índice." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, en proveído de uno de marzo de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y en ese propio auto se ordenó dar vista a la parte quejosa con el oficio presentado el veintiuno de febrero de este año, ante este órgano jurisdiccional, mediante el cual, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, allegó copia certificada del laudo dictado el quince de febrero del año en curso, dentro del juicio laboral número 92/2014; situación con la que se consideró daba cabal cumplimiento al fallo protector, por lo que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dictado el laudo dentro del juicio laboral número 92/2014, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial ubicado en Toluca, Estado de México, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
POR MEDIO DE LISTA, notifico a la parte quejosa...el siguiente acuerdo: Morelia, Michoacán, uno de marzo de dos mil dieciocho. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con fecha de engrose de doce de febrero de dos mil dieciocho, en que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ALBERTO OROZCO HERNÁNDEZ;. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE DA CUENTA CON ESCRITO RESERVADO. Ahora bien, de autos se advierte que en proveído de veintidós de febrero pasado, se reservó proveer en relación al oficio a través del cual la autoridad señalada como responsable, remitió copias certificadas del laudo emitido el quince de febrero del año en curso, dentro del juicio laboral 92/2014, hasta en tanto, causara ejecutoria el sumario en que se da cuenta, y como en la especie eso ya aconteció, se provee lo relativo al mismo. VISTA A LAS PARTES. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil dieciocho. SE RESERVA ESCRITO, HASTA QUE SE CAUSE EJECUTORIA. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través de cual pretende dar cumplimiento a la sentencia dictada dentro del juicio en que se actúa, y remite copias certificadas del laudo dictado el quince de los actuales; en consecuencia, resérvese acordar lo que en derecho corresponda, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia de doce de febrero del año en curso, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.*lsm.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 922/2017, promovido por Alberto Orozco Hernández, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el tres de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, Alberto Orozco Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. La parte promovente del amparo estimó violado en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de cuatro de octubre pasado, se desechó la demanda de amparo por considerar que era improcedente el juicio en que se actúa, asimismo, la parte quejosa interpuso recurso de queja en contra del aludido auto, medio de impugnación que por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por interpuesto el cual por razón de turno tocó conocer y resolver al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, quien en sesión de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, declaró fundado dicho recurso, revocando el auto recurrido. Enseguida, por auto de trece de diciembre pasado, se recibieron los autos y se admitió la demanda de garantías, misma que quedó registrada bajo el número I-922/2017; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante lo anterior, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad de emitir el laudo correspondiente en el juicio ordinario laboral 92/2014. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal responsable, se advierte que es cierto el acto reclamado consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente y la consecuente demora en la administración de justicia. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias relativas al juicio ordinario laboral 92/20104, de las cuales se destaca el proveído de catorce de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se dijo que no quedaban pruebas pendientes por desahogar y se concedió a las partes el término de dos días para que formularan sus respectivos alegatos, apercibiéndolos que de no hacerlo en dicho termino, perderían su derecho para tal efecto, así como el diverso de veinte de septiembre pasado, mediante el cual se hizo efectivo el apercibimiento formulado en proveído de catorce de ese mismo mes y año, y se dejaron los autos en estado de emitir el laudo correspondiente, sin que a la fecha se haya pronunciado al respecto, lo que ha retardado el dictado del laudo en el referido controvertido laboral. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. ANÁLISIS DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En ese sentido, por ser una cuestión de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que la haga valer alguna de las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio. Resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial VI. 2o. J/209, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 55, Julio de 1992, de la Octava Época, visible a página 51, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que estas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". Así, debido a que este órgano jurisdiccional no advierte de manera oficiosa que se actualice alguna causa de improcedencia en el presente juicio de amparo, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada, dando respuesta a los conceptos de violación. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. El único concepto de violación aducido es esencialmente fundado aunque para tales efectos deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la ley de Amparo, así como atendiendo a la causa de pedir expresada en él. Lo antes dicho con sustento en lo señalado en la jurisprudencia 68/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.', en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.". Ahora bien, previo al pronunciamiento que este órgano de control realice, es preciso señalar que el estudio del acto reclamado en la demanda de amparo debe realizarse de manera exhaustiva en todos los apartados que contenga la demanda de amparo, esto a fin de que el órgano de control constitucional esté en aptitud de impartir una justicia completa e integral atendiendo a las solicitudes del gobernado, debiendo analizar el que la actuación de la autoridad responsable siempre sea en apego al respeto de los derechos humanos de la persona, y en caso de que se advierta alguna inconformidad que pueda vulnerarlos realizar el pronunciamiento respectivo. Lo antes dicho atendiendo a la Jurisprudencia 2ª./J.55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. A fin de corroborar lo anterior conviene señalar que el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, en lo medular dispone que, en una sola audiencia, se recibirán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará la resolución correspondiente. En ese orden, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, informó que es cierto el acto reclamado, toda vez que se encuentra radicado el expediente laboral 92/2014, promovido por el quejoso Alberto Orozco Hernández, donde no se ha dictado el laudo correspondiente, lo que ha retardado la impartición de justicia al gobernado en el referido controvertido laboral. En ese contexto, evidente resulta que el Presidente del Tribunal responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta, pues si a la fecha en el controvertido de origen ya se declaró cerrado el periodo de instrucción y se ordenó poner los autos en estado de emitir el laudo correspondiente, conforme lo disponen los artículos 99 y 103 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. En efecto, el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios señala el procedimiento a seguir, del que destaca que aquél se reducirá a la presentación de la demanda y contestación y a una sola audiencia en la que se presentarán pruebas y alegatos, y se pronunciará resolución, a menos que se requiera la práctica de diligencias posteriores, sin que la autoridad responsable se haya pronunciado al respecto. Así, no obstante que la responsable realizó actuaciones posteriores por ser de aquellas cuestiones donde deban de desahogarse pruebas que deban ser preparadas, y al no existir pruebas pendientes de desahogo, por auto de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se ordenó poner los autos a la vista de la autoridad colegiada, a fin de emitir el laudo correspondiente, sin que a la fecha haya constancias de que se haya dictado. En ese sentido, desde esa fecha hasta el día de hoy ha transcurrido más de cuatro meses con veintitrés dias, término que excede en demasía al que alude el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, para que emita el laudo respectivo, por ende, es que la abstención que se reclama en esta vía constitucional resulte violatoria de la garantía que pregona el artículo 17 Constitucional relativa a la impartición de justicia pronta y expedita. No pasa desapercibido el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "Época: Décima Época Registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Página: 1086 AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Contradicción de tesis 325/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 16 de marzo de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. Tesis y criterios contendientes: Tesis III.3o.T. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 8o., 14 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DENTRO O FUERA DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL, NO SE SURTE LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA PARA DESECHAR AQUÉLLA.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de octubre de 2015 a las 10:10 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Tomo IV, octubre de 2015, página 3373, y El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 79/2015, el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 41/2015, el sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 79/2015, el sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 94/2015, el sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 58/2015, y el diverso sustentado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 53/2015. Tesis de jurisprudencia 48/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de abril de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 9 de mayo de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." En consecuencia, lo procedente es otorgar al quejoso ALBERTO OROZCO HERNÁNDEZ, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que: El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, siguiendo los lineamientos establecidos, de manera inmediata provea el dictado del laudo respectivo, dentro del juicio ordinario laboral 92/2014, de su índice. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número CV/2013 (10ª.) de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 Y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Lo anterior, a fin de restituir al impetrante en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la Ley de la Materia. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ALBERTO OROZCO HERNÁNDEZ, en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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