Alberto Moreno Zamudio

Expediente 491/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
491/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
22/10/2019

Partes del expediente

  • Alberto Moreno Zamudio
  • Congreso Constitucional del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. AUTORIDAD ACUSA RECIBO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del oficio 15481, mediante el cual se le remitieron las documentales que le fueron requeridas de oficio por este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 1/2009. Ahora, tomando en consideración lo anterior, y a que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que no existe billete de depósito en resguardo en la caja de seguridad de este Juzgado relacionado con el presente juicio de amparo, aunado a que el no se considera de relevancia documental; con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse SOBRESEÍDO, por lo que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE. Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. DESTINO AL DOCUMENTO. Finalmente, como en la certificación secretarial que antecede se advierte que obra en autos documento original que la parte quejosa anexó a su demanda, específicamente en la foja 12; en tal virtud, se le requiere para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, se procederá a la destrucción de dicho documento, así como del expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.-Mgm

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. AUTORIDAD ACUSA RECIBO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del oficio 15481, mediante el cual se le remitieron las documentales que le fueron requeridas de oficio por este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 1/2009. Ahora, tomando en consideración lo anterior, y a que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que no existe billete de depósito en resguardo en la caja de seguridad de este Juzgado relacionado con el presente juicio de amparo, aunado a que el no se considera de relevancia documental; con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse SOBRESEÍDO, por lo que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE. Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. DESTINO AL DOCUMENTO. Finalmente, como en la certificación secretarial que antecede se advierte que obra en autos documento original que la parte quejosa anexó a su demanda, específicamente en la foja 12; en tal virtud, se le requiere para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, se procederá a la destrucción de dicho documento, así como del expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.-Mgm

  3. Principal

    V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo 491/2019-III, promovido por Alberto Moreno Zamudio, contra actos del Congreso Constitucional del Estado de Michoacán y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de abril pasado, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitido por razón de turno el veintinueve siguiente a este órgano jurisdiccional, Alberto Moreno Zamudio promovió demanda de amparo indirecto contra las autoridades referidas con antelación de quienes reclamó el acto que precisó de la siguiente manera: "1.- H. Congreso Constitucional del Estado de Michoacán, La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2019, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, donde se establece un cobro indebido, abusivo e ilegal, en el artículo 23 fracción II, inciso A), de la cual se reclama únicamente este artículo por ser el relativo al cobro del holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación, sin tomar en cuenta que es un derecho fiscal y que solo se debió autorizas el cobro que presenta al Estado ejecutar el servicio por calcomanía vehicular. 2.- C. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, La expedición, promulgación, orden de publicación y dar debido cumplimiento a la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2019.. . 4.- C. Director de Recaudación del Estado de Michoacán. a) La aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2019, consistente en el cobro indebido, abusivo e ilegal, en el artículo 23 fracción II, inciso A) que se me realizó el pasado 2 de abril el presente año.". SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman violados. Acto que en el decir de la parte quejosa son violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14, 16 y 31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Desechamiento, admisión y trámite. Por acuerdo de treinta de abril del año en curso se ordenó registrar el asunto bajo el expediente 491/2019-III; se desechó parcialmente la demanda por lo que hace al Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y, por el resto de las autoridad, se admitió a trámite, por lo que se les requirió su correspondiente informe con justificación; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue levantada como se advierte del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridades, en que se reclama la inconstitucionalidad de normas cuya aplicación se concreta en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la siguiente tesis de jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMADA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: La expedición y promulgación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2019, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, específicamente el artículo 23, fracción II, inciso A); y, como como consecuencia, el acto de aplicación de la norma citada. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación el Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán negó la existencia del acto de aplicación que se le atribuye. Ahora, si bien obra en autos la constancia relativa a la autoaplicación del pago del referendo anual de calcomanía -recibo de dos de abril de la anualidad que transcurre, con número de folio 44100006069, respecto del vehículo marca Ford-Mustang, serie AE01MM65207, modelo 1982, placa 4ML25-; es evidente que dicho acto no puede ser imputado como de autoridad, al no corresponder a un actuar irregular por parte de las responsables. Este criterio encuentra su apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de dos mil siete, página 367, del rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades señaladas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que a éstas se refiere. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de los actos. El Congreso y el Gobernador del Estado de Michoacán, aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Certeza que se corrobora con la publicación del decreto 120 que contiene los preceptos tildados de inconstitucionales en el Periódico Oficial del Estado, del que se advierte la participación de las autoridades responsables en la emisión de los actos reclamados, lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; máxime que la ley no es objeto de prueba. Es aplicable al caso particular, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 191452, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo 65, Volumen 65, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 233090: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." En la especie el suscrito considera actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa fracción X, de la ley de la materia que prevé: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior". En lo conducente, de las disposiciones legales reproducidas se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros casos, cuando se reclame una norma general o actos que hayan sido materia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por la propia norma o acto reclamado, aunque las violaciones sean diversas. Además, se desprende que tratándose de normas generales reclamadas con motivo de actos de aplicación distintos, la causal de improcedencia se actualiza únicamente cuando se dicte sentencia firme en la que se haya analizado la constitucionalidad de la ley y que de estimarse que esta no es violatoria de derechos humanos o constitucionales, no podría materializarse la causa de improcedencia, respecto de los actos de aplicación si fueron impugnados por vicios propios. Ahora bien, debe señalarse por una parte, que de una búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte la existencia del juicio de amparo 483/2019 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, quien atento a lo peticionado por este órgano federal, remitió a este sumario las constancias que contienen la sentencia dictada en ese juicio, así como el auto que la declara ejecutoriada: "VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 483/2019; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, Alberto Moreno Zamudio, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, órgano jurisdiccional que la admitió el treinta de abril de dos mil diecinueve, se registró con el número 483/2018, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Finalmente, seguido el juicio por sus demás trámites tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERADOS Primero. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 y modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que se reclama el primer acto de aplicación de una norma de carácter general del Estado de Michoacán, mismo que se dio dentro de la demarcación territorial en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Alberto Moreno Zamudio, por propio derecho reclama: Del Congreso, del Gobernador y del Secretario de Gobierno, todos del Estado de Michoacán, la aprobación, expedición, promulgación y publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, específicamente el artículo 23, fracción II, inciso A), en sus respectivos ámbitos de competencia. Del Director de Recaudación del Estado de Michoacán, la aplicación de las disposiciones legales antes citadas. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán (foja 15del juicio de amparo), negó la existencia de los actos que se le reclaman, consistente en la publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal de 2019. No obstante lo anterior, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable de referencia, aun cuando se le dio la vista respectiva con el informe justificado rendido por ésta, a pesar que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Se justifica lo señalado, porque además de que la existencia del acto reclamado a las autoridades indicadas, fue negada de forma lisa y llana, del decreto 120 que contiene los preceptos tildados de inconstitucionales en el Periódico Oficial del Estado, no se advierte que el Secretario de Gobierno hubiese intervenido en la publicación del mismo, sino únicamente en el refrendo, el cual no constituye parte del acto reclamado. De igual forma, no son ciertos los actos atribuidos al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, (en su denominación correcta del Director de Recaudación del Estado de Michoacán), consistentes en la aplicación de la disposición reclamada. Lo anterior, no obstante que obra en autos la constancia relativa a la autoaplicación del pago del referendo anual de calcomanía [adjuntó el recibo de dos de abril de la anualidad que transcurre, con número de folio 44100006089, respecto del vehículo marca Audi tipo A4, modelo 2018, número de serie WAUGFCF42JA070892, placas de circulación PGC683C, de esta Entidad Federativa -foja 12-]; es evidente que dicho acto no puede ser imputado como de autoridad, al no corresponder a un actuar irregular por parte de las responsables. Este criterio encuentra su apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de dos mil siete, página 367, del rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades señaladas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que a éstas se refiere. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza de los actos. El Congreso (foja 17 del juicio de amparo) y el Gobernador del Estado de Michoacán (145 del juicio de amparo), aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Certeza que se corrobora con la publicación del decreto 120 que contiene los preceptos tildados de inconstitucionales en el Periódico Oficial del Estado, del que se advierte la participación de las autoridades responsables en la emisión de los actos reclamados, lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; máxime que la ley no es objeto de prueba. Es aplicable al caso particular, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 191452, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo 65, Volumen 65, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 233090: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Quinto. Análisis de causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por cuestión de técnica jurídica las causas de improcedencia se estudiarán en el orden siguiente: Interés jurídico. La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, refiere que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no afecta el interés jurídico del quejoso. El artículo 61, fracción, XII de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". La porción normativa transcrita determina que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso y, contra normas de carácter general que, por su sola vigencia, no le causen afectación, sino que necesiten de un acto posterior de aplicación que lo origine. El numeral 5°, fracción I, de dicho ordenamiento legal dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" El numeral 107, fracción I, constitucional, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". Tales disposiciones revelan que el juicio de amparo es un medio de control constitucional procedente en contra de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre acotado a que tal agravio sea real y actual. Es oportuno destacar que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar siempre que esas normas afectan, de manera real y actual la esfera jurídica de quien solicita la protección Federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (autoaplicativas), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (heteroaplicativas), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 55/97, visible en la página 5, tomo VI, julio de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que al rubro y texto disponen lo siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Así, para la procedencia del juicio de amparo el promovente deberá acreditar la afectación a su interés jurídico, o bien, a su interés legítimo, pues se trata de conceptos jurídicos diversos y su diferencia puede establecerse a partir del tipo de normas que cada uno de ellos tutelan. Dichas figuras (interés jurídico o legítimo) están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas. En el caso del interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. Sobre el tema, el Pleno Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), se ha pronunciado en los términos siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." El contexto anterior evidencia la existencia de elementos constitutivos, tanto del interés jurídico como del interés legítimo, los cuales son concurrentes pues la ausencia de cualquiera de ellos hace que el juicio de amparo sea improcedente. En efecto, para acreditar el interés jurídico necesariamente el promovente del juicio de amparo debe demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. A su vez, para acreditar el interés legítimo el promovente del amparo deberá demostrar: a) La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); b) Que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; y, c) La afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o bien que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. En esa tesitura, para lograr que un juicio de amparo sea procedente, quien lo promueva necesariamente se encuentra obligado a acreditar que es titular de un derecho subjetivo y que éste haya sido violado como consecuencia del acto reclamado, o bien la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); así como que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial grupal; y, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Bajo ese contexto, corresponde al juzgador de amparo determinar en función del caso concreto, si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizarse el interés jurídico o el legítimo, para lo cual resulta útil atender a la condición legal del sujeto frente al acto reclamado, en conjunción con las pruebas y la naturaleza jurídica tanto del acto como de la autoridad responsable. En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal del dos mil diecinueve, en específico el artículo 23 fracción II, inciso A), con motivo de un acto concreto de aplicación, ya que sostiene que el dos de abril del año en curso, realizó el pago por el refrendo anual de calcomanía, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Lo que acredita con el recibo de pago del referendo anual de calcomanía, expedido por la autoridad en comento en favor del quejoso, con número de folio 44100006089, respecto del vehículo marca Audi tipo A4, modelo 2018, número de serie WAUGFCF42JA070892, placas de circulación PGC683C, de esta Entidad Federativa En ese sentido, contrariamente a lo manifestado por la autoridad responsable, el solicitante del amparo efectivamente tiene interés jurídico para acudir al juicio de control constitucional. Ausencia de conceptos de violación. Sobre tal aspecto, el Congreso del Estado de Michoacán refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no hace valer conceptos de violación contra los actos reclamados. Al respecto, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, se corrige la cita del precepto referido por la autoridad responsable y se procede al estudio de la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, aplicado en sentido contrario, del ordenamiento legal invocado. Los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, son los siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación." De la interpretación de los preceptos legales transcritos, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando en la demanda no se expresen conceptos de violación contra el acto reclamado. Cabe señalar que la causa de improcedencia invocada tiene sustento en el hecho de que la ausencia de conceptos de violación impide al órgano jurisdiccional emprender el análisis de constitucionalidad del acto reclamado, al no existir argumentos por parte del promovente. Este criterio encuentra soporte en la jurisprudencia 3a./J. 28/93, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 72, Diciembre de 1993, Materia Común, página 38, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo." Este juzgador considera que no se actualiza la causa de improcedencia aludida por la responsable en razón de que el quejoso sí expresó conceptos de violación tendentes a combatir el precepto reclamado, entre otros y a grandes rasgos, que el mismo viola en su perjuicio los principios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución porque el costo del servicio de entregar engomado o calcomanía no corresponde al costo que le representa al Estado otorgarlo. Por tanto, toda vez que el promovente del juicio de amparo sí hizo valer conceptos de violación en contra del precepto reclamado, no asiste razón a la responsable en su planteamiento. Declaración de procedencia y juicio político, así como elección, suspensión o remoción de funcionarios. El Congreso del Estado de Michoacán también señala, que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de la Materia, que dispone la improcedencia del juicio de amparo, cuando se reclamen resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieren la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Sin embargo, debe decirse que dicha autoridad no esgrime argumento alguno que justifique tal aserto, no obstante que para su ponderación se requiera el desarrollo de mayores razonamientos, dado que su planteamiento no es de obvia y objetiva constatación; esto es, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que en el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma; de ahí que no se estime la actualización de la misma. En apoyo a lo anterior, es de citar la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 137/2006, consultable en la página 365, del Tomo XXIV, Octubre de 2006, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." Así, al no existir diversa causa de improcedencia propuesta por las partes y no advertirse alguna otra que deba estudiarse de oficio, se procede al análisis de los conceptos de violación que formula la parte quejosa. Sexto. Estudio de fondo. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo al análisis de los conceptos de violación, resulta necesario establecer que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto a nivel federal como en la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, ya que consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad; los cuales enuncian las características que pueden llevarnos a construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental, y son: a) Toda contribución tiene su fuente en el poder de imperio del Estado. b) Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios. c) Sólo se pueden crear mediante ley. d) Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios; es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica. e) Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad. De tales características se puede esbozar un concepto jurídico de las contribuciones o tributos que resulte aplicable a todos los niveles de gobierno, al cual se le puede definir como un ingreso de derecho público normalmente pecuniario- destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza Federación, Ciudad de México, Estado o Municipios-, titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes. Una vez fijado un concepto constitucional de contribuciones o tributo, tenemos que éste se conforma de distintas especies, que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula. Dichos elementos esenciales de la contribución, reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo, consisten en: a) Sujeto: La persona física o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva por virtud del nacimiento de la obligación jurídico-tributaria. b) Hecho Imponible: Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho imponible constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, más aún, que legitima la imposición, en cuanto que sólo por su realización puede producirse la sujeción al tributo y será licita su exigencia. En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley, se trata siempre de un hecho de naturaleza jurídica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que ésta lo ha descrito o tipificado. c) Base Imponible: El valor o magnitud representativo de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinación liquida del crédito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa. d) Tasa o Tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efectos de obtener como resultado la determinación del crédito fiscal, y; e) Época de Pago: Momento o plazo dentro del cual la obligación es exigible y por tanto debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Ahora bien, aun cuando los mencionados componentes de los tributos son una constante estructural, su contenido es variable, presentándose de manera distinta, dependiendo de qué tipo de contribución se analice, dotando a su vez de una naturaleza propia a cada tributo. Asimismo, cabe apuntar que de acuerdo con la autonomía de las entidades federativas y con el sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución Federal, tanto la Federación como el Distrito Federal y cada Estado para sí y para sus Municipios, tiene libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad; sin embargo, esta libertad no autoriza al legislador para desnaturalizar estas instituciones, por lo que debe respetar sus notas esenciales tanto en lo referente a su naturaleza como contribución, como a las notas de sus especies. Fijadas las bases anteriores, cabe señalar que en el derecho positivo mexicano se establece la clasificación de las contribuciones comprendidas en nuestro ordenamiento jurídico, distinguiendo cuatro especies del género contribución, a saber los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos, los cuales conceptualiza de la siguiente forma: 1. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma distintas de las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y de los derechos. 2. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 3. Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 4. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Ahora bien, en el caso particular de los derechos, de la definición que brinda el código tributario se desprende que existen dos tipos de derechos, en primer lugar, aquellos consistentes en el pago por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación y, en segundo lugar, aquellos cuyo presupuesto consiste en recibir servicios que presta el Estado, en sus funciones de derecho público. Los derechos por servicios tienen su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como una actividad de la administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la administración y el usuario, que justifica el pago del tributo, tal como se desprende de la tesis jurisprudencial de rubro: "DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA." Es así que, tratándose de derechos por servicios, el hecho imponible consiste en la prestación de un servicio, que es susceptible de ser dividido en unidades de consumo o uso y siempre que puedan ser asignados a los sujetos pasivos, en virtud de ciertos parámetros de asignación, esto es, que puede ser cuantificado el costo, al menos en un individuo. Es necesario que se tome en consideración que para poder prestar el servicio de que se trata, el Estado debe desarrollar una serie de actividades, para lo que requiere una estructura administrativa, operativa y funcional, lo que conlleva a incurrir en diversos costos, que son los que se deben individualizar atendiendo al uso o consumo de cada sujeto, porque ello es lo que hace que sea un servicio divisible. Ello si se toma en cuenta que, para poder prestar el servicio de que se trata, el aparato estatal genera ciertos costos de tipo directo (son los destinados de forma inmediata al aparato administrativo que va a llevar a cabo el servicio público) e indirecto (no están destinados de forma inmediata al centro final de la prestación del servicio de supervisión, pero son costos que deben medirse como indirectos, porque influyen de tal forma a éste). Así, tenemos que, tratándose de servicios públicos, éstos tienen un costo para el Estado, el cual tiene que ser individualizado al usuario del servicio de que se trate, atendiendo a su uso o consumo, considerando que el servicio que le da origen sea susceptible de ser dividido en unidades de consumo o de uso, es decir, individualizado en el contribuyente. Esta característica es muy importante, por cuanto ella permite determinar la cuantía atendiendo al uso del servicio prestado a cada contribuyente y, consecuentemente, el monto de la contribución a pagar. Apoya lo anterior, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.1/98, publicada en la página 40 del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 1998, Materias Administrativa-Constitucional, Novena Época, registro 196395, que establece: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN. Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de "derechos". Vinculado con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado criterio que el análisis del principio de proporcionalidad y equidad tratándose del cobro de derechos por servicios se rigen por un sistema distinto al de los impuestos, ya que para la determinación de las cuotas a pagar por tal concepto no se deben tomar en cuenta elementos que reflejen la capacidad contributiva del gobernado, puesto que tal sistema es aplicable únicamente a los impuestos, pero no así para el cobro de derechos, dado que la cuota relativa, como se ha mencionado, se deberá fijar atendiendo al costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y las cuotas relativas deberán ser fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Cobra vigencia al respecto la jurisprudencia número P./J. 2/98, la cual es del tenor siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos". También es de precisar, que en materia de derechos por servicios, el principio de proporcionalidad tributaria exige que exista un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra al usuario y el costo que representa para el Estado su prestación, aunque esa relación no implique que el precio corresponda exactamente al valor de aquéllos, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. En ese sentido, como toda ley goza de presunción de constitucionalidad, es preciso que quien sostenga en el amparo que la cuota es notoriamente desproporcionada, asuma la carga de demostrar esa afirmación, pero si el quejoso rinde pruebas que apunten, al menos indiciariamente, a que las tasas son excesivas, la autoridad responsable está obligada a justificar, ya sea en su informe o durante la tramitación del juicio, la razonabilidad del cobro, por no serle exigible al gobernado conocer la estructura de costos de la autoridad y sus políticas operacionales, además de que en un sistema democrático compete al Estado acreditar la legitimidad de sus decisiones de finanzas públicas, independientemente de que no esté obligado a hacerlo en el texto legislativo En apoyo a lo anterior, es de citar la Tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a. CX/2013 (10a.), consultable en la página 1589, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Materia Constitucional, Administrativa, Décima Época, Registro 2005254, que dice: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen. Una vez establecido lo anterior, este juzgador determina que es fundado el concepto de violación en donde el quejoso esencialmente esgrime, que el pago por el refrendo anual de calcomanía, para el ejercicio fiscal para el año dos mil diecinueve, consistente en la cantidad de $899.00 (ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) vulnera el principio de proporcionalidad tributaria. Lo anterior, toda vez que el costo real de la calcomanía (engomado), se advierte de la licitación pública estatal, N.CADPE-EM-LPE-084/2018 de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, donde se establece que el Estado pagará por cada unidad de calcomanía a razón de $13.38 (trece pesos 38/100 M.M.) lo que considera excesivo y desproporcional. Esto es, porque los derechos fiscales se crean para que el Estado recupere el costo del servicio prestado, en este caso el refrendo anual de calcomanía, y si para ello le cobra la cantidad de $899.00 (ochocientos noventa y nueve pesos 00/100) y el Estado paga por dicha calcomanía la cantidad de $13.38 (trece pesos 38/100 M.N.), se vulnera el principio de proporcionalidad, en virtud de que no le está cobrando un derecho fiscal para recuperar la cantidad que erogó para prestar el servicio, sino una cantidad excesiva que afecta su economía y patrimonio. Para determinar lo fundado de los argumentos esgrimidos por el quejoso, es necesario traer a glosa el contenido del artículos 23, fracción II, inciso A) de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal de 2019, señala: "Artículo 23. Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, se pagarán conforme a lo siguiente: II. Por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación: Para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas. $ 899.00" Del citado dispositivo legal deriva que el cobro de derechos por el holograma de circulación, o referendo anual de calcomanía, para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas será de $899.00 (ochocientos noventa y nueve pesos). Por otra parte, del acta de fallo de adjudicación e información de la evaluación y dictamen de la Licitación Pública Estatal No. CADPE-EM-LPE-084/2018, Valores de Tránsito, Tarjetas y Calcomanías (engomados), de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho que refiere el impetrante del amparo, se advierte lo siguiente: De lo que deriva, que el costo por el engomado de refrendo vehicular para servicio particular de automóvil y camioneta. Marca y Modelo: Coformex, tiene un precio unitario de $13.38 (trece pesos 38/100 M.N.). Esto es, mientras que el Estado paga por el engomado la cantidad de $13.38 (trece pesos 38/100 M.N.), al usuario se le cobra $899.00 (ochocientos noventa y nueve pesos 00/100). Ahora, como se apuntó en párrafos que anteceden, es verdad que el Estado al prestar un servicio, debe desarrollar una serie de actividades para lo que requiere una serie de estructura administrativa, operativa y funcional, lo que conlleva a cubrir diversos costos, que son los que se deben individualizar atendiendo al uso o consumo de cada sujeto, porque ello es lo que hace que sea un servicio divisible. Por ello, al analizar el principio de proporcionalidad se debe considerar el costo total que representa para el Estado brindar el servicio, en el cual deben incluirse el pago de oficinas, personal, equipos y otros gastos relacionados con los trámites para realizar dicho servicio por parte del estado (es decir todos los gastos directos e indirectos del servicio). Asimismo, en razón de que toda ley goza de una presunción de constitucionalidad, es preciso que quien sostiene en el amparo que la cuota es notoriamente desproporcionada, asuma la carga de demostrar esa afirmación. Ante ello, en la especie el peticionario de amparo hizo descansar la falta de proporcionalidad, en el pago que realiza el Estado, que deriva de la Licitación Pública Estatal No.CADPE-EM-LPE-084/2018. Sin embargo, la autoridad responsable no justificó en su informe o durante la tramitación del mismo, la razonabilidad del cobro, pues fue omisa en desvirtuar lo afirmado por el quejoso, no obstante que tenía la carga de hacerlo, a partir de lo expuesto por aquél en concordancia con la licitación pública que refirió el peticionario del amparo. Es así, pues aun y cuando la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, adujo que del informe 0197/2018 de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el Delegado Administrativo de la secretaría de Finanzas y Administración, deriva que los gastos financieros y humanos, licitaciones públicas y materiales que se generan como gastos indirectos para atender el padrón de usuarios en las Administraciones y Receptorías de los 113 Municipios del Estado de Michoacán y Dirección de Recaudación, sin considerar el arrendamiento de algunos bienes inmuebles, los gastos de energía eléctrica y combustible para transportar los bienes para la prestación del servicio de registro y control vehicular son de un aproximado $643 857,167.00 (seiscientos cuarenta y tres millones ochocientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y siete pesos 00/100 M.N.). Que además mediante oficio 421/2018 emitido por el Director de recaudación informó que el Padrón Activo de vehículos en el Estado es de 800,397 (ochocientos mil trescientos noventa y siete) vehículos. Que en ese sentido al dividir los costos erogados por el estado en el padrón activo de vehículos, da un costo de holograma de aproximadamente $804.00 (ochocientos cuatro pesos 04/100 M.N.), a lo que se le debe añadir el proceso económico de inflación anual que afecta los precios de la mayoría de los productos y servicios, por lo que concluye que existe una correlación entre la cuota establecida en la citada ley y el costo que representa para el Estado por dicho concepto. Sin embargo, dicha autoridad fue omisa en aportar el documento que describe - informe 0197/2018 de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el Delegado Administrativo de la secretaría de Finanzas y Administración- o algún otro que justifiquen sus aseveraciones, pues era precisamente a partir del dato aportado por la quejosa -Licitación Pública Estatal No. CADPE-EM-LPE-084/2018, Valores de Tránsito, Tarjetas y Calcomanías (engomados), de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho- que tenía la carga de desvirtuar lo afirmado, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumplía con los principios constitucionales que la rigen, pues no le es exigible al gobernado conocer la estructura de costos de la autoridad y su política de operación. En concordancia con lo anterior, y aunado a que dada la naturaleza del servicio de que se trata, es bien sabido por todos los usuarios, su obligación del refrendo anual vehicular y la obtención del holograma; y debido a la simplificación de esos trámites es fácil comprender que el servicio prestado por el estado requiere de un despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos del vehículo, así como el cobro respectivo, es indudable que el cobro efectuado no atiende al costo que el estado erogó para adquirir el engomado. En apoyo a lo anterior, es de citar la jurisprudencia PC.III.A. J/41 A (10a.), consultable en la página 1811, del Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, Materia Común, Administrativa, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2016855, que dice: "DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Los preceptos legales indicados, al establecer el monto del derecho por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de registro y holograma, transgreden los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo cuantifican mediante un sistema tarifario basado en el tipo, dimensiones y uso diferenciados de los vehículos, sin brindar elementos sólidos que permitan determinar el parámetro de medición seleccionado para cuantificar el costo del servicio prestado y, por ende, posibilitar la correlación con el monto de la cuota a pagar. En efecto, por la naturaleza del servicio de trato, es bien sabida por todos sus usuarios, su obligación del refrendo anual vehicular y la obtención del holograma; y debido a la simplificación de esos trámites es fácil comprender que el servicio prestado por el Estado requiere de un despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos de los vehículos, así como al cobro respectivo, el que incluso puede realizarse en línea, a través del sitio oficial de Internet del Gobierno del Estado de Jalisco. Por tanto, si el servicio es análogo para todos los vehículos, independientemente de su tipo, dimensión y uso, entonces, esos factores no dan certeza del costo real del servicio de trato, y siendo así, las disposiciones legales en cuestión son inconstitucionales." Así, se concluye que el precepto de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve dispone un costo desproporcionado Por tanto, válidamente se puede sostener que dicho precepto es inconstitucional, pues tal como lo argumentó el quejoso, dispone un pago desproporcionado entre la cuota que se cobra al usuario y el costo que representa al Estado su prestación, sin que exista una razón que justifique ese cobro excesivo ni la autoridad responsable demostrara su razonabilidad al tenor del argumento del peticionario del amparo, tomando además en cuenta el despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos de los vehículos. Consecuentemente, la determinación del pago por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación prevista en el recibo de pago se encuentra viciada, ya que tuvo como sustento un precepto tildado de inconstitucional. Pese a esto, lo anterior no implica que el contribuyente deje de pagar el refrendo anual de registro y holograma respecto del ejercicio fiscal descrito, ya que la violación analizada se circunscribe principalmente a la transgresión del principio de proporcionalidad tributaria. Así, en este caso, la forma de realizar un trato proporcional al quejoso, sólo implica que deje de pagar el exceso de la tarifa, pero sin relevarlo de la obligación de enterar el costo que representa para el Estado. Es decir, al subsistir los elementos esenciales del mecanismo tributario (por no ser materia de estudio del presente juico de amparo) no es posible desincorporar dicha contribución de la esfera jurídica del amparista, ya que la violación principal se integra por el principio de proporcionalidad tributaria, lo que obliga a pagar a la parte quejosa el costo que representa para el Estado, siendo que tal efecto repara la desproporción alegada. De ahí que lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al impetrante de garantías. Séptimo. Efectos de la concesión. En esas condiciones, como el amparo se concedió sólo respecto de la norma impugnada que prevé la tarifa del tributo reclamado (proporcionalidad tributaria) la concesión del amparo no tiene por efecto exentar a la parte quejosa del pago en su totalidad de los derechos mencionados, sino sólo: Para que desincorpore de su esfera jurídica la obligación de la parte declarada inconstitucional, por lo que deberá hacerse extensiva al acto de aplicación, derivado del pago de dicho impuesto debiendo devolver debidamente actualizada la diferencia que resulte de $13.38 (trece pesos 38/00 M.N.), en relación con el recibo 4410006089. b) En consecuencia, si posteriormente se pretende realizar al quejoso el cobro de refrendo anual de registro y holograma de vehículos automotores, en el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se le deberá otorgar un trato proporcional respecto del costo que representa para el estado, y por tanto, deberá aplicarle el importe que cubrió por precio unitario del engomado. En los efectos precisados, lo anterior tiene sustento en el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 29/2012, consultable en la página 1244, Libro VIII, Mayo de 2012, Materia Común, Administrativa, Tomo 2, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2000775, que dice: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.". Lo expuesto, en el entendido de que los efectos de la concesión del amparo incluyen los actos futuros en los que se pudieran aplicar los preceptos materia de la concesión. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 112/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, noviembre de 1999, página 19, que establece: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". Octavo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que el quejoso manifestó su oposición para la publicación de sus datos personales; en consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 del mismo ordenamiento, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, omítase incluir datos generales y personales de la impetrante del amparo, en las listas de este juzgado, así como en el sistema electrónico de publicación; tómese las medidas pertinentes para tal efecto. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alberto Moreno Zamudio, por propio derecho, por los actos, autoridades y razones contenidas en el considerando tercero de la presente sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alberto Moreno Zamudio, por propio derecho, por los actos reclamados al Congreso y Gobernador del Estado, por las razones y para los efectos expuestos en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese." Como puede observarse, el juicio de amparo de referencia fue promovido por el mismo quejoso y en contra de actos de las mismas autoridades responsables que se hicieron consistir en el proceso legislativo que dio origen al artículo 23, fracción II, inciso A) de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2019, que establece el cobro d derechos por el holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía, para autobuses, camiones, camionetas y pipas, por la cantidad de ochocientos venta y nueve pesos. Al respecto, en dicho juicio de amparo se estimó que la norma citada es inconstitucional, pues tal como se argumentó en aquél juicio, dispone un pago desproporcionado entre la cuota que se cobra al usuario y el costo que representa al Estado su prestación, sin que exista una razón que justifique ese cobro excesivo ni la autoridad responsable demostrara su razonabilidad al tenor del argumento del peticionario del amparo, tomando además en cuenta el despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos de los vehículos. Consecuentemente, el homólogo federal estimó que la determinación del pago por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación prevista en el recibo de pago se encuentra viciada, ya que tuvo como sustento un precepto tildado de inconstitucional, sin que ello implique que el contribuyente deje de pagar el refrendo anual de registro y holograma respecto del ejercicio fiscal descrito, ya que la violación analizada se circunscribe principalmente a la transgresión del principio de proporcionalidad tributaria. Además, el juzgado federal acotó que la forma de realizar un trato proporcional al quejoso, sólo implica que deje de pagar el exceso de la tarifa, pero sin relevarlo de la obligación de enterar el costo que representa para el Estado; es decir, al subsistir los elementos esenciales del mecanismo tributario (por no ser materia de estudio del presente juico de amparo) no es posible desincorporar dicha contribución de la esfera jurídica del amparista, ya que la violación principal se integra por el principio de proporcionalidad tributaria, lo que obliga a pagar a la parte quejosa el costo que representa para el Estado, siendo que tal efecto repara la desproporción alegada. De ahí que lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al impetrante de garantías. Por tales causas, entre otras cosas, se concedió la protección constitucional para el efecto de que se desincorporara de la esfera jurídica del quejoso, concesión que hizo extensiva al acto de aplicación derivado del pago del impuesto relativo, de manera que si posteriormente se pretende realizar al quejoso el cobro de refrendo anual de registro y holograma de vehículos automotores, en el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se le deberá otorgar un trato proporcional respecto del costo que representa para el estado, y por tanto, deberá aplicarle el importe que cubrió por precio unitario del engomado. En ese sentido, debe considerarse por una parte, que se actualiza la causal de improcedencia que nos ocupa, relativa a la figura de la cosa juzgada, en relación con el artículo 23, fracción II, inciso A) de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2019, puesto que la inconstitucionalidad de dicha normas fue declarada previamente, respecto de la aquí quejosa, en el diverso juicio de amparo 483/2019 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, que fue promovido contra los mismos actos atribuidos a iguales autoridades responsables; de tal forma que, al haber quedado firme dicha sentencia concesoria, tiene la calidad de cosa juzgada y, por tanto, no es factible que se examinen nuevamente esos tópicos en otro juicio de amparo, conforme a lo previsto en el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa fracción X, de la ley de la materia, máxime que el acto de aplicación materia de este juicio no se impugna por vicios propios. Lo anterior es así, toda vez que los efectos de la protección constitucional contra una norma implican no solo que se ampare a la parte quejosa contra el primer acto de aplicación que haya combatido expresamente en el juicio relativo, sino todos aquellos que hubieren sido emitidos con fundamento en el citado dispositivo ahora desincorporado de su esfera jurídica, de tal forma que la ley ya no puede ser aplicada válidamente en su perjuicio, sea por cualquier acto emitido en la propia data en que se autoaplicó el precepto o que en lo futuro pueda aplicarse, pues estimar lo contrario se vulneraría la sentencia concesoria en la que se declaró la inconstitucionalidad de un precepto. Sirve de apoyo a lo anterior, por interpretar disposiciones de igual contenido a las previstas en la Ley de Amparo, la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 192846 Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Noviembre de 1999 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 112/99 Página: 19 "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro. Amparo en revisión 3912/86. Vidriera Los Reyes, S.A. 23 de febrero de 1989. Mayoría de catorce votos. Ausente: Ángel Suárez Torres. Disidentes: Noé Castañón León, Manuel Gutiérrez de Velasco, Atanasio González Martínez, Fausta Moreno Flores y Carlos del Río Rodríguez. Impedimento legal: Salvador Rocha Díaz. Ponente: Ulises Schmill Ordóñez. Secretaria: Martha Moyao Núñez. Amparo en revisión 4823/87. Hako Mexicana, S.A. 28 de febrero de 1989. Mayoría de catorce votos. Ausente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Disidentes: Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, Fausta Moreno Flores, Ángel Suárez Torres y Carlos del Río Rodríguez. Impedimento legal: Salvador Rocha Díaz. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 1897/95. Calixto Villamar Jiménez. 13 de abril de 1999. Mayoría de ocho votos; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Juan Díaz Romero. Encargado del engrose: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 1404/95. Carlos Alberto Hernández Pineda. 13 de abril de 1999. Mayoría de ocho votos; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez. Amparo en revisión 6/97. María Isabel Díaz Ulloa. 13 de abril de 1999. Mayoría de ocho votos; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de octubre en curso, aprobó, con el número 112/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve". (Énfasis añadido). De modo que, de haberse concedido previamente la protección constitucional al quejoso contra la disposición legal que reclama en este juicio, no sería factible que ahora se analizara nuevamente la constitucionalidad de tal precepto ni tampoco del acto de aplicación que combate, pues de haberse fundado este en tal norma, el reintegro de las cantidades pagadas deberá solicitarse a la autoridad administrativa correspondiente como pago de lo indebido y de negarse expresa o fictamente, el quejoso podría manifestarlo al órgano jurisdiccional que le concedió la protección constitución en vía de cumplimiento del fallo o, en su caso, eventualmente podría denunciarse como una repetición del acto reclamado, en términos de lo previsto en los artículos 199 y 200 de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior consideración, por ser acorde a lo previsto en la actual ley de la materia, la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 166816 Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Julio de 2009 Materia(s): Administrativa Tesis: P./J. 74/2009 Página: 63 "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE DENUNCIARLA CONTRA LA NEGATIVA A DEVOLVER EL PAGO DE LO INDEBIDO. La solicitud de insubsistencia de los actos emitidos por la autoridad administrativa, cuya fecha sea posterior al día en que adquirió definitividad la protección constitucional concedida al quejoso contra una ley tributaria, debe tramitarse por cuerda separada a través de la denuncia de repetición del acto reclamado, al ser la vía expresamente instituida para juzgar lo relativo a la reiteración de una conducta ya sentenciada en el juicio de garantías, en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo. Por otra parte, si el contribuyente, a pesar de haber obtenido el amparo en sentencia firme, continúa enterando la contribución relativa a través de su autoliquidación, la vía para obtener la devolución de las cantidades enteradas con posterioridad a la ejecutoria es la prevista en las leyes fiscales para recuperar el pago de lo indebido, y solamente ante la negativa ficta o expresa para hacerlo, tal proceder, equiparable a una reiteración de lo declarado inconstitucional en la ejecutoria, también podrá denunciarse como repetición del acto reclamado, al órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo indirecto, a fin de que, en su caso, se conmine a las autoridades renuentes a respetar la sentencia estimatoria. Lo anterior obedece a que tratándose del sistema de recaudación de contribuciones a través del sistema de autoliquidación, no existe un acto imputable al fisco, de manera que, en principio, no habría autoridad alguna a la cual atribuirle la repetición del acto reclamado, a menos que, a la que le corresponda esa restitución, se resista a devolver lo indebidamente pagado. Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. El Tribunal Pleno, el quince de junio en curso, aprobó, con el número 74/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil nueve". (Lo destacado no es de origen). Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por la fracción XI, en relación con la diversa X del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada de oficio por este juzgado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, en virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido legalmente para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia que dice: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Alberto Moreno Zamudio, respecto de los actos reclamados a las autoridades que quedaron precisadas, en términos de los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. SE DA CUENTA CON AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que después de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se obtuvo que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, ya dictó la sentencia que resuelve el juicio de amparo número 483/2019. En consecuencia, se solicita de la manera más atenta a dicho órgano de control constitucional, para que de no tener impedimento legal o material alguno, remita copia certificada de la sentencia dictada en el juicio en cita, así como del proveído que la declare firme; lo anterior, para los efectos legales conducentes. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.

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