Alberto Rodríguez Hernández

Expediente 493/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
493/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • Alberto Rodríguez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual SE DESECHÓ por notoria improcedencia, la demanda de amparo promovida por Alberto Rodríguez Hernández, sin que se hubiese recurrido. CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ARCHIVO. Por otro lado, como de autos se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el expediente. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. CUMPLE PREVENCIÓN Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta que suscribe el quejoso, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos realiza diversas manifestaciones y exhibe copia de su escrito presentado en el juicio natural el veintidós de marzo del año en curso, así como del acuerdo de veintisiete de ese mismo mes y año, que atendió dicho ocurso; en tal virtud, se tienen por cumplidas las prevenciones formuladas en acuerdo de veinticinco de abril anterior, por lo que se acuerda lo siguiente. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la demanda de amparo se obtiene que el quejoso reclama del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, el acuerdo de once de abril de dos mil veintitrés, emitido en el juicio oral familiar 710/2022, en el que se negó la admisión del recurso de apelación intentado en contra del diverso auto de veintisiete de marzo del año en curso. En este último proveído se acordó el escrito presentado el veintidós de marzo del mismo año, a través del cual el ahora quejoso, en su calidad de parte actora, solicitó que se requiera a su hijo -acreedor alimentario- para que proporcionara diversa cuenta bancaria a la de su madre para el depósito de la cantidad fijada como pensión alimenticia, así como que se solicitara a la institución educativa en la que estudiaba su hijo para que informara su situación académica. Respecto a la primer solicitud el juez familia tuvo al ahora quejoso formulando las manifestaciones apuntadas, las cuales -indicó- se tomarían en consideración en el momento procesal oportuno. Por otro lado se desestimó su petición relativa a girar oficio a la institución educativa en la que estudia su hijo, indicándole que no era el momento procesal oportuno para ofrecer pruebas en el juicio de origen, así como que tal petición no se ajustaba a lo dispuesto por el cuerpo normativo que rige el procedimiento de origen, además precisó que la información que pretendía obtener ya obraba en autos. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, y 113, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se desprende que las causas de improcedencia son de interés público y estudio oficioso; esto quiere decir que no hace falta que las partes las hagan valer para que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo emprenda su estudio. También se obtiene que, por regla general, el juicio de control constitucional, no procede contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, se establece la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifestado se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente. "Época: Novena Época Registro: 196196 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Mayo de 1998 Materia(s): Común Tesis: I.1o.A. J/4 Página: 890 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". En ese contexto, del análisis integral de la demanda, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma resulta improcedente por cuanto a que en relación al acto reclamado consistente en el auto de once de abril de dos mil veintitrés, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sentido, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. Cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. En ese sentido, una vez analizada tanto la demanda generadora del presente expediente, escrito aclaratorio y anexos, como los preceptos legales invocados, se arriba a la conclusión de que la citada causa de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado y que precisado ha quedado, dado que no es un acto de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, virtud a que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la constitución federal), sino únicamente produce efectos formales dentro del procedimiento, que en todo caso, podría tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales se destruirán si la parte ahora amparista obtuviera sentencia favorable en el expediente de origen, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. Cabe mencionar que la sola determinación de la responsable en el sentido no admitir el recurso de apelación intentado por el quejoso en el juicio de origen, no causa una afectación a sus derechos sustantivos, ya que la negativa de tramitar el recurso de apelación interpuesto por el peticionario de amparo únicamente se traduce en que continúen vigentes la determinaciones contenidas en el diverso proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Acuerdo en el que se insiste, se tuvo al ahora quejoso formulado manifestaciones en torno a la cuenta bancaria en que deberían depositarse los alimentos su hijo y se desestimó su petición relativa a requerir a la institución educativa en la que estudiaba dicha persona para que informara su estado académico, al ya obrar dicha información en autos. Lo anterior revela que el actuar reclamado a la responsable, no transgrede algún derecho sustantivo del quejoso, en la medida en que las consecuencias de calificar como manifestaciones, lo desarrollado respecto a la cuenta bancaria en que deben depositarse los alimentos y en particular la negativa de no solicitar la información académica de su hijo no trasciende más allá de lo estrictamente procesal, en la medida en que las manifestaciones apuntadas deberán tomarse en consideración al dictar sentencia definitiva que resuelva el juicio, en tanto lo determinado no implica que dejen de tomarse en cuenta los depósitos de pensión; y será en el fallo el momento procesal en el que se examinará la procedencia de la acción intentada por el quejoso y se valorarán los medios de prueba ofrecidos, aun ante la falta de la información académica que solicitó. Por ende si al momento del dictado de la sentencia definitiva se determinará el alcance de las pruebas que obran en autos y las manifestaciones formuladas por el actor, aquí quejoso, es claro que si se obtiene una sentencia favorable a sus intereses, las posibles afectaciones que le pudiera generar el contenido del acuerdo que se pretende apelar quedarán subsanadas, o en caso contrario se podrán promover los medios de impugnación establecidos en la legislación aplicable. De ahí que, el acuerdo reclamado no se pueda considerar como de aquellos que afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales de la parte amparista. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sentido, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. Se invoca en lo particular el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/90, que a la letra dice: "Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205651 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Página 11 Jurisprudencia (Común) EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ´ejecución irreparable´ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Alberto Rodríguez Hernández, por propio derecho, contra el acto reclamado al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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