Alberto Narváez Ávila

Expediente 194/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
194/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • Alberto Narváez Ávila
  • Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco. y Otros.
  • Manuel Antonio Yañez Cárdenas y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, veintiocho de abril de la presente anualidad, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a Alberto Narváez Ávila; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase al Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, un disco en formato DVD de audio y video, que contiene las audiencias celebradas en la causa penal 18/2019, de su índice, mismo que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejaron por separado. Notifíquese.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.

  3. Principal

    NOTIFICACION ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO A LA PARTE QUEJOSA. cuyos puntos resolutivos son los siguientes PRIMERO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Alberto Narváez Ávila, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando SEXTO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 194/2022-8, promovido por Alberto Narváez Ávila, contra actos del Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el once de febrero de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común el dieciséis del citado mes y año y turnado a este órgano jurisdiccional el diecisiete siguiente, Alberto Narváez Ávila, por conducto de su defensor particular, Humberto Segovia García, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto y autoridad responsable, siguientes: Autoridad responsable: Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del municipio de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ( "Reclamo de la autoridad que señalo como responsable ordenadora: LA INDEBIDA, INFUNDADA E INMOTIVADA, RESOLUCIÓN (en audiencia oral) DICTADA CON FECHA 25 DE ENERO DEL 2022, dentro de los autos INCIDENTALES, derivados del EXPEDIENTE PENAL NÚMERO 18/2019; MEDIANTE LA CUAL LE IMPONE AL QUEJOSO EXHIBIR $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO GARANTÍA ECONÓMICA; AL MOMENTO DE SUSTITUIR LA MEDIDA DE PRISIÓN PREVENTIVA QUE RESTRINGIA LA LIBERTAD DEL QUEJOSO". SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 194/2022-8; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo en los términos que anteceden. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registro 1003226, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 181810, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del precepto 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la Ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese numeral se reproduce en el 74 de la ley en cita. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como acto reclamado: La resolución de veinticinco de enero de dos mil veintidós, dictada en audiencia oral, dentro de los autos incidentales del expediente penal 18/2019. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le reclama; y al constituir éste en documentales públicas, se les otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ninguna de las partes expresó alguna causa de improcedencia y este órgano jurisdiccional de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco advierte que se actualice alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Del juicio de amparo indirecto 361/2021-7, el cual se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal segundo, se advierten como antecedentes los siguientes: El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se dictó en contra de Alberto Narváez Ávila, ahora quejoso, auto de formal prisión en la causa penal 52/2018, por los delitos de fraude específico y administración fraudulenta, el primero previsto y sancionado por el artículo 190 fracción IV, en relación con los numerales 191 fracción I, 10 párrafo segundo; el segundo en los ordinales 192 fracción II, en relación con el 190 fracción IV; todos del Código Penal del Estado de Tabasco. Inconforme con la anterior determinación, Alberto Narváez Ávila, promovió juicio de amparo indirecto, que fue radicado con el expediente 987/2018-9 del índice de este órgano jurisdiccional federal, y resuelto el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, quien decretó el sobreseimiento. En contra de la precitada sentencia, el aquí quejoso interpuso recurso de revisión que fue registrado con el expediente 9/2019, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, que en sesión de Pleno de veinte de junio de dos mil diecinueve, determinó revocar la resolución impugnada y ordenó reponer el procedimiento. En sentencia de treinta de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de amparo 987/2018, se decretó el sobreseimiento del mismo. En contra de la aludida resolución Alberto Narváez Ávila, interpuso recurso de revisión que fue registrado con el expediente 377/2019, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, que en sesión de Pleno de veintidós de octubre de dos mil veinte, determinó modificar la sentencia impugnada y le concedió la protección constitucional respecto del auto de formal prisión dictado en su contra por el delito de fraude específico. En cumplimento de la ejecutoria de mérito, el siete de diciembre de dos mil veinte, el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, con sede en Villahermosa, Tabasco, dejó sin efectos el auto de término constitucional de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictado en contra de Alberto Narváez Ávila, única y exclusivamente respecto del delito de fraude específico; en su lugar, decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar por el referido injusto. Por escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintiuno, Alberto Narváez Ávila, promovió incidente de revisión de medida cautelar en la causa penal 18/2019, del índice del Juzgado Segundo Penal de Centro, Tabasco. En audiencia incidental de ocho de abril de dos mil veintiuno, la aludida autoridad responsable determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva inicialmente impuesta al aludido imputado y, con base en el artículo 153 fracción I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció en su lugar presentación periódica cada ocho días ante ese juzgado, así como la exhibición de una garantía económica por la suma de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional). Inconforme con dicha determinación, el quejoso Alberto Narváez Ávila, promovió juicio de amparo indirecto, del cual correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, radicándolo como 361/2021, mismo que fue resuelto el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, concediéndole la protección constitucional. En atención a lo anterior, la autoridad responsable llevó a efecto el veinticinco de enero de dos mil veintidós, una nueva diligencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, solicitada por el quejoso. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL. Analizado lo anterior, se impone entrar al estudio sobre el fondo del asunto, para lo cual se tiene por transcrito en este apartado, el concepto de violación expresado por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlo textualmente pues no existe precepto legal que obligue a la Juzgadora a ello. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora, previo al estudio de los conceptos de violación que expone la parte quejosa, conviene precisar como antecedentes, lo siguiente: - Alberto Narváez Ávila, por conducto de su defensor particular, Humberto Segovia García, promovió previamente un diverso juicio de amparo indirecto, contra actos del Juez Segundo Penal de Centro, Tabasco, de quien reclamó: "La resolución incidental de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 18/2019, mediante la cual se le impone exhibir la suma de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), como garantía económica para sustituir la medida de prisión preventiva". - Demanda de la que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, quien el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dictó sentencia, concediendo el amparo al quejoso para los efectos siguientes: "SÉPTIMO. EFECTOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Juez Segundo Penal de Centro, Tabasco: a) Deje insubsistente la resolución interlocutoria de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de revisión y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 18/2019 de su índice. b) En término del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cite nuevamente a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla, en la que la representación social y la defensa del imputado reiterarán los argumentos vertidos al respecto, sin alterarlos. c) Cerrado el debate, determine la procedencia de la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por garantía económica, fundando y motivando debidamente su decisión, la que deberá ser congruente con los planteamientos de las partes, citando los datos de prueba verbalizados por las partes y los indicios que de los mismos obtiene para establecer la capacidad económica del imputado, prescindiendo para ello de tomar en cuenta el daño patrimonial ocasionado con el hecho delictivo que se atribuye al aquí quejoso. d) Como la medida cautelar relativa a la presentación periódica del imputado, no fue objeto de impugnación, debe ser reiterada por la autoridad responsable en la nueva resolución incidental. e) Conforme a lo dispuesto en el artículo 156 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la resolución relativa establezca la vigencia de la medida cautelar". - Sentencia que se tuvo por cumplida el once de febrero de dos mil veintidós, bajo las siguientes consideraciones. Con las constancias remitidas, la autoridad responsable demostró que en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en la precitada causa penal, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución interlocutoria de ocho de abril del mismo año, emitida en el incidente de revisión y sustitución de medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, de la videograbación de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se obtiene que el defensor particular sustancialmente refirió que: La escritura pública, con la cual el Ministerio Publico trató de justificar la capacidad económica de su defendido, fue presentada en copia simple, cuando, conforme a los artículos 280 y 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debió ser exhibida en copia certificada; por lo que consideró no fue incorporada bajo las reglas establecidas en el citado ordenamiento jurídico; Su representado ha asistido a toda diligencia que ha sido requerido; es un delito de carácter patrimonial que no amerita prisión preventiva oficiosa; no se pone en riesgo a la víctima, ya que no hay dato de prueba propuesto por el Ministerio Público que de pauta a ello y a la necesidad de neutralizar los riesgos que señala el fiscal, por lo que solicitó una medida que no sea del orden de la cantidad anteriormente impuesta y sea menor, ya que aun cuando se hubiese llevado a cabo la compraventa, no significa que el imputado cuente con la suma correspondiente, porque ese tipo de transacciones, normalmente se deben a que el vendedor lo hace por necesidad. Por su parte, el fiscal manifestó concretamente que: Reiteraba los argumentos expuestos por su homólogo en la primera audiencia; El juzgador se ciñera a los lineamientos señalados por la resolución de amparo, y que justificara la medida que le fue impuesta al imputado. Al resolver lo conducente, el juez de primera instancia consideró esencialmente que: La defensa justificó la sustitución de la medida cautelar; en términos del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aportó diversos documentos, como fue la credencial del imputado, informe del titular de la Unidad de Medida Cautelar, informe de evaluación de riesgo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno y acta de matrimonio del imputado, así como desahogó el testimonio de Trinidad del Carmen de la Rosa Flota, para justificar el domicilio donde reside el imputado, acreditando también que no existe riesgo de sustracción de la justicia y, como no se trata de delito grave que ameritara prisión preventiva oficiosa, determinó procedente el cambio de medida cautelar; Le asistía la razón al defensor particular, de que no se agregó dicha documental en términos de los artículos 380 y 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la que se refiere a la escritura pública, pero estimó que se tomó como prueba porque es hecho notorio, ya que obra en el expediente principal a folio 13321 y que la tomaba en cuenta como indicio, ya que el imputado, en su propia declaración, refirió haber traspasado una casa de su propiedad y se demuestra que sí tenía una propiedad, lo cual corroboró con la escritura pública 20,530, pasada ante la fe del notario público número 12, en donde consta que el monto de la operación fue por la cantidad de $579,617.00 (quinientos setenta y nueve mil seiscientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional). Con base en los artículos 151 y 155 fracción I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó como medida cautelar la firma periódica cada quince días, y, como garantía económica que deberá pagar el procesado para seguir gozando de su libertad, la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), misma que deberá hacer efectiva en cualquiera de las formas previstas 173 del aludido ordenamiento jurídico; Ello, por estimar que la venta del inmueble justifica que sí puede pagar la cantidad estipulada; Dichas medidas tendrán como vigencia la duración del proceso. En ese tenor, se advierte que la responsable, con base en los datos de prueba verbalizados por las partes y los indicios que de los mismos obtuvo, estableció la garantía económica, así como la solvencia del imputado para otorgarla, particularmente con la escritura pública verbalizada y el reconocimiento que aquél hizo de dicha operación, a lo cual le concedió el juzgador valor de indicio. Prescindiendo para ello de tomar en cuenta el daño patrimonial ocasionado con el hecho delictivo que se atribuye al aquí quejoso. Asimismo, reiteró la medida cautelar relativa a la presentación periódica del imputado y, conforme a lo dispuesto en el artículo 156 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció la vigencia de la misma. Expuesto lo anterior, se estiman inoperantes, los conceptos de violación en los que la parte quejosa aduce tópicos en torno a que la resolución impugnada carece de la debida fundamentación y motivación; la congruencia de la determinación; lo relativo al daño patrimonial ocasionado con el hecho delictivo que se atribuye al imperante, la medida cautelar relativa a la presentación periódica del imputado; pues dichos temas en parte, fueron analizados y otros se reiteraron por no ser objeto de impugnación, en el juicio de amparo anterior 361/2021-7 y motivo de su concesión. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XXI.3o. J/3, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Novena Época, materia común, página 1141, con registro digital 188865, que die: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INATENDIBLES LOS ESGRIMIDOS EN LA NUEVA DEMANDA DE AMPARO QUE FUERON ANALIZADOS Y CALIFICADOS EN UN JUICIO DE GARANTÍAS PREVIO. Si los conceptos de violación que se expresan en una demanda de amparo son una réplica de aquellos que fueron analizados y calificados en un juicio de garantías previo, es inconcuso que tales motivos de inconformidad son inatendibles, pues no puede hacerse un nuevo pronunciamiento sobre temas resueltos en el amparo anterior". En efecto, en la sentencia emitida en el juicio de amparo 361/2021-7, esta Juzgadora, consideró que la resolución reclamada en ese momento, carecía de la debida fundamentación y motivación, al apoyarse en el daño patrimonial ocasionado con el hecho delictivo que se le atribuye al aquí quejoso, además de que omite establecer los datos de prueba que le permiten corroborar la capacidad económica del mismo y sus circunstancias personales. Por lo que se sostuvo, que era incorrecta la decisión del Juez responsable, de apoyarse en el daño patrimonial equivalente a ocho millones de pesos, para determinar el monto de la garantía económica impuesta al imputado como medida cautelar. Sobre todo, porque en el sistema penal acusatorio está prohibido utilizar las medidas cautelares como un mecanismo para anticipar la pena. De igual manera, en esa sentencia, se sostuvo que lo expuesto por la autoridad responsable en la audiencia de mérito, no se apreciaba qué datos de prueba le permitieron colegir que el imputado cuenta con capacidad económica para exhibir la garantía fijada; en cambio, se advirtió que, de manera genérica, refiere se acredita con los depósitos y traspasos realizados en los años dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, lo cual cita como hecho notorio De igual forma, el juez pasó por alto lo dispuesto en el artículo 156 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en la resolución reclamada omitió establecer la vigencia de la medida. Como se aprecia, lo combatido por el quejoso en el sentido de que la resolución impugnada carece de la debida fundamentación y motivación; la congruencia de la determinación; lo relativo al daño patrimonial ocasionado con el hecho delictivo que se atribuye al imperante; pues dichos temas en parte, fueron analizados y otros se reiteraron por no ser objeto de impugnación, en el juicio de amparo anterior 361/2021-7 y motivo de su concesión, de ahí la inoperancia del concepto de violación en análisis. Precisado lo anterior, se tiene que únicamente serán analizados los motivos de disenso relativos a la legalidad de la determinación impuesta. El quejoso expresa, medularmente, como conceptos de violación los siguientes: La autoridad responsable ordenadora al momento de resolver no lo hizo conforme a los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que la responsable sí sustituyó la medida de prisión preventiva que pesaba en contra del quejoso, pero incorrectamente le impuso garantizar la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional), en razón de haberle impuesto la medida cautelar contemplada en la fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Juez impuso la medida económica al imputado descansando bajo la base de que éste realizó una venta por la cantidad de $579,617.00 (quinientos setenta y nueve mil seiscientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional). La responsable pretendió justificar su determinación en una escritura pública, la cual se encuentra en copia simple, de la cual el Juez hecho mano en la audiencia de veinticinco de enero de dos mil veintidós, que no se exhibió en ésta, sino en la diversa de ocho de abril de dos mil veintiuno. Que en la audiencia de ocho de abril de dos mil veintiuno, el fiscal del ministerio público le corrió traslado con una copia simple de la escritura pública 20,530, de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, que amparaba una venta realizada por el imputado Alberto Narváez Ávila, en favor de la compradora Lorena Urgell Morales. Por tal razón, es que en aquella audiencia de ocho de abril de dos mil veintiuno, enderezó argumento en el sentido de que tal documento debería restársele valor probatorio por haber sigo ofrecido en copia simple, aseveración que dice, resulta acertada, habida cuenta de que al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento y menos es susceptible de producir convicción plena dada su naturaleza, razón por la que debió ser desestimada en la audiencia de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Que conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se trata simplemente de exhibirlas, a como lo hizo el fiscal, sino lograr incorporarlas siguiendo las reglas del artículo 383 del citado ordenamiento, lo que no lo hizo así la fiscalía, por tanto, el juez responsable debió desestimar lo que pretendía probar con tal documento; que ello descansa bajo la regla de que "se necesitaba de un testigo (en este caso el imputado como vendedor y la C. LORENA URGELL MORALES como compradora) o el quejoso como vendedor, comparecieran ante el juez; hablara del contenido del documento y después de ello, se le pusiera a la vista para reconocerlo; para finalmente solicitar su incorporación", formalidades que no siguió el fiscal adscrito, sino únicamente exhibió una copia simple de la escritura pública y le corrió traslado a la defensa, por lo que, no se acataron las reglas del numeral invocado. Es errónea la determinación del juez responsable si para imponer el monto de la medida económica, usó como fundamento el hecho de que el quejoso vendió una propiedad el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por la cantidad de $579,617.00 (quinientos setenta y nueve mil seiscientos diecisiete pesos cero centavos moneda nacional), porque nadie puede pensar que si vendió la propiedad en esa data, todavía al mes de enero de dos mil veintidós -tres años después de la venta- pudiera tener consigo de forma íntegra el recurso obtenido por la venta, ya que en caso de que la hubiese vendido fue por una necesidad y no para tenerlo guardado. Los conceptos de violación previamente analizados se estiman infundados. Ello se estima así en atención a que, si bien el quejoso ahora aduce que en la audiencia de ocho de abril de dos mil veintiuno, el fiscal del ministerio público, le corrió traslado con una copia simple de la escritura pública 20,530, de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, que amparaba una venta realizada por el imputado Alberto Narváez Ávila, en favor de la compradora Lorena Urgell Morales, también es cierto, que de la videograbación de veinticinco de enero de dos mil veintidós, en lo que interesa, se obtiene que el defensor particular sustancialmente refirió que la escritura pública, con la cual el Ministerio Publico trató de justificar la capacidad económica de su defendido, fue presentada en copia simple, cuando, conforme a los artículos 280 y 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debió ser exhibida en copia certificada; por lo que consideró no fue incorporada bajo las reglas establecidas en el citado ordenamiento jurídico. Argumento que desestimó el juzgador de primera instancia, al señalar que le asistía la razón al defensor particular, en el sentido de que no se agregó dicha documental en términos de los artículos 380 y 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la que se refiere a la escritura pública, sin embargo, estimó que se consideró como prueba porque es hecho notorio, ya que obra en el expediente principal a folio 13321 y que la tomaba en cuenta como indicio, ya que el imputado, en su propia declaración, refirió haber traspasado una casa de su propiedad y se demostraba que sí tenía una propiedad, lo cual corroboró con la escritura pública 20,530, pasada ante la fe del notario público número 12, en donde constaba que el monto de la operación fue por la cantidad de $579,617.00 (quinientos setenta y nueve mil seiscientos diecisiete pesos cero cetavos moneda nacional). Determinación que se estima correcta, pues si bien, las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad; sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. A manera de ejemplo, relacionado con lo que se sostiene, se cita la tesis VII.2o.A.T.9 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Noviembre de 1999, materia común, Novena Época, página 970, con registro digital 192931, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES CUYO CONTENIDO RECONOCE EL QUEJOSO. TIENEN VALOR PROBATORIO PLENO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley de Amparo, el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, carácter que tienen las copias fotostáticas, por ser reproducciones fotográficas de documentos, quedan al prudente arbitrio del juzgador; por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio debe otorgársele valor probatorio a la documental exhibida por el quejoso en el juicio de amparo, consistente en un escrito que dirigió a la autoridad responsable, si aquél la reconoció como veraz". Así como la jurisprudencia I.3o.C. J/37, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, materia civil, página 1759, con registro digital: 172557, que señala: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles". El quejoso, en otra porción de sus conceptos de violación, expresa que: La imposición de la medida económica no resulta idónea, ni proporcional conforme al artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el Juez dejó de observar el criterio de mínima intervención, según las circunstancias particulares de cada persona, atendiendo al artículo 19 Constitucional, al dejar de considerar qué otras medidas cautelares diversas de la garantía económica, eran suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, pues bastaba con su presentación periódica, sin salir de la localidad y el país o la prohibición de acercarse con los ofendidos o testigos. El juez no justificó las razones del por qué la medida cautelar impuesta (la económica), era la que resultaba menos lesiva para el imputado, que por principio de proporcionalidad establece el última párrafo del artículo 156 del Código Nacional de Procedimiento Penales. Que la medida económica impuesta por $50,000.00 (cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional), atenta contra el principio de presunción de inocencia, previsto en la fracción I, apartado B, del artículo 20 Constitucional, pues se pretende con ello prejuzgar de manera anticipada una eventual reparación del daño, que solo es propio de una sentencia definitiva firme. El juez responsable no ajustó su determinación a las reglas establecidas en el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello, porque adversamente lo resuelto, el juez determinó que el imputado no representaba peligro de sustracción al juicio; también dijo que no simbolizaba peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación; y que tampoco representaba riesgo para la víctima y ofendido; tal como lo sostuvo en la audiencia primera del ocho de abril de dos mil veintiuno, pues el numeral 155 de la invocada legislación contempla otras medidas cautelares, diversas de la medida económica que garantizan la comparecencia del imputado a juicio, como fin primordial del proceso. Los reseñados conceptos de violación son infundados. Es oportuno citar el contenido de los numerales 154 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse antes del dictado del auto de vinculación a proceso. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas". "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada". "Artículo 156. Proporcionalidad El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado". "Artículo 157. Imposición de medidas cautelares Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de las partes. El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código". "Artículo 158. Debate de medidas cautelares Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares". "Artículo 159. Contenido de la resolución La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente: I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma; II. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y III. La vigencia de la medida". "Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables". "Artículo 161. Revisión de la medida Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. Artículo 162. Audiencia de revisión de las medidas cautelares De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud. "Artículo 163. Medios de prueba para la imposición y revisión de la medida Las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar". "Artículo 164. Evaluación y supervisión de medidas cautelares La evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva corresponderá a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso que se regirá por los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad. La información que se recabe con motivo de la evaluación de riesgo no puede ser usada para la investigación del delito y no podrá ser proporcionada al Ministerio Público. Lo anterior, salvo que se trate de un delito que está en curso o sea inminente su comisión, y peligre la integridad personal o la vida de una persona, el entrevistador quedará relevado del deber de confidencialidad y podrá darlo a conocer a los agentes encargados de la persecución penal. Para decidir sobre la necesidad de la imposición o revisión de las medidas cautelares, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso proporcionará a las partes la información necesaria para ello, de modo que puedan hacer la solicitud correspondiente al Órgano jurisdiccional. Para tal efecto, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, tendrá acceso a los sistemas y bases de datos del Sistema Nacional de Información y demás de carácter público, y contará con una base de datos para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Las partes podrán obtener la información disponible de la autoridad competente cuando así lo solicite, previo a la audiencia para debatir la solicitud de medida cautelar. La supervisión de la prisión preventiva quedará a cargo de la autoridad penitenciaria en los términos de la ley de la materia". "Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. La prisión preventiva no podrá exceder de un año, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha dictado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares". "Artículo 166. Excepciones En el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan. De igual forma, procederá lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de mujeres embarazadas, o de madres durante la lactancia. No gozarán de la prerrogativa prevista en los dos párrafos anteriores, quienes a criterio del Juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social". "Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente: I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero. El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad". "Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales". "Artículo 169. Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el Juez de control tomará en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado: I. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba; II. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o III. Intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación". "Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida". "Artículo 171. Pruebas para la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva Las partes podrán invocar datos u ofrecer medios de prueba con el fin de solicitar la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva. En todos los casos se estará a lo dispuesto por este Código en lo relativo a la admisión y desahogo de medios de prueba. Los medios de convicción allegados tendrán eficacia únicamente para la resolución de las cuestiones que se hubieren planteado". "Artículo 172. Presentación de la garantía Al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía económica, el Juez de control previamente tomará en consideración la idoneidad de la medida solicitada por el Ministerio Público. Para resolver sobre dicho monto, el Juez de control deberá tomar en cuenta el peligro de sustracción del imputado a juicio, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo para la víctima u ofendido, para los testigos o para la comunidad. Adicionalmente deberá considerar las características del imputado, su capacidad económica, la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo. El Juez de control hará la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de incumplir sus obligaciones y deberá fijar un plazo razonable para exhibir la garantía". De las disposiciones legales anteriores, entre otras cosas, se puede colegir que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional la revocación, sustitución o modificación de la misma, que citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. Al respecto, las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar. Así, en el caso particular, el quejoso se duele sustancialmente que la imposición de la medida económica no resulta idónea, ni proporcional conforme al artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el Juez dejó de observar el criterio de mínima intervención, según las circunstancias particulares de cada persona, atendiendo al artículo 19 Constitucional, al dejar de considerar otras medidas cautelares diversas de la económica eran suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, pues bastaba con su presentación periódica, sin salir de la localidad y el país o la prohibición de acercarse con los ofendidos o testigos; que no se justificó las razones del por qué la medida cautelar impuesta (la económica), era la que resultaba menos lesiva para el imputado; y que, la medida económica impuesta por $50,000.00 (cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional), atenta contra el principio de presunción de inocencia, previsto en la fracción I, apartado B, del artículo 20 Constitucional, pues se pretende con ello prejuzgar de manera anticipada una eventual reparación del daño, que solo es propio de una sentencia definitiva firme; y que el juez no ajustó su determinación a las reglas establecidas en el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque éste determinó que el imputado no representaba peligro de sustracción al juicio, ni simbolizaba peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, ni representaba riesgo para la víctima y ofendido. En ese contexto, es oportuno resaltar que en el juicio de amparo 361/2021, se concedió la protección constitucional, para entre, otros, los siguientes efectos: "b) En término del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cite nuevamente a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla, en la que la representación social y la defensa del imputado reiterarán los argumentos vertidos al respecto, sin alterarlos. c) Cerrado el debate, determine la procedencia de la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por garantía económica, fundando y motivando debidamente su decisión, la que deberá ser congruente con los planteamientos de las partes, citando los datos de prueba verbalizados por las partes y los indicios que de los mismos obtiene para establecer la capacidad económica del imputado, prescindiendo para ello de tomar en cuenta el daño patrimonial ocasionado con el hecho delictivo que se atribuye al aquí quejoso.". Así, de los efectos de la protección constitucional antes transcritos, se desprende que el Juez de instancia únicamente debía determinar la procedencia de la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, por garantía económica citando los datos de prueba verbalizados por las partes y los indicios que de los mismos obtuviera para establecer la capacidad económica del imputado; sin tomar en cuenta el daño patrimonial ocasionado con el hecho delictivo que se atribuye al aquí quejoso. De la videograbación de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se obtiene que el defensor particular sustancialmente refirió que: -La escritura pública, con la cual el Ministerio Publico trató de justificar la capacidad económica de su defendido, fue presentada en copia simple, cuando, conforme a los artículos 280 y 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debió ser exhibida en copia certificada; por lo que consideró no fue incorporada bajo las reglas establecidas en el citado ordenamiento jurídico. -Su representado había asistido a toda diligencia que ha sido requerido; es un delito de carácter patrimonial que no amerita prisión preventiva oficiosa; no se pone en riesgo a la víctima, ya que no hay dato de prueba propuesto por el Ministerio Público que de pauta a ello y a la necesidad de neutralizar los riesgos que señala el fiscal, por lo que solicitó una medida que no fuera del orden de la cantidad anteriormente impuesta y fuera menor, ya que aun cuando se hubiese llevado a cabo la compraventa, no significa que el imputado cuente con la suma correspondiente, porque ese tipo de transacciones, normalmente se deben a que el vendedor lo hace por necesidad. Al resolver lo conducente, el Juez de primera instancia consideró sustancialmente que la defensa justificó la sustitución de la medida cautelar; en términos del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aportó diversos documentos, como fue la credencial del imputado, informe del titular de la Unidad de Medida Cautelar, informe de evaluación de riesgo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno y acta de matrimonio del imputado, así como desahogó el testimonio de Trinidad del Carmen de la Rosa Flota, para justificar el domicilio donde reside el imputado, acreditando también que no existe riesgo de sustracción de la justicia y, como no se trata de delito grave que ameritara prisión preventiva oficiosa, determinó procedente el cambio de medida cautelar. Además, señaló que le asistía la razón al defensor particular, de que no se agregó la documental (escritura), en términos de los artículos 380 y 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la que se refiere a la escritura pública, pero estimó que se tomó como prueba porque es hecho notorio, ya que obra en el expediente principal a folio 13321 y que la tomaba en cuenta como indicio, ya que el imputado, en su propia declaración, refirió haber traspasado una casa de su propiedad y se demuestra que sí tenía una propiedad, lo cual corroboró con la escritura pública 20,530, pasada ante la fe del notario público número 12, en donde consta que el monto de la operación fue por la cantidad de $579,617.00 (quinientos setenta y nueve mil seiscientos diecisiete pesos cero centavos moneda nacional). De igual modo, el Juez con base en los artículos 151 y 155 fracción I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó como medida cautelar la firma periódica cada quince días, y, como garantía económica que deberá pagar el procesado para seguir gozando de su libertad, la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional), misma que deberá hacer efectiva en cualquiera de las formas previstas 173 del aludido ordenamiento jurídico. Lo anterior, por estimar que la venta del inmueble justifica que sí puede pagar la cantidad estipulada; además, de que dichas medidas tendrán como vigencia la duración del proceso. En ese orden de ideas, se advierte que la responsable, con base en los datos de prueba verbalizados por las partes y los indicios que de los mismos obtuvo, estableció la garantía económica, así como la solvencia del imputado para otorgarla, particularmente con la escritura pública 20,530, pasada ante la fe del notario público número 12, verbalizada y el reconocimiento que aquél hizo de dicha operación, a lo cual le concedió el juzgador valor de indicio. De ahí que, como se dijo no le asista razón al ahora quejoso pues de acuerdo a los efectos de la sentencia concesoria de amparo no podía considerar otras medidas cautelares diversas de la económica, pues desde un origen así lo solicito el ahora garantista. Sin que tampoco asista la razón al quejoso al argumentar que la medida económica impuesta por $50,000.00 (cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional), atenta contra el principio de presunción de inocencia, previsto en la fracción I, apartado B, del artículo 20 Constitucional, pues se pretende con ello prejuzgar de manera anticipada una eventual reparación del daño, que solo es propio de una sentencia definitiva firme. Ello es así, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la medida cautelar de garantía económica prevista en el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no tiene como objeto salvaguardar la eventual reparación del daño durante el proceso, como sí lo tiene la figura de la providencia precautoria. Sobre el particular, sostuvo que, el legislador ha sido cauteloso en confeccionar las causales de procedencia de las medidas cautelares aplicables al sistema acusatorio, pues parte de la premisa de que éstas tienen el potencial real de afectar varios derechos humanos en perjuicio de personas que aún merecen ser tratadas como inocentes, por virtud del principio de presunción de inocencia. También señaló que el legislador ha procurado un fino balance entre los derechos de las personas acusadas y los de las víctimas. Sin embargo, el Máximo Tribunal del país estableció que no hay disposición alguna en el capítulo atinente a "medidas cautelares" que aluda a la noción de reparación del daño. En cambio, refirió que el artículo 138 de ese ordenamiento regula la figura de la providencia precautoria y, específicamente, le encomienda el rol de velar por la viabilidad de la reparación del daño. Añadió que la finalidad de la referida figura es garantizar este derecho, ya sea mediante el embargo de bienes o la inmovilización de cuentas y valores financieros. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XXVII/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, Décima Época, materia penal, página 276, con registro digital 2022161, que dice: "GARANTÍA ECONÓMICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 155, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SU FINALIDAD NO ES GARANTIZAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO. Hechos: En el marco de un proceso penal, el quejoso combatió -vía juicio de amparo indirecto- el aumento del monto previamente fijado para la imposición de la medida cautelar de garantía económica. Se consideró que el aumento estaba justificado porque era necesario para garantizar la posible reparación del daño en favor de la víctima. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la medida cautelar de garantía económica prevista en el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no tiene como objeto salvaguardar la eventual reparación del daño durante el proceso, como sí lo tiene la figura de la providencia precautoria. Justificación: El legislador ha sido cauteloso en confeccionar las causales de procedencia de las medidas cautelares aplicables al sistema acusatorio, pues parte de la premisa de que éstas tienen el potencial real de afectar varios derechos humanos en perjuicio de personas que aún merecen ser tratadas como inocentes, por virtud del principio de presunción de inocencia. También ha procurado un fino balance entre los derechos de las personas acusadas y los de las víctimas. Sin embargo, no hay disposición alguna en el capítulo atinente a "medidas cautelares" que aluda a la noción de reparación del daño. En cambio, el artículo 138 de este ordenamiento regula la figura de la providencia precautoria y, específicamente, le encomienda el rol de velar por la viabilidad de la reparación del daño. Su finalidad exclusiva es garantizar este derecho, ya sea mediante el embargo de bienes o la inmovilización de cuentas y valores financieros. La norma impone al Juez el deber de motivar su justificación y lo faculta para revisar o cancelar esa providencia, siempre que la víctima haya tenido posibilidad de ser escuchada. Además, ella no tiene acceso a los bienes o valores garantizados hasta en tanto no exista una sentencia que condene por reparación de daño. La víctima queda protegida durante el juicio, aunque su derecho sólo será exigible en el futuro, es decir, hasta que aquél culmine. Se trata de figuras que, como su nombre y topografía demuestran, guardan independencia lógica". En las narradas consideraciones, al resultar los conceptos de violación inoperantes, en parte, e infundados, en otra, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Alberto Narváez Ávila, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando SEXTO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

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