Alberto Narváez Ávila
Expediente 39/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 39/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Alberto Narváez Ávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
mesa 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el uno de marzo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Alberto Narváez Ávila a través de su defensor particular Humberto Segovia García; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase al Juez Segundo Penal de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, un disco en formato Disco Versátil Digital (DVD), que contiene el audio y video de la audiencia de medida cautelar de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, desahogada en la causa penal 18/2019, de su índice, que adjuntó al informe justificado que rindió. Notifíquese.
- Incidental
mesa 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 39/2022-10, promovido por Alberto Narváez Ávila, a través de su defensor particular Humberto Segovia García, contra actos del Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el trece de enero de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el catorce siguiente, Alberto Narváez Ávila, a través de su defensor particular Humberto Segovia García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La resolución incidental de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 18/2019. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 39/2022-10; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera informe justificado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La resolución incidental de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 18/2019, emitida por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante la cual le impone exhibir la suma de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) como garantía económica para sustituir la medida de prisión preventiva. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, por haberlo reconocido la autoridad responsable en el informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada que remitió de un disco versátil digital (DVD), que contiene la videograbación de la audiencia precitada. Documento que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que los primeros fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen, mientras que las segundas constituyen la videograbación de las actuaciones llevadas a cabo por la responsable, que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas, así como de los hechos que contienen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), formulada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, denominada "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE AMPARO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, la suscrita advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De la interpretación de la precitada disposición normativa, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos del acto reclamado, a saber: Por revocación; y, Por sustitución. El segundo supuesto se actualiza cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Ahora, como quedó establecido en el considerando relativo, el quejoso reclama la resolución incidental de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 18/2019, mediante la cual se le impone exhibir la suma de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) como garantía económica para sustituir la medida de prisión preventiva. Sin embargo, del informe justificado se advierte que dicha determinación fue dictada en cumplimiento de la ejecutoria emitida en el juicio de amparo 361/2021-7, del índice de este juzgado federal. Con motivo de lo anterior, se consultó el expediente electrónico del referido juicio constitucional, del que se obtiene que: Alberto Narváez Ávila, aquí quejoso, reclamó la resolución incidental de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 18/2019, mediante la cual se le impone exhibir la suma de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) como garantía económica para sustituir la medida de prisión preventiva; El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el precitado juicio, en la que se le concedió la protección constitucional para que la autoridad responsable: "a) Deje insubsistente la resolución interlocutoria de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de revisión y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 18/2019 de su índice. b) En término del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cite nuevamente a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla, en la que la representación social y la defensa del imputado reiterarán los argumentos vertidos al respecto, sin alterarlos. c) Cerrado el debate, determine la procedencia de la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por garantía económica, fundando y motivando debidamente su decisión, la que deberá ser congruente con los planteamientos de las partes, citando los datos de prueba verbalizados por las partes y los indicios que de los mismos obtiene para establecer la capacidad económica del imputado, prescindiendo para ello de tomar en cuenta el daño patrimonial ocasionado con el hecho delictivo que se atribuye al aquí quejoso. d) Como la medida cautelar relativa a la presentación periódica del imputado, no fue objeto de impugnación, debe ser reiterada por la autoridad responsable en la nueva resolución incidental. e) Conforme a lo dispuesto en el artículo 156 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la resolución relativa establezca la vigencia de la medida cautelar". Mediante oficio recibido el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de diecisiete del precitado mes, dictado en la causa penal 18/2019 de su índice, del que se advierte que dejó insubsistente la resolución interlocutoria de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de revisión y sustitución de medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, remitió un disco de audio y video que contiene la audiencia de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se dictó la resolución incidental mediante la cual se le impuso al impetrante exhibir la suma de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) como garantía económica para sustituir la medida de prisión preventiva; determinación aquí reclamada. En auto de catorce de enero de dos mil veintidós, se analizó la nueva resolución incidental -de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, aquí reclamada- y se declaró no cumplida la ejecutoria de amparo, requiriendo a la autoridad responsable lo conducente. Por oficio recibido el veintiséis de enero de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió copia certificada del acta mínima de veinticinco del precitado mes y de un disco de audio y video que contiene la audiencia de esa misma data y la resolución incidental dictada en la causa penal 18/2019 de su índice. El once de febrero de dos mil veintidós, previo análisis de la precitada resolución incidental, se declaró cumplida la ejecutoria emitida en el juicio de amparo 361/2021-7. Información que se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal segundo. Al respecto, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), formulada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, junio de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, página 10, registrada con el número 2017123, del siguiente rubro y texto: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER |LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". En ese tenor, a la fecha de presentación de demanda de amparo -trece de enero de dos mil veintiuno-, indudablemente existía el acto reclamado. Sin embargo, a la data del presente fallo, los efectos del mismo ya habían cesado, por haber quedado insubsistente con motivo de la nueva resolución incidental -de veinticinco de enero de dos mil veintidós-, que sustituyó a la de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., Novena Época, Materias(s): Común, Tomo IX, junio de 1999, página 38, con número de registro 193758, del siguiente rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, es de tomar en cuenta, en lo conducente, las consideraciones que sustentan la tesis (V Región) 5o.19 P (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Libro 80, noviembre de 2020, Tomo III, página 1946, con número de registro 2022439, del siguiente rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. PARA QUE SE ACTUALICE DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA, EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN SU CONTRA, LO REVOQUE O MODIFIQUE Y DECRETE AUTO DE LIBERTAD. De la interpretación de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos del acto reclamado, a saber: a) Por revocación y, b) Por sustitución. El segundo supuesto se actualiza cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por ese motivo, el juicio de amparo resulta improcedente, al actualizarse la segunda de las hipótesis respecto del auto de formal prisión dictado por el Juez de primera instancia, cuando éste, a su vez, se impugna a través del recurso de apelación, que previo al amparo lo resuelve el tribunal de alzada, cuyo sistema recursivo permite pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo de primera instancia. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia, lo que impide decidir la constitucionalidad del auto de formal prisión inicialmente reclamado. Así, para considerar que cesaron los efectos del acto reclamado por sustitución procesal, es innecesario que el tribunal de alzada tenga que decretar auto de libertad, pues aun cuando se confirme o modifique el de primera instancia, los efectos del acto cesan, en razón de que son cancelados jurídicamente, y aunque materialmente sigan produciéndose consecuencias semejantes a las derivadas del acto reclamado, ahora éstas tienen su origen en el nuevo pronunciamiento, en razón de que la determinación de la situación jurídica depende de la decisión de segunda instancia, la cual dio firmeza a la anterior, y la sustituyó. Sin que ello implique un cambio en la situación jurídica de la persona, pues sigue teniendo la misma que ostentaba, aunque ahora con carácter de definitiva". Consecuentemente, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V del aludido ordenamiento jurídico. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". No pasa inadvertido que al día en que se resuelve el presente juicio de amparo, los terceros interesados se encontraban pendiente de ser emplazados; sin embargo, a ningún efecto práctico conllevaría postergar el dictado de la sentencia, dado que el sentido de ésta en nada variaría; aunado a que, no le depara agravio alguno, tomando en cuenta que no se resuelve el fondo del asunto. Por el contrario, se le causaría un mayor perjuicio a la parte quejosa derivado de la dilación en el pronunciamiento del asunto, lo cual vulneraría su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita, consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior tiene sustento en la tesis formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, febrero de 2011, Página 2428, Registro 162685, Novena Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por **********, a través de su defensor particular Humberto Segovia García, respecto del acto reclamado y la autoridad referida en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando CUARTO de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
mesa 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado el veintiséis de enero de dos mil veintidós, informa la denominación correcta del Fiscal Manuel Reyes Quiroga Méndez, quien actualmente es quien funge en la causa penal 18/2019, con domicilio en el edificio adscrito a los Juzgados Penales, Kilómetro 4.5. de la Carretera Villahermosa-Frontera, a un costado del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 26, fracción II, inciso b), y 116, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, gírese oficio al citado fiscal, a efecto de que sea emplazado en su carácter de tercero interesado, adjuntándole copia simple de la demanda de amparo, auto admisorio, informe justificado que obra en autos y del presente proveído, para que en caso de que lo estime conveniente se apersone a juicio, informándole que la audiencia constitucional se llevará a efecto a las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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