Alberto Narváez Ávila

Expediente 361/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 30 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
361/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • Alberto Narváez Ávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación; se tiene que el tercero interesado Marco Antonio Yañez Cárdenas, desahogó la vista ordenada en auto de veintisiete de enero pasado, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se concedió la protección de la justicia federal a Alberto Narváez Ávila. Inconforme con la sentencia precitada, Juan Moisés Bracamontes Padilla, Fiscal del Ministerio Público Especial adscrito a los Juzgados Penales de Primera Instancia de Centro, Tabasco, tercero interesado, interpuso recurso de revisión, mismo que fue registrado con el número 232/2021 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual en sesión de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en sus puntos resolutivos determinó: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ALBERTO NARVÁEZ ÁVILA, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero del fallo sujeto a revisión". El catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió a la responsable el cumplimiento de la precitada ejecutoria de amparo. Mediante oficio recibido el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de diecisiete del precitado mes, dictado en la causa penal 18/2019 de su índice, del que se advierte que dejó insubsistente la resolución interlocutoria de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de revisión y sustitución de medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, remitió un disco de audio y video que contiene la audiencia de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. En auto de catorce de enero de dos mil veintidós, se tuvo por no cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, y se requirió a la autoridad responsable. Por oficio recibido el veintiséis de enero de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió copia certificada del acta mínima de veinticinco del precitado mes, dictado en la causa penal 18/2019 de su índice; asimismo, remitió un disco de audio y video que contiene la audiencia de esa misma data. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, se estableció lo siguiente: En el caso concreto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que, mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintiuno, el ahora quejoso solicitó la sustitución de la medida cautelar establecida en el auto de formal prisión dictado en la causa penal de origen (de acuerdo con los antecedentes relacionados en el considerando que antecede), por otras de las señaladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como la presentación periódica ante el juez, la prohibición de salir del país o de la localidad y cualquier otra, conforme a las reglas del numeral 157 del aludido ordenamiento jurídico. Asimismo, de la videograbación de la audiencia de ocho de abril de dos mil veintiuno, se obtiene que la autoridad responsable determinó que la representación social no justificó la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida cautelar de prisión preventiva y la necesidad, en su caso, de mantenerla. En cambio, consideró que la defensa estableció que las circunstancias habían variado con motivo de la reforma constitucional de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, con la que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de, entre otros ordenamientos, el Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, se advierte que el juez en cuestión determinó que, además de que el delito en cuestión no es grave, estaba justificado el arraigo domiciliario del imputado y que no había peligro de sustracción de la justicia. No obstante, le dio la razón al fiscal en cuanto a la imposición de la garantía económica y tomó en cuenta el daño patrimonial ocasionado por el delito, que asciende a ocho millones de pesos. Por ende, determinó que, para asegurar la presencia del imputado en todo el proceso, evitar que corra peligro la víctima o testigos o la obstaculización del proceso, el imputado debía exhibir la suma de quinientos mil pesos como garantía económica. Lo anterior, bajo la consideración de que, como hecho notorio, en el expediente existen pruebas de las cantidades depositadas en los años dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, efectuadas por el imputado. De igual forma, tomó en cuenta el traspaso que el inculpado realizó de un bien inmueble de su propiedad. Con base en ello, consideró que el imputado tiene la capacidad económica para exhibir como garantía la cantidad de quinientos mil pesos. Asimismo, en términos del artículo 155 del Código Nacional de procedimientos Penales, le impuso como medida cautelar la presentación periódica cada ocho días ante el juzgado. Al respecto, el suscrito considera que la determinación del juez responsable carece de la debida fundamentación y motivación, al apoyarse en el daño patrimonial ocasionado con el hecho delictivo que se le atribuye al aquí quejoso, además de que omite establecer los datos de prueba que le permiten corroborar la capacidad económica del mismo y sus circunstancias personales. Efectivamente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la medida cautelar de garantía económica prevista en el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no tiene como objeto salvaguardar la eventual reparación del daño durante el proceso, como sí lo tiene la figura de la providencia precautoria. Sobre el particular, sostuvo que, el legislador ha sido cauteloso en confeccionar las causales de procedencia de las medidas cautelares aplicables al sistema acusatorio, pues parte de la premisa de que éstas tienen el potencial real de afectar varios derechos humanos en perjuicio de personas que aún merecen ser tratadas como inocentes, por virtud del principio de presunción de inocencia. También señaló que el legislador ha procurado un fino balance entre los derechos de las personas acusadas y los de las víctimas. Sin embargo, el Máximo Tribunal del país estableció que no hay disposición alguna en el capítulo atinente a "medidas cautelares" que aluda a la noción de reparación del daño. En cambio, refirió que el artículo 138 de ese ordenamiento regula la figura de la providencia precautoria y, específicamente, le encomienda el rol de velar por la viabilidad de la reparación del daño. Añadió que la finalidad de la referida figura es garantizar este derecho, ya sea mediante el embargo de bienes o la inmovilización de cuentas y valores financieros. De ahí que sea incorrecta la decisión del juez responsable, de apoyarse en el daño patrimonial equivalente a ocho millones de pesos, para determinar el monto de la garantía económica impuesta al imputado como medida cautelar. Sobre todo, porque en el sistema penal acusatorio está prohibido utilizar las medidas cautelares como un mecanismo para anticipar la pena. Además, como lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía económica debe ser vista como una medida que amplía el abanico de posibilidades para quienes, por tener la capacidad financiera para ello, pueden realizar esa oferta y así asegurar el cumplimiento de sus obligaciones procesales. Asimismo, de lo expuesto por la autoridad responsable en la audiencia de mérito, no se aprecia qué datos de prueba le permitieron colegir que el imputado cuenta con capacidad económica para exhibir la garantía fijada; en cambio, se advierte que, de manera genérica, refiere se acredita con los depósitos y traspasos realizados en los años dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, lo cual cita como hecho notorio De igual forma, el juez pasó por alto lo dispuesto en el artículo 156 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en la resolución reclamada omitió establecer la vigencia de la medida.". Con motivo de lo anterior, se otorgó la protección de la justicia federal al quejoso para que la autoridad responsable: a)Deje insubsistente la resolución interlocutoria de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de revisión y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 18/2019 de su índice. b) En término del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cite nuevamente a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla, en la que la representación social y la defensa del imputado reiterarán los argumentos vertidos al respecto, sin alterarlos. c) Cerrado el debate, determine la procedencia de la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por garantía económica, fundando y motivando debidamente su decisión, la que deberá ser congruente con los planteamientos de las partes, citando los datos de prueba verbalizados por las partes y los indicios que de los mismos obtiene para establecer la capacidad económica del imputado, prescindiendo para ello de tomar en cuenta el daño patrimonial ocasionado con el hecho delictivo que se atribuye al aquí quejoso. d) Como la medida cautelar relativa a la presentación periódica del imputado, no fue objeto de impugnación, debe ser reiterada por la autoridad responsable en la nueva resolución incidental. e) Conforme a lo dispuesto en el artículo 156 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la resolución relativa establezca la vigencia de la medida cautelar". En ese contexto, se puede colegir que la autoridad responsable, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debía dejar insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución interlocutoria de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de revisión y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 18/2019 de su índice. Asimismo, en la nueva resolución debía determinar la procedencia de la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, por garantía económica: Citando los datos de prueba verbalizados por las partes y los indicios que de los mismos obtuviera para establecer la capacidad económica del imputado; No tomara en cuenta el daño patrimonial ocasionado con el hecho delictivo que se atribuye al aquí quejoso; Reiterara la medida cautelar relativa a la presentación periódica del imputado y, conforme a lo dispuesto en el artículo 156 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciera la vigencia de la misma. Con las constancias remitidas, la autoridad responsable demostró que en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en la precitada causa penal, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución interlocutoria de ocho de abril del mismo año, emitida en el incidente de revisión y sustitución de medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, de la videograbación de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se obtiene que el defensor particular sustancialmente refirió que: La escritura pública, con la cual el Ministerio Publico trató de justificar la capacidad económica de su defendido, fue presentada en copia simple, cuando, conforme a los artículos 280 y 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debió ser exhibida en copia certificada; por lo que consideró no fue incorporada bajo las reglas establecidas en el citado ordenamiento jurídico; Su representado ha asistido a toda diligencia que ha sido requerido; es un delito de carácter patrimonial que no amerita prisión preventiva oficiosa; no se pone en riesgo a la víctima, ya que no hay dato de prueba propuesto por el Ministerio Público que de pauta a ello y a la necesidad de neutralizar los riesgos que señala el fiscal, por lo que solicitó una medida que no sea del orden de la cantidad anteriormente impuesta y sea menor, ya que aun cuando se hubiese llevado a cabo la compraventa, no significa que el imputado cuente con la suma correspondiente, porque ese tipo de transacciones, normalmente se deben a que el vendedor lo hace por necesidad. Por su parte, el fiscal manifestó concretamente que: Reiteraba los argumentos expuestos por su homólogo en la primera audiencia; El juzgador se ciñera a los lineamientos señalados por la resolución de amparo, y que justificara la medida que le fue impuesta al imputado. Al resolver lo conducente, el juez de primera instancia consideró esencialmente que: La defensa justificó la sustitución de la medida cautelar; en términos del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aportó diversos documentos, como fue la credencial del imputado, informe del titular de la Unidad de Medida Cautelar, informe de evaluación de riesgo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno y acta de matrimonio del imputado, así como desahogó el testimonio de Trinidad del Carmen de la Rosa Flota, para justificar el domicilio donde reside el imputado, acreditando también que no existe riesgo de sustracción de la justicia y, como no se trata de delito grave que ameritara prisión preventiva oficiosa, determinó procedente el cambio de medida cautelar; Le asistía la razón al defensor particular, de que no se agregó dicha documental en términos de los artículos 380 y 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la que se refiere a la escritura pública, pero estimó que se tomó como prueba porque es hecho notorio, ya que obra en el expediente principal a folio 13321 y que la tomaba en cuenta como indicio, ya que el imputado, en su propia declaración, refirió haber traspasado una casa de su propiedad y se demuestra que sí tenía una propiedad, lo cual corroboró con la escritura pública 20,530, pasada ante la fe del notario público número 12, en donde consta que el monto de la operación fue por la cantidad de $579,617.00 (quinientos setenta y nueve mil seiscientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional). Con base en los artículos 151 y 155 fracción I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó como medida cautelar la firma periódica cada quince días, y, como garantía económica que deberá pagar el procesado para seguir gozando de su libertad, la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), misma que deberá hacer efectiva en cualquiera de las formas previstas 173 del aludido ordenamiento jurídico; Ello, por estimar que la venta del inmueble justifica que sí puede pagar la cantidad estipulada; Dichas medidas tendrán como vigencia la duración del proceso. En ese tenor, se advierte que la responsable, con base en los datos de prueba verbalizados por las partes y los indicios que de los mismos obtuvo, estableció la garantía económica, así como la solvencia del imputado para otorgarla, particularmente con la escritura pública verbalizada y el reconocimiento que aquél hizo de dicha operación, a lo cual le concedió el juzgador valor de indicio. Prescindiendo para ello de tomar en cuenta el daño patrimonial ocasionado con el hecho delictivo que se atribuye al aquí quejoso. Asimismo, reiterò la medida cautelar relativa a la presentación periódica del imputado y, conforme a lo dispuesto en el artículo 156 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció la vigencia de la misma. No pasa inadvertido que, en el escrito de cuenta, la tercera interesada realizó diversas manifestaciones en relación al cambio de la medida cautelar, oponiéndose a la misma por considerar que: en ningún momento fueron violadas las garantías individuales o del debido proceso al ahora quejoso, sino todo lo contrario, éste ha sido quien no ha dado legal cumplimiento a la resolución dictada por al A QUO en la multicitada audiencia incidental de cambio de medida cautelar". Asimismo, refirió que: existe el temor fundado por parte del agraviado en que pueda sustraerse de la acción de la justicia, es decir, pueda fugarse y no aparecer de nueva cuenta ante la presencia judicial para poder ser juzgado". Ello, por estimar que con la escritura de compraventa en cuestión: se comprueba que el hoy solicitante del cambio de medidas cautelares no con domicilio propio donde pueda cumplir con el arraigo domiciliario que solicita para continuar el juicio en libertad". De igual forma, aduce que debe tenerse por incumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que: existen en cuentas personales a nombre del imputado, movimientos bancarios donde ha percibido durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 considerables cantidades de dinero que hacen pensar que el procesado cuenta con los suficientes recursos económicos para poder sustraerse de la acción de la justicia, ya que como se ha mencionado no cuenta con un domicilio o bienes dentro de la jurisdicción territorial de este H. Juzgado y, en cambio sí cuenta con los recursos económicos sustraídos de las actividades licitas de la moral ofendida Grupo Constructor Quetzales SA de CV. Situación que también pasó inadvertida por el juzgador, toda vez que a pesar de que consta en actuaciones los montos de los ingresos a las cuentas personales del procesado es superior a la cantidad de 6,658,588.49 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.) y ya que se le había impuesto la cantidad de 4,261.232.50 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.) por concepto de garantía a fin de no ser detenido en el presente juicio, como consta en AUTO DE FECHA 9 DE FEBRERO 2021, RESULTA INVEROSIMIL QUE EN AUDIENCIA DE 8 DE ABRIL DE 2021 SE LE HAYA OTORGADO COMO GARANTIA A FIN DE QUEDAR EN LIBERTAD, LA CANTIDAD DE $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) y QUE DICHA CANTIDAD AHORA HAYA SIDO REDUCIDA A $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) SIN HABER SIDO FUNDADO NI MOTIVADO EL ACTO JURIDICO QUE DERIVO A SEÑALAR ESA NUEVA CANTIDAD POR PARTE DEL A QUO EN LA AUDIENCIA DE CONTINUACION DE LA REVISION DE MEDIDA CAUTELAR DE FECHA 25 DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS. CANTIDAD QUE A TODAS LUCES NO ES PARA NADA EQUIPARABLE A LOS MAS DE SEIS MILLONES DE PESOS QUE se han comprobado hasta el momento tuvo de ingresos el procesado ni tampoco se equipara a la cantidad de más de 4 millones de pesos que se había fijado en un principio por el A QUO en el proveído de fecha 09 de febrero de 2021, lo que hace pensar que dolosamente algo sucedió a fin de que se fijara la cantidad señalada sin mayores motivos o fundaméntelos legales de hecho y/o derecho.". Sin embargo, como se aprecia de lo antes expuesto, la responsable dio cumplimiento al fallo protector, en cuya determinación examinó los datos de prueba y argumentos propuestos por las partes, sin que la legalidad de la nueva determinación pueda ser objeto de análisis en el presente juicio de amparo. Al respecto, sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 89/2007, formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 66, del siguiente rubro y texto: INCONFORMIDAD INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. LA MATERIA DE SU ESTUDIO DEBE LIMITARSE AL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO RELATIVO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE. La materia de estudio de la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, planteada contra la resolución de un juez de Distrito o de un tribunal colegiado de Circuito, que estima cumplimentada la ejecutoria concesoria del amparo debe limitarse al análisis del cumplimiento de dicha sentencia, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, pues ello es ajeno a la indicada inconformidad". CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Luego, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de dicho acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, hágase devolución al Juzgado Segundo Penal de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, la copia certificada del Disco Versátil Digital (DVD), que remitió. Notifíquese personalmente.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de destruccion y carecen de relevancia documental, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTRO AL CITATORIO DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación; se tiene que el tercero interesado Marco Antonio Yañez Cárdenas, desahogó la vista ordenada en auto de veintisiete de enero pasado, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se concedió la protección de la justicia federal a Alberto Narváez Ávila. Inconforme con la sentencia precitada, Juan Moisés Bracamontes Padilla, Fiscal del Ministerio Público Especial adscrito a los Juzgados Penales de Primera Instancia de Centro, Tabasco, tercero interesado, interpuso recurso de revisión, mismo que fue registrado con el número 232/2021 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual en sesión de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en sus puntos resolutivos determinó: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ALBERTO NARVÁEZ ÁVILA, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero del fallo sujeto a revisión". El catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió a la responsable el cumplimiento de la precitada ejecutoria de amparo. Mediante oficio recibido el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de diecisiete del precitado mes, dictado en la causa penal 18/2019 de su índice, del que se advierte que dejó insubsistente la resolución interlocutoria de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de revisión y sustitución de medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, remitió un disco de audio y video que contiene la audiencia de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. En auto de catorce de enero de dos mil veintidós, se tuvo por no cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, y se requirió a la autoridad responsable. Por oficio recibido el veintiséis de enero de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió copia certificada del acta mínima de veinticinco del precitado mes, dictado en la causa penal 18/2019 de su índice; asimismo, remitió un disco de audio y video que contiene la audiencia de esa misma data. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, se estableció lo siguiente: En el caso concreto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que, mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintiuno, el ahora quejoso solicitó la sustitución de la medida cautelar establecida en el auto de formal prisión dictado en la causa penal de origen (de acuerdo con los antecedentes relacionados en el considerando que antecede), por otras de las señaladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como la presentación periódica ante el juez, la prohibición de salir del país o de la localidad y cualquier otra, conforme a las reglas del numeral 157 del aludido ordenamiento jurídico. Asimismo, de la videograbación de la audiencia de ocho de abril de dos mil veintiuno, se obtiene que la autoridad responsable determinó que la representación social no justificó la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida cautelar de prisión preventiva y la necesidad, en su caso, de mantenerla. En cambio, consideró que la defensa estableció que las circunstancias habían variado con motivo de la reforma constitucional de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, con la que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de, entre otros ordenamientos, el Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, se advierte que el juez en cuestión determinó que, además de que el delito en cuestión no es grave, estaba justificado el arraigo domiciliario del imputado y que no había peligro de sustracción de la justicia. No obstante, le dio la razón al fiscal en cuanto a la imposición de la garantía económica y tomó en cuenta el daño patrimonial ocasionado por el delito, que asciende a ocho millones de pesos. Por ende, determinó que, para asegurar la presencia del imputado en todo el proceso, evitar que corra peligro la víctima o testigos o la obstaculización del proceso, el imputado debía exhibir la suma de quinientos mil pesos como garantía económica. Lo anterior, bajo la consideración de que, como hecho notorio, en el expediente existen pruebas de las cantidades depositadas en los años dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, efectuadas por el imputado. De igual forma, tomó en cuenta el traspaso que el inculpado realizó de un bien inmueble de su propiedad. Con base en ello, consideró que el imputado tiene la capacidad económica para exhibir como garantía la cantidad de quinientos mil pesos. Asimismo, en términos del artículo 155 del Código Nacional de procedimientos Penales, le impuso como medida cautelar la presentación periódica cada ocho días ante el juzgado. Al respecto, el suscrito considera que la determinación del juez responsable carece de la debida fundamentación y motivación, al apoyarse en el daño patrimonial ocasionado con el hecho delictivo que se le atribuye al aquí quejoso, además de que omite establecer los datos de prueba que le permiten corroborar la capacidad económica del mismo y sus circunstancias personales. Efectivamente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la medida cautelar de garantía económica prevista en el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no tiene como objeto salvaguardar la eventual reparación del daño durante el proceso, como sí lo tiene la figura de la providencia precautoria. Sobre el particular, sostuvo que, el legislador ha sido cauteloso en confeccionar las causales de procedencia de las medidas cautelares aplicables al sistema acusatorio, pues parte de la premisa de que éstas tienen el potencial real de afectar varios derechos humanos en perjuicio de personas que aún merecen ser tratadas como inocentes, por virtud del principio de presunción de inocencia. También señaló que el legislador ha procurado un fino balance entre los derechos de las personas acusadas y los de las víctimas. Sin embargo, el Máximo Tribunal del país estableció que no hay disposición alguna en el capítulo atinente a "medidas cautelares" que aluda a la noción de reparación del daño. En cambio, refirió que el artículo 138 de ese ordenamiento regula la figura de la providencia precautoria y, específicamente, le encomienda el rol de velar por la viabilidad de la reparación del daño. Añadió que la finalidad de la referida figura es garantizar este derecho, ya sea mediante el embargo de bienes o la inmovilización de cuentas y valores financieros. De ahí que sea incorrecta la decisión del juez responsable, de apoyarse en el daño patrimonial equivalente a ocho millones de pesos, para determinar el monto de la garantía económica impuesta al imputado como medida cautelar. Sobre todo, porque en el sistema penal acusatorio está prohibido utilizar las medidas cautelares como un mecanismo para anticipar la pena. Además, como lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía económica debe ser vista como una medida que amplía el abanico de posibilidades para quienes, por tener la capacidad financiera para ello, pueden realizar esa oferta y así asegurar el cumplimiento de sus obligaciones procesales. Asimismo, de lo expuesto por la autoridad responsable en la audiencia de mérito, no se aprecia qué datos de prueba le permitieron colegir que el imputado cuenta con capacidad económica para exhibir la garantía fijada; en cambio, se advierte que, de manera genérica, refiere se acredita con los depósitos y traspasos realizados en los años dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, lo cual cita como hecho notorio De igual forma, el juez pasó por alto lo dispuesto en el artículo 156 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en la resolución reclamada omitió establecer la vigencia de la medida.". Con motivo de lo anterior, se otorgó la protección de la justicia federal al quejoso para que la autoridad responsable: a)Deje insubsistente la resolución interlocutoria de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de revisión y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 18/2019 de su índice. b) En término del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cite nuevamente a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla, en la que la representación social y la defensa del imputado reiterarán los argumentos vertidos al respecto, sin alterarlos. c) Cerrado el debate, determine la procedencia de la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por garantía económica, fundando y motivando debidamente su decisión, la que deberá ser congruente con los planteamientos de las partes, citando los datos de prueba verbalizados por las partes y los indicios que de los mismos obtiene para establecer la capacidad económica del imputado, prescindiendo para ello de tomar en cuenta el daño patrimonial ocasionado con el hecho delictivo que se atribuye al aquí quejoso. d) Como la medida cautelar relativa a la presentación periódica del imputado, no fue objeto de impugnación, debe ser reiterada por la autoridad responsable en la nueva resolución incidental. e) Conforme a lo dispuesto en el artículo 156 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la resolución relativa establezca la vigencia de la medida cautelar". En ese contexto, se puede colegir que la autoridad responsable, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debía dejar insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución interlocutoria de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de revisión y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 18/2019 de su índice. Asimismo, en la nueva resolución debía determinar la procedencia de la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, por garantía económica: Citando los datos de prueba verbalizados por las partes y los indicios que de los mismos obtuviera para establecer la capacidad económica del imputado; No tomara en cuenta el daño patrimonial ocasionado con el hecho delictivo que se atribuye al aquí quejoso; Reiterara la medida cautelar relativa a la presentación periódica del imputado y, conforme a lo dispuesto en el artículo 156 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciera la vigencia de la misma. Con las constancias remitidas, la autoridad responsable demostró que en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en la precitada causa penal, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución interlocutoria de ocho de abril del mismo año, emitida en el incidente de revisión y sustitución de medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, de la videograbación de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se obtiene que el defensor particular sustancialmente refirió que: La escritura pública, con la cual el Ministerio Publico trató de justificar la capacidad económica de su defendido, fue presentada en copia simple, cuando, conforme a los artículos 280 y 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debió ser exhibida en copia certificada; por lo que consideró no fue incorporada bajo las reglas establecidas en el citado ordenamiento jurídico; Su representado ha asistido a toda diligencia que ha sido requerido; es un delito de carácter patrimonial que no amerita prisión preventiva oficiosa; no se pone en riesgo a la víctima, ya que no hay dato de prueba propuesto por el Ministerio Público que de pauta a ello y a la necesidad de neutralizar los riesgos que señala el fiscal, por lo que solicitó una medida que no sea del orden de la cantidad anteriormente impuesta y sea menor, ya que aun cuando se hubiese llevado a cabo la compraventa, no significa que el imputado cuente con la suma correspondiente, porque ese tipo de transacciones, normalmente se deben a que el vendedor lo hace por necesidad. Por su parte, el fiscal manifestó concretamente que: Reiteraba los argumentos expuestos por su homólogo en la primera audiencia; El juzgador se ciñera a los lineamientos señalados por la resolución de amparo, y que justificara la medida que le fue impuesta al imputado. Al resolver lo conducente, el juez de primera instancia consideró esencialmente que: La defensa justificó la sustitución de la medida cautelar; en términos del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aportó diversos documentos, como fue la credencial del imputado, informe del titular de la Unidad de Medida Cautelar, informe de evaluación de riesgo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno y acta de matrimonio del imputado, así como desahogó el testimonio de Trinidad del Carmen de la Rosa Flota, para justificar el domicilio donde reside el imputado, acreditando también que no existe riesgo de sustracción de la justicia y, como no se trata de delito grave que ameritara prisión preventiva oficiosa, determinó procedente el cambio de medida cautelar; Le asistía la razón al defensor particular, de que no se agregó dicha documental en términos de los artículos 380 y 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la que se refiere a la escritura pública, pero estimó que se tomó como prueba porque es hecho notorio, ya que obra en el expediente principal a folio 13321 y que la tomaba en cuenta como indicio, ya que el imputado, en su propia declaración, refirió haber traspasado una casa de su propiedad y se demuestra que sí tenía una propiedad, lo cual corroboró con la escritura pública 20,530, pasada ante la fe del notario público número 12, en donde consta que el monto de la operación fue por la cantidad de $579,617.00 (quinientos setenta y nueve mil seiscientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional). Con base en los artículos 151 y 155 fracción I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó como medida cautelar la firma periódica cada quince días, y, como garantía económica que deberá pagar el procesado para seguir gozando de su libertad, la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), misma que deberá hacer efectiva en cualquiera de las formas previstas 173 del aludido ordenamiento jurídico; Ello, por estimar que la venta del inmueble justifica que sí puede pagar la cantidad estipulada; Dichas medidas tendrán como vigencia la duración del proceso. En ese tenor, se advierte que la responsable, con base en los datos de prueba verbalizados por las partes y los indicios que de los mismos obtuvo, estableció la garantía económica, así como la solvencia del imputado para otorgarla, particularmente con la escritura pública verbalizada y el reconocimiento que aquél hizo de dicha operación, a lo cual le concedió el juzgador valor de indicio. Prescindiendo para ello de tomar en cuenta el daño patrimonial ocasionado con el hecho delictivo que se atribuye al aquí quejoso. Asimismo, reiterò la medida cautelar relativa a la presentación periódica del imputado y, conforme a lo dispuesto en el artículo 156 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció la vigencia de la misma. No pasa inadvertido que, en el escrito de cuenta, la tercera interesada realizó diversas manifestaciones en relación al cambio de la medida cautelar, oponiéndose a la misma por considerar que: en ningún momento fueron violadas las garantías individuales o del debido proceso al ahora quejoso, sino todo lo contrario, éste ha sido quien no ha dado legal cumplimiento a la resolución dictada por al A QUO en la multicitada audiencia incidental de cambio de medida cautelar". Asimismo, refirió que: existe el temor fundado por parte del agraviado en que pueda sustraerse de la acción de la justicia, es decir, pueda fugarse y no aparecer de nueva cuenta ante la presencia judicial para poder ser juzgado". Ello, por estimar que con la escritura de compraventa en cuestión: se comprueba que el hoy solicitante del cambio de medidas cautelares no con domicilio propio donde pueda cumplir con el arraigo domiciliario que solicita para continuar el juicio en libertad". De igual forma, aduce que debe tenerse por incumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que: existen en cuentas personales a nombre del imputado, movimientos bancarios donde ha percibido durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 considerables cantidades de dinero que hacen pensar que el procesado cuenta con los suficientes recursos económicos para poder sustraerse de la acción de la justicia, ya que como se ha mencionado no cuenta con un domicilio o bienes dentro de la jurisdicción territorial de este H. Juzgado y, en cambio sí cuenta con los recursos económicos sustraídos de las actividades licitas de la moral ofendida Grupo Constructor Quetzales SA de CV. Situación que también pasó inadvertida por el juzgador, toda vez que a pesar de que consta en actuaciones los montos de los ingresos a las cuentas personales del procesado es superior a la cantidad de 6,658,588.49 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.) y ya que se le había impuesto la cantidad de 4,261.232.50 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.) por concepto de garantía a fin de no ser detenido en el presente juicio, como consta en AUTO DE FECHA 9 DE FEBRERO 2021, RESULTA INVEROSIMIL QUE EN AUDIENCIA DE 8 DE ABRIL DE 2021 SE LE HAYA OTORGADO COMO GARANTIA A FIN DE QUEDAR EN LIBERTAD, LA CANTIDAD DE $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) y QUE DICHA CANTIDAD AHORA HAYA SIDO REDUCIDA A $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) SIN HABER SIDO FUNDADO NI MOTIVADO EL ACTO JURIDICO QUE DERIVO A SEÑALAR ESA NUEVA CANTIDAD POR PARTE DEL A QUO EN LA AUDIENCIA DE CONTINUACION DE LA REVISION DE MEDIDA CAUTELAR DE FECHA 25 DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS. CANTIDAD QUE A TODAS LUCES NO ES PARA NADA EQUIPARABLE A LOS MAS DE SEIS MILLONES DE PESOS QUE se han comprobado hasta el momento tuvo de ingresos el procesado ni tampoco se equipara a la cantidad de más de 4 millones de pesos que se había fijado en un principio por el A QUO en el proveído de fecha 09 de febrero de 2021, lo que hace pensar que dolosamente algo sucedió a fin de que se fijara la cantidad señalada sin mayores motivos o fundaméntelos legales de hecho y/o derecho.". Sin embargo, como se aprecia de lo antes expuesto, la responsable dio cumplimiento al fallo protector, en cuya determinación examinó los datos de prueba y argumentos propuestos por las partes, sin que la legalidad de la nueva determinación pueda ser objeto de análisis en el presente juicio de amparo. Al respecto, sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 89/2007, formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 66, del siguiente rubro y texto: INCONFORMIDAD INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. LA MATERIA DE SU ESTUDIO DEBE LIMITARSE AL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO RELATIVO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE. La materia de estudio de la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, planteada contra la resolución de un juez de Distrito o de un tribunal colegiado de Circuito, que estima cumplimentada la ejecutoria concesoria del amparo debe limitarse al análisis del cumplimiento de dicha sentencia, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, pues ello es ajeno a la indicada inconformidad". CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Luego, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de dicho acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, hágase devolución al Juzgado Segundo Penal de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, la copia certificada del Disco Versátil Digital (DVD), que remitió. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, mediante el cual remite copia certificada del acta mínima de veinticinco de enero actual, relativa a la causa penal 18/2019 de su índice; asimismo, remite copia certificada de un disco de audio y video que contiene la referida audiencia. Por tanto, resguárdese el disco compacto que anexó la autoridad responsable al oficio que se provee, a fin de evitar el daño del mismo por el manejo del expediente, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que, si es su deseo imponerse de éste, su reproducción se realizará en las instalaciones de este juzgado de distrito. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, esta Juzgadora efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.

Quedan 26 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano