Alberto Medina Castro
Expediente 1276/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1276/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alberto Medina Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por ********************, por conducto de sus defensores particulares ********************, ******************** y ********************; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese solo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.
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Morelia, Michoacán, treinta de enero de dos mil veintitrés. SE AGREGA RAZÓN ACTUARIAL, POR LISTA Agréguese al sumario la razón levantada por el Actuario Judicial de la adscripción, el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en el sentido de que no le fue posible notificar a la tercera interesada Aarón Vázquez Chihuaque, Simón Medina Castro, Simón Medina Birrueta y Esteban Medina Castro, por los motivos en ella expuestos. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista la resolución con engrose de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, así como la subsecuentes, aún las de carácter personal, hasta en tanto comparezcan a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese y por lista a los terceros interesados la resolución con engrose de veintiséis de enero del año en curso. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms
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POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LO SIGUIENTE; V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número X-1276/2022, promovido por Alberto Medina Castro, por conducto de sus defensores particulares Christian Yhordan Reynso Bermúdez, Jorge Corona Reyes y Christian Antonio Ortiz Flores, contra actos del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y recibido en este órgano jurisdiccional el día siguiente, Alberto Medina Castro, por conducto de sus defensores particulares Christian Yhordan Reynso Bermúdez, Jorge Corona Reyes y Christian Antonio Ortiz Flores, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con sede en esta ciudad, así como de los actos que precisó en el propio ocurso. En ese escrito, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, y señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los numerales 1°, 14, 16 y 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 1°, 7° y 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Del escrito inicial tocó conocer, por razón de turno, a este Órgano Jurisdiccional, el que mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós admitió la demanda, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de terceros interesados a (1) Aarón Vázquez Chihuaque, (2) Simón Medina Castro, (3) Simón Medina Birrueta y (4) Esteban Medina Castro, el primero en cuanto víctima indirecta del delito de homicidio calificado de Aurora Castro Medina, mientras que los restantes en cuanto víctimas directas del diverso de lesiones calificadas, los que se dijo podían ser emplazados por conducto de su asesor jurídico Ismael López Hernández, adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, lo que tuvo verificativo el ocho de diciembre de dos mil veintidós. En el mismo acuerdo, también se reconoció el carácter de terceras interesadas a Araceli Morales Domínguez y Blanca Luisa Medina Oroz, en cuanto agentes del Ministerio Público adscritas a la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, que intervinieron en la audiencia materia del acto reclamado, dentro de la causa penal 253/2019 del índice de la responsable, lo que ocurrió el dos de diciembre de dos mil veintidós. A las diez horas con veinte minutos del once de enero de dos mil veintitrés tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. Finalmente, como un hecho notorio para este Juzgado Federal, se aprecia que en los autos del juicio de amparo 1373/2022 del índice de este Juzgado, el quejoso Alberto Medina Castro, por conducto de sus defensores privados Christian Yhordan Reynoso Bermúdez, Jorge Corona Reyes y Christian Antonio Ortiz Flores, reclamó del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, la resolución de uno de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de apelación XI-112/2022. Además que por oficio 480/2023, el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, remitió copia certificada de la resolución dictada en el toca penal citado en el párrafo anterior, contra la sentencia definitiva de primer grado, emitida en la propia causa penal de origen. Por tanto, se ordena recabar copia certificada de tal fallo, para que obre en el presente juicio de amparo, como corresponda, al vincularse a la actualización de una causa de improcedencia, cuyo estudio es oficioso, acorde al artículo 62 de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio, para conocer del presente asunto y resolverlo, porque la parte quejosa reclama un acto de una autoridad en materia penal con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional consiste en: La resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 253/2019, instruida en contra de Alberto Medina Castro, en la que se determinó no modificar la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa. Resolución que se dictó en cumplimiento a los términos indicados por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito en el Estado, mediante resolución dictada en sesión ordinaria virtual de seis de octubre de dos mil veintidós, en el amparo en revisión penal 199/2022, en la que se revocó la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto VII-710/2021 del índice de este Juzgado de Distrito. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia , confirmó la existencia del acto reclamado, motivo por el cual se tiene por acreditado. Además, su certeza se corrobora con la certificación del disco compacto que la aludida responsable remitió en apoyo a su informe; medios de convicción a los que se les otorga valor probatorio pleno, en conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido certificada por la autoridad responsable, quien actúa en cumplimiento a sus funciones. Además de la reproducción del disco compacto con copia del registro del archivo óptico y acústico de la audiencia relativa se observa que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta; por lo que se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debido a que en el asunto ha surgido un cambio de situación jurídica que impide analizar el fondo del asunto. A fin de evidenciar la causa de improcedencia del juicio de amparo, se considera pertinente precisar que conforme con el contenido de ese numeral y fracción, se obtiene que se actualiza la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, por regla general, cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Así se estableció por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL", además que los lineamientos de ésta fueron convalidados por la Primera Sala del propio máximo Tribunal de pías, al resolver la contradicción de tesis número 143/2006, que dio origen a la jurisprudencia intitulada "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR". De esa forma, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo llamada cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. Como puede advertirse, esta causal opera tratándose de procedimientos que sean material o formalmente juicios; de tal manera que no se actualiza en aquellos que no cumplan con esa cualidad, toda vez que su existencia se basa en la creación de una etapa o estadio procesal diferente. Ahora, por lo que hace a la materia penal, en la cual la situación jurídica del quejoso deviene de los supuestos que afectan o restringen su libertad personal, llámense aprehensión, detención, prisión preventiva o pena, la existencia de una de ellas excluye la aplicación de las restantes; actualizándose así un cambio de estatus legal, pues la nueva situación que se genera hace que las violaciones reclamadas se encuentren consumadas de manera irreparable, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica generada. Bajo ese contexto, en el particular se tiene que el directo quejoso señaló como acto reclamado del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con sede en esta ciudad, la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 253/2019, instruida en contra de Alberto Medina Castro, aquí quejoso, en la que se determinó no modificar la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa. Lo anterior por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, cometidos en agravio de (1) Aarón Vázquez Chihuaque, (2) Simón Medina Castro, (3) Simón Medina Birrueta y (4) Esteban Medina Castro, el primero en cuanto víctima indirecta del delito de homicidio calificado de Aurora Castro Medina, mientras que los restantes en cuanto víctimas directas del diverso de lesiones calificadas. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la Juez de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, con sede en esta ciudad, dictó sentencia condenatoria al aquí quejoso, en la cual se le impusieron veintidós años de prisión por el delito de homicidio, multa por los de las lesiones, además que se le condenó al pago de la reparación del daño, la que fue recurrida por el acusado y su defensor, tocando conocer a la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien le formó el número de toca penal XI-112/2022. Es un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que en el diverso juicio de amparo 1373/2022 del índice de este Juzgado de Distrito, que promovió el propio quejoso contra el acto consistente en la resolución de uno de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de apelación XI-112/2022, el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, mediante oficio 480/2023, remitió la resolución dictada el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, por la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca penal precisado, de la que se advierte lo siguiente: "(.) Con base en tales antecedentes, y habiéndose determinados que el grado de culpabilidad del acusado corresponde ser situado en el mínimo, se estima justo y equitativo, como consecuencias jurídicas de los delitos de antecedentes, fijarle en esta segunda instancia a aquél las sanciones siguientes: Por el delito de homicidio simple intencional en agravio de Aurora Medina Castro, una sanción de 15 años de prisión, con fundamento en el artículo 117 del Código Penal del Estado. Por los delitos de lesiones simples e intencionales en agravio de Simón y Esteban, de apellidos Medina Castro, y Simón Medina Birrueta, la sanción pecuniaria total de $5,069.40 pesos, con fundamento en el artículo 125, fracción I, del consultado texto punitivo de esta entidad federativa, equivalente a 60 unidades de medida y actualización vigente en la época de los hechos materia de la causa penal de donde emana la sentencia impugnada [$84.49 pesos]. El empleo del concurso real en trato es una potestad única y exclusiva del órgano jurisdiccional, pero principalmente esta actividad represiva genera para el acusado situaciones que no afectan su entorno jurídico, por el contrario, le son benéficas, toda vez que el concurso propicia que en un solo pronunciamiento punitivo quedan integradas las penas de que se trata, respectivamente, evitando con ello la sucesión de penas por cada uno de los delitos materia del mismo, cuya repercusión alcanzaría resonancia jurídica al momento de su ejecución por el órgano del Estado respectivo, pues al no ser concursadas las penas tendrían que ser cumplidas en forma separada por el acusado, de manera sucesiva, lo que no ocurriría con el concurso de delitos, ya que en esta sistema las dos o más sanciones quedan integradas en una sola y, por ende, su ejecución cumplida al mismo tiempo en una sola oportunidad. (.) En la inteligencia de que su cómputo, de la sanción de 15 años de prisión por el precitado delito de homicidio en agravio de Aurora Medina Castro, deberá tomarse en cuenta en los términos que se especifican en la sentencia impugnada a partir del momento en que fue detenido con motivo de los hechos materia de la causa penal de donde emana la sentencia atacada [23 de abril de 2019], a disposición del Juez de ejecución competente en el lugar que se designe [foja 49 del registro digitalizado de la sentencia combatida]. Y tocante a la sanción pecuniaria total impuesta por los delitos de lesiones en agravio de Simón Medina Castro, Esteban Medina Castro y Simón Medina Birrueta, también su cumplimiento deberá suceder ante el Juez de ejecución competente. Modificándose en este capitulado la sentencia recurrida, con motivo de la detección de los referidos agravios en perjuicio del acusado de marras y que se reparan con apego a los invocados numerales 1°, párrafos terceros y último, 14, párrafo segundo, 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2.1, 3, 5 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 461, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Reparación del daño [fojas 49 a 52 del registro digital de la sentencia atacada]. (.) Suspensión de derechos políticos [foja 52 del registro digital de la sentencia impugnada]. (.) Decomiso [foja 52 del registro digital de la sentencia impugnada]. (.) Negativa sobre concesión de los beneficios de la sustitución de la pena y suspensión condicional de la ejecución de la sanción [foja 53 del registro digital de la sentencia impugnada]. (.) Cuyos alcances, por lo expuesto en la sentencia atacada, se estima apegadas a derecho. Al estimarse que se desarrollaron en los términos que estipula el ordenamiento adjetivo nacional penal, ponderándose los antecedentes sobrevenidos en la audiencia relativa a la individualización de sanciones -de fecha 11 de octubre de 2022-, tiempo 9:05 a 11:03 horas-, por cuya inmediación, análisis y reflexiones, surgieron los méritos de ponderación y de convicción que correspondieron a lo determinado en tales sectores de la sentencia impugnada, y que no se advierte haya sido esgrimidos agravio alguno en torno suyo, quedando intocados esos temas de la resolución atacada. (.) Octava. Conclusiones. I. Se estiman infundados los agravios que el acusado y su defensor presentaron en primer y segundo orden, y fundado el [agravio] esgrimido en tercer orden; habiéndose detectado diversos [agravios] que se repararon. II. En consecuencia, se modifica la sentencia condenatoria de fecha 18 de octubre de 2022, dictada por una jueza de enjuiciamiento de la región judicial de Morelia, Michoacán, dentro de la causa penal de los datos siguientes: (.) Para los efectos siguientes: Estimar que no está demostrada más allá de toda duda razonable, la calificativa de ventaja en los delitos de homicidio y lesiones indicados, considerándose los mismos como simples e intencionales. Tenerse por demostrada la responsabilidad penal del acusado de marras, en la comisión de los delitos de homicidio y lesiones simples e intencionales [y no calificados]. Considerar el grado de culpabilidad del acusado en el mínimo. Imponer al acusado Alberto Medina Castro, por el delito de homicidio simple e intencional previsto y sancionado por el artículo 117 del Código Penal del Estado, cometido en agravio de Aurora Medina Castro, la pena de 15 años de prisión, dejándose insubsistente la diversa sanción de 22 años de prisión fijada en la sentencia combatida. Imponer al acusado Alberto Medina Castro, por los delitos de lesiones simples e intencionales previstos y sancionados por el artículo 125, párrafo primero, fracción I, del Código Penal del Estado, cometidos en agravios de Simón y Esteban, de apellidos Medina Castro, y Simón Medina Birrueta, una sanción pecuniaria total de $5,069.40 pesos, equivalente a 60 unidades de medida y actualización vigente en la época de los hechos materia de la causa penal de donde emana la sentencia recurrida [$84.49], dejándose insubsistente la diversa de $8,361.51 pesos fijada en la sentencia combatida. (.)." A la referida documental se le confiere pleno valor probatorio, de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 188, 197 y 202 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de documentos públicos, certificados por funcionario dotado de fe pública en ejercicio de sus funciones. De la citada resolución dictada en el toca penal XI-112/2022 del índice de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se observa que dicho Tribunal de segundo grado determinó modificar la sentencia condenatoria emitida en contra del aquí quejoso, pero únicamente para reducir de veintidós a quince años la sanción de prisión decretada con motivo del delito de homicidio simple intencional cometido en agravio de Aurora Medina Castro. Mientras que por los delitos de lesiones simples e intencionales cometidos en agravio de Simón y Esteban, de apellidos Medina Castro, y Simón Medina Birrueta, se redujo la sanción pecuniaria total de $8,361.51 (ocho mil trescientos sesenta y un pesos 51/100 moneda nacional), a $5,069.40 (cinco mil sesenta y nueve pesos 40/100 moneda nacional). Además, resolvió negar al quejoso algún beneficio sustituto o de suspensión condicional a efecto de que aquel pudiera compurgar la pena de prisión en libertad. En ese sentido, podemos advertir que con la citada resolución dictada en segunda instancia en la que, entre otras cuestiones, se redujeron los años de la pena de prisión decretada en la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento de origen, y que se dictó con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se ubica al quejoso en una situación jurídica diversa a la que guardaba. Lo anterior porque con el dictado de dicha sentencia -de segunda instancia- culmina la medida cautelar de prisión preventiva y tal decisión goza de autonomía, de tal manera que puede subsistir con independencia del acto anterior. Lo que se sostiene porque el mantener como sanción la pena de prisión decretada en la sentencia condenatoria de primera instancia por parte del Tribunal revisor, aunque por menos temporalidad que la decretada inicialmente, se impide el estudio de la solicitud de modificación de la prisión preventiva del quejoso, por haber concluido ésta. Ello en el entendido de que la prisión preventiva comprende el lapso efectivo de privación de la libertad -en cualquiera de los casos que prevé la Constitución- desde la detención -con motivo de los hechos- de la persona sujeta al procedimiento penal, hasta que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva su situación, lo que así aconteció en el presente asunto. Circunstancia que, se reitera, conlleva a no poder resolver respecto a la libertad solicitada dentro de la etapa procesal de prisión preventiva en que el quejoso se encontraba al momento de dicha solicitud, sin afectar la nueva situación jurídica surgida con la emisión de la resolución dictada en segunda instancia que sostuvo como sanción la pena de prisión decretada en la sentencia condenatoria en su contra, dado que solo se modificó el tiempo en que habrá de cumplirse -de veintidós a quince años-, por lo que, en ese sentido, se ha dirimido en definitiva la situación del solicitante del amparo en la causa penal de origen. Tanto es así, que es a virtud de tal fallo de segunda instancia que el quejoso se encuentra privado de su libertad y no así con motivo de la continuación de la prisión preventiva que se pretende modificar. De manera que con motivo del cambio de situación jurídica resultan consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo sin afectar el nuevo estado en que se encuentra el quejoso. Se cita en apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Registro digital: 2000631 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 35/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, página 720 Tipo: Jurisprudencia PRISIÓN PREVENTIVA. COMPRENDE EL TIEMPO EN QUE LA PERSONA SUJETA AL PROCEDIMIENTO PENAL PERMANECE PRIVADA DE SU LIBERTAD, DESDE SU DETENCIÓN HASTA QUE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CAUSE ESTADO O SE DICTE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO. Conforme al artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, además de que en toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la detención. En ese sentido, la prisión preventiva comprende el lapso efectivo de privación de la libertad -en cualquiera de los casos que prevé la constitución- desde la detención -con motivo de los hechos- de la persona sujeta al procedimiento penal, hasta que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva su situación, sin que deba sumarse a ese lapso el periodo en que se resuelve el juicio de amparo que, en su caso, se promueva; no obstante lo anterior, si se concede la protección constitucional para que se deje sin efectos la sentencia y se reponga el procedimiento, en ese supuesto también debe considerarse como prisión preventiva el tiempo en que esté privado de su libertad para llevar a cabo las actuaciones que correspondan a la fase del proceso repuesto y hasta que se dicte de nuevo resolución definitiva y firme." (subrayado añadido). Criterio que se invoca, no obstante que en éste se interpretó el artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, sin embargo, se observa que, en la parte conducente, su contenido es idéntico a lo establecido en el artículo 20, apartado A, fracción IX, tercer párrafo del texto actual de la Carta Magna. En las condiciones relatadas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por consiguiente, al demostrarse la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley en Comento. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Sin que la anterior determinación se considere negación de justicia, pues aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos procede el juicio de amparo, ya que ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin. Es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, de la Décima Época, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías." En ese orden, atento a los razonamientos expuestos en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación con relación a la inconstitucionalidad que se aduce del acto reclamado, así como de su ejecución. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 394465, visible en la página 335 del Apéndice de 1995, tomo VI, Séptima época, materia común, que prevé lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, tocante a las manifestaciones que realizó el agente del Ministerio Público adscrito, a manera de alegatos, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que no existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia de contenido siguiente: " Registro digital: 2018276 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 26/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 5, Tipo: Jurisprudencia. ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. En términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, después de que hayan sido notificadas del auto admisorio de la demanda, las partes tendrán 15 días para formular alegatos, los cuales tienen como finalidad que quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan ser escuchados, al permitírseles formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la promoción del juicio de amparo, por lo que se trata de una hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa forma, el debido proceso se cumple con brindar la oportunidad de manifestarse y el correlativo deber del tribunal de estudiar las manifestaciones, sin que ello pueda traducirse en una obligación de un pronunciamiento expreso en la sentencia, en tanto que no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias debe reflejarse forzosamente en una consideración. Por todo lo anterior, el órgano jurisdiccional es el que debe determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, sí resultaría necesario referirlo en la sentencia, como por ejemplo, el análisis de una causal de improcedencia hecha valer. Así, el ejercicio de esta facultad debe darse en cumplimiento al artículo 16 constitucional que ordena a las autoridades fundar y motivar sus actos, así como al diverso artículo 17 constitucional que impone una impartición de justicia pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto y con fundamento legal, además, en los artículos 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alberto Medina Castro, por conducto de sus defensores particulares Christian Yhordan Reynso Bermúdez, Jorge corona Reyes y Christian Antonio Ortiz Flores, contra los actos precisados en el considerando segundo, y por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza, hasta hoy veintiséis de enero de dos mil veintitrés en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número X-1276/2022, promovido por Alberto Medina Castro, por conducto de sus defensores particulares Christian Yhordan Reynso Bermúdez, Jorge Corona Reyes y Christian Antonio Ortiz Flores, contra actos del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y recibido en este órgano jurisdiccional el día siguiente, Alberto Medina Castro, por conducto de sus defensores particulares Christian Yhordan Reynso Bermúdez, Jorge Corona Reyes y Christian Antonio Ortiz Flores, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con sede en esta ciudad, así como de los actos que precisó en el propio ocurso. En ese escrito, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, y señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los numerales 1°, 14, 16 y 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 1°, 7° y 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Del escrito inicial tocó conocer, por razón de turno, a este Órgano Jurisdiccional, el que mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós admitió la demanda, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de terceros interesados a (1) Aarón Vázquez Chihuaque, (2) Simón Medina Castro, (3) Simón Medina Birrueta y (4) Esteban Medina Castro, el primero en cuanto víctima indirecta del delito de homicidio calificado de Aurora Castro Medina, mientras que los restantes en cuanto víctimas directas del diverso de lesiones calificadas, los que se dijo podían ser emplazados por conducto de su asesor jurídico Ismael López Hernández, adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, lo que tuvo verificativo el ocho de diciembre de dos mil veintidós. En el mismo acuerdo, también se reconoció el carácter de terceras interesadas a Araceli Morales Domínguez y Blanca Luisa Medina Oroz, en cuanto agentes del Ministerio Público adscritas a la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, que intervinieron en la audiencia materia del acto reclamado, dentro de la causa penal 253/2019 del índice de la responsable, lo que ocurrió el dos de diciembre de dos mil veintidós. A las diez horas con veinte minutos del once de enero de dos mil veintitrés tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. Finalmente, como un hecho notorio para este Juzgado Federal, se aprecia que en los autos del juicio de amparo 1373/2022 del índice de este Juzgado, el quejoso Alberto Medina Castro, por conducto de sus defensores privados Christian Yhordan Reynoso Bermúdez, Jorge Corona Reyes y Christian Antonio Ortiz Flores, reclamó del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, la resolución de uno de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de apelación XI-112/2022. Además que por oficio 480/2023, el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, remitió copia certificada de la resolución dictada en el toca penal citado en el párrafo anterior, contra la sentencia definitiva de primer grado, emitida en la propia causa penal de origen. Por tanto, se ordena recabar copia certificada de tal fallo, para que obre en el presente juicio de amparo, como corresponda, al vincularse a la actualización de una causa de improcedencia, cuyo estudio es oficioso, acorde al artículo 62 de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio, para conocer del presente asunto y resolverlo, porque la parte quejosa reclama un acto de una autoridad en materia penal con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional consiste en: La resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 253/2019, instruida en contra de Alberto Medina Castro, en la que se determinó no modificar la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa. Resolución que se dictó en cumplimiento a los términos indicados por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito en el Estado, mediante resolución dictada en sesión ordinaria virtual de seis de octubre de dos mil veintidós, en el amparo en revisión penal 199/2022, en la que se revocó la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto VII-710/2021 del índice de este Juzgado de Distrito. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia , confirmó la existencia del acto reclamado, motivo por el cual se tiene por acreditado. Además, su certeza se corrobora con la certificación del disco compacto que la aludida responsable remitió en apoyo a su informe; medios de convicción a los que se les otorga valor probatorio pleno, en conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido certificada por la autoridad responsable, quien actúa en cumplimiento a sus funciones. Además de la reproducción del disco compacto con copia del registro del archivo óptico y acústico de la audiencia relativa se observa que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta; por lo que se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debido a que en el asunto ha surgido un cambio de situación jurídica que impide analizar el fondo del asunto. A fin de evidenciar la causa de improcedencia del juicio de amparo, se considera pertinente precisar que conforme con el contenido de ese numeral y fracción, se obtiene que se actualiza la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, por regla general, cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Así se estableció por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL", además que los lineamientos de ésta fueron convalidados por la Primera Sala del propio máximo Tribunal de pías, al resolver la contradicción de tesis número 143/2006, que dio origen a la jurisprudencia intitulada "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR". De esa forma, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo llamada cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. Como puede advertirse, esta causal opera tratándose de procedimientos que sean material o formalmente juicios; de tal manera que no se actualiza en aquellos que no cumplan con esa cualidad, toda vez que su existencia se basa en la creación de una etapa o estadio procesal diferente. Ahora, por lo que hace a la materia penal, en la cual la situación jurídica del quejoso deviene de los supuestos que afectan o restringen su libertad personal, llámense aprehensión, detención, prisión preventiva o pena, la existencia de una de ellas excluye la aplicación de las restantes; actualizándose así un cambio de estatus legal, pues la nueva situación que se genera hace que las violaciones reclamadas se encuentren consumadas de manera irreparable, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica generada. Bajo ese contexto, en el particular se tiene que el directo quejoso señaló como acto reclamado del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con sede en esta ciudad, la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 253/2019, instruida en contra de Alberto Medina Castro, aquí quejoso, en la que se determinó no modificar la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa. Lo anterior por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, cometidos en agravio de (1) Aarón Vázquez Chihuaque, (2) Simón Medina Castro, (3) Simón Medina Birrueta y (4) Esteban Medina Castro, el primero en cuanto víctima indirecta del delito de homicidio calificado de Aurora Castro Medina, mientras que los restantes en cuanto víctimas directas del diverso de lesiones calificadas. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la Juez de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, con sede en esta ciudad, dictó sentencia condenatoria al aquí quejoso, en la cual se le impusieron veintidós años de prisión por el delito de homicidio, multa por los de las lesiones, además que se le condenó al pago de la reparación del daño, la que fue recurrida por el acusado y su defensor, tocando conocer a la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien le formó el número de toca penal XI-112/2022. Es un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que en el diverso juicio de amparo 1373/2022 del índice de este Juzgado de Distrito, que promovió el propio quejoso contra el acto consistente en la resolución de uno de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de apelación XI-112/2022, el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, mediante oficio 480/2023, remitió la resolución dictada el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, por la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca penal precisado, de la que se advierte lo siguiente: "(.) Con base en tales antecedentes, y habiéndose determinados que el grado de culpabilidad del acusado corresponde ser situado en el mínimo, se estima justo y equitativo, como consecuencias jurídicas de los delitos de antecedentes, fijarle en esta segunda instancia a aquél las sanciones siguientes: Por el delito de homicidio simple intencional en agravio de Aurora Medina Castro, una sanción de 15 años de prisión, con fundamento en el artículo 117 del Código Penal del Estado. Por los delitos de lesiones simples e intencionales en agravio de Simón y Esteban, de apellidos Medina Castro, y Simón Medina Birrueta, la sanción pecuniaria total de $5,069.40 pesos, con fundamento en el artículo 125, fracción I, del consultado texto punitivo de esta entidad federativa, equivalente a 60 unidades de medida y actualización vigente en la época de los hechos materia de la causa penal de donde emana la sentencia impugnada [$84.49 pesos]. El empleo del concurso real en trato es una potestad única y exclusiva del órgano jurisdiccional, pero principalmente esta actividad represiva genera para el acusado situaciones que no afectan su entorno jurídico, por el contrario, le son benéficas, toda vez que el concurso propicia que en un solo pronunciamiento punitivo quedan integradas las penas de que se trata, respectivamente, evitando con ello la sucesión de penas por cada uno de los delitos materia del mismo, cuya repercusión alcanzaría resonancia jurídica al momento de su ejecución por el órgano del Estado respectivo, pues al no ser concursadas las penas tendrían que ser cumplidas en forma separada por el acusado, de manera sucesiva, lo que no ocurriría con el concurso de delitos, ya que en esta sistema las dos o más sanciones quedan integradas en una sola y, por ende, su ejecución cumplida al mismo tiempo en una sola oportunidad. (.) En la inteligencia de que su cómputo, de la sanción de 15 años de prisión por el precitado delito de homicidio en agravio de Aurora Medina Castro, deberá tomarse en cuenta en los términos que se especifican en la sentencia impugnada a partir del momento en que fue detenido con motivo de los hechos materia de la causa penal de donde emana la sentencia atacada [23 de abril de 2019], a disposición del Juez de ejecución competente en el lugar que se designe [foja 49 del registro digitalizado de la sentencia combatida]. Y tocante a la sanción pecuniaria total impuesta por los delitos de lesiones en agravio de Simón Medina Castro, Esteban Medina Castro y Simón Medina Birrueta, también su cumplimiento deberá suceder ante el Juez de ejecución competente. Modificándose en este capitulado la sentencia recurrida, con motivo de la detección de los referidos agravios en perjuicio del acusado de marras y que se reparan con apego a los invocados numerales 1°, párrafos terceros y último, 14, párrafo segundo, 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2.1, 3, 5 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 461, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Reparación del daño [fojas 49 a 52 del registro digital de la sentencia atacada]. (.) Suspensión de derechos políticos [foja 52 del registro digital de la sentencia impugnada]. (.) Decomiso [foja 52 del registro digital de la sentencia impugnada]. (.) Negativa sobre concesión de los beneficios de la sustitución de la pena y suspensión condicional de la ejecución de la sanción [foja 53 del registro digital de la sentencia impugnada]. (.) Cuyos alcances, por lo expuesto en la sentencia atacada, se estima apegadas a derecho. Al estimarse que se desarrollaron en los términos que estipula el ordenamiento adjetivo nacional penal, ponderándose los antecedentes sobrevenidos en la audiencia relativa a la individualización de sanciones -de fecha 11 de octubre de 2022-, tiempo 9:05 a 11:03 horas-, por cuya inmediación, análisis y reflexiones, surgieron los méritos de ponderación y de convicción que correspondieron a lo determinado en tales sectores de la sentencia impugnada, y que no se advierte haya sido esgrimidos agravio alguno en torno suyo, quedando intocados esos temas de la resolución atacada. (.) Octava. Conclusiones. I. Se estiman infundados los agravios que el acusado y su defensor presentaron en primer y segundo orden, y fundado el [agravio] esgrimido en tercer orden; habiéndose detectado diversos [agravios] que se repararon. II. En consecuencia, se modifica la sentencia condenatoria de fecha 18 de octubre de 2022, dictada por una jueza de enjuiciamiento de la región judicial de Morelia, Michoacán, dentro de la causa penal de los datos siguientes: (.) Para los efectos siguientes: Estimar que no está demostrada más allá de toda duda razonable, la calificativa de ventaja en los delitos de homicidio y lesiones indicados, considerándose los mismos como simples e intencionales. Tenerse por demostrada la responsabilidad penal del acusado de marras, en la comisión de los delitos de homicidio y lesiones simples e intencionales [y no calificados]. Considerar el grado de culpabilidad del acusado en el mínimo. Imponer al acusado Alberto Medina Castro, por el delito de homicidio simple e intencional previsto y sancionado por el artículo 117 del Código Penal del Estado, cometido en agravio de Aurora Medina Castro, la pena de 15 años de prisión, dejándose insubsistente la diversa sanción de 22 años de prisión fijada en la sentencia combatida. Imponer al acusado Alberto Medina Castro, por los delitos de lesiones simples e intencionales previstos y sancionados por el artículo 125, párrafo primero, fracción I, del Código Penal del Estado, cometidos en agravios de Simón y Esteban, de apellidos Medina Castro, y Simón Medina Birrueta, una sanción pecuniaria total de $5,069.40 pesos, equivalente a 60 unidades de medida y actualización vigente en la época de los hechos materia de la causa penal de donde emana la sentencia recurrida [$84.49], dejándose insubsistente la diversa de $8,361.51 pesos fijada en la sentencia combatida. (.)." A la referida documental se le confiere pleno valor probatorio, de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 188, 197 y 202 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de documentos públicos, certificados por funcionario dotado de fe pública en ejercicio de sus funciones. De la citada resolución dictada en el toca penal XI-112/2022 del índice de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se observa que dicho Tribunal de segundo grado determinó modificar la sentencia condenatoria emitida en contra del aquí quejoso, pero únicamente para reducir de veintidós a quince años la sanción de prisión decretada con motivo del delito de homicidio simple intencional cometido en agravio de Aurora Medina Castro. Mientras que por los delitos de lesiones simples e intencionales cometidos en agravio de Simón y Esteban, de apellidos Medina Castro, y Simón Medina Birrueta, se redujo la sanción pecuniaria total de $8,361.51 (ocho mil trescientos sesenta y un pesos 51/100 moneda nacional), a $5,069.40 (cinco mil sesenta y nueve pesos 40/100 moneda nacional). Además, resolvió negar al quejoso algún beneficio sustituto o de suspensión condicional a efecto de que aquel pudiera compurgar la pena de prisión en libertad. En ese sentido, podemos advertir que con la citada resolución dictada en segunda instancia en la que, entre otras cuestiones, se redujeron los años de la pena de prisión decretada en la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento de origen, y que se dictó con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se ubica al quejoso en una situación jurídica diversa a la que guardaba. Lo anterior porque con el dictado de dicha sentencia -de segunda instancia- culmina la medida cautelar de prisión preventiva y tal decisión goza de autonomía, de tal manera que puede subsistir con independencia del acto anterior. Lo que se sostiene porque el mantener como sanción la pena de prisión decretada en la sentencia condenatoria de primera instancia por parte del Tribunal revisor, aunque por menos temporalidad que la decretada inicialmente, se impide el estudio de la solicitud de modificación de la prisión preventiva del quejoso, por haber concluido ésta. Ello en el entendido de que la prisión preventiva comprende el lapso efectivo de privación de la libertad -en cualquiera de los casos que prevé la Constitución- desde la detención -con motivo de los hechos- de la persona sujeta al procedimiento penal, hasta que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva su situación, lo que así aconteció en el presente asunto. Circunstancia que, se reitera, conlleva a no poder resolver respecto a la libertad solicitada dentro de la etapa procesal de prisión preventiva en que el quejoso se encontraba al momento de dicha solicitud, sin afectar la nueva situación jurídica surgida con la emisión de la resolución dictada en segunda instancia que sostuvo como sanción la pena de prisión decretada en la sentencia condenatoria en su contra, dado que solo se modificó el tiempo en que habrá de cumplirse -de veintidós a quince años-, por lo que, en ese sentido, se ha dirimido en definitiva la situación del solicitante del amparo en la causa penal de origen. Tanto es así, que es a virtud de tal fallo de segunda instancia que el quejoso se encuentra privado de su libertad y no así con motivo de la continuación de la prisión preventiva que se pretende modificar. De manera que con motivo del cambio de situación jurídica resultan consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo sin afectar el nuevo estado en que se encuentra el quejoso. Se cita en apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Registro digital: 2000631 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 35/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, página 720 Tipo: Jurisprudencia PRISIÓN PREVENTIVA. COMPRENDE EL TIEMPO EN QUE LA PERSONA SUJETA AL PROCEDIMIENTO PENAL PERMANECE PRIVADA DE SU LIBERTAD, DESDE SU DETENCIÓN HASTA QUE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CAUSE ESTADO O SE DICTE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO. Conforme al artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, además de que en toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la detención. En ese sentido, la prisión preventiva comprende el lapso efectivo de privación de la libertad -en cualquiera de los casos que prevé la constitución- desde la detención -con motivo de los hechos- de la persona sujeta al procedimiento penal, hasta que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva su situación, sin que deba sumarse a ese lapso el periodo en que se resuelve el juicio de amparo que, en su caso, se promueva; no obstante lo anterior, si se concede la protección constitucional para que se deje sin efectos la sentencia y se reponga el procedimiento, en ese supuesto también debe considerarse como prisión preventiva el tiempo en que esté privado de su libertad para llevar a cabo las actuaciones que correspondan a la fase del proceso repuesto y hasta que se dicte de nuevo resolución definitiva y firme." (subrayado añadido). Criterio que se invoca, no obstante que en éste se interpretó el artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, sin embargo, se observa que, en la parte conducente, su contenido es idéntico a lo establecido en el artículo 20, apartado A, fracción IX, tercer párrafo del texto actual de la Carta Magna. En las condiciones relatadas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por consiguiente, al demostrarse la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley en Comento. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Sin que la anterior determinación se considere negación de justicia, pues aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos procede el juicio de amparo, ya que ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin. Es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, de la Décima Época, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías." En ese orden, atento a los razonamientos expuestos en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación con relación a la inconstitucionalidad que se aduce del acto reclamado, así como de su ejecución. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 394465, visible en la página 335 del Apéndice de 1995, tomo VI, Séptima época, materia común, que prevé lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, tocante a las manifestaciones que realizó el agente del Ministerio Público adscrito, a manera de alegatos, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que no existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia de contenido siguiente: " Registro digital: 2018276 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 26/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 5, Tipo: Jurisprudencia. ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. En términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, después de que hayan sido notificadas del auto admisorio de la demanda, las partes tendrán 15 días para formular alegatos, los cuales tienen como finalidad que quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan ser escuchados, al permitírseles formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la promoción del juicio de amparo, por lo que se trata de una hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa forma, el debido proceso se cumple con brindar la oportunidad de manifestarse y el correlativo deber del tribunal de estudiar las manifestaciones, sin que ello pueda traducirse en una obligación de un pronunciamiento expreso en la sentencia, en tanto que no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias debe reflejarse forzosamente en una consideración. Por todo lo anterior, el órgano jurisdiccional es el que debe determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, sí resultaría necesario referirlo en la sentencia, como por ejemplo, el análisis de una causal de improcedencia hecha valer. Así, el ejercicio de esta facultad debe darse en cumplimiento al artículo 16 constitucional que ordena a las autoridades fundar y motivar sus actos, así como al diverso artículo 17 constitucional que impone una impartición de justicia pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto y con fundamento legal, además, en los artículos 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alberto Medina Castro, por conducto de sus defensores particulares Christian Yhordan Reynso Bermúdez, Jorge corona Reyes y Christian Antonio Ortiz Flores, contra los actos precisados en el considerando segundo, y por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza, hasta hoy veintiséis de enero de dos mil veintitrés en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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