Alberto Moreno Zamudio

Expediente 813/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
813/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
21/07/2023

Partes del expediente

  • Alberto Moreno Zamudio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto mediante el cual se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ACTA DE DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS En Morelia, Michoacán, a las doce horas con treinta y un minutos del veinte de julio de dos mil veintitrés, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito que actúa y da fe, dentro del expediente de amparo 813/2023, promovido por ********************, contra actos del Congreso Constitucional Del Estado De Michoacán, ciudad, comparece el propio quejoso, quien se identifica con credencial de elector con folio ********************, expedida a su nombre por el Instituto Nacional Electoral, documento que ostenta una fotografía que a simple vista coincide con los rasgos fisonómicos del compareciente y que le es devuelta previa copia certificada que de la misma se deja en autos, por considerar innecesaria su retención; persona que refiere por sus generales las siguientes, llamarse como quedó escrito, de ******************** ********************, sin más que por el momento interesen. Acto continuo, el compareciente manifiesta que el motivo de su presencia es el de recoger el documento que acompañó a su escrito de demanda, consistente en un comprobante de pago. Del cual en este momento se hace entrega al compareciente, quien en lectura de la presente acta manifiesta: "Recibo de conformidad el documento referido y firmo de conformidad en señal de recibo". Con lo anterior, se da por terminada la presente diligencia, levantándose la presente acta para debida constancia legal, la cual es firmada por los que en ella intervinieron, previa su lectura. Doy fe. EL COMPARECIENTE. ********************. EL SECRETARIO. LIC. JAVIER MORALES GUZMÁN.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por el Jefe de Departamento de Amparos y Procesos Administrativos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público, con residencia en esta ciudad, por el que informa que dejó sin efectos legales la boleta de infracción 0040 de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, así como todos los documentos accesorios emitidos por esa autoridad, asimismo comunica que le fueron y le serán inaplicados al quejoso los artículos 58, fracción XVIII, y 61, ambos del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán. Por otra parte manifiesta que únicamente queda pendiente la devolución del pago indebido, en virtud de la incompetencia legal, así como la imposibilidad material que tiene la citada autoridad, para otorgar la devolución del pago que reclama el quejoso, toda vez que el peticionario de amparo realizó el pago del que reclama su devolución ante diversa autoridad, por lo que señala que dicha restitución le corresponde a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán. En ese sentido, a efecto de agilizar el cumplimiento del juicio en que se actúa y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de ampro, se ordena vincular al cumplimiento del fallo protector a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 59/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, noviembre de dos mil catorce, página 5, de la Décima Época, con número de registro 2007911 de rubro y contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, noviembre de dos mil catorce, página 19, de la Décima Época, con número de registro 2007918 de rubro y contenido siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." En el entendido que, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que la autoridad responsable realice lo siguiente: "(.) b) Devolver al quejoso la cantidad que cubrió por concepto de multa, derechos por servicios o cualquier otra erogación, vinculado con el vehículo automotor, marca ********************, línea ********************, tipo ********************, modelo ******************** color ********************, placas de circulación ********************, así como las placas y tarjeta de circulación. (.)." Por tanto, requiérase a la autoridad vinculada al cumplimiento, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación que se realice del presente proveído remita las constancias que acredite el cumplimiento al inciso b de los efectos del fallo protector. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 237, fracción I y 258 del ordenamiento legal en cita. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad responsable y vinculada Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 29 de junio del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

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