Alberto Miranda Ortega

Expediente 573/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
573/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
18/07/2018

Partes del expediente

  • Alberto Miranda Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de tres de julio de dos mil dieciocho por el que se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se desechó la demanda que dio origen al mismo. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de julio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Alberto Miranda Ortega, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 573/2018. Por otro lado, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. Ahora bien, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. En ese contexto, el quejoso en su escrito de cuenta manifiesta bajo protesta de decir verdad que el siete de junio de dos mil dieciocho tuvo conocimiento del acto reclamado, consistente en el proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, dictado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, dentro del expediente 31/2008. Manifestación que hace prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de hechos propios aseverados por la parte promovente. Al respecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 establece que los plazos se computaran a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiesen ostentado sabedores de los mismos. En esa tesitura, si de los antecedentes relatados por el quejoso se advierte que fue sabedor del acto reclamado referido desde el siete de junio de dos mil dieciocho, el término de quince días para promover el amparo empezó a correr el once de junio siguiente, que es el día posterior hábil del que surtió sus efectos la notificación del acto reclamado y tomando en consideración únicamente los días hábiles respectivos y dicho término feneció el veintinueve de junio pasado, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo, así como la circular 19/2017; lo anterior, en el entendido que, de dicho término se consideran como días: Hábiles los días 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de junio de dos mil dieciocho; y, Inhábiles, los días 16, 17, 23 y 24 de junio del año en curso, por ser sábados y domingos. Ahora bien, del sello de recibido estampado por la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se advierte que la demanda fue presentada el dos de julio de dos mil dieciocho y el término para interponerla fenecía el veintinueve de junio del año en curso. En consecuencia, la promoción de la demanda resulta extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17 de la Ley de Amparo; sin que estemos frente a alguno de los supuestos de excepción que establecen las fracciones I a la IV del mencionado artículo. En ese contexto, de conformidad con el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en el caso será aplicado el plazo establecido en el artículo 17, que establece quince días para presentar la demanda de amparo, el cual, de conformidad con el numeral 18, se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado. Es preciso señalar que, tratándose del acto que reclama el quejoso consistente en el proveído dictado el treinta y uno de julio del año en curso, dentro del expediente 31/2008, no se actualiza alguna de las excepciones mencionadas en el artículo 17, en especifico a las que se refiere la fracción IV, ya que esta fracción instituye que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, entre otros. Por tanto, se puede sostener que el auto reclamado no actualiza la excepción prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, para que la demanda de amparo se pueda presentar en cualquier momento. De lo anterior, queda demostrada la causal de improcedencia materia de estudio en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a la persona que designa, quien podrá gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promueva con dicho carácter, o bien, hasta que acredite dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se le tendrá como autorizada para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso sea señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de tres de julio de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo

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