Alberto Moreno Zamudio

Expediente 1002/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1002/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Alberto Moreno Zamudio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 08 de noviembre del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia, sin que se haya recibido recurso alguno; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación, por lo que transcurridos tres años, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, como de autos se advierte que obran glosados documentos originales exhibidos por la parte quejosa, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a solicitar su devolución, apercibida que en caso de no hacerlo en dicho término, los documentos correrán la misma suerte que tenga el presente expediente. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que acompañó al presente asunto, toda vez que es innecesaria su retención. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1002/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria hace relación de la totalidad de constancias que obran en el expediente que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación que antecede para los efectos que en derecho correspondan. Abierto el período de pruebas: La secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y por la autoridad responsable Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas precisadas con antelación. Al consistir en documentales, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, en la inteligencia de que deben tomarse en consideración la totalidad de las constancias remitidas por las partes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que solamente la parte quejosa por escrito presentado en la Oficialía de partes de este órgano jurisdiccional presento alegatos, mismo que por auto de dieciséis siguiente, se tuvieron por formulados. Mientras que ninguna de las otras partes formularon alegatos al respecto. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de la Materia, se tienen por formulados los alegatos respecto de la parte quejosa y se declara precluido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Al no haber diligencia pendiente que desahogar, se procede al dictado de la resolución, y; RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de julio del año en curso (foja 9), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad,******************** por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el cual por auto de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, emitido dentro del cuaderno de 992/2023, declaró su incompetencia legal para conocer de la presente demanda al estimar que guarda relación con el diverso juicio de amparo 813/2023, índice de este órgano jurisdiccional. En atención a lo anterior, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, por auto de veintiocho de julio siguiente, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, se registró en el libro de gobierno con el número 1002/2023, se admitió a trámite (fojas 24-28); solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; en el mismo auto se desechó respecto de las autoridades Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y del Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán. Seguido el juicio por su cauce legal, el siete de septiembre de esta anualidad (foja 95) se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERADOS Primero. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 y modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, toda vez que se reclama el primer acto de aplicación de una norma de carácter general del Estado de Michoacán, mismo que se dio dentro de la demarcación territorial en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios señalados, los actos reclamados por el quejoso son: Del H. Congreso del Estado de Michoacán. a) Fracción II, inciso A) relativa al cobro de holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación, y Fracción III inciso A), relativa al cobro de baja vehicular; sin tomar en cuenta que es un derecho fiscal y que solo se debió autorizar el cobro que representa al Estado ejecutar el servicio de registro y control vehicular. Del Gobernador de Michoacán, la promulgación y orden de publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal de los años 2023, artículo 20 fracciones II, inciso A) y III, inciso A), relativas al cobro de holograma de circulación o refrendo anual de calcomanía y cobro de baja vehicular, respectivamente, sin tomar en cuenta que es un derecho fiscal y que solo se debió autorizar el cobro que representa al Estado el servicio de registro y control vehicular. Del Director de Recaudación del Estado de Michoacán, la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2023, consistente en el cobro indebido establecidos en el artículo 20 fracciones I y II, incisos A), que se realizó día diecinueve de julio de dos mil veintitrés. (y no el tres de enero de dos mil veintitrés, cómo lo manifiesta en su escrito de demanda). Tercero. Certeza de los actos. El Congreso del Estado de Michoacán, el Gobernador del Estado de Michoacán, y el Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán, al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 36, 51 y 72), aceptaron la existencia de los actos reclamados. Además, la certeza se corrobora con la publicación del decreto 324 el veintidós de diciembre del año dos mil veintidós, en la sección décima séptima, del Periódico Oficial del Estado de Michoacán que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés. Decreto del que se advierte la participación de las autoridades responsables en la emisión de los actos reclamados, lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; máxime que la ley no es objeto de prueba. Es aplicable al caso particular, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 191452, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo 65, Volumen 65, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 233090, de rubro y texto: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Cuarto. Análisis de causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Ausencia de conceptos de violación. El Congreso del Estado de Michoacán refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones VII y XXIII, en relación con el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, en virtud de que no se advierte vulneración a ningún concepto de violación. Al respecto, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, se corrige la cita del precepto referido por la autoridad responsable y se procede al estudio de la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, aplicado en sentido contrario, del ordenamiento legal invocado. Los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, son los siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación." De la interpretación de los preceptos legales transcritos, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando en la demanda no se expresen conceptos de violación contra el acto reclamado. Cabe señalar que la causa de improcedencia invocada tiene sustento en el hecho de que la ausencia de conceptos de violación impide al órgano jurisdiccional emprender el análisis de constitucionalidad del acto reclamado, al no existir una causa de pedir por parte del promovente. Este criterio encuentra soporte en la jurisprudencia 3a./J. 28/93, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 72, Diciembre de 1993, Materia Común, página 38, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo." Este juzgador considera que no se actualiza la causa de improcedencia aludida por la responsable, debido a que la parte quejosa expresó conceptos de violación tendentes a combatir los actos reclamados, entre otros y a grandes rasgos, que los mismos violan en su perjuicio los principios de proporcionalidad y equidad tributarias previstos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución. Por tanto, toda vez que la promovente del juicio de amparo hizo valer conceptos de violación en contra de los actos reclamados, no asiste razón a la responsable en su planteamiento. Litispendencia. La Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán por conducto del Director de lo Contencioso adscrito a la Dirección General Jurídica de dicha secretaría, estima que cobra aplicación la causa de improcedencia contenida en las fracciones X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, (litispendencia), en razón de que la parte quejosa promovió denuncia de repetición del acto reclamado dentro de los autos que integran el juicio de amparo 112/2022-III-2 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, tomando como base de la denuncia el formato múltiple de pago Contribuyente Estatales y/o Federales con folio 440002224463-1 de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, que es el mismo que se duele dentro del presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, conviene precisar la causa de improcedencia contenida en la disposición normativa señalada, en lo que aquí interesa es que el juicio de amparo es improcedente, contra actos que sean materia de otro juicio de amparo, pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado aunque las disposiciones constitucionales sean diversas. Se desestima esa causa de improcedencia, por las siguientes consideraciones. Del contenido de este precepto se deduce que para que opere la causa de improcedencia por litispendencia que prevé, se requiere: 1. La existencia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso. 2. Que en ese otro juicio se hayan reclamado los mismos actos atribuidos a las mismas autoridades; y, 3. Que se encuentre pendiente de resolución en cualquier instancia. En el caso, no se actualizan en su totalidad los requisitos estipulados para que opere la figura jurídica de litispendencia, ya que si bien el juicio de amparo 112/2022 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, fue promovido entre otros por******************** y el que se resuelve fue promovido por el mismo quejoso, asimismo se obtiene que fueron señaladas las mismas autoridades a las mencionadas en los juicio del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, sin embargo se señalaron diversos actos reclamados, a saber en este último la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, puesto que así se advierte de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, lo que constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa su precepto 2º; y mientras que el presente juicio de amparo que aquí se resuelve se reclama la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés. A lo anterior cobra aplicación por identidad jurídica la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". De allí que, que no se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 61 fracción X y XI de la Ley de Amparo. Así, toda vez que las partes no hicieron valer otra causal de improcedencia, ni este juzgador advierte de oficio la actualización de una diversa, lo conducente es analizar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo al análisis de los conceptos de violación, resulta necesario establecer que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto a nivel federal como en el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, ya que consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad; los cuales enuncian las características que pueden llevarnos a construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental, y son: Toda contribución tiene su fuente en el poder de imperio del Estado. Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios. Sólo se pueden crear mediante ley. Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios; es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica. Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad. De tales características se puede esbozar un concepto jurídico de las contribuciones o tributos que resulte aplicable a todos los niveles de gobierno, al cual se le puede definir como un ingreso de derecho público normalmente pecuniario -destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza Federación, Distrito Federal, Estado o Municipios-, titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes. Una vez fijado un concepto constitucional de contribuciones o tributo, tenemos que éste se conforma de distintas especies, que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula. Dichos elementos esenciales de la contribución, reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo, consisten en: a) Sujeto: La persona física o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva por virtud del nacimiento de la obligación jurídico-tributaria. b) Hecho Imponible: Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho imponible constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, más aún, que legitima la imposición, en cuanto que sólo por su realización puede producirse la sujeción al tributo y será licita su exigencia. En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley, se trata siempre de un hecho de naturaleza jurídica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que ésta lo ha descrito o tipificado. c) Base Imponible: El valor o magnitud representativo de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinación liquida del crédito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa. d) Tasa o Tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efectos de obtener como resultado la determinación del crédito fiscal, y; e) Época de Pago: Momento o plazo dentro del cual la obligación es exigible y por tanto debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Ahora bien, aun cuando los mencionados componentes de los tributos son una constante estructural, su contenido es variable, presentándose de manera distinta, dependiendo de qué tipo de contribución se analice, dotando a su vez de una naturaleza propia a cada tributo. Asimismo, cabe apuntar que de acuerdo con la autonomía de las entidades federativas y con el sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución Federal, tanto la Federación como el Distrito Federal y cada Estado para sí y para sus Municipios, tiene libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad; sin embargo, esta libertad no autoriza al legislador para desnaturalizar estas instituciones, por lo que debe respetar sus notas esenciales tanto en lo referente a su naturaleza como contribución, como a las notas de sus especies. Fijadas las bases anteriores, cabe señalar que en el derecho positivo mexicano se establece la clasificación de las contribuciones comprendidas en nuestro ordenamiento jurídico, distinguiendo cuatro especies del género contribución, a saber los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos, los cuales conceptualiza de la siguiente forma: 1. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma distintas de las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y de los derechos. 2. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 3. Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 4. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Ahora bien, en el caso particular de los derechos, de la definición que brinda el código tributario se desprende que existen dos tipos de derechos, en primer lugar, aquellos consistentes en el pago por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación y, en segundo lugar, aquellos cuyo presupuesto consiste en recibir servicios que presta el Estado, en sus funciones de derecho público. Los derechos por servicios tienen su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como una actividad de la administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la administración y el usuario, que justifica el pago del tributo, tal como se desprende de la tesis jurisprudencial de rubro "DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA". Es así que, tratándose de derechos por servicios, el hecho imponible consiste en la prestación de un servicio, que es susceptible de ser dividido en unidades de consumo o uso y siempre que puedan ser asignados a los sujetos pasivos, en virtud de ciertos parámetros de asignación, esto es, que puede ser cuantificado el costo, al menos en un individuo. Es necesario que se tome en consideración que para poder prestar el servicio de que se trata, el Estado debe desarrollar una serie de actividades, para lo que requiere una estructura administrativa, operativa y funcional, lo que conlleva a incurrir en diversos costos, que son los que se deben individualizar atendiendo al uso o consumo de cada sujeto, porque ello es lo que hace que sea un servicio divisible. Ello si se toma en cuenta que, para poder prestar el servicio de que se trata, el aparato estatal genera ciertos costos de tipo directo (son los destinados de forma inmediata al aparato administrativo que va a llevar a cabo el servicio público) e indirecto (no están destinados de forma inmediata al centro final de la prestación del servicio de supervisión, pero son costos que deben medirse como indirectos, porque influyen de tal forma a éste). Así, tenemos que, tratándose de servicios públicos, éstos tienen un costo para el Estado, el cual tiene que ser individualizado al usuario del servicio de que se trate, atendiendo a su uso o consumo, considerando que el servicio que le da origen sea susceptible de ser dividido en unidades de consumo o de uso, es decir, individualizado en el contribuyente. Esta característica es muy importante, por cuanto ella permite determinar la cuantía atendiendo al uso del servicio prestado a cada contribuyente y, consecuentemente, el monto de la contribución a pagar. Apoya lo anterior, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.1/98, publicada en la página 40 del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 1998, Materias Administrativa-Constitucional, Novena Época, registro 196395, que establece: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN. Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de "derechos". Vinculado con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado criterio que el análisis del principio de proporcionalidad y equidad tratándose del cobro de derechos por servicios se rigen por un sistema distinto al de los impuestos, ya que para la determinación de las cuotas a pagar por tal concepto no se deben tomar en cuenta elementos que reflejen la capacidad contributiva del gobernado, puesto que tal sistema es aplicable únicamente a los impuestos, pero no así para el cobro de derechos, dado que la cuota relativa, como se ha mencionado, se deberá fijar atendiendo al costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y las cuotas relativas deberán ser fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Cobra vigencia al respecto la jurisprudencia número P./J. 2/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 41 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, a cual es del tenor siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos". Una vez establecido lo anterior, este juzgador determina que resultan inoperantes los argumentos expuestos en el único concepto de violación hecho valer por el accionante del amparo, denominado "PRIMERO" los que en -en esencia- señala que el artículo 20, fracción II inciso a) y fracción III inciso a), es violatorio del principio de proporcionalidad al ser notablemente superior el cobro que exige en relación con el servicio que presta el estado, así como dar un trato indistinto o desigual respecto del mismo derecho fiscal. Así se considera, porque respecto del principio de proporcionalidad, la parte quejosa señala que la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023, lesiona el derecho de proporcionalidad establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, al establecer el pago de uno cuota excesiva, abusiva, y eminentemente recaudatoria, notoriamente superior al costo que al gobierno estatal le significó la adquisición de la dotación de placas así como holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación. Señala que la razón de lo anterior es porque, como se advierte de la Licitación Pública Estatal Electrónica CADPE-EM-LPE-124/2021 de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, el costo que pagará el Estado por cada juego de placas es el monto de ciento cincuenta y siete pesos y este año ni siquiera invierte en el costo del holograma vehicular, ya que ahora es virtual; por lo que resulta a todos luces un cobro excesivo y desproporcional, que autorizó el Congreso del Estado, que rebasa más del mil por ciento de los costos que eroga el Estado para la ejecución del servicio. También adujo que las responsables no se basaron en un estudio financiero para individualizar y cuantificar el costo real del servicio, por lo cual refirió ofrecer un dictamen pericial financiero de la Secretaría de Finanzas; sin embargo, del sumario no se advierte que hubiere ofrecido dicho medio de convicción con las formalidades que establece la ley. También señaló que la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, en ningún momento se basó en un estudio financiero que probara tan excesivo costo, con dictamen pericial financiero para individualizar los costos reales que debe pagar el contribuyente por refrendo anual de calcomanía y juego de placas y si se toman en cuenta con los gastos de registro y control vehicular sumando los diversos servicios como altas de vehículos, baja de los mismos, multas y recargos por trámites extemporáneos, así como los impuestos por enajenación de vehículos o cambios de propietarios, el costo que debe pagar el contribuyente en esta entidad federativa sobrepasa en un trescientos por ciento los costos de otras entidades federativas por dicho servicio, autorizándose un remplacamiento sin justificación alguna, siendo excesiva y desmedida la autorización del Congreso del Estado, sin exponer de manera motivada porque la cantidad señalada en la norma cumple con los principios constitucionales que la rigen. Aduce además, que dicho cobro es inconstitucional y viola el principio de proporcionalidad tributaria al ser notablemente superior el cobro que exige en relación con el servicio que presta el estado, sin que se encuentre justificado la diferencia sobre el pago de placas y engomado para la identificación y control vehicular allegándose recursos necesarios para hacer frente a las diversas obligaciones financieras sin que se mencionen en que se gastaría el excedente referido. Concluye, señalando que el cobro del derecho reclamado es inconstitucional porque implica un trato indistinto o desigual respecto del mismo servicio, ya que si se tratara de un derecho fiscal, todos los vehículos automotores sin distinción alguna, ya sean motocicletas, automóviles, camiones o autobuses, pagarían lo mismo. Expuesto lo anterior, para evidenciar la calificativa antes precisada conviene recordar que el artículo reclamado por la parte quejosa regula un derecho por servicio, que lo constituye el registro y control vehicular de transporte particular. Asimismo -como se acaba de resumir- parte quejosa señala que el artículo 20 reclamado, es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, por tanto debe traerse a glosa el criterio emitido al respeto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis 2a. CX/2013 (10a.), publicada en la página 1589 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Materia Constitucional, Décima Época, registro 2005254, de rubro y texto: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen". En ese contexto, es evidente que, tratándose de servicios para analizar su proporcionalidad, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, necesariamente se involucran cargas probatorias, porque para poder determinar si la porción normativa reclamada es violatoria o no de dicho principio, de inicio la parte quejosa debe aportar elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, en el caso, que el costo de las placas y holograma es mucho menor al establecido en el artículo 20 fracciones I, inciso A) y II, inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés; y por su parte, las autoridades responsables deben de desvirtuar la afirmación de la parte quejosa. Así, de lo dispuesto por el artículo de 117 de la Ley de Amparo, la carga de la prueba de los hechos que comprueban la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde a los quejosos, cuando no sean en sí mismos violatorios de derechos sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto; y, será la autoridad responsable quien tenga la carga de acreditar, a través de las razones y fundamentos legales que estime pertinente, con apoyo en la copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar su informe, la legalidad del acto que defiende. Es decir, si bien dentro de la distribución procesal de la carga probatoria, tratándose del amparo contra leyes, incumbe a la autoridad responsable demostrar la legalidad de la norma cuestionada, estando en libertad para ello de hacer uso de los medios probatorios que se encuentran previstos en la ley de la materia. Por tanto es la parte quejosa quien -de inicio- debe aportar los elementos a partir de los cuales considera que determinada norma resulta transgresora del principio de proporcionalidad tributaria, así como los parámetros a partir de los que pretende se lleve a cabo el estudio correspondiente y, en su caso, aportar o anunciar las pruebas a través de las cuales quedará demostrada esa violación a la norma fundamental. Toda vez que a partir del planteamiento que realice el gobernado en su demanda de amparo y los argumentos aportados por la autoridad a fin de demostrar la legalidad del artículos de que se trate, así como del cúmulo probatorio existente en el sumario, será que el juez que conozca del amparo, tendrá los elementos necesarios para que llevar a cabo el ejercicio de valoración a partir del cual pueda determinar si existe o no un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra y la prestación del servicio. En el caso, la parte quejosa para acreditar que el cobro del servicio recibido es superior al costo que ese mismo servicio tiene en el mercado, ofreció licitación pública estatal electrónica CADPE-EM-LPE-124 de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, donde establece el costo que pagará el estado por cada juego de placas por la cantidad de ciento cincuenta y siete pesos de ahí que resulta desproporcional ya que rebasa más del mil por ciento para recuperar el costo del servicio prestado, más aún este año no se invierte en el costo del holograma vehicular, puesto que es virtual, puesto que se incluye en la ley de ingresos en su artículo 20 fracción II inciso A) en la cantidad de mil cincuenta y seis pesos, siendo este cobro excesivo, ya que no se está cobrando un derecho fiscal para recuperar lo que erogó el estado, sino una cantidad excesiva con fines recaudativos. Adicionalmente dijo, que no se le puede eximir a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto reclamado, con los estudios, cálculos o dictamen financiero que deben justificar en el presente juicio a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para justificar tan exagerado cobro, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que la rigen. Por su parte, el Director de Recaudación del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado y con apoyo en la tesis de rubro "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS" citada en párrafos anteriores, manifestó que contrario a lo señalado por la parte quejosa, el cobro contenido en el artículo reclamado se encuentra justificado, ya que existe un razonable equilibrio entre la cuota cobrada al usuario y el costo para el Estado en la prestación de servicio, atendiendo a la estructura administrativa, operativa, funcional desplegada y la durabilidad del servicio, además del material y servicios empleados, directos e indirectos para satisfacer la necesidad colectiva e individual de los ciudadanos, para el servicio de control vehicular. Para acreditar su afirmación, la referida autoridad anexó a su informe justificado, copia certificada del documento denominado determinación del costo unitario del servicio de refrendos digitales que comprende el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés: Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Con esa documental y con el informe justificado que la aludida autoridad responsable rindió se dio vista a la parte quejosa; sin embargo, como se dijo con antelación, no ofreció medio probatorio para desvirtuarla, lo que se traduce en que la responsable Director de Recaudación del Estado de Michoacán cumplió con la carga probatoria a que estaba obligada, al haber acreditado que los montos tanto de las placas como del holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación están justificados, ya que para el servicio de registro y control vehicular de transporte particular, no solo se tenía que tomar en cuenta los costos de las placas y calcomanías, sino también los costos que para el Estado tiene la ejecución de dicho servicios, como lo son el pago de por conceptos como papelería, renta, servicios de desinfección y fumigación, servicios de vigilancia, de recaudación, traslado y custodia de valores así como la nómina del personal involucrado, viáticos, combustible, becas y otras ayudas para programas de capacitación, servicios de telecomunicaciones, comisiones bancarias por servicios digitales, renta de servidores y desarrollo tecnológico, servicios de telefonía e internet. De ahí la inoperancia del concepto de violación en estudio, toda vez que la parte quejosa no acreditó que los costos contenidos en la porción normativa reclamada por los conceptos de dotación de placas y del holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación y la relativa al cobro de baja vehicular, fueran excesivos con relación a lo erogado por el Estado. Más porque si bien la parte quejosa en su demanda hizo referencia a que era necesario realizar un estudio financiero, con dictamen pericial para individualizar los costos reales que debe pagar el contribuyente por refrendo anual de calcomanía y juego de placas, lo cierto es que le correspondía el aportarlas y desahogarlas, conforme lo que establece el artículo 119 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho. Por otro lado, es infundado el concepto de violación en el que la quejosa aducen que el cobro del derecho reclamado es inconstitucional, porque contempla un trato indistinto o desigual respecto del mismo servicio, ya que si se tratara de un derecho fiscal todos los vehículos automotores, sin distinción alguna, ya sean motocicletas, automóviles, camiones o autobuses, pagarían lo mismo. Así es, porque como se dijo en párrafos precedentes, tratándose de derechos por servicios, lo relevante en el hecho imponible es que se individualice al usuario del servicio de que se trate, en unidades de consumo o de uso, es decir, que para la determinación de las cuotas a pagar por tal concepto no se tomen en cuenta elementos que reflejen la capacidad contributiva del gobernado, puesto que tal sistema es aplicable únicamente a los impuestos y sobre todo, que las cuotas relativas sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Partiendo de lo anterior, quien resuelve estima que contrario a la apreciación de la parte quejosa, el hecho de que el derecho impugnado se encuentre previsto con diferentes tarifas para diversas categorías de los vehículos automotores, no implica un trato indistinto o desigual respecto del mismo servicio. Ello, porque las cantidades fijadas en cada una de las categorías, esto es, las que comprenden autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas pagan el importe de $1,905.00 (mil novecientos cinco pesos 00/100 M.N.), mientras que las que comprenden las motocicletas, efectúan un pago de $575.00 (quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y aunque ciertamente hay una diferencia en el pago del derecho, también cierto es que, se trata de categorías distintas, pero que contienen una cuota única. Es así, porque todos los usuarios de una misma categoría, independientemente de si son propietarios de autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas, pagan la cuota única de $1,905.00 (mil novecientos cinco pesos 00/100 M.N.), sin que se atienda al fijar esa cuota única, a elementos particulares que reflejen la capacidad contributiva del gobernado, pues si fuera el caso, se consideraría por ejemplo, al valor de los vehículos; lo que pone de manifiesto que el cobro del servicio prestado respeta los principios de equidad y proporcionalidad tributaria. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que al estar categorizado en diversos padrones, esto es, "vehículos automotores" y "motocicletas", no pueden estar sujetos a una misma tarifa, ya que por principio, el servicio y lo que implica su prestación no suponen el mismo costo para su mantenimiento. Lo que es razonable si se considera que el registro de vehículos automotores es notoriamente superior, al que corresponde por motocicletas, lo que se advierte como hecho notorio porque la experiencia empírica conduce a esa conclusión, pues la cantidad de vehículos automotores (autos, camionetas, camiones, etcétera) que se ven circulando es mucho mayor a las motocicletas circulantes; lo que ya implica la primera diferencia entre ambos servicios, pues para su prestación el correspondiente a vehículos requiere un mayor número de personas contratadas y una mayor infraestructura dedicada a los automotores que a las motocicletas. Aunado a ello, como lo dijo la responsable, la expedición del refrendo digital permite que el quejoso tenga acceso directo al documento que remplazo el holograma, así como realizar el pago respectivo en línea sin acudir a las oficinas recaudadoras, así como simplificación de requisitos para acceder a este servicio gozando de mayor beneficio puesto que dicho acceso digital lo hace reimprimible en caso de pérdida o extravío sin cubrir monto adicional alguno por la expedición o reposición, documento digital que incide en la tarifa por el servicio prestado, siendo mayor el beneficio recibido para los usuarios; de ahí lo infundado del argumento en estudio. Cita de diversos amparos en revisión. Finalmente, manifiesta que los conceptos de violación esgrimidos han sido materia de estudio del Tercer Tribunal Colegiado en diversos amparos en revisión 122/2022, 152/2022, 158/2022, 120/2019 y 147/2019, en los que se concedió el amparo por la franca violación a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria. A ese respecto, debe decirse, que aún y cuando son criterios emitidos por un órgano colegiado de este circuito judicial, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, los mismos no han formado criterio obligatorio conforme al artículo 217, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, no obsta a lo anterior, que en este Décimo Primer Circuito, existen otros dos órganos colegiados, en la misma materia y jurisdicción que el señalado por el quejoso, que pueden estar resolviendo en diversos criterios a los estimados por el quejoso. Lo anterior es así, toda vez que los preceptos a los que hace referencia el criterio invocado por la parte quejosa, se establecen conforme a la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, referentes al monto del pago del servicio de registro y control vehicular de transporte particular, por concepto de dotación de palcas o por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación, entre otros, y la Ley reclamada en el presente juicio de amparo la constituye la Ley de Ingresos para el Estado de Michoacán referente al año en curso. Además, respecto de los criterios citados, debe decirse que si bien su cita es causa de pedir, lo cierto es que en amparo contra leyes dicha causa de pedir no es suficiente tomando en cuenta la presunción de constitucionalidad de que gozan las normas, motivo por el cual le correspondía a la parte quejosa, exponer las razones por las cuales estima inconstitucionales los actos reclamados y no sólo citar diversos criterios que dice fueron emitidos por el Tercer Tribunal Colegiado de este circuito judicial. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 121/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Novena Época, Materia Común, registro digital 177264, de rubro y texto: "LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, basta con expresar la causa de pedir; sin embargo, ello no significa que los quejosos o recurrentes puedan limitarse a realizar afirmaciones sin sustento, pues a ellos corresponde exponer las razones por las cuales estiman inconstitucionales los actos reclamados. Por tanto, en virtud de que toda ley goza de la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, corresponde a quienes la impugnan, la carga de la prueba, pues sólo así es posible analizar si la ley reclamada contraviene o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por tanto, al haber resultado inoperantes e infundados los conceptos de violación, no se demostró que las leyes impugnadas infrinjan en perjuicio de la parte quejosa, los derechos fundamentales consignados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal y lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a******************** por propio derecho, por los actos reclamados al Congreso, Gobernador y Director de Recaudación del Estado de Michoacán, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, del estado de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo a efecto de que las partes se impongan de las constancias remitidas por el Director de lo Contencioso adscrito a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mismas que se tuvieron por recibidas en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. En tal virtud, para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, de la Novena Época, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO" Es aplicable el criterio referido en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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