ALBERTO JIMÉNEZ CERRO y Otros.
Expediente 174/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 18 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 174/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 12/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- ALBERTO JIMÉNEZ CERRO y Otros.
- DIONISIO BELLO HERNÁNDEZ y Otros.
- Alberto Jiménez Cerro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a doce de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda de amparo y sentencia definitiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. En relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, primer párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido. Hágase constar lo anterior, tanto en su carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 174/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito recibido el veinte de febrero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia oficial en esta ciudad, remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Octavo, Dionisio Bello Hernández, Xavier Abrajan Gómez, Juan Carlos Márquez Lagos, Ruth Lila Tijero Valeriano, Sara de Jesús Reyna Zapata, Violeta Farías Montano, Adriana María Mendoza Farías, Yolanda Casas Luna, Paola Lizbeth de la Rosa Sánchez, Clara Ureña Castañón, María del Socorro Batani Linares, Estela Catalina Estrada Aguirre, María de la Luz García Rivera, Guadalupe Diego Gómez, Ofelia Alavez Alavez, José Luis Bello Hernández, Amada Chávez Castro, Rosa Martha Santos Vidales, Jorge García Tijero, Rafael García Tijero, María de la Luz García Rivera y Ma. Ángeles Juárez Reyes, por su propio derecho, promovieron demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se menciona: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- Presidente Municipal de Acapulco 2.- Ayuntamiento Constitucional de Acapulco. 3.- Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Acapulco. ACTOS RECLAMADOS: "A las autoridades señaladas como responsables, las identificadas con los incisos A), B) Y C), les reclamamos las órdenes que dieron para remodelar la Avenida Adolfo López Mateos, que comprende el tramo de CAPAMA al OXXO que se ubica frente a la tienda el REFUGIO DE FÉLIX, cerca de La Quebrada, también les reclamamos el que arbitraria e ilegalmente estén cortando los árboles y plantas de la Avenida Adolfo López Mateos, así como que se esté destruyendo la banqueta, la calle, el camellón y la carpeta asfáltica de dicha avenida en el tramo a que hemos hecho referencia, reclamamos que se esté construyendo la calle y las banquetas de una forma que nos perjudica para imponer en ese lugar un tianguis turístico, nos perjudica que se pretenda ampliar la banqueta, nos perjudica y reclamamos la obra toda en sí". SEGUNDO. Por acuerdo de diez de marzo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda con el número 174/2017, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual después de diversos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que reclaman actos atribuidos a autoridades administrativas, cuya ejecución material tiene lugar dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el precepto 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con apoyo en la tesis de jurisprudencia número P./P. 40/2000, consultable en la página treinta y dos, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", debe precisarse que del estudio integral de la demanda de amparo, así como de las demás constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta vía son los siguientes: - La construcción de la obra pública, realizada en la Calle Adolfo López Mateos (en el tramo Capama-Oxxo), de la Colonia Centro de Acapulco de Juárez, Guerrero. TERCERO.- Certeza del acto reclamado. SON CIERTOS los actos reclamados al Presidente Municipal, Ayuntamiento Constitucional y Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, todas del Municipio de Acapulco, pues así lo reconocieron al rendir sus respectivos informes justificados. Además, la existencia del acto reclamado se encuentra corroborada con las constancias que el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Acapulco, Guerrero, exhibió como complemento de sus informes justificados, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de acuerdo con su artículo 2°. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse la procedencia del juicio de garantías puesto que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, porque al actualizarse alguna causal de inejercitabilidad de la acción, se obstaculizaría el examen de los conceptos de violación propuestos. Debe sobreseerse en el presente juicio de amparo pues de las constancias del sumario constitucional ponen de manifiesto que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.)" Bien, para justificar los motivos por los cuales se considera la actualización de la invocada causal de improcedencia se iniciará por decir que en la reforma del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se estableció en la fracción I, la procedencia del juicio de amparo a instancia de parte agraviada, señalándose que se reconoce tal carácter a quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo. En torno a este precepto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en la tesis aislada LXXX/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de dos mil trece, Tomo 3, en la que dijo que de acuerdo con el mismo se atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. Por ello estableció que atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. La tesis aludida es del siguiente tenor: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Asimismo, respecto a este tema -interés legítimo- el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, determinó que desde mil novecientos diecisiete y durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, se había realizado una interpretación constante respecto del interés jurídico, al identificarlo con un perjuicio directo a la esfera jurídica del quejoso a partir de la titularidad de un derecho público subjetivo, lo que significaba que debía acreditarse de una lesión directa e inmediata en la persona o patrimonio del quejoso. En esa misma contradicción se dijo que con las reformas constitucionales de dos mil once, relacionadas con los derechos humanos y el juicio de amparo, se adoptó un paradigma constitucional que obliga a todas las autoridades del país a adoptar la protección más amplia para las personas, lo cual implica que la interpretación de las figuras jurídicas integrantes de nuestro sistema jurídico debe ser conforme al principio pro persona, que constituye la base de dicho paradigma. En razón de lo anterior, dicha resolución se dio a la tarea de definir los alcances del interés legítimo como presupuesto procesal para acudir al juicio de amparo, respecto del cual concluyó que conforme a dicho supuesto, para acudir al juicio de amparo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial- apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Concepto que consideró acorde a lo señalado en el artículo 107, fracción I, Constitucional. Asimismo, el Tribunal Supremo del país determinó que el interés legítimo es un concepto jurídico de enorme complejidad, cuyos contenidos esenciales pueden ser delimitados dicha Suprema Corte, pero la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos para la actualización de esa figura requiere de un análisis concreto atendiendo a las situaciones de cada caso. Las consideraciones vertidas en la contradicción que se comenta en los párrafos anteriores se reflejaron en el criterio de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.". De esa forma, la Suprema Corte consideró como elementos para analizar si se actualiza el interés legítimo para ejercer la acción de amparo, los siguientes: 1.- Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. 2.- El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. 3.- Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. 4.- La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. 5.- Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad. Así, en el interés legítimo el quejoso tiene un interés propio distinto al de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. En esas condiciones, una vez precisados los parámetros que ha fijado la Suprema Corte para considerar que un sujeto cuenta con interés legítimo para impugnar determinado acto de autoridad toca el turno de dilucidar si en el caso, los quejosos cuentan con ese interés legítimo. Así, pues una vez analizadas las cuestiones fácticas a la luz de los anteriores razonamientos jurídicos se considera que los peticionarios del amparo carecen de interés legítimo, en torno a las siguientes consideraciones. Ahora bien, para lograr claridad en el presente asunto, conviene recordar que los quejosos, por su propio derecho, reclamaron fundamentalmente la construcción de la obra pública ubicada en la avenida Adolfo López Mateos, en el tramo Capama-Oxxo, de la Colonia Centro de esta Ciudad. De las constancias de autos no existe medio de convicción con el que los quejosos prueben que tienen un derecho sobre la avenida en la que señalan que se está construyendo la obra pública de la avenida Adolfo López Mateos en el tramo antes señalado y que le confieran un interés legítimo y un derecho sobre esa calle de la colonia centro, esto es, no se demostró su derecho sobre la avenida Adolfo López Mateos y, por tanto, los dictámenes emitidos por la autoridad responsable, así como la construcción, no afectan los derechos de los promoventes en forma personal y directa, como lo exige el artículo 5° de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio constitucional. En efecto los quejosos para acreditar su interés legítimo ofrecieron los siguientes medios de convicción. 1.- Copia simple nota periodística del periódico El Sur de catorce de febrero de dos mil diecisiete. 2.- Los informes rendidos por las autoridades responsables, en específico el rendido por el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 3.- Copias simples de las credenciales para votar de los quejosos expedidas por el Instituto Federal electoral. La prueba marcada con el números 2 tiene el valor probatorio que les confiere el artículo 129 en relación con el diverso 202 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su artículo 2, por tratarse de documentales públicas que por sí mismas hacen prueba plena, toda vez que fueron expedidas por personas facultadas legalmente para ello. Respecto a las pruebas marcadas con los números 1 y 3, consistentes en las copias simples de las credenciales para votar de los quejosos y la nota periodística, solamente tiene valor indiciario pues son simples reproducciones fotográficas existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, de los documentos que se pretenden hacer aparecer y, por ende, son insuficientes para demostrar su interés legítimo que aducen tener. Además, por existir criterios de los Órganos del Poder Judicial de la Federación en el sentido de que su texto no es confiable pues cabe la posibilidad de que sean producto de la interpretación personal de su autor, de manera que no pueden convertirse en "hecho público" o "notorio", pues incluso aunque no sea desmentida por quien pueda resultar afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable a su autor, más no a si a quienes se ven involucrados de la noticia correspondiente. Ahora, por cuanto hace a las copias simples de credenciales de elector exhibidas, también resultan insuficientes para demostrar su interés legítimo, porque si bien es cierto que la credencial de elector expedida por la institución pública correspondiente (Instituto Federal Electoral ahora Instituto Nacional Electoral), se trata de un documento público, también lo es que tales documentos solo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió se hicieron tales manifestaciones o declaraciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado, en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de ahí que la misma incluso se considere insuficiente para acreditar el domicilio de los quejosos, porque para su expedición no se exige que se acredite fehacientemente el domicilio. Cobra aplicación a las anteriores consideraciones, la tesis aislada I.4o.T.5 K, de la Novena Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, página quinientos cuarenta y uno, cuyo texto y rubro: "NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS. Las publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar que de las mismas aparezca, más en forma alguna son aptas para demostrar los hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las características de documento público a que se refiere el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco puede ser considerado como documental privada conforme a los artículos 796 y 797 del propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de formular las objeciones respectivas; consecuentemente, el contenido de una nota periodística, -generalmente redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, cuyas fuentes no son necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que sean producto de la interpretación e investigación personal de su autor- no puede convertirse en un hecho público y notorio, pues aunque aquélla no sea desmentida por quien puede resultar afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia correspondiente." De igual forma resulta aplicable, la tesis aislada, de la Octava Época, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, página seiscientos setenta y tres, que establece: "NOTAS PERIODISTICAS COMO PRUEBAS EN EL AMPARO. La prueba consistente en una nota periodística con que se pretende demostrar que la denuncia respectiva, en la que se apoya la orden de aprehensión, no fue formulada por persona digna de fe, carece de eficacia si no está corroborada con algún elemento de convicción." Así como la jurisprudencia VI.1o.C. J/26, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, cuyo contenido es: "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR.- Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria". En consecuencia, dichas probanzas no son eficaces para que los peticionarios del amparo cuenten con interés legítimo para reclamar la constitucionalidad de los actos reclamados, toda vez que la construcción de la obra pública en la Avenida Adolfo López Mateos en el Tramo CAPAMA-OXXO de la Colonia Centro de esta Ciudad, no se vincula en forma alguna con ellos, en tanto que esa construcción, lejos de perjudicarlos, les beneficia; situación semejante que resiente la colectividad que necesita vías de circulación vehicular y peatonal, así como la mejora en los servicios públicos; además, no debe soslayarse que el uso de las calles pertenece al municipio y esa construcción favorece a los sujetos que utilizan esa vía para trasladarse o bien por cuestiones turísticas. En efecto, el artículo 115 constitucional dispone, entre otras cosas, que los municipios tendrán a su cargo las calles que estén dentro de su zona geográfica; por lo que la construcción reclamada, al tener su origen en normas constitucionales, es de orden público e interés social, pues tiene como finalidad establecer el orden y control de la circulación vehicular y peatonal en las vías públicas contenidas en el proyecto, así como organizar, administrar y controlar la infraestructura vial, para que la población reciba mejores condiciones de seguridad y control de automovilistas; de modo que no se afecta el interés legítimo de los quejosos, quienes contarán con una vía transitable e, incluso, de ser su voluntad, podrán hacer uso de otro medio de traslado con mayor seguridad. En suma, de la anterior exposición se advierte que los peticionarios del amparo en realidad no resienten un perjuicio que los vincule al acto, y que por tanto, una eventual concesión de amparo les pueda beneficiar de manera objetiva, lo que se constituye para ellos en un interés simple que no los legitima para acudir al juicio de amparo. Al caso se cita la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Febrero de dos mil trece, Tomo 1, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En las relatadas condiciones lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 174/2017, promovido por DIONISIO BELLO HERNÁNDEZ, XAVIER ABRAJAN GÓMEZ, JUAN CARLOS MÁRQUEZ LAGOS, RUTH LILA TIJERO VALERIANO, SARA DE JESÚS REYNA ZAPATA, VIOLETA FARÍAS MONTANO, ADRIANA MARÍA MENDOZA FARÍAS, YOLANDA CASAS LUNA, PAOLA LIZBETH DE LA ROSA SÁNCHEZ, CLARA UREÑA CASTAÑÓN, MARÍA DEL SOCORRO BATANI LINARES, ESTELA CATALINA ESTRADA AGUIRRE, MARÍA DE LA LUZ GARCÍA RIVERA, GUADALUPE DIEGO GÓMEZ, OFELIA ALAVEZ ALAVEZ, JOSÉ LUIS BELLO HERNÁNDEZ, AMADA CHÁVEZ CASTRO, ROSA MARTHA SANTOS VIDALES, JORGE GARCÍA TIJERO, RAFAEL GARCÍA TIJERO, MARÍA DE LA LUZ GARCÍA RIVERA Y MA. ÁNGELES JUÁREZ REYES. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; catorce de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos la copia del oficio signado por el Presidente del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; sin que haya lugar a proveer en relación a su contenido, en virtud de que el dos del mes en curso, se tuvo a la Encargada del Despacho de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas dependiente del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, por dando complimiento al requerimiento de once de abril de la presente anualidad. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dos de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Encargada del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el cual desahoga el requerimiento que se le formulo en proveído de once de abril del año en curso y remite las constancias solicitadas, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.
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