Alberto Mercado Martínez

Expediente 1094/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1094/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
21/02/2017

Partes del expediente

  • Congreso del Estado Libre Y Soberano de Guerrero
  • Alberto Mercado Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase contar lo anterior en su carátula. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió en el presente expediente una diversa documental; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria del Juzgado adscrito al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS; para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1094/2016, promovido por ALBERTO MERCADO MARTÍNEZ, por su propio derecho; y RESULTANDO PRIMERO. Por escrito recibido el quince de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y remitido en esa fecha a este juzgado de Distrito, Alberto Mercado Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Congreso. Gobernador. Secretario de Finanzas y Administración. Director del Periódico Oficial. Todos del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con sede en Chilpancingo, Guerrero. Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: "1. Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama la expedición y aprobación de la "Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal de 2016", específicamente en sus artículos 65 publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el día 24 de Diciembre de 2015, en cuanto a que dicho numeral establece un mecanismo desproporcional e inequitativo para el cálculo de los derechos para obtener las licencias y permisos para la construcción, instalación, fijación, distribución y modificación de anuncios. 2. Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama la promulgación y orden de publicación de la "Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal de 2016", específicamente en sus artículos 65 publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el día 24 de Diciembre de 2015, en cuanto a que dicho numeral establece un mecanismo desproporcional e inequitativo para el cálculo de los derechos para obtener las licencias y permisos para la construcción, instalación, fijación, distribución y modificación de anuncios. 3. Del Secretario de Finanzas y Administración ambos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama el refrendo de la "Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal de 2016", específicamente en su artículo 65 publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el día 24 de Diciembre de 2015, en cuanto a que dicho numeral establece un mecanismo desproporcional e inequitativo para el cálculo de los derechos para obtener las licencias y permisos para la construcción, instalación, fijación, distribución y modificación de anuncios. 4. Del Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama la publicación de la "Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal de 2016", específicamente en su artículo 65 publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el día 24 de Diciembre de 2015, en cuanto a que dicho numeral establece un mecanismo desproporcional e inequitativo para el cálculo de los derechos por concepto de Licencia de Construcción de Obra para el Ejercicio Fiscal de 2016. 5. Del Director de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, se reclama la aplicación de la "Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal de 2016", específicamente en su artículo 65 publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el día 24 de Diciembre de 2015, en cuanto a que dicho numeral establece un mecanismo desproporcional e inequitativo para el cálculo de los derechos para obtener las licencias y permisos para la construcción, instalación, fijación, distribución y modificación de anuncios efectuado mediante el recibo número F250495" SEGUNDO. Por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, se registró la demanda de amparo bajo el número 1094/2016 y se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, hecha excepción del Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, en Chilpancingo, al no advertirse que la parte quejosa haya impugnado por vicios propios la publicación de la legislación reclamada; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de un diferimientos, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una ley local con motivo de su primer acto de aplicación por una autoridad administrativa que se encuentra en la jurisdicción territorial de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: I. La iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y aplicación de la Ley número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, en específico de su artículo 65, que aduce se materializaron en el recibo de pago número F 250495, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. Lo anterior, ya que del análisis que se realiza a los hechos y conceptos de violación de la demanda de amparo, así como de los documentos exhibidos, se desprende que el quejoso en sí controvierte la aplicación del numeral arriba señalado, que regula el sistema de causación y cuantificación de los "derechos" que deben pagarse por concepto de "licencias y permisos para la construcción, instalación, fijación, distribución y modificación de anuncios"; por tanto, de conformidad con el numeral 76 de la Ley de Amparo se supla el error en que incurre al citar el artículo de la disposición normativa controvertida. TERCERO. El quejoso bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo manifestó que tuvo conocimiento del acto de aplicación reclamado el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, sin que de autos se advierta diversa fecha de conocimiento; en ese sentido, el término para promover el presente juicio de amparo transcurrió del veinticinco de octubre al dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, descontados los días veintinueve, treinta, treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre todos de dicha anualidad por haber sido inhábiles; de ahí que, al haberse presentado la demanda el quince de noviembre de dos mil dieciséis, según consta en la papeleta de turno que expide la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la ley de la materia. CUARTO. Es cierto el acto reclamado, ya que ello deriva del recibo oficial F-250495 relativo al pago de los derechos para obtener la licencia para la instalación de dos anuncios adosados a fachada (con medidas de 1.20 x 3.00 mes), lo que se corrobora además por el hecho de que la autoridad responsable aceptó dicha situación, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. En cambio, no es cierto el acto reclamado y por tanto debe sobreseerse respecto del atribuido al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, quien al rendir su informe justificado negó el acto reclamado, consistente en el refrendo de la Ley número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, en específico de su artículo 65; negativa que debe aceptarse en sus términos, pues tal acto no se encuentra dentro de su ámbito de competencia, aunado a que como se verá más adelante dicho acto fue reconocido por diversa autoridad. QUINTO. Son ciertos los actos atribuidos al Congreso y al Gobernador ambos del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, pues al rendir sus informes admitieron la certeza de las conductas que se les atribuyen relativas al proceso legislativo que comprende la aprobación, expedición, promulgación, refrendo, orden de publicación de la Ley número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, en específico de su artículo 65. Tal convicción de certeza obedece además a que la notoria existencia de los actos de naturaleza legislativa como los que aquí se reclaman no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y atento al criterio que informa la tesis 2ª./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y por qué la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." SEXTO. Atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en este apartado se analizaran las causas de improcedencia, tanto la alegada por las autoridades responsables municipales, como la advertida de oficio por este juzgado de Distrito. En ese sentido, el Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, señala que en el caso se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIII y XXIII, esta última relaciona con el diverso 108, fracciones VI y VIII, de la Ley de Amparo. Respecto a la prevista en la fracción XIII, del artículo 61 de la ley de la materia, esta causa de improcedencia es infundada; en virtud de que, no basta afirmar la actualización de determinada fracción o numeral que contiene alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, sino que además es necesario exponer las razones o motivos por los cuales así se considera, para estar en posibilidad de estudiarlos, salvo que, éstos sean de obvia y objetiva constatación, lo que en el caso no acontece porque las autoridades responsables no señalaron los motivos por los cuales consideran que se actualiza. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 137/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." Al igual que la anterior causa de improcedencia, la diversa prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción VIII, del artículo 108, se estima infundada, pues el acto reclamado lo constituye la aplicación del artículo 65 de la ley de ingresos reclamada, con motivo de su primer acto de aplicación, materializado en el recibo que exhibió la parte quejosa, que consignan el pago por concepto de al pago de derechos para obtener la licencia para la instalación de dos anuncios adosados a fachada (con medidas de 1.20 x 3.00 mes), efectuado mediante el recibo número F250495, y contra el cual sí expresó motivos de queja. SÉPTIMO. Al no existir diversa causal de improcedencia distinta a las ya examinadas ni se advierte que se objetive alguna otra que deba estudiarse de oficio, como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar el fondo de la cuestión planteada, al tenor de los conceptos de violación, mismos que no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, máxime que dicha circunstancia no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en el caso, su ilegalidad. Como se indicó la parte quejosa reclama la Ley número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, al considerar inconstitucional su artículo 65, que regulan el sistema de causación y cuantificación de los "derechos" que deben pagarse por concepto de ""derechos" que deben pagarse por concepto de "licencias y permisos para la construcción, instalación, fijación, distribución y modificación de anuncios"; que aduce se materializó en el recibo de pago número F 250495, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, porque refiere viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV, Constitucional ya que las cantidades a pagar (tarifa) ahí establecidas por tal derecho, derivan de un mecanismo que toma como base elementos ajenos al costo que para el Estado representa otorgar dicho servicio de carácter administrativo a personas determinadas que lo soliciten, como lo es los metros cuadrados y en qué tipo de material esté el anuncio, ya que tal aspecto nada tiene que ver, y en nada se relaciona con la prestación del servicio de que se trata (expedición de la licencia de para la construcción, instalación, fijación, distribución y modificación de anuncios). Ahora bien, para estar en aptitud de dilucidar en torno al motivo de disenso respecto al artículo 65, de la Ley de Ingresos número 134 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, en principio, conviene señalar la naturaleza de las contribuciones denominadas "derechos", así como la interpretación que nuestro Máximo Tribunal ha realizado con el fin de fijar el alcance que respecto de ellos tienen los principios de proporcionalidad y equidad en la carga tributaria, los cuales se encuentran garantizados en el artículo 31, fracción IV, Constitucional. Así las cosas, los tributos conocidos como derechos son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios públicos prestados en forma individualizada a los gobernados; sin embargo, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Al respecto es aplicable la jurisprudencia P./J. 1/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 40, tomo VII, Enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN. Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra 'contraprestación' no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de 'derechos'." También es de destacarse, la naturaleza de las contribuciones de referencia, como se desprende de la jurisprudencia P./J. 41/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, tomo IV, Julio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA. Las características de los derechos tributarios que actualmente prevalecen en la jurisprudencia de este Alto Tribunal encuentran sus orígenes, según revela un análisis histórico de los precedentes sentados sobre la materia, en la distinción establecida entre derechos e impuestos conforme al artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos treinta y ocho, y su similar del código del año de mil novecientos sesenta y siete, a partir de la cual se consideró que la causa generadora de los derechos no residía en la obligación general de contribuir al gasto público, sino en la recepción de un beneficio concreto en favor de ciertas personas, derivado de la realización de obras o servicios ('COOPERACIÓN, NATURALEZA DE LA.', jurisprudencia 33 del Apéndice de 1975, 1a. Parte; AR. 7228/57 Eduardo Arochi Serrano; AR. 5318/64 Catalina Ensástegui Vda. de la O.; AR. 4183/59 María Teresa Chávez Campomanes y coags.). Este criterio, sentado originalmente a propósito de los derechos de cooperación (que entonces se entendían como una subespecie incluida en el rubro general de derechos), se desarrollaría más adelante con motivo del análisis de otros ejemplos de derechos, en el sentido de que le eran inaplicables los principios de proporcionalidad y equidad en su concepción clásica elaborada para analizar a los impuestos, y que los mismos implicaban en materia de derechos que existiera una razonable relación entre su cuantía y el costo general y/o específico del servicio prestado ('DERECHOS POR EXPEDICIÓN, TRASPASO, REVALIDACIÓN Y CANJE DE PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES DE GIROS MERCANTILES, INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 14, FRACCIONES I, INCISO C), II, INCISO D), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, PARA EL AÑO DE 1962, QUE FIJA EL MONTO DE ESOS DERECHOS CON BASE EN EL CAPITAL EN GIRO DE LOS CAUSANTES, Y NO EN LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS PARTICULARES.', Vol. CXIV, 6a. Época, Primera Parte; 'DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ÉSTOS ESTÁ REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.', Vol. 169 a 174, 7a. Época, Primera Parte; 'AGUA POTABLE, SERVICIO MARÍTIMO DE. EL ARTÍCULO 201, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL TERRITORIO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMADO POR DECRETO DE 26 DE DICIEMBRE DE 1967, QUE AUMENTÓ LA CUOTA DEL DERECHO DE 2 A 4 PESOS EL METRO CÚBICO DE AGUA POTABLE EN EL SERVICIO MARÍTIMO, ES PROPORCIONAL Y EQUITATIVO; Y POR LO TANTO NO ES EXORBITANTE O RUINOSO EL DERECHO QUE SE PAGA POR DICHO SERVICIO.', Informe de 1971, Primera Parte, pág. 71). El criterio sentado en estos términos, según el cual los principios constitucionales tributarios debían interpretarse de acuerdo con la naturaleza del hecho generador de los derechos, no se modificó a pesar de que el artículo 2o., fracción III del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos ochenta y uno abandonó la noción de contraprestación para definir a los derechos como 'las contribuciones establecidas por la prestación de un servicio prestado por el Estado en su carácter de persona de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público' (AR. 7233/85 Mexicana del Cobre, S.A. y AR. 202/91 Comercial Mabe, S.A.). De acuerdo con las ideas anteriores avaladas por un gran sector de la doctrina clásica tanto nacional como internacional, puede afirmarse que los derechos por servicios son una especie del género contribuciones que tiene su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como una actividad de la administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la administración y el usuario, que justifica el pago del tributo." En tratándose de "derechos fiscales", las garantías de proporcionalidad y equidad previstas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, operan con un sistema distinto al de "los impuestos", pues tal como se hizo referencia en líneas precedentes, por "derechos" se entiende las contraprestaciones que el gobernado paga a la hacienda pública Federal, Estatal o Municipal, según el caso, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los mencionados poderes en sus funciones de derecho público y, en su caso, por organismos descentralizados o desconcentrados, así como por concepto del uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, mientras que por "impuestos" se entienden las contribuciones establecidas en la ley a cargo de las personas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas en aquéllas, derivando de tal diferencia distintos modos de apreciar y aplicar los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad. Cobra puntual aplicación la tesis de jurisprudencia P/J. 2/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 41, tomo VII, Enero de 1998,Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos." Precisado lo anterior, enseguida se analiza la norma general que nos ocupa, a efecto de constatar lo relativo al vicio de inconstitucionalidad que hace valer la parte quejosa. Así, el artículo 65, de la Ley número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, establece: "ARTÍCULO 65. Por las licencias y permisos para la construcción, instalación, fijación, distribución y modificación de anuncios; pagarán derechos anuales y temporales conforme a las siguientes tarifas: I. Por cada anuncio adosado o rotulado en fachadas, muros, paredes, bardas y tapiales; pagarán de conformidad a la siguiente tabla de medidas: a) Hasta 5 metros cuadrados; pagarán el equivalente a $701.00 pesos. b) De 5.01 a 10 metros cuadrados, pagarán el equivalente a $1,402.00 pesos. c) De 10.1 a 15 metros cuadrados, pagarán el equivalente a $2,804.00 pesos. Por cada metro cuadrado excedente después de los 15 metros cuadrados; pagarán el equivalente a $140.20 pesos. II.- Por cada anuncio en vidrieras, escaparates, aparadores, ventanales y cortinas metálicas; pagarán de conformidad a la siguiente tabla de medidas: a) Hasta 5 metros cuadrados; pagarán el equivalente a $701.00 pesos. b) De 5.01 a 10 metros cuadrados; pagarán el equivalente a $1,402.00 pesos. c) De 10.01 a 15 metros cuadrados; pagarán el equivalente a $2,804.00 pesos. Por cada metro cuadrado excedente después de los 15 metros cuadrados; pagarán el equivalente a $140.20 pesos. III. Toldos; pagarán de conformidad a la siguiente tabla de medidas: a) Hasta 5 metros cuadrados; pagarán el equivalente a $701.00 pesos. b) De 5.01 a 10 metros cuadrados; pagarán el equivalente a $1,402.00 pesos. c) De 10.01 a 15 metros cuadrados; pagarán el equivalente a $2,804.00 pesos. Por cada metro cuadrado excedente después de los 15 metros cuadrados; pagarán el equivalente a $140.20 pesos. IV. Por cada anuncio en saliente y autosoportados de los denominados espectaculares; pagarán de conformidad a la siguiente tabla de medidas: a) Hasta 5 metros cuadrados; pagarán el equivalente a $701.00 pesos. b) De 5.01 a 10 metros cuadrados; pagarán el equivalente a $1,402.00 pesos. c) De 10.01 a 15 metros cuadrados; pagarán el equivalente a $2,804.00 pesos. Por cada metro cuadrado excedente después de los 15 metros cuadrados; pagarán el equivalente a $140.20 pesos. V. Por cada anuncio colocado en casetas telefónicas y mobiliario urbano instalado en la vía pública; pagarán el equivalente a $701.00 pesos. Los anuncios descritos en las fracciones I a la V tendrán vigencia de un año, debiendo tramitar su renovación dentro de los 25 días hábiles previos a la conclusión de la vigencia indicada en la licencia de anuncio; siempre y cuando el (los) anuncio(s) no sufra(n) modificaciones en su dimensión o ubicación. VI. Para permisos temporales por medio de anuncios en vehículos del servicio de transporte terrestre, marítimo o aéreo, público o privado, por cada vista o lado de proyección; pagarán de conformidad a la siguiente clasificación: a) Anuncios en taxis, combis, calandrias y motocicletas; pagarán por cada tipo de anuncio el equivalente a $350.50 pesos. b) Anuncios en camiones repartidores y microbuses, pagarán un equivalente a $701.00 pesos. c) Anuncios en autobuses o urbanos, remolques o camionetas con plataforma y demás vehículos con forma similar, pagarán un equivalente a $1,402.00 pesos por unidad siempre y cuando el contenido de ésta sea la misma promoción; en caso contrario se cobrará como independiente. Este tipo de permisos tendrán una vigencia de 30 días naturales, previo Visto Bueno otorgado por la Dirección de la Policía vial. VII. Para permisos temporales por medio de pendones o gallardetes, cartulinas, volantes, banderolas, folletos o trípticos, inflables, lonas, mantas y demás formas similares instalados o distribuidos en la vía pública; pagarán los siguientes derechos: a) Anuncios mediante pendones o gallardetes, cartulinas, banderolas u otros similares; pagarán por cada unidad el equivalente a $210.30 pesos, con dimensiones máximas de 0.80 x 1.60 metros por unidad. b) Tableros colocados en el exterior de plazas o centros comerciales para fijar publicidad con ofertas del día; pagarán el equivalente a $701.00 pesos. c) Cuando se trate de promociones a través de volantes, folletos o trípticos y demás formas similares; pagarán por cada mil unidades el equivalente a $701.00 pesos. d) Cuando se trate de publicidad a través de lonas, mantas y de más formas similares; por cada unidad pagarán el equivalente a $701.00 pesos. e) Cuando se trate de publicidad en objetos inflables; pagarán por cada unidad el equivalente a $701.00 pesos. Estos permisos tendrán una vigencia máxima de 30 días naturales. VIII.- Los que anuncien baratas, liquidaciones o subastas a través de algún aparato de sonido fijo o móvil, pagarán diariamente el equivalente a $140.20 pesos. IX. Los que realicen caravanas, desfiles o actividades similares con motivos publicitarios y fines lucrativos, previo permiso por escrito otorgado por la Dirección de la Policía Vial; por evento pagarán la cantidad de $2,804.00 pesos". Ahora bien, tenemos que de acuerdo con el contenido normativo del precepto 65 de la Ley número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, antes trascrito, los derechos causados en el citado ejercicio fiscal por el servicio de expedición de por las licencias y permisos para la construcción, instalación, fijación, distribución y modificación de anuncios; pagarán derechos anuales y temporales conforme a las en dicho precepto establecidas, y para la obtención de ésta, se considerará como base las medidas del anuncio y el material al que se encuentre adosado. De ahí que, asista razón al quejoso, dado que el vicio de inconstitucional contenido en el referido precepto legal, recae en uno de los elementos esenciales de las contribuciones, a saber, en la tarifa conforme a la cual se calcula el derecho por expedición de licencias y permisos para la construcción, instalación, fijación, distribución y modificación de anuncios, dado que ésta se obtiene de un mecanismo que toma como base diversos factores o elementos extraños de la contribución, como lo son las medidas del anuncio y el material en donde se plasme el anuncio; lo cual deja de observar la naturaleza jurídica de la propia contribución de que se trata, que por corresponder a la de un "derecho", debería comprender exclusivamente el costo real del servicio público que conlleva la expedición de tales licencias, para aplicar diversas cuotas según los metros que mida el anuncio y el material al que se encuentre adosado o rotulado el mismo; es decir, el hecho de que un anuncio tenga una mayor medida y está plasmado en diverso material, en referencia a otros, no implica mayores costos humanos y materiales para el Municipio; por tanto, las características del anuncio y el lugar en que se ubique no incide directamente en el costo del servicio que presta éste, el cual no se limita a la simple expedición de la licencia respectiva como tal, sino además en el despliegue técnico que requiere realizar al órgano municipal competente para verificar si los anuncios respecto de los que se solicita licencia cumplen con la normatividad aplicable. Ilustra a lo anterior, por la similitud del contenido del precepto legal en estudio la tesis número V.2o.P.A.16 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, consultable en la página 2356, tomo XXVIII, Octubre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. LOS ARTÍCULOS 132 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE SONORA Y 24 DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA HERÓICA CABORCA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, AL ESTABLECER QUE EL PAGO DE AQUÉLLOS SE FIJARÁ TOMANDO EN CUENTA, ADEMÁS DEL TIPO DE LICENCIA Y EL VOLUMEN DE LA OBRA, EL VALOR DE LA PROPIA CONSTRUCCIÓN, VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD. Los artículos 132 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora y 24 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de la Heróica Caborca, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2007, al establecer que el pago de derechos por la expedición de licencias de construcción se fijará tomando en cuenta, además del tipo de licencia y el volumen de la obra, el valor de la propia construcción, sobre el que se establecerá un determinado factor al millar, violan los principios tributarios de equidad y proporcionalidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que para su cálculo se atiende a un elemento ajeno al servicio público prestado y no al verdadero costo que para la autoridad administrativa implica la expedición de la citada autorización, lo que ocasiona que los contribuyentes paguen un mayor o menor tributo dependiendo del referido valor, provocándose con ello que por la misma función del Estado se causen cuotas distintas, distorsionándose la naturaleza misma de los derechos por servicios, en los que éstas deben ser fijas e iguales para quienes reciban servicios análogos. En efecto, dicho sistema de cálculo ignora por completo los conceptos de "derechos" e "impuestos", así como la diversa naturaleza jurídica que reviste a cada uno de los referidos tipos de contribuciones, desatendiendo también que, en tratándose de los primeros, por regla general, el cumplimiento de la garantía de equidad y proporcionalidad tributarias se cumple en la medida que se establezcan cuotas que sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos, tal y como lo establece la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que se ha hecho alusión en líneas precedentes, con el rubro "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS." Cabe hacer la precisión, que al valorarse el sistema de cálculo de los "derechos" que deben cubrirse por la expedición de licencias y permisos para la construcción, instalación, fijación, distribución y modificación de anuncios, no se ignora que el anteriormente invocado criterio general de proporcionalidad y equidad de los derechos fiscales no rige estrictamente para todos los tipos de derechos, pues tratándose de derechos por el servicio de agua potable (como un caso de excepción), la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado en consideración para determinar la proporcionalidad y equidad de las cuotas, no sólo la correlación razonable entre el costo del servicio y el monto de la cuota, sino también los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas y sociales de los diferentes grupos de causantes y razones de orden extrafiscal, entre ellas, la necesidad de racionalizar el consumo de agua, tal y como aparece en la tesis P XLVII/91, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 5, tomo VIII, Octubre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "AGUA POTABLE. EL DECRETO 265 DEL ESTADO DE GUERRERO POR EL QUE SE AUMENTAN LAS TARIFAS DE DERECHOS POR CONSUMO NO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA AL FIJAR TARIFAS DIFERENCIALES." En ese orden de ideas, se concluye que el sistema de cálculo de los derechos por concepto de expedición de licencias y permisos para la construcción, instalación, fijación, distribución y modificación de anuncios, previsto en el artículo 65, de la Ley número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, es inconstitucional, por ser violatorio de los aludidos principios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, Constitucional, porque atiende al tamaño del anuncio y al tipo de material en que se plasme, no así al verdadero costo que para la autoridad administrativa implica el servicio que se presta, pues dicho servicio en realidad le representa a la administración pública municipal el mismo desgaste económico, material y humano, en cualquier tipo de contribuyente, en relación con los metros cuadrados del anuncio y el tipo de material en que se encuentre adosado (lo que atiende al objeto real del servicio público que conlleva la expedición de tal licencia) con independencia del tamaño del anuncio y tipo de material en que se plasme, lo que ocasiona que los contribuyentes paguen un mayor o menor tributo dependiendo de las referidas características, provocándose con ello que por la misma función del Estado se causen cuotas distintas, distorsionándose la naturaleza misma de los derechos por servicios, en los que éstas deben ser fijas e iguales para quienes reciban servicios análogos. Sin embargo, no puede concederse la protección constitucional solicitada, en tanto que, en el caso, no se advierte que el entero efectuado por concepto de pago por "DOS ANUNCIOS ADOSADOS A FACHADA CON MEDIDAS DE 1.20 X 3.00 M. CON LEYENDA 'SEX SHOP'", se ubique en dicho supuesto de excepción, ya que la porción normativa prevista en el artículo 65, fracción I, inciso a), de la Ley número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, de ninguna manera puede equipararse al que fue objeto del pronunciamiento que dio lugar a la aludida tesis XLVII/91 del más alto tribunal del país, que en realidad le representa a la administración pública el mismo desgaste económico en cualquier tipo de contribuyente que solicite el servicio previsto en la norma cuya aplicación se reclama, con independencia de las medidas del anuncio y el material sobre el que se encuentre adosado o rotulado el mismo. De igual modo, en la aludida tesis XLVII/91, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también determinó que el importe de los derechos puede tasarse en función de los fines extrafiscales que al efecto establezca el legislador, como serían los de provocar el aumento o disminución en el servicio que el Estado va a prestar y, paralelamente, el incremento o desaliento de las actividades relativas al particular; sin embargo, en el caso, en la contribución de que se trata no se advierten tales fines, pues en el ordenamiento relativo no se aprecia disposición alguna que revele la justificación de un propósito extrafiscal; por lo que, ante la inexistencia de tales motivos extrafiscales tampoco se aprecia una excepción a las garantías individuales de proporcionalidad y equidad tributaria. En ese sentido, tomando en consideración que del original del recibo de pago con número de folio F-250495, se deriva que la quejosa pagó por concepto de "DOS ANUNCIOS ADOSADOS A FACHADA CON MEDIDAS DE 1.20 X 3.00 M. CON LEYENDA 'SEX SHOP'", la cantidad de $1,612.30 (mil seiscientos doce pesos 30/100 moneda nacional); entonces dicho entero, corresponde a la cantidad mínima por cada uno de los anuncios, estipulada en el artículo 65, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos mencionada, por concepto del pago de derechos para obtener la licencia para la instalación de dos anuncios adosados a fachada (con medidas de 1.20 x 3.00 mes), efectuado mediante el recibo número F250495; de modo que los efectos de una eventual sentencia protectora, no podrían reflejarse en el entero de una cantidad menor a la contenida en el aludido recibo de pago; de ahí que se torne fundado pero inoperante lo esgrimido sobre el particular. Lo anterior es así, porque dicha cantidad mínima a pagar es apta para tomarla como referencia representativa del costo mínimo que para el Estado representa la "expedición de una licencia o permiso para la construcción, instalación, fijación, distribución y modificación de anuncios", a que se refiere el precepto reclamado, sin necesidad de establecer otro mecanismo para ese fin, en tanto que constituye la cuota mínima a pagar, determinada en el referido precepto legal y es igual para todos los contribuyentes, sin considerar los metros cuadrados que mida el anuncio y del material donde se encuentre plasmado el mismo, toma en cuenta para la expedición de la licencia en cuestión. Por otro lado, no escapa a la consideración de este Juzgador, el que se haya cobrado el quince por ciento (15% licencias y verificaciones); sin embargo, dicho aspecto el quejoso no lo impugna por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad la hace derivar del pago de $1,402.00 (mil cuatrocientos dos pesos 00/100 M.N.), correspondiente a los dos anuncios que como ya se vio, es el mínimo a pagar, sin que se aprecie motivo alguno por el que proceda suplir la deficiencia de la queja. Consecuentemente, lo que procede es negar la protección de la justicia federal respecto del acto de aplicación del artículo 65 de la Ley número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: PRIMERO.- Se SOBRESEE el juicio de amparo 1094/2016, por lo que hace al acto de aplicación reclamado al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, en términos del cuarto considerando de esta sentencia. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ALBERTO MERCADO MARTÍNEZ, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el séptimo considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, asistido por María del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; a diez de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el informe justificado de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE HORAS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese lo de cuenta; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; asimismo, téngasele como sus delegados en términos del numeral 9 de la ley de la materia a las personas que designa.

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