Alberto Gonzalez Bornios
Expediente 482/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 482/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Alberto Gonzalez Bornios
- Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acalpulco de Juárez, Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Acapulco, Guerrero; catorce de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 482/2016. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el diez de mayo de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Alberto González Bornios, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. 2. Secretario de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. 3. Director de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. 4. Síndico Procurador del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. 5. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. Con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "El ilegal cobro por concepto del impuesto sobre adquisición de inmuebles contenido dentro del recibo EE 1054377 (.)" SEGUNDO. Previa prevención, por acuerdo de veinte de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 482/2016; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama la aplicación de disposiciones locales, lo que tuvo lugar en la jurisdicción territorial de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Para estar en aptitud de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta pertinente precisar que de la cabal lectura de la demanda que nos ocupa, se destacan las siguientes circunstancias: 1.- Que el quejoso bajo protesta de decir verdad, señaló que con motivo de su adquisición, realizó ante el notario público respectivo, los trámites de escrituración del bien inmueble que al efecto describe, y que al acudir ante dicho fedatario fue informado que tenía que enterar un pago por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles, so pena que de no hacerlo, no procedería el trámite de escrituración. 2.- Que por esa razón acudió a la caja recaudadora del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; y fue informado por personal de dicha entidad que debía enterar el pago por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles para que pudiera realizársele el trámite de escrituración; y que el cálculo de ese tributo sería el valor catastral obtenido mediante la aplicación de los valores unitarios de terreno de construcción que integran el inmueble. 3.- Que a virtud de lo anterior, realizó el pago respectivo bajo protesta, y que por esa razón le expidieron el recibo oficial con número de folio EE 1054377, por la cantidad total de $81,467.80 (ochenta y un mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 80/100 moneda nacional). En este punto, conviene tener presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2007, en la que se dilucidó si la recepción del pago de un tributo autoliquidado por el contribuyente, implicaba o no, una actuación unilateral de la entidad que recibe tal pago, y derivado de lo anterior, si tal autoliquidación es atribuible al particular o la autoridad que recibe el pago; tomó en consideración las siguientes consideraciones: a).- Que por autoliquidación etimológicamente se entiende como "(.) una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto administrativo, sino una simple declaración tributaria en la que el propio sujeto pasivo practica también la liquidación tributaria consecuente. La autoliquidación es, así pues, una declaración-liquidación practicada y presentada por el propio sujeto pasivo y, por tratarse de una declaración tributaria, necesita siempre de un posterior acto de la administración"; lo que en la práctica a dicha forma de tributar también se ha denominado autodeterminación. b).- Que la autodeterminación es un "Procedimiento que el propio contribuyente realiza con la determinación de sus impuestos y para efectuar el entero respectivo. Se parte de la buena fe del sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, quien cumple espontáneamente y en tiempo con sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal (.)". c).- Que el sistema fiscal mexicano es de carácter autodeclarativo, lo que significa que son los propios contribuyentes quienes determinan y liquidan el crédito fiscal que llegue a resultar a su cargo; lo que implica determinar en cantidad líquida de propio derecho al contribuyente, el importe de la obligación tributaria, por lo que ese proceder es producto de la voluntad del gobernado. d).- Que a virtud de lo anterior, dicho modo de tributación constituye una modalidad de colaboración con la administración fiscal que no supone un acto de autoridad de por medio, ya que en todo caso, el resultado de dicha manifestación del sujeto obligado es susceptible de ser revisada y supervisada por la autoridad fiscal mediante el ejercicio de sus facultades; de modo que en el momento de la autoliquidación, la autoridad no externa su voluntad ante el actuar del particular, pues su actuación, en su caso, será posterior. e).- Que la autoliquidación no obedece a una orden o requerimiento expreso de la autoridad recaudadora, sino que atiende al cumplimiento de una obligación establecida en la ley, a la cual el contribuyente sujetará al orden constitucional cuando la impugne con motivo del acto de aplicación, que consiste en la realización del pago respectivo, sin que esto último envuelva un actuar positivo de la autoridad exactora, sino una actuación de mero trámite ante la voluntad espontánea del sujeto obligado, pues no conlleva la declaración de voluntad unilateral alguna por parte del Estado, tendiente a algún fin. f).- Que lo anterior, llevó a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a concluir que cuando el quejoso, con motivo de la autoliquidación del tributo, considera que ha sufrido en su perjuicio el primer acto de aplicación de la disposición legal que le impone la carga tributaria reflejada en el pago correspondiente y, por tal motivo, la sujeta al orden constitucional mediante la interposición del juicio de amparo indirecto, los actos consistentes en la determinación, cuantificación, liquidación, recaudación, cobro y recepción del pago del impuesto enterado, que de manera general le atribuye a las autoridades ejecutoras, no son imputables a éstas. g).- Que dicha conclusión no pugna con el hecho de que la autoliquidación de una contribución constituya un acto de aplicación de una ley. Lo anterior, dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, del Tomo XXVI, agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Entonces, del contraste de los hechos narrados por la parte quejosa y los lineamientos destacados con antelación, puede válidamente precisarse que la parte quejosa reclama la aplicación de los artículos 27 y 27 bis de la Ley de Hacienda Municipal Número 667 del Estado de Guerrero, en que se encuentran previstos el objeto y sujeto del impuesto sobre adquisición de inmuebles; y los diversos ordinales 1, 2 y 4, de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676; los cuales establecen, que el valor catastral de los predios será el obtenido de los procesos establecidos en dicha en ley, el cual servirá de base para la determinación y aplicación del impuesto predial; materializado mediante el entero que efectuó a la autoridad exactora en el recibo oficial de pago con folio EE 1054377, de diecinueve de abril de dos mil dieciséis. No pasa inadvertido que la parte quejosa en su concepto de violación, refiere que tal entero es inconstitucional porque tiene su fundamento en una ley que de acuerdo a la jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vulnera el derecho fundamental de la legalidad tributaria, porque no fue debidamente refrendada por el funcionario al que le correspondía; sin embargo, tomando en consideración lo señalado en el párrafo que antecede, para abordar aquella cuestión primeramente deberá dilucidarse si efectivamente quedó demostrado el acto que se reputa como el de aplicación de los ordinales invocados, para posteriormente verificar si aquel entero tuvo sustento en dichos dispositivos y finalmente, si sobre el particular es aplicable la jurisprudencia temática invocada por la parte quejosa como sustento de su reclamo. Lo anterior, tomando en consideración que la aplicación de la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un caso concreto, aun cuando se refiera a la inconstitucionalidad de leyes o la interpretación directa de la Constitución, sólo representa una cuestión de legalidad en acatamiento a lo establecido por el artículo 192 de la Ley de Amparo, porque ello no lleva implícito un nuevo estudio constitucional, de ahí que el análisis de la cuestión planteada deba atenderse conforme al método de estudio señalado en líneas precedentes. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 103/2011 que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 754, del Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. La aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un caso concreto por las autoridades jurisdiccionales representa una cuestión de mera legalidad, aun cuando el criterio contenido en ella se refiera a temas de inconstitucionalidad de leyes o de interpretación directa de preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad jurisdiccional correspondiente no hace un nuevo estudio constitucional, sino que se limita a acatar el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, que la vincula a aplicar el criterio jurisprudencial correspondiente al supuesto que juzga." TERCERO. Las autoridades responsables al rendir su informe con justificación, en torno al acto reclamado únicamente aceptaron que la parte quejosa realizó el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, lo que se corrobora con el original del recibo oficial con folio EE 1054377, de diecinueve de abril de dos mil dieciséis; el cual dada su naturaleza tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Una vez acreditado el entero que efectuó la parte quejosa como autoliquidación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, procede ahora verificar si ese proceder producto de la propia voluntad del solicitante del amparo se encuentra regulado por las disposiciones legales cuya aplicación reclama, o en su defecto, determinar la consecuencia que trae aparejada la falta de demostración de dicho extremo. CUARTO. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, este juzgado de Distrito estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. Para arribar a tal conclusión, es necesario tener presente que la aludida porción normativa señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." Conforme a la disposición legal transcrita, la reclamación de una norma general, en la vía de amparo indirecto, presupone de la existencia de un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, para que así el examen de la constitucionalidad de la disposición legal atacada tenga como marco de referencia el perjuicio que causa al amparista; de lo contrario, si dicha norma legal, por su sola vigencia no le causa perjuicio, sino que requiere de un acto posterior de aplicación, el juicio de garantías enderezado en su contra antes de que se cumpla esa condición, es improcedente. Empero, para distinguir si una norma es autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario determinar si con su sola entrada en vigor vincula al gobernado a su cumplimiento por virtud de que cree, transforme o extinga en su perjuicio situaciones concretas de derecho; o si por el contrario, se requiere de un acto diverso que condicione su aplicación. Bajo ese marco de referencia, los efectos de la disposición legal impugnada bien pueden ocurrir en forma condicionada, o bien de manera incondicionada, pero siempre bajo el entendido de que la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso depender de un acto jurídico, concebido éste como la manifestación exterior de la voluntad del particular para crear, transferir, modificar, extinguir o conservar derechos y obligaciones y que produce los efectos deseados por su autor, o del hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, pero todos los anteriores con el común denominador de situar al gobernado dentro de la hipótesis legal. Así, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, impera en dicha norma el carácter de ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. Por el contrario, si las obligaciones impuestas por el texto jurídico no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, tal norma reviste el carácter de disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, dado que la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se encuentra sujeta a la realización de ese evento. Al particular, tiene aplicación el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 55/97, que se lee en la página 5, tomo VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Luego, en el caso, si bien es cierto que en los artículos 27 y 27 bis, de la Ley de Hacienda Municipal 677, se encuentran previsto el sujeto y objeto del impuesto sobre adquisición de inmuebles, lo que en principio supondría la demostración de su aplicación mediante el entero de la contribución a que se refiere el recibo de pago que al efecto exhibió; no puede soslayarse que el legislador dispuso que a partir del ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, dicho tributo se regule respecto de todos sus elementos conforme a las disposiciones de la Ley número 134 de Ingresos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, tan es así que basta imponerse del contenido del artículo 5º de la aludida legislación fiscal para advertir tal circunstancia, pues incluso en el recibo de pago exhibido ni siquiera se invoca como sustento de tal entero las citadas disposiciones, así como tampoco de los artículos 1, 2 y 4 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, los cuales en esencia establecen la definición de lo que debe entenderse como valor catastral que servirá de base para la determinación y aplicación del diverso impuesto predial; así como el concepto de valuación catastral, aludiendo a los procesos establecidos para su cuantificación, con base en las tablas de valores unitarios de terreno y construcción previstos en la ley y su reglamento, sino la aplicación de diversos ordenamientos, a saber entre ellos la citada ley de ingresos de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, fracción I, inciso e), 5, 6, 7, 8, 9; del 21 al 34, así como en los artículos transitorios primero, quinto y sexto, los cuales disponen en lo que aquí interesa, en su orden, lo siguiente: "ARTÍCULO 5o. Las contribuciones que se percibirán del Impuesto Predial y del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, serán las conceptuadas por esta Ley, de acuerdo con el objeto, sujeto, base, cuota, tasa o tarifa y época de pago a que esta misma ley se refiere. Sin que lo anterior, sea óbice para que las demás contribuciones que se perciban, sean las conceptuadas por esta Ley de conformidad con lo que refiere la Ley de Hacienda Municipal Número 677, respecto al objeto, base, cuota, tasa o Tarija y época de pago." ARTÍCULO 6o. Para efectos de esta Ley se denominará contribuyentes de Impuestos, Derechos y Aprovechamientos municipales, a las personas físicas o morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previsto en esta ley, y cuyas actividades coincidan con el hecho generador de un crédito fiscal. ARTÍCULO 7o. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos sobre saldos insolutos durante el ejercicio fiscal actual, de conformidad con la tasa señalada en la Sección Novena del Capítulo Segundo del Título Quinto de esta Ley. ARTÍCULO 8o. La recaudación de todos los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos se hará sin excepción alguna; a través de: las oficinas receptoras de la Secretaría de Administración y Finanzas, de Instituciones del Sistema Financiero Mexicano, de los mecanismos electrónicos autorizados, de los Organismos Públicos y/o establecimientos comerciales con los que el Honorable Ayuntamiento celebre convenios. Misma que se concentrará a la Caja General de la propia Secretaría. ARTÍCULO 9. Para la aplicación de esta Ley, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, cobrará el cien por ciento del monto que arroje la conversión de tasas y factores de esta Ley, por los conceptos señalados en el artículo que precede. Con las excepciones que en esta misma ley se señalan. ARTICULO 21. Están obligados al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles las personas físicas o morales que adquieran inmuebles, que consistan en el suelo y construcciones adheridas a él, ubicadas en el municipio de Acapulco. Así como los derechos relacionados con los mismos. El impuesto se calculará aplicando al valor del inmueble la tasa del 2%. ARTICULO 22. Es objeto de este impuesto la adquisición de bienes inmuebles que realicen personas físicas o morales en el territorio de los Municipios del Estado de Guerrero. ARTÍCULO 23. Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición la que se derive de: I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades. II. La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad, aun cuando la transferencia de ésta opere con posterioridad. III. La promesa de adquirir, cuando se pacte que el futuro comprador entrará en posesión de los bienes o que el futuro vendedor recibirá el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato prometido. IV. La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador en los casos de las fracciones II y III que anteceden, respectivamente. V. Fusión de sociedades. VI. La dación en pago y la liquidación reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles. VII. Constitución de usufructo, transmisión de éste o de la nuda propiedad, así como la extinción del usufructo temporal. VIII. Prescripción positiva. IX. La herencia o la cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa y en proporción a los inmuebles. Se entenderá como cesión de derechos la renuncia de la herencia o legado efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios. X. Enajenación a través del fideicomiso, según los siguientes casos: a) En el acto de la constitución de un fideicomiso en el cual se nombre un fideicomisario distinto al fideicomitente, siempre y cuando este último no tenga derecho a readquirir los bienes que formen parte del fideicomiso. b) En el acto en el que el fideicomitente o el fideicomisario cedan o pierdan sus derechos sobre los bienes inmuebles constituyentes del fideicomiso a favor de la fiduciaria o de cualquier persona. c) En el acto de designar fideicomisario si este no se designó al constituirse el fideicomiso, siempre que dicha designación no recaiga en el propio fideicomitente. d) En el acto en el que el fideicomisario ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En éstos casos se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de la designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o dar dichas instrucciones. e) En el acto en que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye el de que los bienes se transmitan a su favor. f) La transmisión de dominio de un inmueble en ejecución de un fideicomiso, salvo cuando éste se haga en favor del o de los fideicomisarios designados en el acto constitutivo del fideicomiso o de los adquirientes de los derechos del fideicomisario por cualquier título, siempre que en la constitución o adquisición se haya cubierto el impuesto correspondiente. XI. En las permutas se considerará que se efectúan dos adquisiciones. XII. La división de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal, por la parte que se adquiera en demasía del por ciento que le correspondía al copropietario o cónyuge. X. La celebración de contratos de arrendamiento financiero y la cesión de derechos del arrendatario financiero. ARTICULO 24. Para los efectos de esta ley, la adjudicación de bienes en pago, la que se haga en remate a postor, la cesión onerosa de derechos reales y la dación en pago, se equiparán a la compraventa. ARTÍCULO 25. La base del impuesto será: I.- Tratándose de bienes inmuebles: a). El valor más alto que resulte de considerar entre el avalúo catastral, el avalúo con fines fiscales elaborado por peritos valuadores, autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y el valor de operación. b). El 50 por ciento del valor determinado conforme al inciso a) cuando se transmita la nuda propiedad. El 50 por ciento restante, se pagará al ser transmitido el usufructo. c). El valor de cada uno de los bienes permutados determinado de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción. d). En los casos de transmisión por herencia, el valor determinado conforme al inciso a) de esta fracción. e). Tratándose de cesión de derechos hereditarios o disolución de copropiedad el valor de la parte proporcional del bien o bienes que corresponda a los derechos que se transmitan o en que se incrementen las correspondientes porciones de los copropietarios, o coherederos, determinado de acuerdo con lo señalado en el inciso a) de esta fracción. f). En los casos de prescripción positiva, será el valor más alto que resulte entre el avalúo catastral y el avalúo con fines fiscales en su caso. II. En caso de reducción de capital, disolución o liquidación de las sociedades a que se refiere el artículo 1o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el impuesto gravitará sobre el exceso de los bienes inmuebles distintos a los aportados o sobre el exceso de la aportación si el pago se hace en numerario. ARTICULO 26. El impuesto se causará y pagará aplicando la tasa que se determine en esta Ley. ARTICULO 27. Los contribuyentes y los notarios darán aviso de movimiento de propiedad inmueble a la oficina municipal correspondiente, y pagarán el impuesto dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que los otorgantes firmen la escritura pública o el contrato privado traslativo de dominio, si el título es otorgado en el estado; dentro de los 30 días siguientes a la autorización si la escritura es tirada en cualquier otro lugar de la república, y dentro de 90 días siguientes si se otorga fuera de la misma, según los siguientes supuestos: I. Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda propiedad. En el caso de usufructo temporal, cuando se extinga. II. A la adjudicación de los bienes de la sucesión o a los tres años de la muerte del autor de la misma si transcurrido dicho plazo no se hubiera llevado a cabo la adjudicación, así como al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión. En estos dos últimos casos, el impuesto correspondiente a la adquisición por causa de muerte, se causará en el momento en que se realice la cesión o la enajenación, independientemente del que se cause por el cesionario o por el adquiriente. III. Tratándose de adquisiciones efectuadas a través de fideicomiso, cuando se realicen los supuestos de enajenación en los términos referidos por los incisos a) a la f) de la fracción X del artículo 24. IV. Al protocolizarse o inscribirse el reconocimiento judicial de la prescripción positiva. V. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que se trate se eleven a escritura pública o se inscriban en registro público, para poder surtir efectos ante terceros en los términos del derecho común, y si no están sujetos a esta formalidad, al adquirirse el dominio conforme a las leyes. ARTÍCULO 28.- Tratándose de operaciones con inmuebles se acompañarán con el aviso los siguientes documentos: a). Deslinde catastral con superficie, medidas y colindancias, así como el valor catastral respectivo determinado por las autoridades catastrales, mismas que aplicarán los valores unitarios de suelo y construcciones vigentes en la fecha de operación. b). Avalúo con fines fiscales elaborado por perito valuador y autorizado por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a excepción de las adquisiciones de viviendas de interés social a través de créditos hipotecarios y dación en pago, que otorguen únicamente los organismos de servicio social que no rebasen hasta un monto de $350,000.00. c). Certificado de no adeudo predial d). Copia de escritura pública o privada e). Plano de construcción si el terreno estuviere edificado. f). Constancia de no adeudo por los servicios de agua potable y alcantarillado o en su caso de la no existencia de contrato con el organismo operador correspondiente. Los documentos de referencia incluirán hasta el mes en que los notarios o funcionarios que hagan sus veces, autoricen la escritura, o al mes que se produzca el contrato privado. Cuando se trate de predios ubicados en poblaciones donde no existen oficinas de catastro, el contribuyente deberá presentar ante la oficina municipal correspondiente, un croquis donde se establezca superficie, medidas y colindancias actualizadas. En el caso de contrato de venta a plazos, con reserva de dominio o bajo el régimen de propiedad en condominio, se deberá manifestar: I. Para el caso de fraccionadores, mensualmente: a) Nombre del comprador; b) Domicilio; c) Número de contrato; d) Manzana y lote; e) Monto de operación; f) Fecha y número de recibo de abono, y g) Saldo por amortizar. II. Para el caso de venta bajo el régimen de propiedad en condominio, en la primera operación: a) Copia certificada de la escritura constitutiva; b) Tabla de valores de cada unidad o departamento; c) Avalúo con fines fiscales elaborado por perito valuador y autorizado por la secretaría de finanzas y administración, porcentaje de indivisos que correspondan a cada departamento o unidad de las áreas comunes, y d) Descripción del inmueble. ARTÍCULO 29. No se causa el impuesto en los siguientes casos: I. En las adquisiciones de bienes que hagan la Federación, los Estados, el D. F., y los municipios para formar parte del dominio público; así como, los Estados extranjeros en caso de reciprocidad. II. Cuando por sentencia o declaratoria judicial se rescinda o anule el contrato. III. Cuando previamente se haya cubierto el impuesto al efectuarse ventas con reservas de dominio o sujetas a condición. ARTÍCULO 30. Los Notarios Públicos o Funcionarios, que hagan sus veces, no autorizarán ninguna escritura en la que haga constar actos o contratos por los que se adquiera o se transmita la propiedad de bienes inmuebles y derechos reales, si no se les exhibe el comprobante de pago del impuesto de la tesorería municipal. En los testimonios se hará constar el número oficial del comprobante de pago y el monto del impuesto pagado. ARTÍCULO 31. El Registro Público de la Propiedad no inscribirá ningún acto, contrato o documento que implique adquisición o transmisión de la propiedad de los bienes inmuebles o derechos reales, si no se comprueba el pago del impuesto. ARTÍCULO 32. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto y sus accesorios, los siguientes: I. Los transmitentes, cuando el adquirente lo haya eludido. II. Los Notarios Públicos, Corredores y demás Funcionarios encargados de llevar la fe pública, cuando autoricen algún documento que sea objeto de este impuesto sin que previamente se haya efectuado el pago correspondiente a la tesorería municipal donde se encuentre ubicado el inmueble. III. Los demás Funcionarios y Empleados que inscriban o registren esta clase de documentos sin comprobar que se hayan cumplido las obligaciones inherentes a este gravamen, y IV. Los Peritos Valuadores autorizados que no apliquen correctamente en la valuación de predios los valores unitarios aprobados, atendiendo a la clasificación del terreno y construcción de que se trate, por las cantidades dejadas de recaudar. ARTICULO 33. Cuando la transmisión de la propiedad se haya operado con base en contrato de compra-venta con reserva de propiedad o sujetos a condición, para efectos del traslado definitivo, los contribuyentes deberán presentar nuevas declaraciones, dando aviso de lo anterior dentro de los 30 días hábiles siguientes. ARTICULO 34. Las infracciones al presente capítulo serán sancionadas de conformidad con lo previsto por el Código Fiscal Municipal Número 152." "TRANSITORIOS ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley de Ingresos del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, entrará en vigor el día primero de enero del año 2016. ARTÍCULO QUINTO. Los pagos de impuesto predial tendrán el carácter de pagos provisionales, hasta en tanto no se conozca el valor catastral definitivo de los bienes objeto del impuesto predial. ARTÍCULO SEXTO. A efecto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5 de esta Ley, respecto a las contribuciones que se cobrarán del Impuesto Predial y del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles; se abroga cualquier Disposición y/o Norma Fiscal Legal Vigente del municipio de Acapulco, que se contraponga a lo dispuesto en esta Ley de Ingresos." Como se advierte de los artículos transcritos, en los que se funda el acto de aplicación, se encuentran los elementos esenciales del impuesto sobre adquisición de inmuebles a saber: objeto, sujeto, base, tasa y época de pago, tan es así que conforme a las disposiciones transitorias insertas en la Ley de Ingresos, se deriva la pretensión del legislador -sin que este tópico sea objeto de pronunciamiento sobre su legalidad o eficacia- de desvincular la regulación del tributo en comento de cualquier otra legislación. Consecuentemente, puede concluirse que la parte quejosa no exhibió documento alguno para acreditar su interés jurídico y demostrar la aplicación en su perjuicio de los citados artículos 27 y 27 bis de la Ley de Hacienda Municipal 677, y 1, 2 y 4 de la Ley de Catastro Municipal 676; situación que estaba obligado a demostrar para que este órgano de control constitucional estuviera en aptitud legal de analizar el fondo de la inconstitucionalidad planteada al respecto. En ese sentido, al no acreditarse el acto concreto de aplicación de los aludidos preceptos legales reclamados, no se actualiza la existencia de su interés jurídico para reclamarlos en esta instancia constitucional; consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio a su respecto. No es óbice a lo anterior, que el artículo 25, fracción I, inciso a) de la Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, establece que la base del tributo que nos ocupa (impuesto sobre adquisición de inmuebles), se tasa en función del valor más alto que resulte de los siguientes tres parámetros, a saber, el avalúo catastral, el avalúo con fines fiscales, y el valor de la operación y que como se destacó en el punto dos del considerando segundo, la parte quejosa fue informada que el pago respectivo se calcularía con base en el valor catastral obtenido mediante la aplicación de los valores unitarios de terreno de construcción que integran el inmueble; sin embargo, en el presente asunto no se tiene evidencia de que el tributo de que se trata (impuesto sobre adquisición de inmuebles), se haya tasado en función del avalúo catastral -carga procesal que corresponde a la parte quejosa, en razón de que el impuesto sobre adquisición de inmuebles, fue enterado por propia determinación del particular-; según se advierte del recibo de pago exhibido por la parte quejosa se cobró la cantidad de $76,000.00 (setenta y seis mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles, que corresponde, acorde al artículo 21 de la Ley de Ingresos número 134 para el Municipio de Acapulco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, al dos por ciento de la base gravable de $3,800,000.00 (tres millones ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), de modo que no se advierte si dicha tasa corresponde al valor catastral, al valor fiscal, o el atinente al valor de la operación comercial, supuestos que establece el referido artículo 25; de ahí que en la especie, como quedó precisado no se advierte de manera fehaciente la aplicación de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676 en el cobro del impuesto sobre adquisición de inmuebles reclamado, pues no debe perderse de vista que en el caso la parte quejosa reclama en lo particular una norma diversa a la Ley de Ingresos número 134 para el municipio de Acapulco para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, en que se funda el acto de aplicación del tributo reclamado. Resulta aplicable en lo conducente la tesis 2a./J. 141/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1305, que dice: "IMPUESTO PREDIAL. EL RECIBO O CERTIFICADO DE PAGO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS LEYES QUE LO ESTABLECEN. El interés jurídico que le asiste a la parte quejosa para reclamar en el juicio de amparo las leyes que establecen o modifican el impuesto predial en aspectos generales, con motivo de un acto de aplicación, puede acreditarse con el recibo o certificado de pago del tributo a su nombre, correspondiente al ejercicio de vigencia de la ley, pues de tal prueba deriva que es contribuyente de aquél, en relación con el predio a que el recibo se refiere y que realizó el pago de la contribución, sin que deba exigirse la aportación de mayores elementos de prueba; salvo en los casos en que se impugnen, en lo particular, normas que regulen determinados supuestos que requieran de la demostración, con mayores pruebas, de que el particular se encuentra comprendido en ellos." Finalmente, no pasa desapercibido que en el recibo exhibido por la parte quejosa se advierta el pago de "CERTIFICADOS CATASTRALES", "IMP.ADIC PROEDUCACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL" e "IMP. ADIC. PROCAMINOS"; sin embargo, por lo que ello refiere, no es materia de estudio al no existir la instancia de la parte agraviada que motive un pronunciamiento al respecto, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo 482/2016, por los argumentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO D ELISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE DICE: "... UNICO.- SE SOBRESEE EL JUICIO DE AMPARO...
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AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE DICE: "...Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada con motivo del recurso de queja interpuesto por el quejoso Alberto González Bornios, en contra del proveído de treinta de mayo del año en curso; agréguese al expediente en que se actúa el oficio de cuenta y testimonio de referencia. Acúsese recibo. Hágase saber a las partes que el punto resolutivo dice: ".ÚNICO. Se desecha el recurso de queja." En vista de lo anterior, se ordena la reanudación del procedimiento en el presente asunto, en razón de que se ha extinguido la causa que originó su suspensión, y se señalan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, de autos se advierte que en acuerdo de veintinueve de junio pasado, se reservó proveer respecto del escrito registrado con el número 12034, presentado por Rodolfo Gómez Hernández, autorizado de la parte quejosa, hasta en tanto se reanudara el procedimiento de este juicio, y como ello ya aconteció, se agrega a los presentes autos y se acuerda lo siguiente: En atención a su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones que realiza en relación con el informe justificado del Director de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, que se tuvo por rendido mediante auto de catorce de junio de dos mil dieciséis, y no del quince de ese mes, como lo refiere el promovente; con lo anterior, dese cuenta en la audiencia constitucional.
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