Alberto Guerrero Hurtado
Expediente 380/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/04/2023
Partes del expediente
- Alberto Guerrero Hurtado
- ALBERTO GUERRERO HURTADO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Estado de Autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en mediante interlocutoria de veintinueve de julio de dos mil veinte, se negó la suspensión definitiva en la que se estableció en el considerando séptimo, así como en el resolutivo tercero que el cuaderno original del presente incidente es susceptible de depuración. II. Regulariza procedimiento. Con fundamento en artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente incidente, únicamente para efecto, de establecer que el presente cuaderno original de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN en términos del artículo 31, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con los puntos 7.5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Cambio de denominación. Por otra parte, con fundamento en el Acuerdo General 15/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la modificación de la especialización de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro; a las Oficinas de Correspondencia Común que les prestarán servicio; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los juzgados de distrito referidos; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, que establece que a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, la denominación de este órgano jurisdiccional es Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, y conserva la residencia y jurisdicción territorial actual; se informa a las partes que el trámite del presente asunto continúa en este órgano jurisdiccional hasta su total conclusión. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21, inciso b), del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental, destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula del presente expediente. Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento que por sus características amerite ser devuelto. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, ocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que por proveído de tres de diciembre de dos mil veinte se tuvo recibido el oficio del Juez Tercero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, mediante el cual informa que el quejoso y la tercera interesada ************************************* llegaron a un convenio dentro de los autos del expediente ************************, radicado en ese Juzgado, mismo que se elevó a cosa juzgada y con el cual dieron por concluido dicho procedimiento, remitiendo al efecto copias certificadas. Ahora bien, como lo impone el precepto 62 y 63, fracción V de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto a los actos de los que se duele el justiciable, consistentes esencialmente en: La orden de custodia provisional del menor de iniciales L.M.G.H. en favor de la tercera interesada y como consecuencia, la orden de restitución de dicho menor. Así como la ejecución de tales órdenes. La determinación dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, que no da lugar a su solicitud de la medida cautelar de custodia del menor de iniciales L.M.G.H., dentro del expediente ***************************. Lo anterior es así pues el propio quejoso celebró un convenio con la tercera interesada, en relación a la guardia definitiva del menor de iniciales L.M.G.H., convenio que se elevó a cosa juzgada y con el cual dieron por terminado dicho procedimiento incoado por la aludida tercera interesada; de tal forma que es inconcuso que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXII del precepto 61 de la Ley de Amparo, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; .". En relación con esta prevención legal, debe apuntarse que en virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, se ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. Así, la causa de improcedencia en análisis tendrá lugar cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, y se actualiza cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual se emitió, por lo que en caso de concluirse que es inconstitucional, jurídicamente se torna imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad En esos términos se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 181/2006, publicada en la página 189, del Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por no oponerse a la actual Ley de Amparo en términos de su artículo sexto transitorio, que dispone: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Así, apreciada íntegramente la demanda y las constancias que obran en autos, se advierte que la justiciable se duele, en esencia, de la orden de custodia provisional del menor de iniciales L.M.G.H. en favor de la tercera interesada y como consecuencia, la orden de restitución de dicho menor, dictadas por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, dentro del expediente *********************** y la ejecución de dichas órdenes. De igual manera reclama, determinación dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, que no da lugar a su solicitud de la medida cautelar de custodia del menor de iniciales L.M.G.H., dentro del expediente ************************. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, se advierte que en diez de noviembre de dos mil veinte a las diez horas con treinta minutos, previo al desahogo de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos con efectos de citación para sentencia, correspondiente al expediente ************************, las partes actora ************************, aquí tercera interesada y demandada, aquí quejoso ************************ llegaron a un acuerdo para resolver la controversia, estando a las cláusulas que en el mismo señalaron, entre las que se destacan las siguientes: "CLÁUSULAS: PRIMERA: Que están de acuerdo en dar por terminada la presente controversia con este convenio, por así convenir a sus intereses; por lo tanto, en primer lugar solicita a este juzgado que, se tengan por no hechas las manifestaciones de violencia intrafamiliar, que ambos narraron en sus respectivos escritos. TERCERA: Ambas partes están de acuerdo en que la CUSTODIA DEFINITIVA del menor de iniciales L.M.G.H. quien tiene la edad de 3 tres años con 4 cuatro meses, quede a favor de su madre ************************, quienes tendrán como DOMICILIO DE DEPÓSITO el ubicado en . SEXTA: Ambas partes están de acuerdo en que por lo que hace a las CONVIVENCIAS, entre ************************ y su menor hijo de iniciales L.M.G.H., será de la siguiente forma: [.]" Dicho convenio fue elevado por el juez del proceso, en ese momento a la autoridad de cosa juzgada. Constancias a las que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades. De manera que, de las órdenes que reclama el quejoso (al margen de su existencia, dado que el propio Juez Tercero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro al rendir su informe justificado manifestó que no había decretado a favor de ninguna de las partes, medidas cautelares con relación al menor L.M.G.H.), y de la denegación del Juez Segundo de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, a la solicitud formulada por el quejoso de la medida cautelar de custodia del menor de iniciales L.M.G.H., dentro del expediente ************************, actos impugnados por el hoy amparista, lo cierto es, que materialmente no podrán surtir efecto legal o material por existir un cambio en el entorno en que se emitieron con motivo del convenio que celebró con su contraparte, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que conlleva a decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, ibídem. Así pues, a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario SOBRESEER en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXII, 62 y 63, fracción V de la Ley de Amparo. Asimismo, es importante señalar, que la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgreden los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Así se advierte de lo dispuesto en la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de dos mil catorce, Tomo I, página cuatrocientos ochenta y siete, Décima Época, del rubro y texto siguientes: Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así como la tesis I.2°.C.1.K(10ª) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, mayo de dos mil trece, visible en la página mil setecientos setenta y uno, cuyo rubro y texto son: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, tres de diciembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos los oficios, con anexos, signados por la Juez Tercero de Primera Instancia Civil en San Juan del Río, Querétaro, a través de los cuales, devuelve diligenciado el despacho 99/2020-III, número de orden 150/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, por medio del cual se ordenó emplazar a la parte tercero interesada ****; en consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de que se trata en el libro de gobierno respectivo. Por otro lado, téngasele al Juez haciendo del conocimiento de esta autoridad el convenio de diez de noviembre del año en curso, celebrado entre las parques aquí involucradas, en consecuencia, con apoyo en el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, téngase como prueba de la citada autoridad, las documentales que allega conjuntamente con su oficio, sin perjuicio de hacer relación de ella al momento de la audiencia que se celebre en el presente juicio. Con el contenido de las constancias de que se trata dese vista a las demás partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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