Alberto Duñabeitia Berriolope

Expediente 2543/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
2543/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
06/11/2015

Partes del expediente

  • Alberto Duñabeitia Berriolope

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto de veintidós de octubre de dos mil quince, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito...I

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por Rogelio Llamas Rojas, apoderado legal de Alberto Duñabeitia Berriolope y María Nieves Duñabeitia Berriolope, atento al contenido del mismo, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2, devuélvase los documentos que indica, dejando en su lugar, copia certificada de los mismos, las cuales deberán estar perfectamente legible y razón que de su recibo quede en autos, teniéndose como autorizados para recogerlos, únicamente al quejoso, o bien, a alguno de sus autorizados que en su escrito refiere. Asimismo, se autoriza la devolución de las copias de traslado que fueron acompañas en su escrito de demanda...I

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se aprecia que transcurrió el plazo otorgado al quejoso , mediante acuerdo de catorce de octubre de dos mil quince, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al oficio a través del que las autoridades responsables informaron que dieron cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que realizara manifestación alguna, no obstante estar apercibido que ante esa conducta este tribunal resolvería sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. En esa medida, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre si las autoridades responsables dieron o no, cumplimiento a la sentencia de amparo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de veintiocho de agosto de dos mil quince, este juzgado determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a , en contra del acto que reclamó a la Legislatura Constitucional del Estado de Querétaro y otras autoridades, para los efectos apuntados en el considerando séptimo de la sentencia, que señala: "[.] I. El primero de ellos es para que se desincorpore de la parte quejosa, la obligación tributaria prevista en los artículos 90, 91, 92 y 93 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro; publicada en el citado Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el diecisiete de octubre de dos mil trece; esto es, para que no se le apliquen las normas declaradas inconstitucionales durante el lapso de su vigencia. [.] II. Como consecuencia, de lo anterior, se le devuelva al quejoso la cantidad enterada en aplicación de las contribuciones referidas, por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, pues la concesión del amparo contra la ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de su aplicación, por tanto, deberá devolverse las cantidades que pagó del Impuesto para la Educación y Obras Públicas Municipales ($5,112.46 cinco mil ciento doce pesos 46/100 Moneda Nacional), según obra en el recibo T-6919, de trece de marzo de dos mil quince. [.]" Mediante acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil quince, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, así como al Titular de esa Secretaría, en su carácter de superior jerárquico, el cumplimiento de la sentencia. En ese sentido, a través del oficio SF/CNF/8844/2015, la delegada de esas autoridades informó que se desincorporó de la esfera jurídica del quejoso la aplicación de los numerales 90, 91, 92 y 93, de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, así como que en las instalaciones de la autoridad quedó a disposición del quejoso el cheque número 0027005 librado a favor de éste por la cantidad de $5,112.46 (CINCO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 46/100 M.N.). Es así, que quien esto resuelve estima que las autoridades obligadas al cumplimiento de la sentencia la cumplieron sin excesos ni defectos, ya que restituyeron a la parte quejosa el numerario enterado con motivo del pago de la obligación tributaria declarada inconstitucional en sentencia al librar el cheque mencionado a su favor, además de que desincorporaron de la esfera jurídica del quejoso la aplicación de los numerales cuya inconstitucionalidad se declaró en sentencia, lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa, siendo aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza, sin que obste a lo anterior, el hecho de que no obre constancia en autos que revele que la parte quejosa ya acudió ante la autoridad a recoger el monto líquido a su favor, toda vez que la calificación del cumplimiento no puede estar supeditada a la voluntad del promovente de acudir o no a recibir el numerario aludido, pues los efectos del fallo protector obligan a que la autoridad fiscal ponga a disposición de la parte agraviada el monto susceptible de devolución, actuación que por su parte ya satisfizo la autoridad exactora, de manera que es carga del peticionario acudir cuando lo estime conveniente a recoger dicho monto, sin que este juzgado pueda ejercer medios coactivos para tal efecto, pues se está frente a la esfera de derechos dispositivos del gobernado. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su Representación Social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Ma. Guadalupe Xicoténcatl Pérez, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, encargada del despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la circular CCJ/07/2015 de trece de octubre de dos mil quince, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de la licenciada Gabriela Zárate Martínez, Secretaria que autoriza y da fe.Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se aprecia que transcurrió el plazo otorgado al quejoso JUAN CARLOS CHÁVEZ URBINA, mediante acuerdo de catorce de octubre de dos mil quince, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al oficio a través del que las autoridades responsables informaron que dieron cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que realizara manifestación alguna, no obstante estar apercibido que ante esa conducta este tribunal resolvería sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. En esa medida, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre si las autoridades responsables dieron o no, cumplimiento a la sentencia de amparo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de veintiocho de agosto de dos mil quince, este juzgado determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a JUAN CARLOS CHÁVEZ URBINA, en contra del acto que reclamó a la Legislatura Constitucional del Estado de Querétaro y otras autoridades, para los efectos apuntados en el considerando séptimo de la sentencia, que señala: "[.] I. El primero de ellos es para que se desincorpore de la parte quejosa, la obligación tributaria prevista en los artículos 90, 91, 92 y 93 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro; publicada en el citado Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el diecisiete de octubre de dos mil trece; esto es, para que no se le apliquen las normas declaradas inconstitucionales durante el lapso de su vigencia. [.] II. Como consecuencia, de lo anterior, se le devuelva al quejoso la cantidad enterada en aplicación de las contribuciones referidas, por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, pues la concesión del amparo contra la ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de su aplicación, por tanto, deberá devolverse las cantidades que pagó del Impuesto para la Educación y Obras Públicas Municipales ($5,112.46 cinco mil ciento doce pesos 46/100 Moneda Nacional), según obra en el recibo T-6919, de trece de marzo de dos mil quince. [.]" Mediante acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil quince, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, así como al Titular de esa Secretaría, en su carácter de superior jerárquico, el cumplimiento de la sentencia. En ese sentido, a través del oficio SF/CNF/8844/2015, la delegada de esas autoridades informó que se desincorporó de la esfera jurídica del quejoso la aplicación de los numerales 90, 91, 92 y 93, de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, así como que en las instalaciones de la autoridad quedó a disposición del quejoso el cheque número 0027005 librado a favor de éste por la cantidad de $5,112.46 (CINCO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 46/100 M.N.). Es así, que quien esto resuelve estima que las autoridades obligadas al cumplimiento de la sentencia la cumplieron sin excesos ni defectos, ya que restituyeron a la parte quejosa el numerario enterado con motivo del pago de la obligación tributaria declarada inconstitucional en sentencia al librar el cheque mencionado a su favor, además de que desincorporaron de la esfera jurídica del quejoso la aplicación de los numerales cuya inconstitucionalidad se declaró en sentencia, lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa, siendo aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza, sin que obste a lo anterior, el hecho de que no obre constancia en autos que revele que la parte quejosa ya acudió ante la autoridad a recoger el monto líquido a su favor, toda vez que la calificación del cumplimiento no puede estar supeditada a la voluntad del promovente de acudir o no a recibir el numerario aludido, pues los efectos del fallo protector obligan a que la autoridad fiscal ponga a disposición de la parte agraviada el monto susceptible de devolución, actuación que por su parte ya satisfizo la autoridad exactora, de manera que es carga del peticionario acudir cuando lo estime conveniente a recoger dicho monto, sin que este juzgado pueda ejercer medios coactivos para tal efecto, pues se está frente a la esfera de derechos dispositivos del gobernado. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su Representación Social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...III

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