Alberto Hernández Jiménez

Expediente 1265/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1265/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
24/12/2021

Partes del expediente

  • Alberto Hernández Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. I. Causa estado. Vista la cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de trece de diciembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo y destino archivístico Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de diciembre de dos mil veintiuno. I. Se evacua prevención. Agréguese a los autos, el escrito del quejoso ................., en que evacua la prevención formulada en auto de dos de diciembre del año en curso, la que se tiene por cumplida; atento a ello, se provee: II. Desechamiento. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del análisis del escrito inicial de la demanda se desprende que el quejoso reclama lo siguiente: "(.)La nulidad de los 6 (Seis) Citatorios para llamarme a juicio que se dejaron en fecha 8 de Noviembre del 2021, en el Domicilio Ubicado en ................., Querétaro, Qro, así como todas las posibles actuaciones judiciales en ese domicilio a mi nombre siendo el C. ................ La ilegalidad de los 6 (Seis) Citatorios dejados en mi domicilio antes señalado de fecha 8 de Noviembre de 2021, según constan en la prueba que se ofrecen. La ilegalidad de los 6 (Seis) Citatorios dejados en mi domicilio antes señalado de fecha 8 de Noviembre de 2021, en donde a criterio del C. Actuario Lic. .............. si habitaba yo en dicho domicilio, siendo que no vivo ahí. La diligencia que a futuro pretenda llevar a cabo para cumplimiento de dichos emplazamientos a mi nombre siendo .............. en el domicilio ubicado en .............. (.)" Por otra parte, al desahogar la prevención, manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: ".Por medio de este escrito y bajo protesta de decir verdad hago mención que NO existió cumplimiento de dicho citatorio. Cuando el JUEZ MENOR CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ordene nuevamente será ejecución forzosa, es por ello que solicito para posibles cumplimientos a futuro ya que YO no vivo en ese domicilio. Es por ello que solicito queden sin efectos esos citatorios y/o emplazamientos en ese domicilio ubicado en ................. De lo anterior, este juzgador considera que el acto reclamado carece de efectos de imposible reparación en perjuicio del quejoso y no amerita su análisis en la vía indirecta, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo que es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la interpretación del precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, además de las hipótesis establecidas en sus veintidós fracciones, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición constitucional o de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, es necesario tener en consideración lo que dispone el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo que es del tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación realizada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto debe entenderse aquellos actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del algún derecho fundamental. Por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores. El prototipo de estos actos se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar alguna huella en su esfera jurídica. Lo actos considerador como irreparables actualizan cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Al respecto, las excepciones establecidas para la procedencia del juicio de amparo biinstancial relativas a cuando las violaciones procesales causan una afectación de grado predominante o superior, que ya no puedan repararse en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, ya no se ubican en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, el artículo antes transcrito ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados que el Estado mexicano sea parte", de ahí que puede afirmarse que con esa precisión el legislador proporcionó mayor claridad al texto y seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación. Por consiguiente, el legislador estableció que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que esa afectación debía recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación de mérito se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sustenta lo anterior, el contenido de la tesis de jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 1539, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En ese contexto, se advierte que el acto reclamado consiste en los citatorios dirigidos a nombre .............., ahora quejoso y que fueron recibidos por su familiar en el domicilio ubicado en ................., se estima que no constituye actos de imposible reparación que afecten derechos substanciales del quejoso. Lo anterior, porque dicho acto se relaciona con cuestiones de índole adjetiva que solo producen efectos intraprocesales; por lo que no afecta sus derechos fundamentales, ya que de acuerdo con lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede cuando el acto reclamado está dictado dentro de juicio y tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación, que aunque obtenga sentencia favorable no pueda ser separada o restituida la garantía violada y en el caso particular, el impetrante del amparo reclama actos que no producen de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental, pues se duele del hecho de que se le haya dejado diversos citatorios en el domicilio ubicado en ..................... Además de que su escrito aclaratorio de demanda, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que alguno de esos citatorios se hubiere ejecutado, por lo que se entiende que no se ha llevado a cabo la diligencia respectiva, y por lo mismo, por el momento "los citatorios que pretende combatir en esta vía constitucional" no le causan afectación a su esfera jurídica; lo que hace improcedente el amparo indirecto, porque para que éste proceda, respecto de un acto dentro de juicio es indispensable que la consecuencia directa e inmediata afecte un derecho sustantivo; que en el presente caso no acontece. Por ello, los actos reclamados no encuadran dentro de la hipótesis de procedencia del amparo indirecto, a que se refiere el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, ya que no afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, pues estos en sí mismos no son de imposible reparación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 24/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 56, Agosto de 1992, página 11, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." No pasa inadvertido para este juzgado, que el quejoso manifieste que los citatorios fueron dejados en un domicilio que NO vive, sin embargo, esas manifestaciones no evidencian la proximidad o inminencia de alguna consecuencia jurídica pues como lo dijo el propio quejoso, no fueron ejecutados o llevados a cabo las diligencias relativas a los citatorios. Máxime que el que acude al amparo solo tiene temor de que se realice una diligencia en un lugar donde no es su domicilio, pero esos datos de ninguna forma revelan o llevan siquiera a presumir que a la postre se llevará alguna actuación que podrá culminar de manera directa e inmediata a afectar un derecho sustantivo del quejoso- En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que nos ocupa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ............., contra actos del Juez y Actuario, adscritos al Juzgado Primero Menor Civil en la Ciudad de Querétaro, Juez y Actuario, adscritos al Juzgado Segundo Menor Civil en la Ciudad de Querétaro, y Juez y Actuario, adscritos al Juzgado Tercero Menor Civil en la Ciudad de Querétaro. Así como de la autoridad que expresamente refiere como "C. ACTUARIO ADSCRITO A ESTE RECINTO JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO EL C. LIC .............., con domicilio conocido." II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1265/2021, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Prevención. Ahora, previo a proveer lo que a derecho corresponda respecto a la demanda de amparo de mérito, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este auto, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. De conformidad con los artículos 108, fracción V y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad, abunde respecto del acto que constituye el reclamado, en razón a que del contenido integral de su escrito inicial se aprecia que el promovente refiere como actos reclamados destacados los citatorios para llamarlo al juicio del cual refiere tener desconocimiento, sin embargo, en el mismo apartado también reclama ".La diligencia que a futuro pretenda llevar a cabo para cumplimiento de dichos emplazamientos a mi nombre.", tal como se advierte de la siguiente transcripción: "(.)La nulidad de los 6 (Seis) Citatorios para llamarme a juicio que se dejaron en fecha 8 de Noviembre del 2021, en el Domicilio Ubicado en Calle .............., así como todas las posibles actuaciones judiciales en ese domicilio a mi nombre siendo el C. ................ La ilegalidad de los 6 (Seis) Citatorios dejados en mi domicilio antes señalado de fecha 8 de Noviembre de 2021, según constan en la prueba que se ofrecen. La ilegalidad de los 6 (Seis) Citatorios dejados en mi domicilio antes señalado de fecha 8 de Noviembre de 2021, en donde a criterio del C. Actuario Lic. ................. si habitaba yo en dicho domicilio, siendo que no vivo ahí. La diligencia que a futuro pretenda llevar a cabo para cumplimiento de dichos emplazamientos a mi nombre siendo ................. en el domicilio ubicado en .................. (.)" De lo anterior, se colige que las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en la demanda de amparo resultan incongruentes y contradictorias, por lo que deberá puntualizar tales aseveraciones, a fin de esclarecer si los citatorios que reclama fueron cumplimentados y se llevó a cabo el emplazamiento a juicio, asimismo, dígase al promovente que el escrito aclaratorio está bajo los efectos de la protesta de decir verdad que ya vertió, por lo que, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. Sobre el tema, es aplicable a lo anterior por identidad jurídica, la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 871 del Tomo del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla la parte quejosa y no los autorizados, debido a que aquél entraña expresiones bajo protesta de decir verdad, inherentes a la accionante. Ilustra la Jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 348, tomo XXIV, julio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro siguiente. "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". SEGUNDO. Con fundamento en la fracción III del citado ordinal 108 y fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, deberá aclarar la denominación de la autoridad que señala como responsable, a saber: "C. ACTUARIO ADSCRITO A ESTE RECINTO JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO EL C. LIC .................., con domicilio conocido." Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, puesto que, para este juzgado constituye un hecho notorio que dichas autoridades, no existen con tal denominación dentro, pues necesariamente el funcionario a que hace referencia tendría que estar adscrito a alguno de los órganos jurisdiccionales que señala como responsables o a uno diverso, por lo que deberá aclarar dicha circunstancia. Así, la aclaración debe realizarse respecto a dicha autoridad, ya que no puede llevarse a cabo de oficio por parte de este órgano jurisdiccional, pues la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo, no puede llegar al extremo de que la autoridad de amparo precise autoridades responsables en lugar del quejoso, lo cual es inadmisible si se toma en cuenta que su designación atiende a una afectación personal y directa, cuya potestad es exclusiva de la persona que resiente el agravio directo, de donde, existe obligación por parte del quejoso en señalar puntualmente y de manera precisa, a todas y cada una de las autoridades cuyos actos generaron una afectación a su esfera de derechos, pues sólo de esa manera, podría integrarse la litis constitucional, y este órgano de control constitucional estaría en aptitud de llamarlas a juicio. Sirve de sustento a lo antes decretado, la tesis jurisprudencial número II.10.P.J/6, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Segundo Circuito, visible en la página 1015, tomo XVII, abril de 2003, publicada en la novena época del Semanario Oficial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "QUEJA, SUPLENCIA DE LA, EN MATERIA PENAL. ALCANCES. En materia penal la suplencia de la queja consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado, pero no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló en la demanda, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable." Encuentra puntual aplicación la tesis XI.2o.36 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, página 1556, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVENCIÓN AL QUEJOSO CUANDO SU DENOMINACIÓN ES INCORRECTA. El artículo 116 de la Ley de Amparo señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto, entre otros, el que se prevé en la fracción III, esto es, la designación de la autoridad o autoridades responsables, por lo que es claro que desde el escrito inicial se deben precisar los nombres de éstas, a fin de que se esté en condiciones de emplazarlas y solicitarles su informe respectivo, y si no se hace, al advertir el Juez que alguna de ellas fue mal señalada, debe prevenir al promovente de amparo en términos del artículo 146 del propio ordenamiento jurídico, a efecto de que la señale correctamente, pues de estimar que hasta que se devuelva la correspondencia por no estar bien denominada la autoridad, se dé vista al promovente de garantías por el término de tres días para que manifieste lo que a su representación convenga, y que en caso de no cumplir se tenga por no señalada a la autoridad, es claro que se estaría contraviniendo el principio de economía procesal y el de administración de justicia pronta y expedita." TERCERO. Exhiba copias suficientes del escrito con el que dé cumplimiento a la prevención, a fin de correr traslado a las partes, en términos del artículo 110 de la ley de amparo, así como de su escrito inicial, para el caso de que señale diversas autoridades responsables, en atención a la prevención formulada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." IV. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que, en caso de no cumplir en sus términos con el presente requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. V. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. VI. Atención presencial. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. VII. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. VIII. Domicilio y Autorizados para oír y recibir notificaciones. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en "..................", y como autorizados en términos amplios, de conformidad con el artículo 12 Ley de Amparo, a ................... En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. IX. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. X. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. XI. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XII. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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