Alberto García Alvarez

Expediente 582/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
582/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Alberto García Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    ...Zacatecas, Zacatecas, a diez de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de derechos en el que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con apoyo en lo 04/09/23 17:50:58 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bd.23 ÁLVARO AUGUSTO ÁLVAREZ RENDÓN previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se concedió la suspensión de plano, el presente asunto debe considerarse como DEPURABLE. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece dicho numeral, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase el presente asunto en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. ...

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 582/2022, estando en audiencia pública Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la tesis siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". En relación con lo anterior, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias, leídas las mismas y rendido el informe justificado de la autoridad responsable. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el que el secretario da cuenta al Juez con las pruebas documentales que obran agregadas en autos. A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, se hace constar que la agente del Ministerio Público de la Adscripción, expresó alegatos en su pedimento 495/2022, por tanto, se tienen por expuestos los alegatos de mérito, y con ello se cierra esta etapa. Al no haber más diligencias pendientes por desahogar se procede a dictar la sentencia que en derecho proceda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 582/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad de Zacatecas, Alberto García Álvarez, por propio derecho, promovió juicio de amparo, contra los actos y autoridad precisados en su escrito de demanda. SEGUNDO. Trámite de amparo. En proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo bajo el número 582/2022; se concedió la suspensión de plano, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio en términos de lo asentados en párrafos precedentes, por lo que en continuación de dicha audiencia se procede a dictar la sentencia que en derecho procede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior toda vez que se reclaman actos atribuidos a una autoridad administrativa, cuyos efectos y consecuencias se materializan dentro de la jurisdicción de este juzgado, por lo que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. De acuerdo con lo anterior, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas (denominación correcta), lo siguiente: Privación arbitraria e ilegal de la libertad; y Omisión de la garantía del derecho a la libertad personal, en el desahogo de los procedimientos administrativos migratorios. TERCERO. Certeza de los actos. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable consistente en la privación de la libertad en la estación migratoria de Zacatecas, durante el desahogo del procedimiento administrativo respectivo. Esto, pues en la secuela procesal la responsable Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas aportó al sumario de amparo las copias integras e inalteradas de los documentos públicos consistentes en el procedimiento administrativo instaurado a Alberto García Álvarez; documentales que cuentan con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al ser documentos públicos suscritos por funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades. De su contenido se desprende que mediante acuerdo de inicio de treinta de marzo de este año, se asentó que el quejoso Alberto García Álvarez se internó en el país de manera irregular, por lo que al no acreditar su regular estancia en el territorio nacional, se ordenó su alojamiento temporal en la estación migratoria en Zacatecas, para el inicio y substanciación del procedimiento administrativo correspondiente. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación aducidos por el demandante del amparo, se procede a verificar la procedencia del juicio constitucional en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, de ahí que se debe analizar si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, lo aleguen o no las partes, ya que su estudio es preferente y de actualizarse alguna quien resuelve se encontrará imposibilitada para analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Así, respecto del acto consistente en la privación arbitraria e ilegal de la libertad en la estación migratoria de Zacatecas, durante el desahogo del procedimiento administrativo respectivo, se advierte que sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El precepto antes transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se colige que han cesado los efectos de los actos reclamados. Es así, pues de las constancias que se tuvieron por recibidas mediante auto de dieciocho de mayo de esta anualidad, aportadas por el jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, consistentes en el procedimiento administrativo substanciado al quejoso, que a su vez contiene el acta de egreso de la estación migratoria de Zacatecas, de nueve de abril de dos mil veintidós del quejoso Alberto García Álvarez, de cuyo contenido se advierte que en la citada data se ordenó la salida de la estación migratoria del peticionario de amparo, por los motivos y fundamentos ahí expresados. Asimismo, en el comunicado con registro 11809, recibido el diez de junio de este año, el jefe de departamento de control migratorio del Instituto Nacional de Migración, delegación Estatal Zacatecas, puso fin al procedimiento migratorio instaurado en contra de Alberto García Álvarez, por los motivos ahí expuestos. Las documentales anterior cuenta con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al ser un documento público suscrito por un funcionario público en ejercicio de sus facultades. De lo anterior se advierte que con el acta de egreso de la estación migratoria de Zacatecas y resolución que puso fin al procedimiento migratorio, que fueron aportadas en la secuela procesal por la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, se destruyeron totalmente las afectaciones aducidas por el quejoso, en razón a que en esa data se ordenó su salida de la estación migratoria, con lo que se advierte que el solicitante de la salvaguarda constitucional fue restituido de su libertad. En consecuencia, se tiene que el acto reclamado a la autoridad responsable cesó en la producción de sus efectos jurídicos, precisamente porque Alberto García Álvarez fue restituido de su libertad deambulatoria; lo cual permite concluir que se han destruido en forma total las afectaciones que se podrían generar al amparista, de ahí que se afirme que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la privación de la libertad en la estación migratoria de Zacatecas, durante el desahogo del procedimiento administrativo respectivo. Es aplicable al caso que nos ocupa la tesis aislada V.5o.1 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto consignan lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." De lo anterior se sigue que si la autoridad responsable, de manera respectiva el dieciocho demayo y diez de junio del actual, fecha posterior a la promoción del presente juicio que fue el cuatro de abril del mismo año, inhabilitó los efectos del acto reclamado, debe considerarse que han sido destruidos sus efectos, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Atento a lo anterior, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de la autoridad y acto reclamado que se precisaron en este considerando, acorde a los motivos ya expresados, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Con la determinación precedente, se actualiza un impedimento para el estudio de los conceptos de violación encaminados a combatir la constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alberto García Álvarez, contra los actos y autoridad que fueron precisaron en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos indicados en el correlativo cuarto de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. En Zacatecas, Zacatecas a cuatro de julio de dos mil veintidós, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del cinco de julio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de tres días concedido al quejoso en auto de catorce de junio del año en curso, a fin de que manifestara la denominación correcta de la autoridad que señaló en su demanda como Instituto Estatal de Migración en Zacatecas, transcurrió del veinte al veintidós de junio de este año, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento formado en el referido proveído y se tiene a dicha autoridad por inexistente en el presente asunto. Por otra parte, agréguese a los autos el pedimento de cuenta registrado bajo el folio 12651 que remite la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno. Asimismo, una vez que se emita la sentencia en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2 del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Notifíquese. .

  4. Principal

    Juicio de amparo: 582/2022 El catorce de junio de dos mil veintidós, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 11979. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, catorce de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la promoción que remite la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, Zacatecas, por conducto del Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de dicho Instituto, mediante la cual informa que en relación al oficio 19551/2022 dirigido al Instituto Estatal de Migración en Zacatecas, no le es posible rendir el informe solicitado, toda vez que la misma no existe dentro de su organigrama. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifieste la denominación correcta de la autoridad de que se trata, apercibida que de no hacerlo se tendrá por inexistente la aludida autoridad, suspendiendo toda comunicación legal con la misma. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de Juzgado quien autoriza y da fe. A.Vicky En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del quince de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano