Alberto García Guerrero

Expediente 852/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
852/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
21/08/2015

Partes del expediente

  • Alberto García Guerrero
  • Juez Primero de Primera Instancia Y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En la misma fecha, se da cuenta al secretario encargado del despacho con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día quince de julio del año en curso, en la cual se negó al quejoso el amparo y protección solicitados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA. Hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y en atención a que la resolución de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvase al juez responsable las constancias que remitió en su informe justificado. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, y por otra parte, que el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el once de agosto de dos mil quince, según oficio CCJ/ST/3590/2015, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Cecy*

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 852/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veinte de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Alberto García Guerrero, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violaciones a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridad responsable: Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas. Acto reclamado: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE CADA AUTORIDAD SE RECLAME." "El auto dictado dentro del incidente de liquidación de Sociedad Conyugal tramitado por la señora ELVIRA RODARTE TRUJILLO, dentro del juicio de divorcio necesario marcado con el número 142/1993, en fecha veinticuatro (24) de abril del año en curso, notificada en lista del día veintisiete del citado mes y año radicado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del distrito Judicial de Jerez, Zacatecas." Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José". 2°. Trámite del juicio de amparo. El veintiuno de mayo de dos mil quince, fue remitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas a éste Juzgado la demanda de garantías promovida, la cual por acuerdo de veintidós siguiente se tuvo por admitida, en ese mismo acto se requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe justificado y se ordenó dar intervención legal a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; finalmente, fue celebrada la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: El auto de veinticuatro de abril de dos mil quince, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, que declaró improcedente el recurso de apelación intentado por el quejoso, en su carácter de actor y demandado incidentista, en contra la sentencia interlocutoria de quince de abril de dos mil quince dictada en el incidente de liquidación de sociedad conyugal, derivado del juicio ordinario de divorcio necesario 142/1993. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza. Es cierto el acto que se reclama de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, pues así lo reconoció en su informe justificado. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la existencia del mencionado acto se corrobora con las constancias anexadas por la responsable a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del juicio ordinario de divorcio necesario 142/1993, en un tomo; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226 epígrafe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo disponen los artículos 61 y 113, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, no se plantearon causas de improcedencia ni éste órgano jurisdiccional advierte su configuración de manera oficiosa, razón por la cual se emprende el estudio de la litis constitucional. IV. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación planteados por el peticionario de amparo, serán abordados de manera conjunta, dada su estrecha vinculación. En ellos, aduce una trasgresión a su garantía de legalidad, prevista a su favor por los artículos 14 y 16 de la Constitución General, así como su derecho humano a un recurso efectivo, sencillo y de fácil acceso, consagrado en el ordinal 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", ello en atención a que la jueza responsable, además de no motivar el auto de veinticuatro de abril de dos mil quince (acto reclamado), le deniega su derecho a recurrir en apelación la sentencia interlocutoria de quince de abril de dos mil quince, no obstante se trata de una resolución que tiene como finalidad cumplimentar la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario de divorcio necesario 142/1993, por mérito de la cual se ordenó la liquidación de la sociedad conyugal existente entre él (quejoso) y su otrora esposa Elvira Rodarte Trujillo (tercera interesada). En ese línea, considera que la procedencia del recurso de apelación intentado, de acuerdo a lo establecido por la regla general descrita en el artículo 374 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, sí lo torna procedente, puesto que la resolución apelada se trata de una sentencia interlocutoria, tal como lo prevé la fracción II de dicho numeral, de allí que, contrario a lo sustentado por la autoridad responsable, no exista contraposición al diverso requisito de procedencia contenido en el ordinal 419 de la ley de trato, puesto que no enuncia una causa expresa en relación a que las sentencias interlocutorias dictadas en la etapa de ejecución sean apelables, por ello, al no existir causa expresa de restricción sobre el recurso de apelación interpuesto, este debió ser admitido, de allí la inaplicabilidad de la tesis aislada invocada por la jueza responsable de título "EJECUCIÓN DE SENTENCIA, QUE DEBE ENTENDERSE POR AUTOS DICTADOS EN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS)." Son infundados los motivos de disenso planteados. Como punto de partida, es inexacta la apreciación del quejoso en torno a la falta de motivación del auto reclamado, ya que de su contenido íntegro, se puede verificar que la Jueza Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, citó el artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, para sustentar la improcedencia del recurso de apelación que opuso en contra de la sentencia interlocutoria de quince de abril de dos mil quince, la cual resolvió el incidente de liquidación de sociedad conyugal, derivado a su vez del juicio ordinario de divorcio necesario 142/1993. Además, la autoridad responsable señala como razón diversa de justificación de su proceder, la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA, QUE DEBE ENTENDERSE POR AUTOS DICTADOS EN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS).", la cual interpreta el numeral en comento, definiendo el qué debe entenderse por autos dictados en el período de ejecución de sentencia. Ahora, el hecho de que la motivación aducida por la jueza responsable sea deficiente, por resultar incongruente, o insuficiente, o bien, indebida, es motivo diverso al expuesto por el accionante de amparo, quien como se mencionó en líneas precedentes, sólo refiere la falta u omisión en la motivación del auto reclamado, por falta de razones legales justificadoras de su proceder, lo cual ha quedado desvirtuado. Por otra parte, en relación a la procedencia del recurso de apelación en contra de las sentencias interlocutorias dictadas en la etapa de ejecución de sentencias, de una correcta intelección del numeral 419 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, abordado de manera sistemática y teleológica, en conjugación con los diversos artículos 374 y 392, se desprende que estas únicamente pueden ser impugnadas a través del recurso de queja. En efecto, como punto de partida, el artículo 419 de la ley en examen, faculta a las partes a recurrir o impugnar las resoluciones dictadas durante la etapa de ejecución de sentencia mediante dos tipos de recursos específicos, a saber, apelación y queja, estableciendo como limitación a esa regla el que la propia ley así lo disponga. Además, de manera literal establece la procedencia del recurso de apelación cuando se impugne el auto aprobatorio de remate; por otra parte, fuera de esos dos supuestos normativos, establece la improcedencia de algún recurso intentado. "Artículo 419.- Las resoluciones que se dicten en ejecuciones de sentencias sólo son recurribles en apelación o queja cuando la ley lo determine expresamente. El auto aprobatorio del remate será siempre apelable en el efecto suspensivo, si la sentencia definitiva fuere apelable. En los demás casos, las resoluciones no serán recurribles." Por su parte, el numeral 374 de la ley adjetiva civil local, refiere cuatro supuestos de procedencia del recurso de apelación, el primero atinente a toda clase de sentencias dictadas en cualquier clase de juicio, siempre y cuando revistan el carácter de definitivas y no exista disposición en contrario; segundo, las sentencias interlocutorias, con excepción de dos supuestos, cuando la propia norma así lo prohíba, o bien, en caso de que la sentencia definitiva fuera irrecurrible, esto es, no proceda recurso de apelación; tercero, en contra de determinaciones de trámite o autos, siendo requisito sine quo non (sin el cual no) que la ley así lo declare; finalmente, como cuarto supuesto, es el relativo a sentencias emitidas en procedimientos precautorios, siempre que posean el carácter de provisionales; no obstante lo anterior, como regla genérica de procedencia del recurso de apelación a las anteriores hipótesis, es la necesidad de que la cuantía principal del negocio sea equivalente o exceda dos mil quinientos pesos. "Artículo 374.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia:" "I.- Las sentencias definitivas en toda clase de juicio, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables;" "II.- Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la ley no se otorgue a las partes el recurso, o la sentencia definitiva no fuere apelable;" "III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y" "IV.- Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juez o se levante por éste." "No serán apelables las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicios cuya cuantía no exceda de dos mil quinientos pesos." Finalmente, en relación al recurso de queja, la ley en cuestión expresa cuatro casos de procedencia, el primero es contra de las resoluciones que desechen o nieguen la admisión de una demanda, así como también cuando se desconozca en juicio la legitimación procesal de alguna de las partes; como segundo caso, cuando se intente en contra de sentencias interlocutorias dictadas en la etapa de ejecución de sentencia; luego, en tercer lugar, en caso de defecto o exceso en la ejecución de la sentencia definitiva pronunciada por el tribunal de alzada; recurso que no es limitativo a esos determinados supuestos, pues de igual manera resulta procedente contra la resolución por la cual un juez o magistrado se excuse del conocimiento de un negocio, además, contra diligencias desahogadas en auxilio por un diverso juez de instancia de diferente competencia territorial; así como la fijación de una caución en determinado juicio, entre otros casos. "Artículo 392.- El recurso de queja contra el juez es procedente:" "I.- Contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda o se desconozca de oficio la personalidad de un litigante;" "II.- Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencia;" "III.- Contra la denegación de la apelación;" "IV.- Por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en segunda instancia, y" "V.- En los demás casos fijados por la ley." "La queja en contra de los jueces procede aun cuando se trate de juicios en que por su cuantía no se admite el recurso de apelación." En ese orden de ideas, si bien atendiendo a la literalidad del arábigo 419 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, faculta a las partes a recurrir las resoluciones pronunciadas en la etapa de ejecución de sentencia, mediante el recurso de apelación o queja y, por su parte el diverso numeral 374, fracción II, de la ley en estudio, establece la procedencia determinada del recurso de apelación en contra de sentencias interlocutorias; en el caso concreto de impugnación de sentencias interlocutorias, pero dictadas en el procedimiento de ejecución, no se debe atender a esa regla, pues en este caso opera la excepción establecida en la fracción aludida, atinente a que la propia ley no otorga a las partes ese recurso, esto es así, al estatuir una regla específica de procedencia de impugnación en contra de determinaciones judiciales de esa naturaleza, como lo es el recurso de queja, de acuerdo al ordinal 392, fracción II, de la propia norma legal, Sin que esa circunstancia, implique, como aduce el solicitante de amparo, una trasgresión a su derecho humano a un recurso efectivo y sencillo, previsto en el ordinal 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno, pues la ley que regula el acto reclamado (Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas), no excluye de conceder facultad a las partes de recurrir las resoluciones dictadas por los jueces aplicadores de la norma civil, mediante la interposición de alguno de los recursos que ésta prevé; además, la aplicación de ese derecho fundamental no estriba en el hecho de que ante la impugnación de determinada decisión judicial, el juzgador deba de resolver en todo caso el fondo de la litis planteada. Por el contrario, al establecer de manera particular y específica a la casuística del caso, requisitos y presupuestos formales de procedencia de los medios de impugnación, lo es con la finalidad de otorgar seguridad jurídica y legalidad a las resoluciones jurisdiccionales, pues solo de esa manera, queda excluida la posibilidad de impugnar ab libitum (a capricho) las decisiones judiciales sin respetar el medio de defensa específico determinado por la ley para cada caso concreto, pues ello equivaldría trastocar la diversa garantía de tutela judicial efectiva, ante la inobservancia a lo mandado por el legislador ordinario en las leyes procesales. Por ende, resulta acertada la determinación de la autoridad responsable, en el sentido de declarar improcedente el recurso de apelación intentado por el quejoso, en su carácter de actor y demandado incidentista, en contra la sentencia interlocutoria de quince de abril de dos mil quince dictada en el incidente de liquidación de sociedad conyugal, por tratarse de una resolución que resolvió una cuestión accesoria a la principal en la etapa de ejecución del juicio ordinario de divorcio necesario 142/1993, puesto que atendiendo al principio de especialidad de la norma, el recurso legal procedente para ese tipo concreto de resoluciones es el de queja, no así el de apelación. En las relatadas circunstancias, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso Alberto García Guerrero, es que el suscrito Juzgador no advierta violación a los derechos sustantivos de legalidad y al acceso a un recurso efectivo, sencillo y de fácil acceso, como arguye, sin que sea dable suplir la deficiencia de sus motivos de inconformidad planteados, al tratarse de un asunto de estricto derecho; por ello, lo consecuente es negarle el amparo y protección de la Justicia de la Federal solicitada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Alberto García Guerrero, por el acto precisado en el considerando II.1, reclamado a la autoridad responsable señalada en el resultando primero, de acuerdo a los razonamientos expuestos en el considerando IV. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres, hoy quince de julio de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE. ARS

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de junio de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta firmado por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho con número de orden 540/2015 y de origen 288/2015, que fuera enviado para que emplazar al presente juicio de garantías a la tercera interesada ELVIRA RODARTE TRUJILLO; en consecuencia, téngasele por legalmente emplazado, en términos de la constancia actuarial de quince de los corrientes, practicada por el personal actuante del Juzgado del orden común; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese recibo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    El nueve de junio de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta al Juez con un oficio y anexos con folio número 10997. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de junio de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho con número de orden 461/2015 y de origen 248/2015, que le fue enviado a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisionara a quien correspondiera a efecto de emplazar al presente juicio de garantías a la tercero interesada Elvira Rodarte Trujillo, la que no fue posible por las razones que se exponen en la diligencia que llevo a cabo el veintinueve de mayo del presente año. Acúsese recibo. Sin que sea necesario dar vista con lo que antecede a la parte quejosa, toda vez que en auto de fecha cinco de junio se giró de nueva cuenta atento despacho al Juez de Primera instancia y de lo Familiar en Turno del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas con número de orden 540/2015 y numero de origen 288/2015 a fin de que emplace a la tercera interesada Elvira Rodarte Trujillo en el domicilio correcto de la misma, ubicado en calle Gomez Farías número 63, Zona centro en Jerez Zacatecas. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

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