Alberto de León Pitones

Expediente 409/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
409/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
02/07/2015

Partes del expediente

  • Alberto de León Pitones
  • Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En dos de julio de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, -----------C E R T I F I C A :------------Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la resolución de diez de junio de dos mil quince, transcurrió para el quejoso del dieciocho de junio al uno de julio del año en curso, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta al Juez con el estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de julio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el diez de junio de dos mil quince, en la que por una parte se sobreseyó el presente juicio de garantías y por otra, este Tribunal Federal declaró carecer de competencia legal para resolver del presente asunto, en lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la sentencia dictada por la Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, dictada el diecinueve de noviembre de dos mil catorce; por tanto, con apoyo en lo previsto por los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia, en lo referente al sobreseimiento de mérito, ha causado ejecutoria. En consecuencia, en términos del artículo 49, primer párrafo de la Ley de Amparo, remítanse el presente sumario y los autos del juicio mercantil ejecutivo 1109/2014, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para que determine lo que en derecho procede y en su caso, se avoque al conocimiento del acto reclamado consistente en la sentencia mencionada en el párrafo que antecede; previo cuaderno de antecedentes que se forme en su substitución. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza.- DOY FE. Uli. En la misma fecha se giró el oficio 14559.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LUIS ALBERTO FLORES GUTIÉRREZ, EN SU CARÁCTER DE ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN DE LA EMPRESA TERCERO INTERESADA DENOMINADA CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, SOCIEDAD ANÍNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EL AUTO DICTADO EN FECHA DOS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En dos de julio de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, -----------C E R T I F I C A :------------Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la resolución de diez de junio de dos mil quince, transcurrió para el quejoso del dieciocho de junio al uno de julio del año en curso, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta al Juez con el estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de julio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el diez de junio de dos mil quince, en la que por una parte se sobreseyó el presente juicio de garantías y por otra, este Tribunal Federal declaró carecer de competencia legal para resolver del presente asunto, en lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la sentencia dictada por la Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, dictada el diecinueve de noviembre de dos mil catorce; por tanto, con apoyo en lo previsto por los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia, en lo referente al sobreseimiento de mérito, ha causado ejecutoria. En consecuencia, en términos del artículo 49, primer párrafo de la Ley de Amparo, remítanse el presente sumario y los autos del juicio mercantil ejecutivo 1109/2014, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para que determine lo que en derecho procede y en su caso, se avoque al conocimiento del acto reclamado consistente en la sentencia mencionada en el párrafo que antecede; previo cuaderno de antecedentes que se forme en su substitución. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza.- DOY FE. Uli. En la misma fecha se giró el oficio 14559."

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA DOS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En dos de julio de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, -----------C E R T I F I C A :------------Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la resolución de diez de junio de dos mil quince, transcurrió para el quejoso del dieciocho de junio al uno de julio del año en curso, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta al Juez con el estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de julio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el diez de junio de dos mil quince, en la que por una parte se sobreseyó el presente juicio de garantías y por otra, este Tribunal Federal declaró carecer de competencia legal para resolver del presente asunto, en lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la sentencia dictada por la Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, dictada el diecinueve de noviembre de dos mil catorce; por tanto, con apoyo en lo previsto por los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia, en lo referente al sobreseimiento de mérito, ha causado ejecutoria. En consecuencia, en términos del artículo 49, primer párrafo de la Ley de Amparo, remítanse el presente sumario y los autos del juicio mercantil ejecutivo 1109/2014, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para que determine lo que en derecho procede y en su caso, se avoque al conocimiento del acto reclamado consistente en la sentencia mencionada en el párrafo que antecede; previo cuaderno de antecedentes que se forme en su substitución. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza.- DOY FE. Uli. En la misma fecha se giró el oficio 14559."

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 409/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el siete de enero de dos mil quince, ante la Oficialía de Partes del Poder Judicial de Fresnillo, Zacatecas, ALBERTO DE LEÓN PITONES, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad Responsable Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Acto Reclamado El emplazamiento realizado dentro del juicio ejecutivo mercantil 109/2014 y la sentencia definitiva dictada el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, dentro del citado expediente. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 1°,14 y 16 Constitucionales. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia fue presentada ante la autoridad responsable en vía de amparo directo; por lo que mediante oficio número 26 de veinte de enero de dos mil quince, la Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, remitió al Tribunal Colegiado de este Circuito, con residencia en esta ciudad, la demanda de amparo de que se trata, así como el informe justificado y la constancia de emplazamiento de la parte tercero interesada; por lo que dicho Tribunal, mediante resolución de doce de marzo del presente año, se declaró incompetente para conocer de la demanda de garantías por considerar que entre los actos reclamados se encontraba el ilegal emplazamiento a juicio, por lo que al tratarse de un caso en el que el medio de control constitucional intentado debía tramitarse y resolverse en la vía indirecta, por lo que ordenó remitir el escrito de demanda y sus anexos a este Juzgado de Distrito en el Estado y mediante proveído de veinte de marzo de dos mil quince, se aceptó la competencia planteada, se registró bajo el expediente 409/2015, se ordenó su admisión; se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. Mediante proveído de seis de mayo de la presente anualidad, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda de garantías respecto del Actuario adscrito a la Central de Actuarios y Notificadores del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, el cual transcurrió del catorce de mayo del dos mil quince al tres de junio de la anualidad en comento, sin que hubiera hecho manifestación alguna; por lo que en el desarrollo de la audiencia constitucional, se hizo efectivo el apercibimiento formulado al quejoso en el auto de mérito y se ordenó continuar el presente juicio de garantías, únicamente respecto de la autoridad responsable señalada en el escrito inicial de demanda. C O N S I D E R A N D O I.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: El emplazamiento realizado dentro del juicio ejecutivo mercantil 109/2014. La sentencia definitiva dictada el diecinueve de noviembre de dos mil catorce. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuales son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza. La Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, al rendir su informe justificado reconoció la existencia de los actos reclamados que se le atribuyen. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con el juicio ejecutivo mercantil 109/2014; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, de las cuales se advierte la existencia de los actos reclamados. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora bien, el quejoso ALBERTO DE LEÓN PITONES, reclama entre otro acto, la diligencia de emplazamiento realizada el tres de septiembre de dos mil catorce, por el Ministro Ejecutor adscrito a la Central de Notificadores y Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 109/2014, promovido por el endosatario en procuración de la empresa denominada "CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.", en contra del aquí quejoso. En ese sentido, analizados los presentes autos, se advierte que en este asunto, respecto del citado acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 9 y 108, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, cuyos dispositivos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 9. Las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso podrán por medio de oficio acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos. ." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; .". Lo anterior es así, toda vez que de la interpretación de los artículos 108, fracción III y 9 de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, o bien se les finque un acto de omisión, siempre que en la demanda de garantías se les haya señalado como responsables. Así, tratándose de un acto reclamado emitido conjuntamente por diversas autoridades, la sanción por el incumplimiento del quejoso a dicha obligación, al no señalar como responsable a alguna de éstas a pesar de la prevención correspondiente, es que el juicio de garantías sea improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la señalada ley, en relación con los citados preceptos, toda vez que es imposible hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de una sola de las autoridades -que sí fue llamada al proceso- en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento. Y toda vez que de los autos del presente juicio de amparo, se advierte que mediante proveído de seis de mayo de la presente anualidad, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda de garantías respecto del Actuario adscrito a la Central de Actuarios y Notificadores del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, quien fue quien realizó la diligencia de emplazamiento impugnada en esta instancia constitucional, el cual transcurrió del catorce de mayo del dos mil quince al tres de junio de la anualidad en comento, sin que hubiera hecho manifestación alguna; por lo que, se hizo efectivo el apercibimiento formulado al quejoso en el auto de mérito y se ordenó continuar el presente juicio de garantías, únicamente respecto de la autoridad responsable señalada en el escrito inicial de demanda, esto es, el Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Por tanto, si el quejoso no señaló como autoridad responsable a quien suscribió la diligencia de emplazamiento que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, esto es, al Actuario adscrito a la Central de Actuarios y Notificadores del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tal autoridad no fue llamada a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 108 fracción III, de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 9 y 108, fracción III, del mismo ordenamiento legal. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia del epígrafe y contenido siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal". Así como en la tesis del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO EMITIDO CONJUNTAMENTE POR DIVERSAS AUTORIDADES. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE SEÑALA COMO RESPONSABLE A ALGUNA DE ÉSTAS, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AL SER IMPOSIBLE HACER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉL. De la interpretación de los artículos 116, fracción III y 11 de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, o bien se les finque un acto de omisión, siempre que en la demanda de garantías se les haya señalado como responsables. Así, tratándose de un acto reclamado emitido conjuntamente por diversas autoridades, la sanción por el incumplimiento del quejoso a dicha obligación, al no señalar como responsable a alguna de éstas a pesar de la prevención correspondiente, es que el juicio de garantías sea improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la señalada ley, en relación con los citados preceptos, toda vez que es imposible hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de una sola de las autoridades -que sí fue llamada al proceso- en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento". IV. Ahora bien, en virtud de lo estipulado en el considerando que antecede, respecto del diverso acto reclamado, consistente en la sentencia definitiva de diecisiete de noviembre de dos mil catorce, dictada en el juicio ejecutivo mercantil número 109/2014, por la Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil de Fresnillo, Zacatecas, este órgano jurisdiccional debe declararse legalmente incompetente para conocer del asunto, pues debido a la naturaleza del acto reclamado, se estima que corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Al efecto es necesario tener en cuenta el texto de los artículos 48, 170 fracción I, y 178, de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 48.- Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Fracción I: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido." "Artículo 178. Dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá: I. Certificar al pie de la demanda, la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente; II. Correr traslado al tercero interesado, en el último domicilio que haya designado para oír notificaciones en los autos del juicio de origen o en el que señale el quejoso; y III. Rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de la suspensión." De las transcripciones anteriores, se advierte que el amparo contra laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá por conducto de la responsable y que se entenderán por resoluciones que pongan fin al juicio las que decidan el juicio en lo principal o que sin decidirlo, las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. En la especie, como ya se dijo, en contra de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 109/2014, por la Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil de Fresnillo, Zacatecas; de acuerdo a su naturaleza, procede el juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto en el artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo antes transcrito. Ahora bien, como se anunció, además de la diligencia de emplazamiento practicada en el juicio mercantil ejecutivo 109/2014, la quejosa también se duele de la sentencia definitiva de veintiocho de noviembre de dos mil catorce. Por lo que, al haberse decretado el sobreseimiento del presente juicio de amparo en el considerando que antecede, respecto al diverso acto reclamado, consistente en la diligencia de emplazamiento y atendiendo al análisis de los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, corresponde al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, dado que la citada sentencia se trata de una resolución definitiva tramitada por un tribunal judicial, conforme al artículo 170, de la Ley Suprema. Atento a lo anterior, este órgano de control constitucional es legalmente incompetente para conocer de la resolución en comento; no obstante ello, dado que el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento, una vez que esta determinación quede firme provéase lo conducente de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, a fin de remitir las constancias necesarias para la substanciación de la incompetencia planteada. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia del epígrafe y contenido siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto". Por lo expuesto, y con apoyo además, en los artículos 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se : R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ALBERTO DE LEÓN PITONES, contra del acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, se declara legalmente incompetente para conocer del juicio constitucional promovido por ALBERTO DE LEÓN PITONES, respecto del acto precisado en el considerando último, por los motivos ahí expuestos; por lo que, una vez que esta determinación quede firme provéase lo conducente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Soledad Torres Muguiro, hasta el día de hoy diez de junio de dos mil quince. DOY FE. mtm

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