Alberto Enciso Quintero

Expediente 268/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
268/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
27/05/2016

Partes del expediente

  • Alberto Enciso Quintero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso en contra de dicho proveído que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de la Materia. Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, nueve de mayo de dos mil dieciséis. En tiempo se tiene por recibido el escrito aclaratorio de demanda promovido por ALBERTO ENCISO QUINTERO. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, el suscrito la examinará y si encontrara motivo de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado numeral 113 de la ley de la materia, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juez se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable, se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, que es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que la promovente señala como acto reclamado la orden de protección dictada el cinco de abril de dos mil dieciséis, en autos del expediente 539/2016, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar, de esta ciudad. Del análisis practicado a la demanda de amparo, se desprende que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, el precepto legal citado es del tenor literal siguiente: Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente "(.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas (.)" Asimismo, resulta importante preponderar que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, es el de "definitividad", que se traduce en que antes de acudir a la vía constitucional, es necesario que contra el acto reclamado se haga valer el recurso o medio de defensa ordinario establecido en la ley que lo regula, a fin de obtener la modificación o revocación del mismo. Hechos los acotamientos anteriores, se estima que en la especie se configura la hipótesis de improcedencia a que se hizo alusión, en virtud de que el acto reclamado por la aquí solicitante de la protección constitucional, se trata de aquéllos que pueden combatirse mediante la interposición de los recursos ordinarios o medios de defensa legal, según se explicará en párrafos subsecuentes. Se sostiene lo anterior, en virtud de que, de la lectura integral que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se aprecia que el amparista combate la medida cautelar decretada el cinco de abril de dos mil dieciséis, por el Juez Primero de lo Familiar, en autos del expediente 539/2016, promovido por Jessica Viviana Enciso Quintero, donde se prohíbe al promovente Alberto Enciso Quintero, el acceso al domicilio de la afectada, así como en los lugares donde trabaja, estudia o desarrolle alguna actividad recreativa o deportiva, con la finalidad de brindarle la protección que solicita de la violencia intrafamiliar y con ello salvaguardar los derechos fundamentales a que tiene derecho, en virtud de que ha sido objeto de violencia cometida en su contra por el mencionado en último término. Sobre ese tópico, los artículos 216, fracción V y 455 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, disponen: "Artículo 216. Se tramitarán a través del procedimiento oral, a excepción de los casos urgentes, las siguientes cuestiones familiares: (.) V. Las inconformidades y oposiciones contra medidas cautelares en caso de violencia intrafamiliar;." "Artículo 455. Las modificaciones o inconformidades a que pueda dar lugar una medida cautelar, se substanciará en los términos que se indican para los juicios orales. En caso de duda, y para salvaguarda de hijas e hijos menores de edad o incapaces, deberá ordenar que las convivencias se realicen en centros e instituciones oficiales, únicamente durante este procedimiento". Por tanto, de la interpretación gramatical del artículo 455 transcrito, se advierte que las modificaciones o inconformidades a que puede dar lugar una medida cautelar, se substanciará en los términos que se indican para los juicios orales. En el caso, el peticionario de amparo reclama la medida cautelar decretada el cinco de abril de dos mil dieciséis, en la que donde se prohíbe a Alberto Enciso Quintero, el acceso al domicilio de la afectada Jessica Viviana Enciso Quintero, así como en los lugares donde trabaja, estudia o desarrolle alguna actividad recreativa o deportiva, con la finalidad de brindarle la protección que solicita de la violencia intrafamiliar y con ello salvaguardar los derechos fundamentales a que la misma tiene derecho. Así, se estima que en su contra procede el procedimiento previsto en el artículo 455 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa; el que el quejoso debe agotar previamente a promover el presente juicio de amparo, pues de los numerales previamente transcritos se desprende que las inconformidades y oposiciones contra medidas cautelares en caso de violencia intrafamiliar se substanciarán mediante dicho procedimiento, en el cual puede ofrecer pruebas para demostrar y alegar lo que a su derecho convenga, mismo que constituye un medio de defensa garante del derecho del afectado a ser oído dentro del procedimiento en el cual se dictó la providencia respectiva, con lo cual, se satisface plenamente el derecho de acción y defensa tutelado por el citado artículo 17 Constitucional. Por consiguiente, es innegable que el peticionario de amparo, previamente a instar la acción constitucional, debió agotar el citado medio ordinario de defensa -procedimiento oral-, ya que mediante la promoción del mismo, es posible obtener que se modifique, revoque o nulifique la medida cautelar de cinco de abril de dos mil dieciséis. De tal suerte, que se estima que al no haberse agotado el supracitado medio ordinario de defensa, el peticionario de amparo no cumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Cobra aplicación por las razones que informan, la tesis sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1763, Tomo II, correspondiente marzo de 2016, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. EL INCIDENTE DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, CONSTITUYE EL MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO IDÓNEO PARA IMPUGNARLAS, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Es de explorado derecho que, en la generalidad de los casos, las medidas o providencias precautorias se decretan sin audiencia previa, esto es, sin que el órgano judicial que las ordena oiga previamente a la persona contra la cual van dirigidas, debido a la existencia de los presupuestos de cautela, urgencia y peligro en la demora, que justifican ampliamente que se altere la necesaria bilateralidad que debe presidir el dictado de toda resolución judicial ya que, en caso contrario, se prevendría al afectado con la correspondiente notificación de lo solicitado, lo que frustraría la finalidad urgente y cautelar de la medida. Lo anterior no quiere decir que la persona contra la cual se dirige la providencia o medida cautelar esté vinculada a soportar la ejecución de ésta sin la posibilidad de ejercer su legítimo derecho a defenderse u oponerse, pues ello contravendría el derecho fundamental respectivo, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que así como reconoce y tutela el derecho de acción -como la cautelar, entre otras-, hace lo propio con el derecho a defenderse u oponerse al ejercicio de ese derecho público subjetivo. En ese sentido, a fin de no afectar el derecho constitucional de defensa en juicio, ni el principio de bilateralidad, que subyacen de lo dispuesto por el primer párrafo del referido artículo 17, lo adecuado y recomendable es que el propio ordenamiento que prevé la posibilidad de decretar una medida cautelar contemple, a la vez, un medio de defensa ordinario mediante el cual la persona contra la cual se dirige esté en aptitud de controvertirla y obtener su revocación o modificación, so pena que, de no ser así, el ordenamiento legal respectivo adolezca del vicio de inconstitucionalidad, al no establecer un mecanismo ordinario que tutele el derecho de defensa de la parte afectada por la providencia cautelar. En este contexto se sitúa el incidente de reclamación a que alude el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que constituye el medio de defensa garante del derecho del afectado a ser oído dentro del procedimiento en el cual se dictó la providencia respectiva, lo que supone, a la vez, la tutela de su derecho de defensa; esto, si se parte del hecho de que el trámite de dicha incidencia, según se advierte del artículo 88 del ordenamiento invocado, le permite postular una pretensión opositora a la providencia cautelar, ofrecer pruebas para demostrarla y alegar lo que a su derecho convenga, con lo cual, se satisface plenamente el derecho de acción y defensa tutelado por el citado artículo 17, aunado al hecho de que el medio de defensa en contra de una providencia precautoria debe estar estatuido por el propio ordenamiento que la contempla, pues es en éste donde debe materializarse la tutela ordinaria del derecho a defenderse de la providencia respectiva. Pensar en sentido diverso, esto es, que el incidente en cuestión no conforma el medio de defensa ordinario idóneo para controvertir una providencia precautoria, implicaría aceptar que ésta es impugnable a través de alguno de los recursos ordinarios establecidos por el ordenamiento legal en consulta, o bien, a través del juicio de amparo -sin necesidad de agotar recursos de manera previa-, lo que supondría, en ambos casos, establecer un límite al derecho de impugnación, si se parte del hecho de que, en ambos casos, la posibilidad de ofrecer pruebas se encuentra limitada. En los recursos ordinarios esto ocurre debido a su propia naturaleza, pues constituyen sólo una instancia revisora del actuar del Juez de primer grado y, en el caso del juicio de amparo, por disposición expresa de la ley de la materia, que en su artículo 75 establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, lo que limita, como lo señala el propio precepto, la facultad de las partes para ofrecer pruebas cuando no hayan sido rendidas ante la autoridad responsable. Aunque ciertamente el segundo párrafo del referido artículo 75 prevé la posibilidad de que las partes ofrezcan pruebas en amparo indirecto, cuando no hubieren tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable; no obstante, en el caso, ello sí resulta factible para el quejoso, pues cuenta con el derecho a promover el mencionado incidente de inconformidad previsto para la tutela ordinaria de su derecho de defensa en contra de la providencia precautoria respectiva. En consecuencia, resulta incuestionable que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, y por ende, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Novena Época, Materia Común, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Página 1665, del texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable la tesis número XVII.2º.J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, página seiscientos cuarenta y cuatro, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda y en términos del diverso 12 de la ley de la materia, como autorizado para tal efecto al licenciado Manuel de Jesús Santiago Mejía. Los criterios en que se apoyó la presente determinación, no son contrarios al actual texto de la Ley de Amparo y pueden ser aplicables al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que se expidió la misma. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los diversos numerales 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en comento, dígasele al promovente, que el presente auto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que éste cause estado, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que se publique sin supresión de datos. NOTIFÍQUESE; personalmente al promovente.

  4. Principal

    Relación del estado procesal de autos y efectivo apercibimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de veinte de enero de dos mil dieciséis (foja 822), para que desahogaran la vista sobre el cumplimiento que afirmaron dar las autoridades responsables. En consecuencia, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en las documentales existentes en el presente sumario y las manifestaciones respectivas. Efectos del fallo protector. En sentencia de tres de enero de dos mil catorce (fojas 433 a la 473), este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional a la parte quejosa, lo que se confirmó por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa (fojas 656 a 760), solo modificando los efectos de la siguiente manera: ". Se concede al quejoso la protección de e la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable reponga el procedimiento dentro del procedimiento administrativo de separación CP/SEP/077/13, dejando insubsistente el auto de cinco de febrero de dos mil trece y todo lo actuado con posterioridad a dicha actuación; y en su lugar, emita otro con plenitud de jurisdicción, en el que analice si la superior jerárquica del agraviado fundó y motivó suficientemente la queja con la que inició dicho procedimiento; hecho lo cual, continúe el juicio por sus trámites legales así como todas las actuaciones subsecuentes. Lo anterior, en el entendido de que la presente concesión de la protección de la Justicia Federal no tiene por efecto el que en el caso de que el quejoso hubiere sido separa o suspendido de su cargo, sea reinstalado en él." Actos realizados por las autoridades responsables tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por las autoridades responsables, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2º, se advierte que por oficio DACA-SA-14582-2015, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General del Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, con sede en México, Distrito Federal, anexó copia certificada de la resolución dictada el trece de noviembre de dos mil quince, en la que dejó sin efectos el acuerdo de inicio de cinco de febrero de dos mil trece, dictado en el procedimiento administrativo de separación CP/SEP/077/13 (fojas 789 a 798). Posteriormente, mediante diverso oficio DACA-SA-16343-2015, el referido Fiscal de la Federación, anexó copia certificada de la resolución dictada el diecisiete de diciembre de dos mil quince, en la cual ordenó dar inicio al procedimiento administrativo de separación en contra del quejoso Francisco Javier Luna Ramírez (fojas 803 a 821). Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. De la anterior relación, se aprecia que la autoridad responsable, atendió a los efectos de la sentencia de amparo, dado que dejó sin efecto el acuerdo de inicio de cinco de febrero de dos mil trece, dictado en el procedimiento administrativo de separación CP/SEP/077/13, instruido en contra del quejoso Francisco Javier Luna Ramírez y todo lo actuado con posterioridad (fojas 789 a 798); posteriormente, el diecisiete de diciembre de la anualidad próximo pasada, dictó una nueva resolución, donde determinó que la superior jerárquica del agraviado fundó y motivó suficientemente la queja con la que inició dicho procedimiento, por lo que dio inicio al procedimiento administrativo de separación en contra del aquí quejoso; de ahí que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo solicitado, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, debiendo conservarse la demanda de amparo, auto admisorio, sentencia, ejecutoria y el auto que la declaró cumplida. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Vista a las partes. Dese vista a las partes por el término de quince días, para los efectos que establece el artículo 201, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; en el entendido que una vez que transcurra el mismo, sin manifestación alguna, ésta determinación se tendrá por consentida y con base en el dispositivo 214 de la ley de la materia, se remitirá materialmente este juicio al archivo definitivo como asunto concluido. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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