Alberto David Rubio Zamora

Expediente 573/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
573/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
24/11/2016

Partes del expediente

  • Alberto David Rubio Zamora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibida la pieza devuelta por el Administrador Postal de esta ciudad, relativa al oficio 56443/2016, dirigido a la autoridad responsable Director de Prevención y Reinserción Social del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa; de las que se advierte un mensaje que indica: "Cambio de domicilio." Ahora bien, toda vez que este juzgado tiene conocimiento de que el domicilio de dicha autoridad es en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, edificio 1, ubicado en carretera a Navolato, kilómetro 12.5, sin número, colonia Bachigualato, código postal 80140 en Culiacán, Sinaloa; en obvio de mayores dilaciones, envíese el referido oficio a la citada dirección, para que la autoridad responsable este en aptitud de notificarse del proveído de veinte de octubre de dos mil dieciséis. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinte de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia de treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 573/2016, promovido por Alberto David Rubio Zamora, contra actos del Coordinador General de Centros Federales del órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, y; RESULTANDO: I. Presentación de demanda y contenido. Por oficio 6017/2016 de dos de agosto de dos mil dieciséis, recibido el cinco de agosto del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, y turnado a este juzgado al siguiente día, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver la demanda de amparo promovida por Alberto David Rubio Zamora, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación con sede en la Ciudad de México. Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México. Coordinador General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México. Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa. Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en esta ciudad. Director General de Traslados y Apoyo Penitenciarios de la Policía Federal, con sede en la Ciudad de México. Comisionado General de la Policía Federal, con sede en la Ciudad de México. Director de Prevención y Reinserción Social del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa. ACTO RECLAMADO La orden de traslado del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en esta ciudad, en que se encuentra recluido, a uno diverso y su ejecución II. Admisión y trámite. Mediante auto de cinco de agosto del presente año, este Juzgado de Distrito, aceptó la competencia declinada, y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, la que se registró bajo el número 573/2016; se ordenó solicitar a las autoridades responsables su informe justificado, dar la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. III. Audiencia constitucional, La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 48, 49 en relación con el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción I y 77, de la Ley de Amparo, es obligación del juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada y determinar con exactitud la intención del quejoso, se deben armonizar todos los datos de la demanda de amparo, interpretándola en un sentido de liberalidad y no restrictivo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia identificada con la clave P./J. 40/2000, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, página 32, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Por ello, después del minucioso examen a la demanda de amparo, este juzgado fija como acto reclamado, el siguiente: La orden de traslado y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de amparo apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, que en su caso, no permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Por lo anterior, este juzgador determina que no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables 1) Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, 2) Director General de Ejecución de Sanciones, de la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, 3) Coordinador General de Prevención y Readaptación Social, dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y 4) Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, todas con sede en la Ciudad de México; el 5) Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán; 6) Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en esta ciudad; el Director de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación del 7) Director General de Traslados y Apoyo Penitenciario de la Policía Federal y del 8) Comisionado General de la Policía Federal, ambas con residencia en la Ciudad de México; y 9) Director de Prevención y Reinserción Social del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. Lo anterior es así, pues dichas autoridades al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se les atribuyen (fojas 57, 44, 38, 50 y 42, respectivamente), y al constituir dichos informes documentales públicas, se les concede valor probatorio pleno, al ser emitidos por autoridades competentes en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Aunado al valor referido, el quejoso no aportó prueba idónea para desvirtuar la negativa e inexistencia de la que se da notifica, cuando le correspondía tal carga probatoria a efecto de acreditar la certeza de los actos reclamados y no lo hizo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia VI 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y os quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en esta ciudad, en su informe justificado haya manifestado que el quejoso ingresó a ese centro penitenciario, trasladado del Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, y que actualmente se encuentra a disposición del Juzgado Décimo Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, el cual le integró el expediente de extradición 14/2015-V, toda vez que de ello no se acredita la existencia de la orden de traslado que reclama. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio constitucional, respecto a los actos reclamados de las autoridades responsables, dada su inexistencia. CUARTO. Transparencia y Acceso a la Información. En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por la parte quejosa en cuanto a la publicación de la presente resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta en versión pública, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos de dicha legislación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Alberto David Rubio Zamora, respecto de los actos precisados en el considerando segundo, reclamados a las autoridades responsables, y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en el considerando cuarto de la misma. Notifíquese.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Se tiene recibido el alegato ministerial 291/2016, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se tienen por reproducidos los alegatos formulados por el fiscal de la federación, mismos que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Asimismo, una vez que se dicte resolución, expídanse las copias certificadas que indica el representante social, previa razón que por su recibo se deje en autos, en términos de los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese.

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