Alberto David Rubio Zamora
Expediente 569/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 25 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 27/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Alberto David Rubio Zamora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia de diecisiete de noviembre del año en curso. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a las nueve horas con nueve minutos del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, estando en audiencia pública José Israel Hernández Tirado, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante el licenciado Omar Auseigesd Benítez Olmos, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, procede a declarar abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. Acto continuo, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, el secretario hace relación de constancias y da cuenta con el estado procesal de autos. El Juez acuerda: De conformidad con lo dispuesto en los numerales 117 y 119 de la Ley de Amparo, se reitera la rendición de los informes justificados que emitieron las autoridades responsables, así como la admisión y desahogo de las pruebas que obran en autos, lo cual será tomado en consideración en la siguiente etapa procesal. Abierto el período probatorio, el Secretario hace constar y certifica que la autoridad responsable Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en esta ciudad, a su informe justificado anexó pruebas documentales relativas al acto reclamado; asimismo, las demás partes no ofrecieron pruebas. A lo que el Juez acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el numeral antes invocado, se tienen por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de cuenta, y toda vez que las demás partes no ofrecieron pruebas, se cierra dicho período. Abierto el período de alegatos, la Secretaria hace constar y certifica que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, presentó el alegato ministerial 267/2016 (fojas 40 a 51); asimismo, las demás partes no formularon alegatos. A lo que el Juez acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el numeral inicialmente invocado, se tienen por reproducidos los alegatos formulados por la Representación Social, y en vista de que las demás partes no expresaron alegatos, se cierra dicho período. En razón de lo anterior, se procede a dictar la siguiente resolución: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 569/2016, promovido por ALBERTO DAVID RUBIO ZAMORA, contra actos del Coordinador General de Centros Federales del órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, y; RESULTANDO: I. Presentación de demanda y contenido. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el cual fue turnado ese mismo día a este Juzgado de Distrito en el Estado (fojas 2 a la 8); ALBERTO DAVID RUBIO ZAMORA, promovió demanda de amparo solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos humanos que otorgan los artículos 14, 16, 18 y 20 Constitucionales, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación con sede en la Ciudad de México. Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México. Coordinador General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México. Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa. Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en esta ciudad. Director General de Traslados y Apoyo Penitenciarios de la Policía Federal, con sede en la Ciudad de México. Comisionado General de la Policía Federal, con sede en la Ciudad de México. Director de Prevención y Reinserción Social del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa. ACTO RECLAMADO La orden de traslado del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en esta ciudad, en que se encuentra recluido, a uno diverso y su ejecución II. Admisión y trámite. Mediante auto de tres de agosto de dos mil dieciséis (fojas 9 a 12), este Juzgado de Distrito, admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó solicitar a las autoridades responsables sus informes justificados, dar la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. III. Audiencia constitucional, La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 48, 49 en relación con el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción I y 77, de la Ley de Amparo, es obligación del juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada y determinar con exactitud la intención del quejoso, se deben armonizar todos los datos de la demanda de amparo, interpretándola en un sentido de liberalidad y no restrictivo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia identificada con la clave P./J. 40/2000, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, página 32, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Por ello, después del minucioso examen a la demanda de amparo, este juzgado fija como acto reclamado, el siguiente: La orden de traslado y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de amparo apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, que en su caso, no permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Por lo anterior, este juzgador determina que no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Director de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación del Director General fe Traslados y Apoyo Penitenciario de la Policía Federal; Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Coordinado General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Coordinador General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y Director General de Ejecuciones de Sanciones y Director de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación del Comisionado General y en Ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos, todos de la Policía Federal, todos con sede en la Ciudad de México; Director de Prevención y Reinserción Social del Estado y Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Prevención y Reinserción Social, en ausencia del Secretario de Seguridad Pública, ambos con sede en Culiacán, Sinaloa, y Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, con sede en esta ciudad Lo anterior es así, pues dichas autoridades al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se les atribuyen (fojas 34, 68 a 69, 78, 22 a 23, 24 a 25 y 17 a 18, respectivamente), y al constituir dichos informes documentales públicas, se les concede valor probatorio pleno, al ser emitidos por autoridades competentes en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Aunado al valor referido, el quejoso no aportó prueba idónea para desvirtuar la negativa e inexistencia de la que se da notifica, cuando le correspondía tal carga probatoria a efecto de acreditar la certeza de los actos reclamados y no lo hizo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia VI 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y os quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en esta ciudad, en su informe justificado haya manifestado que el quejoso ingresó a ese centro penitenciario, trasladado del Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, y que actualmente se encuentra a disposición del Juzgado Décimo Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, el cual le integró el expediente de extradición 14/2015-V, toda vez que de ello no se acredita la existencia de la orden de traslado que reclama. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio constitucional, respecto a los actos reclamados de las autoridades responsables, dada su inexistencia. CUARTO. Transparencia y Acceso a la Información. En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por la parte quejosa en cuanto a la publicación de la presente resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta en versión pública, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos de dicha legislación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por ALBERTO DAVID RUBIO ZAMORA, respecto de los actos precisados en el considerando segundo, reclamados a las autoridades responsables, y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en el considerando cuarto de la misma. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, siete de noviembre de dos mil dieciséis.Agréguese, el mensaje telegráfico enviado por la autoridad responsable Director de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación del Comisionado General y en Ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos, todos de la Policía Federal, con sede en la Ciudad de México; mediante el cual, en cumplimiento al acuerdo de cinco de octubre del presente año, manifiesta que se encuentra imposibilitado materialmente para remitir copia certificada de las constancias que sirvieron de apoyo para emitir el acto reclamado, al ser negativos; lo cual se corroborá con el informe justificado, que se le tuvo por rendido en proveído de veinticinco del pasado mes y año en curso. Notifíquese.
- Incidental
En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las nueve horas con veintinueve minutos del tres de noviembre de dos mil dieciséis, estando en audiencia pública, Andrea García Arellano, Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, encargada del despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, concedida en sesión de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/6003/2016, ante Omar Auseigesd Benítez Olmos, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, procede a declarar abierta la audiencia incidental señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario del Juzgado hace una relación de las constancias de autos y da cuenta con el escrito de demanda, con los informes previos rendidos por las autoridades responsables; y, con las demás constancias de autos.Abierto el período probatorio, el Secretario hace constar y certifica que ninguna de las partes ofreció pruebas.A lo que la Secretaria encargada del despacho por licencia del Titular, acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, y en vista de que las partes no ofrecieron pruebas, se cierra dicho período. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar y certifica que ninguna de las partes formuló alegatos, asimismo, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no presentó pedimento.A lo que la Secretaria encargada del despacho por licencia del Titular, acuerda: vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el numeral inicialmente invocado, toda vez que las partes no formularon alegatos ni la representación social exhibió pedimento, se cierra dicho período.En relación a lo anterior, se procede a continuación a dictar la siguiente resolución:VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 569/2016, promovido por ALBERTO DAVID RUBIO ZAMORA, contra actos del Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16, 18 y 20 Constitucionales; y,CONSIDERANDOPRIMERO. ALBERTO DAVID RUBIO ZAMORA, promovió juicio de amparo contra actos de las autoridades responsables: 1) Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, 2) Director General de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, 3) Coordinador General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación, 4) Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, 5) Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, 6) Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en esta ciudad, 7) Director General de Traslados y Apoyo Penitenciarios de la Policía Federal, 8) Comisionado General de la Policía Federal, con sede en la Ciudad de México y 9) Director de Prevención y Reinserción Social del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán.Y solicitó la suspensión definitiva de los actos reclamados consistentes en:La orden de traslado a otra penitenciaria distinta.SEGUNDO. Las autoridades responsables Director de Prevención y Reinserción Social del Estado y Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Prevención y Reinserción Social, en ausencia del Secretario de Seguridad Pública, ambos con sede en Culiacán, Sinaloa; Director de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación del Director General de Traslados y Apoyo Penitenciario de la Policía Federal; Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Coordinador General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y Director General de Ejecuciones de Sanciones y el Director de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación del Comisionado General y en Ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos, todos de la Policía Federal, todos con sede en la Ciudad de México, en su informe previo niegan la existencia de los actos reclamados (fojas 18 a 23, 35, 47 a 48 y 70).Ahora bien, como la parte quejosa no aportó prueba alguna tendiente a demostrar lo contrario, consecuentemente, debe negarse la suspensión definitiva solicitada, por falta de materia sobre qué decretarla, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 144 de la Ley de Amparo.Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia visible en la página 133, Tomo II, Julio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro y texto: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario."Por lo expuesto y fundado, se resuelve:ÚNICO. SE NIEGA al quejoso ALBERTO DAVID RUBIO ZAMORA, la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas, y por los motivos expresados en el considerando segundo de esta interlocutoria.Notifíquese.
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