Alberto Adrián de la Peña Barbosa
Expediente 35/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 35/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alberto Adrián de la Peña Barbosa
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo intentada por ********************, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Visto el ocurso que suscribe el quejoso *************, por virtud del cual precisa en qué consiste el acto reclamado en esta instancia constitucional; por tanto, se le tiene desahogando la prevención formulada en proveído de dieciocho de enero del año en curso. Con relación al libelo constitucional, se provee: Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de cuenta, en virtud de lo que a continuación se expone. Es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, es menester puntualizar que la parte impetrante señaló como acto reclamado la resolución dictada el siete de enero de dos mil dieciséis, por el Juez Menor Mixto de Uriangato, Guanajuato, dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 2/2015-M, por virtud de la cual confirmó el auto de dos de diciembre de dos mil quince, en el que el juez de los autos requirió al aquí quejoso la entrega de las facturas de los bienes muebles adjudicados en forma directa a la parte ejecutante, con el apercibimiento que de no hacerlo, la autoridad judicial señalada como responsable las otorgaría en rebeldía. De los antecedentes narrados por el propio quejoso en su escrito de demanda, se advierte que ************ , por conducto de su endosatario en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil al aquí impetrante ************ ante el Juzgado Único Menor Mixto de Uriangato, Guanajuato, radicándose la demanda bajo el número 2/2015. Que el veintiséis de marzo de dos mil quince, se embargaron diversos bienes muebles, designando inicialmente como depositario al agraviado y con posterioridad se revocó la designación realizada a su favor, recayendo en la parte actora. Seguido el juicio en sus trámites, se dictó sentencia, iniciándose el procedimiento de ejecución; que el actor solicitó que le fueran adjudicados directamente los bienes, petición a la que recayó el auto de dos de diciembre de dos mil quince, ordenando la adjudicación directa de los bienes embargados y requiriendo al demandado, aquí quejoso, la entrega de las facturas correspondientes, con el apercibimiento que de no hacerlo, el juzgado las otorgaría en su rebeldía. Inconforme con dicha determinación, el demandado interpuso recurso de revocación, que fue resuelto el siete de enero del año en curso, en el que confirmó el auto recurrido, siendo éste el acto reclamado. Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto a la garantía de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada en el procedimiento de ejecución, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, último párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de remate, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al respecto se invoca, por analogía, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XIII, Abril de 2001, tesis: P./J. 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." De igual forma es aplicable en el mismo sentido, la Jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. " En ese orden se estima que el acto reclamado en forma destacada, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que en el procedimiento de remate si bien se ordenó a la parte demandada, aquí quejosa, la entrega de las facturas de los bienes muebles embargados, también lo es que para el caso de que se niegue a hacerlo voluntariamente, el juzgado responsable las otorgará en su rebeldía; de ahí que no puede considerarse concluido el procedimiento de ejecución, puesto que previamente a ello, deben tenerse por exhibidas las facturas a favor de la parte actora o bien, otorgarlas en rebeldía de la parte demandada. Por tanto, no se está aprobando ni reconociendo el cumplimiento total de lo sentenciado o la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, así como tampoco se ordenó el archivo definitivo del expediente. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que contiene, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 1a./J. 28/2010, visible en la página 60 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA." También es aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 511, Tomo XI, Junio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, Novena Época, del rubro: "ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUE OÍDO EN JUICIO. NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN." En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, o bien en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y además la entrega del bien rematado, lo que en el caso no ha sucedido puesto que hasta este momento, únicamente se requirió a la parte demandada la entrega de las facturas de los bienes muebles embargados y adjudicados, con el apercibimiento que de no hacerlo, se otorgarán por parte del juzgado de origen en su rebeldía. Es aplicable al particular, la tesis jurisprudencial III.5o.C. J/5 (10a.), legible en la página 1454, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, de rubro y texto: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA. De lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados"; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución." Asimismo, resulta orientador el criterio inmerso en la tesis jurisprudencial PC.I.C. J/2 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, legible en la página 1738 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia.Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Martínez Hernández, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, asistido del licenciado Gualberto Gutiérrez Romero Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo, presentado por **********, contra actos del Juez Único Menor Mixto de Uriangato, Guanajuato; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 35/2016. Ahora bien, para estar en aptitud de acordar sobre su admisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte agraviada, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído y bajo protesta de decir verdad: Precise cual es el acto reclamado en esta instancia constitucional. Lo anterior, porque en el apartado IV relativo a "ACTO RECLAMADO", el agraviado señaló como acto tal, la falta de citación al procedimiento administrativo que culminó con resolución de seis de julio de dos mil quince, relativa a la aclaración del acta de nacimiento de **********, así como la anotación marginal respectiva, mientras que de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que hace alusión a un recurso de revocación emitido el siete de enero del año en curso, dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 2/2015, por virtud del cual confirmó el proveído en el que se ordenó al aquí quejoso, entregar las facturas de los bienes embargados en dicho controvertido al adjudicatario. De lo anterior se advierte que no existe claridad respecto del cuál es el acto reclamado, lo que imposibilitaría a la autoridad responsable, rendir su informe con justificación. Indique el monto por el cual fueron adjudicados los bienes muebles embargados en el juicio ejecutivo mercantil que refiere en su demanda; ello para el caso en que el acto reclamado lo constituya la interlocutoria que confirmó el auto impugnado mediante el recurso de revocación que menciona. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por el propio agraviado, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, puesto que los hechos que le incumben son de carácter personal, de conformidad con la jurisprudencia número 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el veintinueve de agosto de dos mil catorce, cuyo rubro dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Así mismo, del escrito aclaratorio deberá exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes de conformidad con el artículo 110 de la Ley de la Materia; es decir, una para la autoridad responsable, una para la agente del Ministerio Público adscrita, una para cada tercero interesado y dos para glosarse a los cuadernos del incidente de suspensión. Se apercibe al promovente que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por NO PRESENTADA la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, Novena Época Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Finalmente, se tiene como autorizado en los términos restringidos a que alude la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *********, por no tener inscrita su cédula profesional federal en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para recibir notificaciones, los Estrados de este juzgado de Distrito por así solicitarlo expresamente la parte agraviada.
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