Alberto Adrián de la Peña Barbosa
Expediente 97/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 97/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alberto Adrián de la Peña Barbosa
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso ********************, interpusiera recurso de queja contra el auto ocho de febrero de dos mil dieciséis, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicha sentencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Visto el escrito de demanda de cuenta, formulada por **********, por propio derecho, contra actos del Juez Único Menor Mixto con sede en Uriangato, Guanajuato, por violaciones a los artículos 1°, 14, 16 y 17 Constitucionales; fórmese expediente de amparo, en el entendido que la demanda se encuentra registrada en el libro de gobierno con número 97/2016. En la especie ************, se duele del acuerdo de veintiuno de enero de dos mil dieciséis a través del cual la autoridad responsable Juez Único Menor Mixto de Uriangato, Guanajuato, ordenó expedir en su rebeldía, las facturas de los bienes muebles adjudicados en el juicio ejecutivo mercantil M-2/2015, y su ejecución. Refiere que es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil de origen, que fue condenado al pago de las prestaciones reclamadas; que en ejecución de sentencia se autorizó la adjudicación directa de los bienes muebles embargados; que al no dar cumplimiento al requerimiento formulado por el juez responsable, en auto de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, ordenó expedir las facturas correspondientes en su rebeldía; haciendo énfasis en que no tiene la posesión de los bienes adjudicados, virtud a que están en poder del depositario nombrado por la parte actora. Antecedentes que derivan de las manifestaciones que realizó el quejoso en su escrito de demanda, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, mismas que constituyen una confesión que hace prueba plena en su perjuicio de conformidad con lo previsto en los numerales 95, 96, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Ahora bien, el acuerdo impugnado en esta vía, constituye una determinación que de acuerdo con el citado artículo 1334 del Código de Comercio, puede ser recurrida mediante el recurso de revocación, ya que no existe disposición alguna que establezca que procede en su contra el diverso recurso de apelación, y por ende es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en comento. Tiene aplicación a lo anterior por analogía la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, décima época, de rubro y texto siguientes: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." Destacando que si bien, el acto reclamado ordena expedir las facturas de los bienes adjudicados en el juicio de origen, pudiera ser de aquellos de los considerados de imposible reparación; de acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de definitividad debe agotarse aunque el acto reclamado tenga una ejecución de imposible reparación. Ello, porque no basta que un acto dictado dentro de juicio sea de imposible reparación, para que proceda el juicio de amparo indirecto en su contra, puesto que para ello debe observarse, además, el principio de definitividad, es decir, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios, que procedan dentro del procedimiento natural, mediante los cuales el acto reclamado pueda ser revocado, modificado o nulificado, en términos de lo previsto en la fracción XVIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, de noviembre de dos mil tres, página setecientos sesenta y cinco, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Igual de relevante resulta que la orden expedir en rebeldía de la parte demandada, las facturas de los bienes adjudicados en un juicio ejecutivo mercantil, puede y debe ser impugnado por el demandado, mediante el recurso de revocación, previsto en el numeral 1334, del Código de Comercio, que establece que los acuerdos que no fueren apelables y los decretos, como aquellos en que se ordena el requerimiento de pago y embargo de bienes, pueden ser revocados por el juez que los dictó. Medio de defensa ordinario que debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo, debido a que éste es un medio extraordinario de defensa y el principio de definitividad que rige su procedencia obliga al gobernado a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establecen para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria. En efecto, la causal de improcedencia en cuestión, se refiere a cuando se reclaman resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De ahí, que aun cuando la orden de expedir las facturas de los bienes adjudicados y su ejecución-que derivan de un juicio ejecutivo mercantil- tienen la característica de ser de imposible reparación, al no haberlos impugnado el quejoso ante el juez de instancia, mediante el recurso de revocación, el juicio deviene improcedente. Lo anterior es así, puesto que cuando existe certeza -como en el caso- de que contra el acto reclamado en un juicio de amparo procede un recurso ordinario dentro del procedimiento del que deriva, en términos de lo previsto en el numeral 61 fracción XVIII, de la ley de la materia, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se DESECHA DE PLANO la demanda. Por otra parte, como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Finalmente, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado *********, quien -como se advierte de la certificación de cuenta- NO tiene inscrita su Cédula Profesional Federal, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, toda vez que el quejoso señaló los estrados de este juzgado para oír y recibir notificaciones, hágase esta notificación y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista de conformidad con lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a) y 29, de la ley de la materia.
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