Alberta Villanueva Ramirez

Expediente 535/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
535/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
03/09/2021

Partes del expediente

  • Alberta Villanueva Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ************, por conducto de su representante legal *************, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Recepción de escrito. Incorpórese al sumario el ocurso de cuenta -con anexos-, signado por ************, representante legal de la directa quejosa *************, por el cual cumple a cabalidad con lo prevenido el trece de agosto pasado, pues exhibe copias suficientes para traslado del documento con el que se le reconoció personalidad jurídica en este asunto. Desechamiento de demanda. No obstante lo anterior, es preciso señalar que del análisis integral de la demanda y sus anexos, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones IV y V del numeral 107 del citado cuerpo normativo. Los artículos invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declarada la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, regula la procedencia del juicio de amparo cuando se reclaman actos provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya sea i) dentro de juicio, ii) en ejecución de sentencia o iii) después de concluido. Tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, es impugnable, por regla general, la última resolución, esto es, (i) aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, (ii) la que ordena el archivo definitivo del expediente o (iii), en caso de procedimientos de remate, la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y bienes rematados; puntos en que el legislador recogió las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuestas en la jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, respecto de actos dictados después de concluido el juicio procede el amparo indirecto de manera inmediata, siempre que no se verifiquen en un procedimiento incidental, pues de lo contrario, tal como ocurre en los actos dictados dentro de juicio y en ejecución de sentencia, el afectado tendrá que esperar hasta que se dicte la resolución interlocutoria en este para combatir todas las violaciones procesales verificadas en su desarrollo. Ilustra lo plasmado, la jurisprudencia cuyo rubro y texto, son: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento." Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció criterio en el sentido que la vía indirecta procederá excepcionalmente contra actos dictados después de concluido o en ejecución de sentencia cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, en concordancia con lo establecido en la diversa fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues el ejercicio de la acción constitucional se ve justificada por la afectación inmediata que genera un acto distinto al fallo definitivo en la esfera de derechos humanos del gobernado. Es así, ya que de lo contrario, se ocasionaría que la afectación sufrida por el interesado pudiera quedar irreparablemente consumada, para el momento en que estuviera en aptitud de combatir el acto violatorio cuando se emitiera el fallo definitivo. Inclusive, que el medio ordinario de defensa que, en su caso, procediera contra esta, no tuviera los alcances de nulificar, modificar o revocar el acto que derivó en la afectación de derechos públicos subjetivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." De lo anterior se concluye lo siguiente: a) Procede el amparo indirecto contra actos dictados después de concluido el juicio; b) Atendiendo al principio de definitividad, únicamente son impugnables en amparo los fallos que resuelven los procedimientos que se verifican en esta etapa, en el que podrán hacerse valer como violaciones procesales, las actuaciones intermedias, y c) Excepcionalmente, procede el amparo biinstancial contra los actos dictados dentro del procedimiento, cuando afecten derechos sustantivos. Ahora bien, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad expresó la parte quejosa, con eficacia probatoria plena acorde a lo previsto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se desprenden los siguientes antecedentes relevantes del caso: 1. Ante el Juzgado Cuarto Civil de Partido en esta ciudad se sustanció un juicio civil en contra de la ahora quejosa y otros. Que dicho juicio concluyó por convenio de transacción judicial de nueve de abril de dos mil quince, el cual fue elevado a categoría de cosa juzgada. 2. Que la contraparte de la ahora quejosa, presentó, en fase de ejecución de sentencia, incidente de liquidación sobre intereses ordinarios y moratorios generados respecto del adeudo reconocido en convenio ejecutorio. Que por auto de seis de agosto de dos mil veinte se admitió a trámite dicha incidencia por lo que se ordenó notificar esa providencia a la ahora quejosa. 3. Que la parte hoy agraviada fue notificada del proveído que radicó el incidente de liquidación indicado en el punto anterior, el doce de agosto de dos mil veinte; empero, al considerar que dicha notificación es irregular, la combatió mediante el incidente de nulidad de actuaciones correspondiente -el cual está en trámite-. 4. Que en el aludido incidente de nulidad de actuaciones, la juez primaria admitió la confesional a cargo de la ahora quejosa; no obstante, dado las inasistencias, de la quejosa, por motivos de salud al desahogo de dicha diligencia, la juez de primer grado mediante determinación de diecinueve de abril de dos mil veintiuno declaró confesa a la ahora agraviada. 5. Inconforme con esa determinación la quejosa, interpuso recurso de apelación del que conoció la magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, en el toca 296/2021, donde por resolución de treinta de junio de dos mil veintiuno confirmó la determinación apelada. Esta resolución constituye el acto reclamado de forma destacada. De lo anterior se obtiene que la resolución combatida confirmó el auto impugnado y en consecuencia, continuará con la tramitación del incidente de nulidad de actuaciones instado por la parte aquí agraviada -dentro del incidente de liquidación de intereses en la fase de ejecución del juicio subyacente-, razón por la que se trata de una determinación intermedia dictada dentro del procedimiento incidental de nulidad de actuaciones que no lo resuelve ni lo da por concluido, por el contrario, tiene como efecto continuar con el trámite del mencionado incidente. Es decir, se reclama una violación verificada dentro de un procedimiento incidental que no es la interlocutoria respectiva, pues la decisión reclamada únicamente confirmó un proveído en el que se declaró confesa a la actora incidental ahora quejosa, de ahí que no sea reclamable de manera inmediata. Tampoco constituye un acto de imposible reparación ya que en este no se afectó algún derecho sustantivo de la parte promovente (bienes, derechos o posesiones), pues se insiste, únicamente se confirmó la determinación de tenerla por confesa, a efecto de continuar con la sustanciación del incidente de nulidad de actuaciones. En todo caso, la parte quejosa podrá defender sus derechos, en caso que la interlocutoria que se pronuncie en el incidente de nulidad de actuaciones sea desfavorable a sus intereses. En consecuencia, al no ser la resolución reclamada la definitiva en el incidente de recién referido, ni generar afectación de derechos sustantivos de la parte quejosa, queda de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *****************, por conducto de su representante legal *******************.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, que establece: "Recepción de escrito. Incorpórese al sumario el ocurso de cuenta -con anexos-, signado por ************, representante legal de la directa quejosa *************, por el cual cumple a cabalidad con lo prevenido el trece de agosto pasado, pues exhibe copias suficientes para traslado del documento con el que se le reconoció personalidad jurídica en este asunto. Desechamiento de demanda. No obstante lo anterior, es preciso señalar que del análisis integral de la demanda y sus anexos, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones IV y V del numeral 107 del citado cuerpo normativo. Los artículos invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declarada la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, regula la procedencia del juicio de amparo cuando se reclaman actos provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya sea i) dentro de juicio, ii) en ejecución de sentencia o iii) después de concluido. Tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, es impugnable, por regla general, la última resolución, esto es, (i) aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, (ii) la que ordena el archivo definitivo del expediente o (iii), en caso de procedimientos de remate, la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y bienes rematados; puntos en que el legislador recogió las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuestas en la jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, respecto de actos dictados después de concluido el juicio procede el amparo indirecto de manera inmediata, siempre que no se verifiquen en un procedimiento incidental, pues de lo contrario, tal como ocurre en los actos dictados dentro de juicio y en ejecución de sentencia, el afectado tendrá que esperar hasta que se dicte la resolución interlocutoria en este para combatir todas las violaciones procesales verificadas en su desarrollo. Ilustra lo plasmado, la jurisprudencia cuyo rubro y texto, son: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento." Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció criterio en el sentido que la vía indirecta procederá excepcionalmente contra actos dictados después de concluido o en ejecución de sentencia cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, en concordancia con lo establecido en la diversa fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues el ejercicio de la acción constitucional se ve justificada por la afectación inmediata que genera un acto distinto al fallo definitivo en la esfera de derechos humanos del gobernado. Es así, ya que de lo contrario, se ocasionaría que la afectación sufrida por el interesado pudiera quedar irreparablemente consumada, para el momento en que estuviera en aptitud de combatir el acto violatorio cuando se emitiera el fallo definitivo. Inclusive, que el medio ordinario de defensa que, en su caso, procediera contra esta, no tuviera los alcances de nulificar, modificar o revocar el acto que derivó en la afectación de derechos públicos subjetivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." De lo anterior se concluye lo siguiente: a) Procede el amparo indirecto contra actos dictados después de concluido el juicio; b) Atendiendo al principio de definitividad, únicamente son impugnables en amparo los fallos que resuelven los procedimientos que se verifican en esta etapa, en el que podrán hacerse valer como violaciones procesales, las actuaciones intermedias, y c) Excepcionalmente, procede el amparo biinstancial contra los actos dictados dentro del procedimiento, cuando afecten derechos sustantivos. Ahora bien, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad expresó la parte quejosa, con eficacia probatoria plena acorde a lo previsto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se desprenden los siguientes antecedentes relevantes del caso: 1. Ante el Juzgado Cuarto Civil de Partido en esta ciudad se sustanció un juicio civil en contra de la ahora quejosa y otros. Que dicho juicio concluyó por convenio de transacción judicial de nueve de abril de dos mil quince, el cual fue elevado a categoría de cosa juzgada. 2. Que la contraparte de la ahora quejosa, presentó, en fase de ejecución de sentencia, incidente de liquidación sobre intereses ordinarios y moratorios generados respecto del adeudo reconocido en convenio ejecutorio. Que por auto de seis de agosto de dos mil veinte se admitió a trámite dicha incidencia por lo que se ordenó notificar esa providencia a la ahora quejosa. 3. Que la parte hoy agraviada fue notificada del proveído que radicó el incidente de liquidación indicado en el punto anterior, el doce de agosto de dos mil veinte; empero, al considerar que dicha notificación es irregular, la combatió mediante el incidente de nulidad de actuaciones correspondiente -el cual está en trámite-. 4. Que en el aludido incidente de nulidad de actuaciones, la juez primaria admitió la confesional a cargo de la ahora quejosa; no obstante, dado las inasistencias, de la quejosa, por motivos de salud al desahogo de dicha diligencia, la juez de primer grado mediante determinación de diecinueve de abril de dos mil veintiuno declaró confesa a la ahora agraviada. 5. Inconforme con esa determinación la quejosa, interpuso recurso de apelación del que conoció la magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, en el toca 296/2021, donde por resolución de treinta de junio de dos mil veintiuno confirmó la determinación apelada. Esta resolución constituye el acto reclamado de forma destacada. De lo anterior se obtiene que la resolución combatida confirmó el auto impugnado y en consecuencia, continuará con la tramitación del incidente de nulidad de actuaciones instado por la parte aquí agraviada -dentro del incidente de liquidación de intereses en la fase de ejecución del juicio subyacente-, razón por la que se trata de una determinación intermedia dictada dentro del procedimiento incidental de nulidad de actuaciones que no lo resuelve ni lo da por concluido, por el contrario, tiene como efecto continuar con el trámite del mencionado incidente. Es decir, se reclama una violación verificada dentro de un procedimiento incidental que no es la interlocutoria respectiva, pues la decisión reclamada únicamente confirmó un proveído en el que se declaró confesa a la actora incidental ahora quejosa, de ahí que no sea reclamable de manera inmediata. Tampoco constituye un acto de imposible reparación ya que en este no se afectó algún derecho sustantivo de la parte promovente (bienes, derechos o posesiones), pues se insiste, únicamente se confirmó la determinación de tenerla por confesa, a efecto de continuar con la sustanciación del incidente de nulidad de actuaciones. En todo caso, la parte quejosa podrá defender sus derechos, en caso que la interlocutoria que se pronuncie en el incidente de nulidad de actuaciones sea desfavorable a sus intereses. En consecuencia, al no ser la resolución reclamada la definitiva en el incidente de recién referido, ni generar afectación de derechos sustantivos de la parte quejosa, queda de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *****************, por conducto de su representante legal *******************. "

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito que firma *******, con el carácter de apoderado de la directa quejosa ***** o ******; personalidad que acredita y se le tiene por reconocida para los efectos del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Amparo, con el instrumento notarial que exhibe, consistente en copia certificada de la escritura pública ****, pasada ante la fe del notario público número 19, con ejercicio en esta ciudad; ocurso con anexo a través del cual pretende cumplir con la prevención que se le formuló por auto de cuatro de agosto del año actual, lo que no efectúa a cabalidad. Lo anterior, en razón de que tal prevención se hizo para que en principio acreditara fehacientemente la representación jurídica que ostenta, lo que así cumplió en términos de lo señalado en el párrafo que antecede. Sin embargo, omite exhibir las copias necesarias del instrumento público a través del cual acredita ser mandante de la directa agraviada, como así le fue requerido a efecto de correr traslado a la totalidad de las partes que integren la litis en el presente asunto; pues como se desprende de la certificación de cuenta, con su escrito exhibido físicamente en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, solamente adjuntó copia certificada del referido mandato, no así de las tres copias que al efecto le fueron señaladas para el caso de presentar su ocurso por ese medio. Por tanto, no ha lugar a tener por desahogada a cabalidad la prevención referida. Atento a lo anterior, subsiste el requerimiento efectuado el cuatro de agosto del año actual, así como el apercibimiento ahí contenido. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, de noviembre de dos mil tres, página ciento treinta y tres, de rubro: "AMPARO, ACLARACIÓN DE DEMANDA, SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." En el entendido de que la parte accionante deberá cumplir cabalmente con la prevención de que se trata, por lo que tendrá que exhibir tres copias del poder general para pleitos y cobranzas antes descrito, a efecto de correr traslado del mismo a las partes en el presente asunto. Hágase del conocimiento que el término concedido para cumplir con lo prevenido en el multicitado acuerdo, se reanudará a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este proveído, a efecto de que esté en condiciones de desahogar en sus términos la prevención planteada, así como para que tenga conocimiento de este acuerdo; ello en acatamiento a la jurisprudencia 39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro expone: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO, EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE."

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