Alberta Escobar Cervantes

Expediente 218/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
218/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Alberta Escobar Cervantes
  • Jefe del Departamento de Pensiones de la Delegacion Estatal Oaxaca, Subdelegacion de Prestaciones Departamento de Pensiones Seguridad de Higiene En el Trabajo, Dependiente del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
  • Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que el plazo de quince días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del acuerdo de diecisiete de marzo del año en curso, en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido sin que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara consentido el proveído en donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en este juicio de amparo se concedió a la parte quejosa la protección constitucional en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables en términos de lo estatuido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del citado acuerdo este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el arábigo 18, fracción I, inciso b), del propio acuerdo de observancia general; en consecuencia, se ordena su depuración. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que conforme a los criterios de valoración establecidos por los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir de la notificación del auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese plazo dentro de los noventa días siguientes se procederá a su depuración, por lo que deberán conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, el acuerdo de dos de mayo del año próximo pasado, en donde se declaró que el fallo dictado en este asunto causó ejecutoria, el auto de diecisiete de marzo del año en curso, en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo y la presente determinación. Terminado el proceso de depuración este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que el plazo que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera respecto del informe de cumplimiento de la ejecutoria de amparo que las responsables Subdelegado de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambas autoridades de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, rindieron y de las constancias que esas entidades públicas y dicho organismo público exhibieron, transcurrió del siete al nueve de marzo del año en curso; también se destaca que Francisco Óscar Jiménez Escobar, en su carácter de apoderado de la inconforme Alberta Escobar Cervantes realizó diversas manifestaciones en cuanto al cumplimiento de esa resolución a través de su escrito recibido en el auto de veinte de octubre de dos mil veintidós. Por tanto, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo que en derecho corresponde en cuanto al cumplimiento del fallo protector. I. Efectos de la concesión del amparo El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se dictó la sentencia respectiva en la que se concedió a la justiciable Alberta Escobar Cervantes Peña la protección constitucional en contra de los actos reclamados al Subdelegado de Prestaciones y al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambas autoridades de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, para que en su respectivo ámbito de competencias, realizar lo siguiente: "[...] 79. [.] dejen insubsistentes: (i) el oficio SP/DPSHT/0030/2022 de tres de febrero de dos mil veintidós; (ii) las deducciones realizadas a la pensión por viudez otorgada a la quejosa identificada con el progresivo 987261 bajo el concepto 48 "COMPATIBILIDAD 2019 194 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2020 30 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2020 330 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2021 30 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2021 330 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2022 30 DÍAS" y "COMPATIBILIDAD 2022 60 DÍAS", del período comprendido del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, al treinta de marzo de dos mil veintidós; y, (iii) los descuentos posteriores a la última de las datas indicadas que se hayan efectuado en el monto de esa prestación económica con base en lo dispuesto en el oficio SP/DPSHT/0030/2022 de tres de febrero de dos mil veintidós. 80. Además, deberán reintegrar a la agraviada el importe de las deducciones realizadas en el período comprendido del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, al treinta de marzo de dos mil veintidós, en las que se incluyen las subsecuentes que sean consecuencia de la restricción contenida en el oficio SP/DPSHT/0030/2022 de tres de febrero de dos mil veintidós, hasta que se cumpla la ejecutoria de amparo; aunado a lo anterior, deberán abstenerse de realizar los ulteriores descuentos al monto periódico de la pensión por viudez concedida a favor de la disidente con base en dicho comunicado respecto de los cuales solicitó la protección constitucional." En el auto de dos de mayo de dos mil veintidós, se declaró que ese fallo causó ejecutoria. II. Actos que las autoridades responsables debían llevar a cabo para cumplir el fallo protector Para cumplir la ejecutoria de amparo las autoridades responsables Subdelegado de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambas autoridades de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, en su respectivo ámbito de competencias, tenían que realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistentes las actuaciones consistentes en: (i) el oficio SP/DPSHT/0030/2022 de tres de febrero de dos mil veintidós; (ii) las deducciones realizadas a la pensión por viudez otorgada a la quejosa identificada con el progresivo 987261 bajo el concepto 48 "COMPATIBILIDAD 2019 194 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2020 30 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2020 330 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2021 30 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2021 330 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2022 30 DÍAS" y "COMPATIBILIDAD 2022 60 DÍAS", del período comprendido del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, al treinta de marzo de dos mil veintidós; y, (iii) los descuentos posteriores a la última de las datas indicadas que se hayan efectuado en el monto de esa prestación económica con base en lo dispuesto en el oficio SP/DPSHT/0030/2022 de tres de febrero de dos mil veintidós. 2. Debían reintegrar a la agraviada el importe de las deducciones realizadas en el período comprendido del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, al treinta de marzo de dos mil veintidós, en las que se incluyeran las subsecuentes que fueran consecuencia de la restricción contenida en el oficio SP/DPSHT/0030/2022 de tres de febrero de dos mil veintidós, hasta que se cumpliera la ejecutoria de amparo. 3. Tenían que abstenerse de realizar los ulteriores descuentos al monto periódico de la pensión por viudez concedida a favor de la disidente con base en dicho comunicado respecto de los cuales solicitó la protección constitucional. III. Acciones que los entes responsables realizaron para acatar la ejecutoria de amparo En diversos proveídos dictados en este asunto se recibieron los informes de cumplimiento del fallo protector que los entes responsables presentaron, a los que anexaron copias certificadas de los documentos siguientes: a) el oficio SP/DPSHT/JA/1323/2022 de veintiuno de julio de dos mil veintidós; b) la liquidación de pago por el lapso comprendido del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, al treinta de julio de dos mil veintidós, por cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos pesos con setenta y un centavos moneda nacional; c) el reporte de baja de agosto de dos mil veintidós, por el concepto 48 (compatibilidad de pensión); d) la cédula de notificación del citado comunicado realizada a la quejosa el veintiséis de julio de dos mil veintidós; e) el oficio SP/DPSHT/2961/2022 de veinte de julio de dos mil veintidós, a través del cual se solicita la cobertura a la quejosa del importe cuantificado en la liquidación de pago descrita; f) el contra recibo de cuenta por liquidar certificada de dos de agosto de dos mil veintidós, con folio 0203020000995 a nombre de la quejosa por el monto indicado; g) el comprobante de transferencia, relativo al pago por SPEI de dieciséis de agosto de dos mil veintidós; h) la constancia original de percepciones y deducciones de dos mil veintidós, a nombre de la quejosa; y, i) el reporte de pagos a nombre de la justiciable de dos mil veintidós. A esos instrumentos se otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su ordinal 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. Estudio del cumplimiento Del análisis de los informes de cumplimiento de la ejecutoria de amparo y de las constancias que las citadas autoridades exhibieron se advierten los aspectos siguientes: De las actuaciones siguientes: a) el oficio SP/DPSHT/JA/1323/2022 de veintiuno de julio de dos mil veintidós; b) la liquidación de pago por el lapso comprendido del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, al treinta de julio de dos mil veintidós, por cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos pesos con setenta y un centavos moneda nacional; c) el reporte de baja de agosto de dos mil veintidós, por el concepto 48 (compatibilidad de pensión); d) la cédula de notificación del citado comunicado realizada a la quejosa el veintiséis de julio de dos mil veintidós; y, e) el oficio SP/DPSHT/2961/2022 de veinte de julio de dos mil veintidós, a través del cual se solicita la cobertura a la quejosa del importe cuantificado en la liquidación de pago descrita, se desprende que los entes responsables dejaron insubsistentes las actuaciones consistentes en: (i) el oficio SP/DPSHT/0030/2022 de tres de febrero de dos mil veintidós; (ii) las deducciones realizadas a la pensión por viudez otorgada a la quejosa identificada con el progresivo 987261 bajo el concepto 48 "COMPATIBILIDAD 2019 194 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2020 30 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2020 330 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2021 30 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2021 330 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2022 30 DÍAS" y "COMPATIBILIDAD 2022 60 DÍAS", del período comprendido del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, al treinta de marzo de dos mil veintidós; y, (iii) los descuentos posteriores a la última de las datas indicadas que se efectuaron en el monto de esa prestación económica con base en lo dispuesto en el oficio SP/DPSHT/0030/2022 de tres de febrero de dos mil veintidós. También se detecta que se abstuvieron de realizar los ulteriores descuentos al monto periódico de la pensión por viudez concedida a favor de la quejosa con base en dicho comunicado respecto de los cuales solicitó la protección constitucional, porque las responsables ordenaron la suspensión de esas deducciones. Por otro lado, de las documentales relativas 1) al contra recibo de cuenta por liquidar certificada de dos de agosto de dos mil veintidós, con folio 0203020000995 a nombre de la quejosa por el monto indicado; 2) el comprobante de transferencia, relativo al pago por SPEI de dieciséis de agosto de dos mil veintidós; 3) la constancia original de percepciones y deducciones de dos mil veintidós, a nombre de la quejosa; y, 4) el reporte de pagos a nombre de la justiciable de dos mil veintidós, se detecta que las citadas responsables reintegraron a la agraviada el importe de las deducciones realizadas en el período comprendido del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, al treinta de marzo de dos mil veintidós, en las que se incluyeron las subsecuentes que fueron consecuencia de la restricción contenida en el oficio SP/DPSHT/0030/2022 de tres de febrero de dos mil veintidós. En esa línea, con las actuaciones descritas que las autoridades responsables realizaron en consideración de este órgano jurisdiccional acataron el fallo protector, por lo que con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio constitucional, sin exceso ni defecto alguno. En el presente proveído se declara cumplido el fallo protector en términos de lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En otro aspecto, en cuanto a lo que ***********, en su carácter de apoderado de la inconforme ************ manifestó respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo a través de su escrito recibido en el auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, en donde externa su conformidad con las acciones que las responsables realizaron para acatar el fallo protector, dígase a la justiciable que deberá estarse a lo decidido en la presente resolución en cuanto al cumplimiento de la citada ejecutoria. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que el plazo que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera respecto del informe de cumplimiento de la ejecutoria de amparo que las responsables Subdelegado de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambas autoridades de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, rindieron y de las constancias que esas entidades públicas y dicho organismo público exhibieron, transcurrió del siete al nueve de marzo del año en curso; también se destaca que Francisco Óscar Jiménez Escobar, en su carácter de apoderado de la inconforme Alberta Escobar Cervantes realizó diversas manifestaciones en cuanto al cumplimiento de esa resolución a través de su escrito recibido en el auto de veinte de octubre de dos mil veintidós. Por tanto, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo que en derecho corresponde en cuanto al cumplimiento del fallo protector. I. Efectos de la concesión del amparo El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se dictó la sentencia respectiva en la que se concedió a la justiciable Alberta Escobar Cervantes Peña la protección constitucional en contra de los actos reclamados al Subdelegado de Prestaciones y al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambas autoridades de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, para que en su respectivo ámbito de competencias, realizar lo siguiente: "[...] 79. [.] dejen insubsistentes: (i) el oficio SP/DPSHT/0030/2022 de tres de febrero de dos mil veintidós; (ii) las deducciones realizadas a la pensión por viudez otorgada a la quejosa identificada con el progresivo 987261 bajo el concepto 48 "COMPATIBILIDAD 2019 194 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2020 30 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2020 330 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2021 30 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2021 330 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2022 30 DÍAS" y "COMPATIBILIDAD 2022 60 DÍAS", del período comprendido del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, al treinta de marzo de dos mil veintidós; y, (iii) los descuentos posteriores a la última de las datas indicadas que se hayan efectuado en el monto de esa prestación económica con base en lo dispuesto en el oficio SP/DPSHT/0030/2022 de tres de febrero de dos mil veintidós. 80. Además, deberán reintegrar a la agraviada el importe de las deducciones realizadas en el período comprendido del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, al treinta de marzo de dos mil veintidós, en las que se incluyen las subsecuentes que sean consecuencia de la restricción contenida en el oficio SP/DPSHT/0030/2022 de tres de febrero de dos mil veintidós, hasta que se cumpla la ejecutoria de amparo; aunado a lo anterior, deberán abstenerse de realizar los ulteriores descuentos al monto periódico de la pensión por viudez concedida a favor de la disidente con base en dicho comunicado respecto de los cuales solicitó la protección constitucional." En el auto de dos de mayo de dos mil veintidós, se declaró que ese fallo causó ejecutoria. II. Actos que las autoridades responsables debían llevar a cabo para cumplir el fallo protector Para cumplir la ejecutoria de amparo las autoridades responsables Subdelegado de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambas autoridades de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, en su respectivo ámbito de competencias, tenían que realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistentes las actuaciones consistentes en: (i) el oficio SP/DPSHT/0030/2022 de tres de febrero de dos mil veintidós; (ii) las deducciones realizadas a la pensión por viudez otorgada a la quejosa identificada con el progresivo 987261 bajo el concepto 48 "COMPATIBILIDAD 2019 194 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2020 30 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2020 330 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2021 30 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2021 330 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2022 30 DÍAS" y "COMPATIBILIDAD 2022 60 DÍAS", del período comprendido del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, al treinta de marzo de dos mil veintidós; y, (iii) los descuentos posteriores a la última de las datas indicadas que se hayan efectuado en el monto de esa prestación económica con base en lo dispuesto en el oficio SP/DPSHT/0030/2022 de tres de febrero de dos mil veintidós. 2. Debían reintegrar a la agraviada el importe de las deducciones realizadas en el período comprendido del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, al treinta de marzo de dos mil veintidós, en las que se incluyeran las subsecuentes que fueran consecuencia de la restricción contenida en el oficio SP/DPSHT/0030/2022 de tres de febrero de dos mil veintidós, hasta que se cumpliera la ejecutoria de amparo. 3. Tenían que abstenerse de realizar los ulteriores descuentos al monto periódico de la pensión por viudez concedida a favor de la disidente con base en dicho comunicado respecto de los cuales solicitó la protección constitucional. III. Acciones que los entes responsables realizaron para acatar la ejecutoria de amparo En diversos proveídos dictados en este asunto se recibieron los informes de cumplimiento del fallo protector que los entes responsables presentaron, a los que anexaron copias certificadas de los documentos siguientes: a) el oficio SP/DPSHT/JA/1323/2022 de veintiuno de julio de dos mil veintidós; b) la liquidación de pago por el lapso comprendido del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, al treinta de julio de dos mil veintidós, por cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos pesos con setenta y un centavos moneda nacional; c) el reporte de baja de agosto de dos mil veintidós, por el concepto 48 (compatibilidad de pensión); d) la cédula de notificación del citado comunicado realizada a la quejosa el veintiséis de julio de dos mil veintidós; e) el oficio SP/DPSHT/2961/2022 de veinte de julio de dos mil veintidós, a través del cual se solicita la cobertura a la quejosa del importe cuantificado en la liquidación de pago descrita; f) el contra recibo de cuenta por liquidar certificada de dos de agosto de dos mil veintidós, con folio 0203020000995 a nombre de la quejosa por el monto indicado; g) el comprobante de transferencia, relativo al pago por SPEI de dieciséis de agosto de dos mil veintidós; h) la constancia original de percepciones y deducciones de dos mil veintidós, a nombre de la quejosa; y, i) el reporte de pagos a nombre de la justiciable de dos mil veintidós. A esos instrumentos se otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su ordinal 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. Estudio del cumplimiento Del análisis de los informes de cumplimiento de la ejecutoria de amparo y de las constancias que las citadas autoridades exhibieron se advierten los aspectos siguientes: De las actuaciones siguientes: a) el oficio SP/DPSHT/JA/1323/2022 de veintiuno de julio de dos mil veintidós; b) la liquidación de pago por el lapso comprendido del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, al treinta de julio de dos mil veintidós, por cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos pesos con setenta y un centavos moneda nacional; c) el reporte de baja de agosto de dos mil veintidós, por el concepto 48 (compatibilidad de pensión); d) la cédula de notificación del citado comunicado realizada a la quejosa el veintiséis de julio de dos mil veintidós; y, e) el oficio SP/DPSHT/2961/2022 de veinte de julio de dos mil veintidós, a través del cual se solicita la cobertura a la quejosa del importe cuantificado en la liquidación de pago descrita, se desprende que los entes responsables dejaron insubsistentes las actuaciones consistentes en: (i) el oficio SP/DPSHT/0030/2022 de tres de febrero de dos mil veintidós; (ii) las deducciones realizadas a la pensión por viudez otorgada a la quejosa identificada con el progresivo 987261 bajo el concepto 48 "COMPATIBILIDAD 2019 194 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2020 30 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2020 330 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2021 30 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2021 330 DÍAS", "COMPATIBILIDAD 2022 30 DÍAS" y "COMPATIBILIDAD 2022 60 DÍAS", del período comprendido del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, al treinta de marzo de dos mil veintidós; y, (iii) los descuentos posteriores a la última de las datas indicadas que se efectuaron en el monto de esa prestación económica con base en lo dispuesto en el oficio SP/DPSHT/0030/2022 de tres de febrero de dos mil veintidós. También se detecta que se abstuvieron de realizar los ulteriores descuentos al monto periódico de la pensión por viudez concedida a favor de la quejosa con base en dicho comunicado respecto de los cuales solicitó la protección constitucional, porque las responsables ordenaron la suspensión de esas deducciones. Por otro lado, de las documentales relativas 1) al contra recibo de cuenta por liquidar certificada de dos de agosto de dos mil veintidós, con folio 0203020000995 a nombre de la quejosa por el monto indicado; 2) el comprobante de transferencia, relativo al pago por SPEI de dieciséis de agosto de dos mil veintidós; 3) la constancia original de percepciones y deducciones de dos mil veintidós, a nombre de la quejosa; y, 4) el reporte de pagos a nombre de la justiciable de dos mil veintidós, se detecta que las citadas responsables reintegraron a la agraviada el importe de las deducciones realizadas en el período comprendido del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, al treinta de marzo de dos mil veintidós, en las que se incluyeron las subsecuentes que fueron consecuencia de la restricción contenida en el oficio SP/DPSHT/0030/2022 de tres de febrero de dos mil veintidós. En esa línea, con las actuaciones descritas que las autoridades responsables realizaron en consideración de este órgano jurisdiccional acataron el fallo protector, por lo que con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio constitucional, sin exceso ni defecto alguno. En el presente proveído se declara cumplido el fallo protector en términos de lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En otro aspecto, en cuanto a lo que Francisco Óscar Jiménez Escobar, en su carácter de apoderado de la inconforme Alberta Escobar Cervantes manifestó respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo a través de su escrito recibido en el auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, en donde externa su conformidad con las acciones que las responsables realizaron para acatar el fallo protector, dígase a la justiciable que deberá estarse a lo decidido en la presente resolución en cuanto al cumplimiento de la citada ejecutoria. Notifíquese personalmente. (se notifica por lista a la parte quejosa previo aviso que se le dejo)

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que en el acuerdo de catorce de febrero pasado, se requirió a la Jefa del Departamento de Finanzas de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca para que en el plazo de veinticuatro horas remitiera copias certificadas del reporte de pagos del pensionado de dos mil veintidós, a nombre de la quejosa ********************, sin que haya atendido esa prevención, no obstante que fue notificada de ese proveído el dieciséis del mes y año en curso, como consta en el acuse de recibo del oficio 2436/2023 que se encuentra glosado en este expediente. En razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los arábigos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 y 237, fracción I, de la Ley de Amparo requiérase por segunda ocasión a la Jefa del Departamento de Finanzas de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguiente al en el que quede notificada del oficio que derive del presente acuerdo remita copias certificadas, legibles y completas del reporte de pagos del pensionado de dos mil veintidós, a nombre de la quejosa ********************. Se apercibe a la citada autoridad que de no atender el requerimiento indicado se impondrá en su contra una multa por cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional), numerario que resulta de multiplicar las veces referidas del valor diario de dicha medida por $103.74 (cien tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), que es el valor actual de esa unidad, conforme a lo previsto por el dispositivo 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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