Alberto Abraham Ramírez Aquino y Otros.

Expediente 107/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
107/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • Alberto Abraham Ramírez Aquino y Otros.
  • Director Para la Atención de los Derechos Humanos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se desechó la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 107/2023. Desechamiento. Conforme a lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, debido a que se advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Tal argumento tiene como base lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Federal que consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera... Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que supuestos de improcedencia se actualiza en el caso. Ahora bien, de un estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado del director para la Atención de los Derechos Humanos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la falta de contestación a la solicitud que realizaron mediante escrito de tres de enero del año en curso, recibida el cuatro siguiente, en la que como empleados de dicho instituto, que fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, solicitaron que su situación conserve el estado actual (no se presenten ante la autoridad ante quienes se les puso a disposición), hasta que sea resuelto el recurso de impugnación interpuesto ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 5°, fracción II y 107 fracción II, todos de la Ley de Amparo; ya que los actos de los cuales se duele la quejosa derivan de una relación en plano de igualdad entre empleado patrón y no de supra a subordinación. Los preceptos legales invocados textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.)XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo.(.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede:(.) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo (.)". Del análisis de tales preceptos, se advierte que el juicio de amparo procede contra actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal, así como por Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, precisa que tiene el carácter de autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. También, de conformidad con la última fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente por motivos que resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. De ahí que, si el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en este caso la causa operaría en atención a que la autoridad señalada como responsable no tiene dicho carácter. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos precedentes en relación con el concepto de autoridad responsable, en los que ha precisado que ésta es aquélla que, con fundamento en una ley de orden público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí, ante sí y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. En ese sentido, para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo debe atenderse a lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales, en vía de amparo, se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En ese contexto, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo vigente, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. Así, es preciso destacar que, en relación con la distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, es necesario el estudio de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación, cuyo análisis se requiere para acreditar la naturaleza de los actos que por esta vía se impugnan. Sobre el particular, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel y, para dirimir sus controversias deben acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, como ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de derechos y garantías para su protección como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. En el caso, se reitera que los quejosos en su demanda reclaman del Director para la atención de los Derechos Humanos del Instituto Estatal de Educación Pública, la omisión o falta de contestación al escrito de tres de enero de dos mil veintitrés, y recibida el cuatro siguiente, en el que solicitaron que la situación de los quejosos en el expediente DDHPO/1112/(01)/OAX/2022, conservara el estado que actualmente guardan, hasta en tanto sea resuelto el recurso de impugnación por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es decir, que no se presenten ante la autoridad ante quien se les puso a disposición. En ese tenor, es evidente que no se está en presencia de un acto de autoridad, ya que entre los justiciables y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, existe una relación de coordinación, y no de supra a subordinación, por lo que no es procedente el juicio de amparo, ya que se está reclamando la solicitud que hizo ante una entidad del propio Instituto del que son trabajadores, lo que se corrobora con las documentales que anexaron los quejosos a la demanda de amparo. Así es, del contenido del oficio 15043 de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, firmado por el coordinador operativo de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que a la letra dice: "Visto el estado procesal que guarda el presente expediente de queja número DDHPO/1112/(01)/OAX/2022 iniciado con motivo del planteamiento presentado por el ciudadano Alberto Abraham Ramírez Aquino, quien reclamó probables violaciones a sus derechos humanos y a los de Román Mario Ramírez Aquino y Miguel Ángel Santiago Esteva, atribuidas al Titular del órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, pues manifestó que los tres contaban con su respectiva orden de presentación expedida por el Oficial Mayor del Instituto, quien en su momento los instruyó para que se presentaran ante dicho Órgano Interno de Control, específicamente con el titular a efecto de que se le designaran las funciones administrativas que debían realizar en el área; que desde su adscripción realizaron sus funciones con diligencia, y durante la pandemia se resguardaron en su casa, y una vez que tuvieron indicaciones al respecto, se reincorporaron a trabajar un día hábil a la semana en los mese4s de septiembre y octubre de 2020; que en el mes de julio 2021, recibieron un mensaje del Jefe de Departamento quien les hizo saber que no debían presentarse a la oficina hasta nueva orden, sin embargo, con posterioridad observaron que poco a poco se fueron integrando sus compañeros, sin embargo, ninguno de ellos fue llamado para tal efecto (.)" Se evidencia que a la referida autoridad no le reviste el carácter de responsable, pues los actos que se controvierten se refieren a cuestiones inherentes que le atañen a los peticionarios de amparo como trabajadores; en ese supuesto, se está en un plano de igualdad, y los actos controvertidos no deben estimarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de la existencia de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En las relatadas condiciones, a juicio de este órgano jurisdiccional los actos reclamados en la presente instancia constitucional no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a la su naturaleza. En efecto, tratándose del derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Federal, que reclama la parte quejosa en la presente instancia, la naturaleza jurídica de la relación entre el formulante de la petición y el servidor público a la que ésta se dirige es determinante para efectos de la procedencia del juicio de amparo; derivado de que dicho derecho fundamental cuyo titular es el gobernado en general, implica la facultad de acudir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, entre otros, por virtud del cual el Estado, a través de sus autoridades, tienen como obligación de dar una respuesta por escrito a la solicitud del justiciable. De este modo, el derecho de petición tanto en virtud de su origen como en atención a su naturaleza de derecho público subjetivo consagrado como garantía, supone una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente de gobierno del Estado, obligado como tal a dar contestación por escrito y en breve término al particular. Por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito, y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Sustenta a las anteriores consideraciones la jurisprudencia P./J. 42/20, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro digital 189914, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 126, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD... Derivado de lo anterior, es que se concluye que el acto aquí reclamado, consistente en la omisión de dar contestación por parte de la autoridad que señalan como responsable, no puede considerarse un derecho público subjetivo consagrado en el artículo 8 de la constitución federal, derivado de que la solicitud que realiza, va encaminada a cuestiones laborales, específicamente en conservar el estado que actualmente guardan los quejosos en el expediente DDHPO/1112/(01)/OAX/2022, -el cual versa específicamente sobre aspectos atinentes a las labores que desempeñan los quejosos del instituto que señalan como autoridad responsable-, por ende, es que se advierte entre la peticionario y el ente a quien fue dirigida la solicitud, un plano de coordinación, derivado de la calidad de patrón de la que señala como autoridad responsable. Entonces, en un plano de coordinación, el cual como ya se dijo es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en un mismo nivel.En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA en estudio por notoriamente improcedente... Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 27, fracción I, de la ley de materia téngase como domicilio de la parte quejosa el que refiere en su escrito de demanda; asimismo, se tiene como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alberto Abraham Ramírez Aquino, Miguel Ángel Santiago Esteva, y Román Mario Ramírez Aquino, por no encontrarse registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Téngase al disidente por señalado el correo electrónico y número telefónico que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Juicio en línea. Toda vez que se advierte la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente. (SE NOTIFICA POR LISTA AL PROMOVENTE)

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