Alba Irma Ibáñez Martínez
Expediente 1052/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1052/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alba Irma Ibáñez Martínez
Actuaciones
- Principal
"En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las diez horas con veinte minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Rodrigo Courtois Yannini, asistido de la secretaria, Martha Martínez Hernández, procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. La secretaria hace relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 1052/2023, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo y (ii) auto admisorio de dieciséis de octubre del año en curso. El Juez acuerda. Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Etapa probatoria. La secretaria hace constar que la parte quejosa ofreció las documentales anexas a su demanda. El Juez acuerda. Con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba ante enunciada. Etapa de alegatos. En esta etapa de la audiencia se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda. Al no haber formulado alegatos ninguna de las partes se cierra esta etapa, por lo que no habiendo diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se ordena dictar la sentencia correspondiente. S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1052/2023, promovido por ********************, contra actos que reclamó del subdelegado de Prestaciones de la Oficina de Representación en el Estado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otra autoridad. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de un fallo de fondo, si el acto impugnado vulnera en perjuicio del justiciable los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O S I. ANTECEDENTES ********************, aquí quejosa, refiere que el seis de septiembre de dos mil veintitrés presentó ante la oficialía de partes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca un escrito mediante el cual solicitó se le diera a conocer la resolución administrativa emitida en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente de nulidad ********************, del índice de la Sala Regional Sur del Estado de México; sin que a la fecha se le diera respuesta a la citada petición. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ******************** promovió el presente juicio de amparo mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veintitrés, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común e los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. Señaló como autoridad responsable y acto reclamado lo siguiente: Subdelegado de Prestaciones de la Oficina de Representación en el Estado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Acto reclamado: La omisión de instruir y obligar a su inferior jerárquico para cumplir con sus funciones y darle respuesta a la petición planteada. La omisión de dar respuesta a la petición dirigida al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La parte quejosa precisó que se vulneraron su derecho fundamental establecido en el artículo 8 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés, este juzgador ordenó el registró de la demanda con el número de expediente 1052/2023 y en auto de dieciséis de octubre siguiente, ordenó admitirla, requirió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del presente expediente en todas sus etapas procesales, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O S I. COMPETENCIA Este Juzgado Federal es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. II. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama lo siguiente: La omisión de dar respuesta a la petición formulada el seis de septiembre de dos mil veintitrés, dirigida al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se hace la precisión que en el apartado de actos reclamados la parte quejosa señaló como actos destacados lo siguiente: "La omisión de instruir y obligar a su inferior jerárquico para cumplir con sus funciones y darle respuesta a la petición planteada. La omisión de dar respuesta a la petición dirigida al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado." Sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado es tal y como ha quedado fijado; ya que de la lectura integral de la demanda se advierte que la pretensión del quejoso es que se le dé respuesta al escrito seis de septiembre de dos mil veintitrés, dirigida al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el cual solicitó se le diera a conocer la resolución administrativa emitida en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente de nulidad ********************, del índice de la Sala Regional Sur del Estado de México. III.CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Las autoridades responsables no rindieron su informe justificado, a pesar de haber quedado legalmente notificado el pasado diecisiete de octubre, por lo que, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les reclama. Aunado a que la quejosa anexó a su demanda la documental consistente en el escrito presentado ante la Subdelegación de Prestaciones del departamento de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el seis de septiembre de esta anualidad, dirigido al Jefe de ese departamento, en el que consta el sello de recibido; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con su ordinal 2°, con las cuales se acredita la petición que refiere el quejoso. IV.OPORTUNIDAD El acto reclamado es una omisión, por tanto, la demanda de amparo puede presentarse mientras subsista, ya que es un acto de tracto sucesivo, es decir, se actualiza de momento a momento hasta en tanto deje de existir. V. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Lo aleguen o no las partes, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, por constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. No obstante, no se advierte alguna causa de improcedencia, por ello, se procede a examinar las cuestiones de fondo del presente asunto. VI.CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se transcriben en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo prevé la obligatoriedad de realizar tal transcripción. VII. ESTUDIO DEL ASUNTO El concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo a la parte quejosa, por las consideraciones siguientes: En efecto, el quejoso refiere que el seis de septiembre de dos mil veintitrés presentó ante la Subdelegación de Prestaciones del departamento de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, un escrito dirigido al jefe de ese departamento en el que solicitó se le diera a conocer la resolución administrativa emitida en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente de nulidad ********************, del índice de la Sala Regional Sur del Estado de México. Ahora bien, para determinar la eficacia de los argumentos de disenso, resulta preciso analizar el contenido del artículo 8°de la Constitución Federal, que dispone: "Artículo 8º Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Asimismo, conviene citar el precedente emitido en la contradicción de tesis 14/2000-PL, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 42/2001, con registro digital 189914, de título, subtítulo y texto siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Del precepto constitucional transcrito y precedente citado se colige que deben actualizarse las siguientes premisas: La existencia de una petición de un particular ante una autoridad, formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa. La correlativa obligación de la autoridad de emitir acuerdo en breve término, en el que dé contestación de manera congruente a la petición formulada; y, Notificar al gobernado en el domicilio señalado para tal efecto, la resolución correspondiente. Asimismo, que las formalidades que se deben seguir para que los particulares eleven peticiones a las autoridades son: a) Por escrito. b) De forma pacífica. c) De manera respetuosa, lo que implica que el particular se debe dirigir a la autoridad con toda atención y miramiento. Además, las autoridades a quienes se dirigen las peticiones, deben: Emitir un acuerdo por escrito. Dar a conocer debidamente al peticionario, en breve tiempo, la respuesta y comunicarlo de modo personal. Así pues, la obligación que impone el precepto Constitucional que se analiza, consiste en que el ente público está obligado a responder toda petición por escrito, en un breve término, el cual debe de entenderse como el tiempo razonable en que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva y en la especie, este resolutor federal estima que dada la naturaleza de la petición, no requiere mayor plazo para dar respuesta a lo solicitado en términos del artículo 8° Constitucional, sin que obste el hecho de que no se prevea disposición expresa en la materia el término para que se dé respuesta a cualquier solicitud, sin embargo, el citado artículo obliga a las autoridades que una vez que se realice una petición de manera respetuosa y pacífica, éstas se encuentran obligadas a una resolución específica por separado que corresponda al caso, en la que fundará y motivará la misma, en la que en su caso, se podrá indicar las razones por las que deben esperar un plazo de mayor término o la negativa a su petición. De igual manera, es preciso señalar que tratándose del derecho de petición, la autoridad a quien va dirigida la solicitud es la obligada a dar contestación a la misma. Lo anterior, con independencia del cúmulo de trabajo que tenga que desarrollar la autoridad a la que va dirigida la petición, pues el artículo 8° constitucional establece la obligación de dar contestación a las peticiones formuladas, a aquellas autoridades a quienes van dirigidas éstas y no a otras diversas. Así pues, para satisfacer el derecho de petición, en su caso, será suficiente que se informe o haga del conocimiento del peticionario, en forma personal, bien que la autoridad en cuestión es incompetente para resolver su solicitud, bien que se ha turnado ésta a otra autoridad interna o subordinada sin que, necesariamente, deba resolverse el problema planteado en la petición o peticiones formuladas a la autoridad respectiva. En ese sentido, se advierte que la omisión reclamada, transgrede en perjuicio de la parte quejosa el derecho que en su favor contempla el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues las autoridades responsables han dejado de cumplir con la obligación de dar respuesta a la petición que, por escrito de forma pacífica y respetuosa, presentó la quejosa ante la Subdelegación de Prestaciones del departamento de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dirigido al jefe de ese departamento desde el pasado seis de septiembre de dos mil veintitrés, sin que a la fecha la autoridad responsable haya emitido algún pronunciamiento respecto de dicha petición. En efecto, de las constancias de autos se advierte que la parte quejosa presentó ante la responsable una petición a fin de que se le diera a conocer la resolución administrativa emitida en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente de nulidad ********************, del índice de la Sala Regional Sur del Estado de México, el cual se recibió por la responsable el seis de septiembre de dos mil veintiuno, como lo acreditó con la documental que anexó a su demanda descrita y valorada en el apartado de existencia de los actos reclamados; sin que a la fecha exista constancia de que la autoridad responsable a la iba dirigida hayan dado contestación a la petición del solicitante del amparo. DECISIÓN En las relatadas circunstancias, como el acto reclamado vulnera el derecho fundamental consagrado en el artículo 8 Constitucional, en perjuicio de ********************, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realice lo siguiente: Emita de inmediato una respuesta a la solicitud realizada por ********************, mediante escrito recepcionado el seis de septiembre de dos mil veintitrés, que anexó a su demanda de amparo y que se le remitió al enviarle al notificarle el auto admisorio. Notifique la respuesta, como legalmente corresponda a la parte quejosa. Sin que ello implique que con motivo de la presente concesión, la autoridad responsable esté vinculada a responder favorablemente a los intereses del solicitante, pues únicamente está constreñida a dar respuesta en forma congruente con lo planteado y hacerlo del conocimiento al peticionario de amparo, en los términos apuntados. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 al 77, 79, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, respecto del acto reclamado fijado en el considerando II de esta resolución, por las razones expuestas en el VII y para los efectos precisados en el VII. Notifíquese mediante lista de acuerdos a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma electrónicamente Rodrigo Courtois Yannini, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de la secretaria Martha Martínez Hernández, con quien actúa y da fe. S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1052/2023, promovido por ********************, contra actos que reclamó del subdelegado de Prestaciones de la Oficina de Representación en el Estado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otra autoridad. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de un fallo de fondo, si el acto impugnado vulnera en perjuicio del justiciable los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O S I. ANTECEDENTES ********************, aquí quejosa, refiere que el seis de septiembre de dos mil veintitrés presentó ante la oficialía de partes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca un escrito mediante el cual solicitó se le diera a conocer la resolución administrativa emitida en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente de nulidad ********************, del índice de la Sala Regional Sur del Estado de México; sin que a la fecha se le diera respuesta a la citada petición. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ******************** promovió el presente juicio de amparo mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veintitrés, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común e los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. Señaló como autoridad responsable y acto reclamado lo siguiente: Subdelegado de Prestaciones de la Oficina de Representación en el Estado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Acto reclamado: La omisión de instruir y obligar a su inferior jerárquico para cumplir con sus funciones y darle respuesta a la petición planteada. La omisión de dar respuesta a la petición dirigida al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La parte quejosa precisó que se vulneraron su derecho fundamental establecido en el artículo 8 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés, este juzgador ordenó el registró de la demanda con el número de expediente 1052/2023 y en auto de dieciséis de octubre siguiente, ordenó admitirla, requirió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del presente expediente en todas sus etapas procesales, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O S I. COMPETENCIA Este Juzgado Federal es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. II. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama lo siguiente: La omisión de dar respuesta a la petición formulada el seis de septiembre de dos mil veintitrés, dirigida al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se hace la precisión que en el apartado de actos reclamados la parte quejosa señaló como actos destacados lo siguiente: "La omisión de instruir y obligar a su inferior jerárquico para cumplir con sus funciones y darle respuesta a la petición planteada. La omisión de dar respuesta a la petición dirigida al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado." Sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado es tal y como ha quedado fijado; ya que de la lectura integral de la demanda se advierte que la pretensión del quejoso es que se le dé respuesta al escrito seis de septiembre de dos mil veintitrés, dirigida al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el cual solicitó se le diera a conocer la resolución administrativa emitida en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente de nulidad ********************, del índice de la Sala Regional Sur del Estado de México. III.CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Las autoridades responsables no rindieron su informe justificado, a pesar de haber quedado legalmente notificado el pasado diecisiete de octubre, por lo que, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les reclama. Aunado a que la quejosa anexó a su demanda la documental consistente en el escrito presentado ante la Subdelegación de Prestaciones del departamento de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el seis de septiembre de esta anualidad, dirigido al Jefe de ese departamento, en el que consta el sello de recibido; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con su ordinal 2°, con las cuales se acredita la petición que refiere el quejoso. IV.OPORTUNIDAD El acto reclamado es una omisión, por tanto, la demanda de amparo puede presentarse mientras subsista, ya que es un acto de tracto sucesivo, es decir, se actualiza de momento a momento hasta en tanto deje de existir. V. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Lo aleguen o no las partes, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, por constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. No obstante, no se advierte alguna causa de improcedencia, por ello, se procede a examinar las cuestiones de fondo del presente asunto. VI.CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se transcriben en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo prevé la obligatoriedad de realizar tal transcripción. VII. ESTUDIO DEL ASUNTO El concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo a la parte quejosa, por las consideraciones siguientes: En efecto, el quejoso refiere que el seis de septiembre de dos mil veintitrés presentó ante la Subdelegación de Prestaciones del departamento de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, un escrito dirigido al jefe de ese departamento en el que solicitó se le diera a conocer la resolución administrativa emitida en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente de nulidad ********************, del índice de la Sala Regional Sur del Estado de México. Ahora bien, para determinar la eficacia de los argumentos de disenso, resulta preciso analizar el contenido del artículo 8°de la Constitución Federal, que dispone: "Artículo 8º Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Asimismo, conviene citar el precedente emitido en la contradicción de tesis 14/2000-PL, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 42/2001, con registro digital 189914, de título, subtítulo y texto siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Del precepto constitucional transcrito y precedente citado se colige que deben actualizarse las siguientes premisas: La existencia de una petición de un particular ante una autoridad, formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa. La correlativa obligación de la autoridad de emitir acuerdo en breve término, en el que dé contestación de manera congruente a la petición formulada; y, Notificar al gobernado en el domicilio señalado para tal efecto, la resolución correspondiente. Asimismo, que las formalidades que se deben seguir para que los particulares eleven peticiones a las autoridades son: a) Por escrito. b) De forma pacífica. c) De manera respetuosa, lo que implica que el particular se debe dirigir a la autoridad con toda atención y miramiento. Además, las autoridades a quienes se dirigen las peticiones, deben: Emitir un acuerdo por escrito. Dar a conocer debidamente al peticionario, en breve tiempo, la respuesta y comunicarlo de modo personal. Así pues, la obligación que impone el precepto Constitucional que se analiza, consiste en que el ente público está obligado a responder toda petición por escrito, en un breve término, el cual debe de entenderse como el tiempo razonable en que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva y en la especie, este resolutor federal estima que dada la naturaleza de la petición, no requiere mayor plazo para dar respuesta a lo solicitado en términos del artículo 8° Constitucional, sin que obste el hecho de que no se prevea disposición expresa en la materia el término para que se dé respuesta a cualquier solicitud, sin embargo, el citado artículo obliga a las autoridades que una vez que se realice una petición de manera respetuosa y pacífica, éstas se encuentran obligadas a una resolución específica por separado que corresponda al caso, en la que fundará y motivará la misma, en la que en su caso, se podrá indicar las razones por las que deben esperar un plazo de mayor término o la negativa a su petición. De igual manera, es preciso señalar que tratándose del derecho de petición, la autoridad a quien va dirigida la solicitud es la obligada a dar contestación a la misma. Lo anterior, con independencia del cúmulo de trabajo que tenga que desarrollar la autoridad a la que va dirigida la petición, pues el artículo 8° constitucional establece la obligación de dar contestación a las peticiones formuladas, a aquellas autoridades a quienes van dirigidas éstas y no a otras diversas. Así pues, para satisfacer el derecho de petición, en su caso, será suficiente que se informe o haga del conocimiento del peticionario, en forma personal, bien que la autoridad en cuestión es incompetente para resolver su solicitud, bien que se ha turnado ésta a otra autoridad interna o subordinada sin que, necesariamente, deba resolverse el problema planteado en la petición o peticiones formuladas a la autoridad respectiva. En ese sentido, se advierte que la omisión reclamada, transgrede en perjuicio de la parte quejosa el derecho que en su favor contempla el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues las autoridades responsables han dejado de cumplir con la obligación de dar respuesta a la petición que, por escrito de forma pacífica y respetuosa, presentó la quejosa ante la Subdelegación de Prestaciones del departamento de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dirigido al jefe de ese departamento desde el pasado seis de septiembre de dos mil veintitrés, sin que a la fecha la autoridad responsable haya emitido algún pronunciamiento respecto de dicha petición. En efecto, de las constancias de autos se advierte que la parte quejosa presentó ante la responsable una petición a fin de que se le diera a conocer la resolución administrativa emitida en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente de nulidad ********************, del índice de la Sala Regional Sur del Estado de México, el cual se recibió por la responsable el seis de septiembre de dos mil veintiuno, como lo acreditó con la documental que anexó a su demanda descrita y valorada en el apartado de existencia de los actos reclamados; sin que a la fecha exista constancia de que la autoridad responsable a la iba dirigida hayan dado contestación a la petición del solicitante del amparo. DECISIÓN En las relatadas circunstancias, como el acto reclamado vulnera el derecho fundamental consagrado en el artículo 8 Constitucional, en perjuicio de ********************, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realice lo siguiente: Emita de inmediato una respuesta a la solicitud realizada por ********************, mediante escrito recepcionado el seis de septiembre de dos mil veintitrés, que anexó a su demanda de amparo y que se le remitió al enviarle al notificarle el auto admisorio. Notifique la respuesta, como legalmente corresponda a la parte quejosa. Sin que ello implique que con motivo de la presente concesión, la autoridad responsable esté vinculada a responder favorablemente a los intereses del solicitante, pues únicamente está constreñida a dar respuesta en forma congruente con lo planteado y hacerlo del conocimiento al peticionario de amparo, en los términos apuntados. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 al 77, 79, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, respecto del acto reclamado fijado en el considerando II de esta resolución, por las razones expuestas en el VII y para los efectos precisados en el VII. Notifíquese mediante lista de acuerdos a las partes y por oficio a la autoridad responsable."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que está transcurriendo el plazo de quince días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable rinda su informe justificado. Por lo que, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada en esta fecha y se fijan las diez horas con veinte minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese mediante lista de acuerdos a las partes.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; regístrese con el número 1052/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes, y se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Admisión. Con fundamento en lo establecido por los ordinales 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite a trámite la demanda presentada por ************, contra actos del subdelegado de Prestaciones de la Oficina de Representación en el Estado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otra autoridad. Trámite del incidente de suspensión. Tramítese este juicio sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables para que rindan su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido en el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomado en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlo y, en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. En el entendido que deberán exponer las razones y fundamentos que se estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; apercibidas de que de no hacerlo así, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también le será aplicada en caso de que no rinda su informe justificado. Así también, las autoridades deberán informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo contra el mismo acto, o alguno diverso relacionado. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Notificación a las autoridades señaladas como responsables. En términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán mediante lista que publica este Juzgado. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se le impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo vigente. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional, se fijan las diez horas con veinte minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés. Emplazamiento del representante social de la Federación. Con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito este auto en forma personal corriéndole traslado con copia fotostática simple de la demanda y entréguesele reproducción íntegra de esta determinación para efectos de su emplazamiento. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta y como su autorizado con las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Pedro Palacios Texa, toda vez que aparece registrada cédula profesional a nombre de dicho autorizado en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Correo electrónico y número telefónico. Por otro lado, se tiene al inconforme señalando el correo electrónico y número telefónico que proporciona, únicamente como medio de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que ofrece. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Juicio en línea. Toda vez que se advierte la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la agente del Ministerio público adscrita y por lista a las demás partes.
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