Albeiro de Jesús Hoyos Franco
Expediente 1000/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1000/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/09/2023
Partes del expediente
- Albeiro de Jesús Hoyos Franco
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, por el cual acusa de recibo el oficio 23708/2023, al que se anexó el expediente original relativo al juicio de amparo 1000/2023, del índice de este juzgado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En términos del artículo 19, fracción I, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 21 y 22 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente, la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por el licenciado José Alejandro Ortiz Monroy, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se advierte que a la fecha no se cuenta con el acuse de recibo del oficio 23708/2023, enviado al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, por el cual se anexó el expediente original del Juicio de amparo ******************** (del índice de este juzgado), con motivo de que este órgano jurisdiccional, mediante proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, no aceptó la competencia planteada por dicho órgano jurisdiccional. Por tanto, solicítese de la manera más atenta, mediante oficio que se libre con transcripción del presente proveído, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, para que, de no tener inconveniente, acuse de recibo el oficio 23708/2023 (del índice de este juzgado), por el cual se anexó el original del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, en favor de ********************Notifíquese. Así, lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por Gerardo Castillo Riedel, Secretario que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en el cual se transcribió el proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, asimismo, remite los autos originales del juicio de amparo ********************, de su índice. Ahora bien, de los autos del juicio de referencia, se advierte que en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, declaró carecer de competencia territorial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de la demanda de amparo promovida por********************, en favor de ********************, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; fórmese expediente y regístrese como juicio de amparo 1000/2023-E. No se acepta competencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si acepta o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución. Y de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Ahora bien, conviene señalar, sobre el tema, la Ley de Amparo, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos dicho ente establecerá también mediante acuerdos generales, el número de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de Juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. En el caso concreto, la suscrita considera, de manera respetuosa, que en la especie no asiste razón al órgano jurisdiccional declinante, de ahí que, no se acepta la competencia planteada, en atención a las consideraciones siguientes: El promovente señala, en esencia, como actos reclamados los siguientes: "De las autoridades responsables señaladas como ordenadoras, reclamo la ilegal e inconstitucional detención y privación de la libertad del quejoso, por más de 36 horas [.] El ilegal e inconstitucional alojamiento del quejoso en las instalaciones del Instituto Nacional de migración en la estación migratoria con domicilio en la ciudad de Tijuana, donde al parecer se encuentran en estos momentos incomunicados y privados de su libertad siendo objeto de malos tratos." Luego, el Juez declinante para sostener su postura, consideró que en el caso, se actualiza el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, al considerar que los actos reclamados por el promovente del amparo se están ejecutando dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. Empero, como se adelantó quien resuelve, no comparte el criterio adoptado por el declinante. Para fundar la posición adoptada es necesario invocar el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.) Mismo que determina la competencia por territorio al juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecute o tratarse de ejecutarse el acto reclamado, lo cual resulta acorde a lo dispuesto en los diversos numerales 35 y 37, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de apelación son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Lo destacado no es de origen. En términos de las normas de orden constitucional y legal antes referidas, la competencia del juzgador de amparo en razón al lugar de ejecución del acto motivo de reclamo se determina conforme a las siguientes premisas: a) La regla general atiende a la ejecución del acto objeto de reclamo, en tanto es juez competente el que tiene jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, la competencia radica en el juez ante quien se presentó la demanda; y, c) Si no requiere de ejecución material, el competente será aquél ante quien se haya presentado la demanda. En ese tenor, cobra puntual aplicación la segunda regla, pues acorde a lo establecido por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, en la Jurisprudencia PC.I.P. J/39 P (10a.), Materias Común y Penal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, página 1071, con el rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO". Criterio que, en su parte conducente, este juzgado comparte, al considerar que, la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el juez de Distrito ante el que se presentó la demanda. Efectivamente, se reitera que no asiste razón al juez declinante, pues derivado de las manifestaciones realizadas por el promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, señaló que el quejoso, fue detenido el sábado diecisiete de septiembre de dos mil veintidós, aproximadamente a las quince horas por autoridades migratorias en el aeropuerto en la ciudad de Mexicali; asimismo, que el quejoso fue trasladado a la estación migratoria de Tijuana. Por ende, es claro que los actos reclamados tuvieron ejecución en más de un Distrito, pues inicialmente se ejecutaron en la ciudad de Mexicali y se continuaron en esta ciudad de Tijuana. Por lo que se concluye, en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo de que se trata, el juez ante quien se presentó la demanda de amparo. Lo anterior, incluso, redunda en un mayor beneficio para las víctimas indirectas, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable, acceda de manera personal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información directa, aporte pruebas, formule alegatos y, en general, haga valer sus derechos de manera eficaz. En paralelo, subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es, en primer momento, el paradero de la víctima y en su caso, obtenga su comparecencia, como un auténtico habeas corpus. Apoya lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia 1a./J. 83/2019 (10a.), con registro digital 2021413, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, consultable en el Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 617, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto del tenor siguiente: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PROMUEVE. La desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente o continua, en el que predomina la falta de información de las autoridades estatales acerca del paradero de la persona o la negativa a reconocer la comisión del ilícito, por lo que no siempre es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se esté ejecutando. Ante tal circunstancia, toda vez que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, se concluye que en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, el juez ante quien se presente la demanda de amparo. Lo anterior, incluso, redunda en un mayor beneficio para las víctimas indirectas, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable, acceda de manera personal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información directa, aporte pruebas, formule alegatos y, en general, haga valer sus derechos de manera eficaz. En paralelo, subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es el paradero de la víctima del multicitado delito y en su caso, obtenga su comparecencia, como un auténtico habeas corpus." En ese contexto, se estima que el juez competente es ante quien se presentó la demanda de amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 2/95 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo I, abril de 1995, página 31, registro 200824, de rubro: "COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCIÓN LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE PREVINO". De igual forma, debe considerarse que, como en la demanda de amparo el promovente del amparo aseguró, bajo protesta de decir verdad, que la detención del quejoso se llevó a cabo por autoridades migratorias del Aeropuerto de la Ciudad de Mexicali, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promovió la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realizó el señalamiento expreso de dichas autoridades ejecutoras con residencia en ese sitio, es factible prevenir al promovente del amparo para que aclarara su demanda e hiciera el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, a efecto de establecer la competencia respectiva, si el impetrante señala o no, autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente. Es aplicable en lo que interesa, la jurisprudencia 1ª./J. 52/2013 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 383, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE." En las relatadas condiciones, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y se ordena devolver. Cabe señalar que el anterior criterio encuentra sustento en la ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, dentro del conflicto competencial ********************, suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali y este órgano jurisdiccional, por el cual resolvió declarar competente a aquél juzgado para conocer de la demanda de amparo que dio origen al expediente ********************, de su índice. En consecuencia, con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo, y el presente proveído, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal. Notifíquese. Así, lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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