Alan Gilberto Guajardo Alamillo
Expediente 1282/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1282/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/11/2023
Partes del expediente
- Alan Gilberto Guajardo Alamillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
S E N T E N C I A VISTOS los autos del expediente 1282/2023-E, a fin de resolver en sentencia lo relativo al juicio de amparo promovido por Eduardo Castro Palacios, abogado particular de Alan Gilberto Guajardo Alamillo contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. El nueve de octubre de dos mil veintitrés, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, la demanda de amparo promovida por Alan Gilberto Guajardo Alamillo, en la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad que a continuación se mencionan: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad De igual forma, mencionó como actos reclamados los siguientes: "1) Acuerdo de fecha 5 de octubre 2023" Segundo. En acuerdo de diez de octubre de dos mil veintitrés, se radicó dicho asunto, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y sin que exista tercero interesado, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material en territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Segundo. Fijación del acto reclamado. Previo a verificar la certeza de los actos reclamados, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, es preciso señalar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama lo siguiente: El acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintitrés en que se desechó la petición para revisar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en la causa penal 394/2023. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. Se considera lo anterior, pues al rendir su informe justificado, así lo reconoció dicha autoridad, y expuso además que el trece de octubre del año en curso, se llevó a cabo la audiencia relativa a la revisión de medidas cautelares; en la cual se resolvió modificar dicha medida y en su lugar se decretó la prisión preventiva justificada. Y se corrobora con la constancia que anexa a su informe, y con el video correspondiente a la audiencia respectiva. Documentales que gozan de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los numerales 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, párrafo segundo. Por lo que, al momento de presentarse la demanda de amparo, el acuerdo reclamado era existente. Cuarto. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, por lo que el análisis de las causales de improcedencia debe realizarse lo aleguen o no las partes, conforme a lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como en la Jurisprudencia II. 1o. J/5, registro 222780, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, página 95; de rubro "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Con relación al acto reclamado, quien esto resuelve, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Tiene aplicación al efecto por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte lo siguiente: El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, reconoce que en el expediente de ejecución 394/2023, se emitió el acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la petición para revisión de medidas cautelares. Posteriormente, dicha autoridad en su informe, expuso que el trece de octubre de este año, se llevó a cabo la audiencia relativa a la revisión de medidas cautelares, en la que impuso al hoy quejoso la medida de prisión preventiva justificada. Y con posterioridad, el treinta y uno de octubre siguiente, obra diversa grabación de una segunda audiencia de revisión de la medida cautelar, en la cual se resolvió sustituir la medida de prisión preventiva justificada, por presentación periódica cada lunes ante el Centro de Justicia a partir del lunes seis de noviembre en curso; exhibir una garantía de mil quinientos pesos; sometimiento y vigilancia a la Unidad de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional, y prohibición de salir de la ciudad. Documentales que han sido previamente valoradas, y de su análisis se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -nueve de octubre de dos mil veintitrés-, el acto reclamado subsistía, también lo es que, con posterioridad; es decir, el trece y treinta y uno de octubre siguiente, el juez responsable celebró sendas audiencias en las que, en la primera sustituyó la medida de prisión preventiva oficiosa por la de prisión preventiva justificada y en la segunda modificó esta última ya que consideró que existen otras medidas cautelares menos lesivas que pudiera garantizar su comparecencia al procedimiento, por lo que a fin de llevar su proceso en libertad, le impuso las medidas cautelares antes relacionadas. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley. Quinto. Captura de sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, procédase a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 75 y 76 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alan Gilberto Guajardo Alamillo, por el acto reclamado precisado en el resultando segundo, en términos de lo establecido en el considerando cuarto del presente fallo. Segundo. En cumplimiento a lo establecido en el último punto considerativo de esta resolución, procédase a la captura de esta en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, a diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios y anexo que remite el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos, comunica que en audiencia de revisión de medidas cautelares de trece de octubre del año en curso, determinó modificar la prisión preventiva oficiosa, dentro de la causa penal ********************/********************, de su índice, e impuso la medida prevista en el numeral 155, fracción XIV, consistente en prisión preventiva justificada. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por un término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, con fundamento en los numerales 119 y 123, ambos de la ley de la materia, se tiene por anunciada la prueba documental remitida por la responsable, sin perjuicio de relacionarla nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, mediante el cual informa que en cumplimiento a la suspensión provisional otorgada al quejoso, señaló las doce horas del trece de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de revisión de la medida cautelar, misma que se llevara a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal. En consecuencia, requiérase a la autoridad Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días hábiles, legalmente computado, informe el resultado de la audiencia de revisión de la medida cautelar, fijada en la causa penal 394/2023, de su índice, o bien informe la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a ello. Notifíquese.
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