Alan Adair GutièRrez Montoya
Expediente 292/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 292/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/08/2022
Partes del expediente
- Alan Adair GutièRrez Montoya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, a treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa y sus autorizados, no interpusieron dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra de la determinación judicial de cinco de julio de dos mil veintidós, en la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo vigésimo 21, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Finalmente, tomando en consideración que obra en autos el acuse original del escrito dirigido al Juez Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, con fecha de recepción dieciséis de febrero de dos mil veintiuno; en términos del artículo 20 segundo párrafo del multicitado acuerdo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, comparezca ante este órgano jurisdiccional a realizar las gestiones necesarias para la devolución de dicho documento, apercibiéndole que de no hacerlo así, será destruido junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, a doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no ha sido notificado del proveído de cinco de julio de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, a fin de proveer lo conducente; de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso f) de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito del auto de cinco de julio de dos mil veintidós, de lo cual el fedatario deberá levantar la constancia para que obre como corresponda. Notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
Tijuana, Baja California, a cinco de julio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos sin mayor proveído los oficios que remiten las autoridades responsables Juez Segundo de lo Familia y Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Familiar, ambas con residencia en esta ciudad; por los cuales rinden informe justificado; lo anterior ya que en auto de uno de julio del año en curso, se tuvo por recibido diverso comunicado con idéntico contenido y se proveyó lo conducente. Por otra parte, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de las autoridades responsables Juez y Secretaria adscritos al Juzgado Segundo de lo Familiar, las documentales que anexó la segunda al oficio por el cual rinde su informe justificado, consistente en copia certificada de las constancias que integran el expediente 1349/2019, relativo al juicio sumario de alimentos promovido por Norma Fernanda Ríos Rivas en contra de Rene Ríos García. Las referidas documentales, cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2261 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En este orden de ideas, este Juzgado Federal advierte de oficio que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". En ese sentido, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien por una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener efectos jurídicos. De tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo porque el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso Alan Aldair Gutiérrez Montoya; y, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J.9/98, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210; registro 196820, que a la letra dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En este orden, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que se actualiza tal causa de improcedencia en el juicio, cuando éste se promueva en contra de la omisión de las autoridades respecto de una petición o instancia promovida por un particular y la autoridad emite una respuesta expresa a dicha petición, o se resuelva la instancia respectiva. Esto es, debe considerarse que ante el pronunciamiento de la autoridad respecto de lo solicitado, los efectos de la paralización total del expediente 1349/2019 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar de esta ciudad; la omisión de dar cumplimiento al debido proceso; la omisión de resolver la petición realizada mediante escrito recibido el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno; y la omisión de dar cuenta con el escrito presentado dentro del expediente 1349/2019, desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la conducta omisiva de las responsable. El anterior criterio se asentó en la Jurisprudencia 2a./J. 205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, enero de 2009, página 605, registro 168189, la cual es aplicable al caso por identidad de razón y que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Lo anterior es así, porque de las constancias allegadas por las autoridades responsables a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desprenden las actuaciones siguientes: Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, Norma Fernanda Ríos Rivas, promovió ante el Juez de Primera Instancia de lo Familiar, juicio sumario civil sobre alimentos en contra de Rene Ríos García, del cual por razón de turno correspondió conocer a la Jueza Segundo de lo Familiar, con sede en esta ciudad. Seguida la secuela procesal, mediante determinación judicial de veintiocho de febrero de dos mil veinte, la jueza responsable emitió sentencia definitiva. Mediante escrito con registro 1563, la parte actora por conducto de su abogado procurador interpuso recurso de apelación; ante ello, la juez responsable mediante determinación de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, previno a la parte recurrente a efecto que subsanara la prevención señalada en dicho proveído relativa a la exhibición de copias. El tres de junio de dos mil veintidós, la responsable Juez Segundo Familiar de esta ciudad, al no encontrar el escrito presentado por el quejoso el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 70 del Código de Procedimientos Civiles, determinó a la reposición del referido escrito. Así, mediante determinación judicial de tres de junio de dos mil veintidós, la responsable Juez Segundo Familiar de esta ciudad, tuvo por recibido el diverso escrito del quejoso Alan Aldair Gutiérrez Montoya, por el que subsanó la prevención impuesta en auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, y con ello lo tuvo exhibiendo las copias de los agravios para el expediente y cada una de las partes; por ello, tuvo por interpuesto el recurso de apelación hecho valer por la parte actora, el cual se admitió en efecto devolutivo y ordenó la remisión de los autos originales a las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado con residencia en esta ciudad. En ese sentido, si en la presente instancia constitucional el quejoso reclamó la paralización total del expediente 1349/2019 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar de esta ciudad; la omisión de dar cumplimiento al debido proceso; la omisión de resolver y dar cuenta con la petición realizada mediante escrito recibido el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno (por el cual exhibió las copias del recurso de apelación que interpuso); en consecuencia, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, ya que la autoridad responsable Juez Segundo Familiar de esta ciudad, mediante acuerdos de tres de junio de dos mil veintidós, al no encontrar el escrito presentado por el quejoso el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 70 del Código de Procedimientos Civiles, por una parte, se determinó a la reposición del referido escrito, y por otra, lo tuvo por recibido y por ende, por subsanada la prevención impuesta en auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno (es decir, exhibiendo las copias de los agravios para el expediente y cada una de las partes); además, determinó tener por interpuesto el recurso de apelación hecho valer por la parte actora en contra de la sentencia definitiva dictada el veintiocho de febrero de dos mil veinte, el cual se admitió en efecto devolutivo y ordenó la remisión de los autos originales a las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado con residencia en esta ciudad. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (doce horas del veintinueve de julio dos mil veintidós); comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a uno de julio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios que remiten las autoridades responsables Juez Segundo de lo Familia y Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Familiar, ambas con residencia en esta ciudad en atención a éstos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que les fue requerido; con el contenido de los mismos dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, atendiendo a que los actos reclamados se hacen consistir en: La paralización total del expediente 1349/2019 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar de esta ciudad. La omisión de dar cumplimiento al debido proceso. La omisión de resolver la petición realizada mediante escrito recibido el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. La omisión de dar cuenta con el escrito presentado dentro del expediente 1349/2019. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computados, remita copia certificada de las constancias que formen parte del los actos reclamados por el aquí quejoso; lo anterior, toda vez que las mismas son necesarias para resolver el presente juicio de garantías. Con el apercibimiento para la citada autoridad en caso de no cumplir lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas del veintinueve de julio de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.
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