Alba Yuliesky Ramos Martínez

Expediente 870/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
870/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
20/07/2023

Partes del expediente

  • Alba Yuliesky Ramos Martínez
  • Dasha Georgette González Martínez
  • Tabatha Natasha González Martínez
  • DASHA GEORGETTE GONZÁLEZ MARTÍNEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, hágase la precisión de que el presente expediente es conservable, en virtud de que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 Constitucional; lo anterior, en cumplimiento al artículo 17, fracción III del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el dos de junio de dos mil veintitrés; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse dicho expediente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos únicamente como corresponda, el informe justificado rendido por el Departamento Jurídico en Materia de Amparo de la Policía Estatal de Investigación, con sede en esta ciudad; sin que sea el caso ponerlo a la vista de las partes en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que por acuerdo de veintinueve de junio pasado, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio constitucional. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos únicamente como corresponda, el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; sin que sea el caso ponerlo a la vista de las partes en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que por acuerdo de veintinueve de junio pasado, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio constitucional. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan este expediente, agréguense a estos autos para los efectos legales correspondientes los informes justificados rendidos por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad, del cual se advierte la situación jurídica de las directas quejosas ******************** y ********************, sin que sea el caso ponerlos a la vista de las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. De los informes justificados de mérito se advierte que las nombradas quejosas se encontraban presentes en el área de seguridad de la Fiscalía General del Estado, bajo resguardo de la Policía Estatal de Investigación, a disposición de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, en calidad de imputadas de los hechos denunciados en la carpeta de investigación ********************. Sin embargo, por acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintitrés, dictado por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo, dejó en inmediata libertad a las aquí quejosas ******************** y ********************, por los motivos y fundamentos expuestos en el citado proveído, en la carpeta de investigación de origen. Lo anterior, se patentiza con copia certificada de las constancias correspondientes que fueron adjuntadas al informe justificado rendido por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, Carlos Alberto Chablé Contreras, promovió demanda de amparo reclamando de las autoridades responsables la incomunicación, privación de la libertad, entre otras, de las directas quejosas ******************** y ********************, fuera de procedimiento (que refirió como ilegal detención) y malos tratos. Sin embargo, de las constancias que el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, acompañó a su informe justificado, se advierte que por acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintitrés, dejó en inmediata libertad a las aquí quejosas ******************** y ********************, por los motivos y fundamentos expuestos en el citado proveído, en la carpeta de investigación ********************. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos de los actos reclamados. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se causa agravio alguno a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Es aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

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