Alba Margarita Herrera Ortiz
Expediente 453/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 453/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alba Margarita Herrera Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de veintidós de abril de dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en sus puntos resolutivos sobreseyó en el presente asunto; para todos los efectos legales que correspondan. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 453/2022-IV-B, promovido por ALBA MARGARITA HERRERA ORTÍZ; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el dieciocho siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ALBA MARGARITA HERRERA ORTÍZ, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, previa prevención, se admitió a trámite la demanda; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento a la parte tercera interesada, y previo diferimiento, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La omisión de la autoridad responsable de dar contestación a los escritos presentados el dieciséis de noviembre y trece de diciembre ambos de dos mil veintiuno, y un escrito presentado el diez de enero de dos mil veintidós, en el expediente 333/2018, del índice del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado Turno Vespertino, con residencia en esta ciudad, manifestó que no es cierto el acto reclamado; por cuanto hace a la contestación de los escritos presentados el dieciséis de noviembre y trece de diciembre ambos de dos mil veintiuno, ya que refiere en su informe que los mismos fueron acordados en proveído de fecha cuatro de enero del año en curso, notificando a las partes por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado el doce de enero del presente año, en el juicio laboral 333/2018, de su índice; y al efecto adjuntó las documentales que así lo demuestran. En ese contexto, de las documentales que remitió la Juez responsable con su informe de ley, a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se observa que al momento que presentó la parte quejosa su escrito de demanda la autoridad responsable había dado contestación a dichos escritos y notificado a las partes por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado el doce de enero del presente año, siendo que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio fue presentada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós; por tanto, el acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación de los escritos presentados el dieciséis de noviembre y trece de diciembre, ambos de dos mil veintiuno, es inexistente. En ese sentido, se advierte que en la especie procede el sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; [.]". De la anterior transcripción, se advierte que ante la negativa de la autoridad responsable, y al no probar la existencia de los actos la parte promovente de amparo, procede SOBRESEER en el juicio constitucional respecto a dichos actos. Al respecto se aplica la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 227634 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI. 2o. J/20 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, página 627 Tipo: Jurisprudencia INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, por cuanto hace a la contestación del escrito presentado el diez de enero del presente año, pues a pesar de que en su informe justificado negó el acto que se le atribuye, lo cierto es, que con posterioridad realizó manifestaciones de las que se evidencia su certeza; de ahí que, se reitera, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Apoya la anterior determinación, por similitud jurídica substancial, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible con número de registro IUS 211,004, consultable en la página 391, del Tomo XIV, correspondiente a Julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, concerniente a la cesación de efectos del acto reclamado, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto de autoridad, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, de las constancias que anexó la responsable a su informe, a las cuales se les concede valor probatorio conforme a los ordinales 192 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se advierte que el veintidós de marzo del año en curso, la responsable dictó acuerdo en el que dio contestación al escrito presentado la parte quejosa el diez de enero de dos mil veintidós, en el expediente 333/2018, del índice de la autoridad responsable, mismo que fue notificado a la parte quejosa el veinticinco de marzo del año en curso. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el diez de enero de dos mil veintidós, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte amparista la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Por lo que el acuerdo respectivo motivo de la cesación surgió durante la sustanciación del presente juicio de amparo, ya que la parte quejosa presentó la demanda constitucional el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, y la responsable, el veintidós de marzo siguiente dictó el acuerdo en el que dio contestación al escrito presentado el diez de enero del año en curso, en el expediente 333/2018, del índice de la autoridad responsable, el que notificó a la parte interesada el veinticinco de marzo de dos mil veintidós; lo que actualiza a plenitud la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario del amparo en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77 fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ALBA MARGARITA HERRERA ORTÍZ, en contra del acto que reclama de la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado Turno Vespertino, con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ALBA MARGARITA HERRERA ORTÍZ, en contra del acto que reclama de la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado Turno Vespertino, con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados el considerando quinto de la presente resolución. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que hasta la presente fecha las autoridades responsables foráneas: 1. JUEZ DE GARANTÍA DEL DISTRITO JUDICIAL DE RAYÓN, CON SEDE EN EL MINERAL DE OCAMPO, CHIHUAHUA. 2. JUEZ DE GARANTÍA DEL DISTRITO JUDICIAL DE MINA, CON SEDE EN LA VILLA DE GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA. No han rendido sus informes previos, ni obran en autos las tarjetas de acuse de recibo correspondientes a los oficios por los que se les solicitaron. Por tal motivo, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la referida audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nuevas fecha y hora para su celebración. Lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que los domicilios de dichas autoridades se ubican fuera de la residencia de este juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Por otra parte, toda vez que hasta la presente fecha, la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial", del Servicio Postal Mexicano, no ha dado cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de dieciséis de marzo del año en curso; requiérase nuevamente a la citada autoridad, a fin de que en el plazo de tres días siguientes al de la notificación del presente acuerdo, devuelva a este Juzgado Federal la tarjeta de acuse de recibo ahí señalada, subsistiendo por tanto el apercibimiento decretado en el proveído en cita. Asimismo, a fin de evitar mayores dilaciones en la impartición de justicia, requiérase nuevamente a las aludidas autoridades responsables JUEZ DE GARANTÍA DEL DISTRITO JUDICIAL DE RAYÓN, CON SEDE EN EL MINERAL DE OCAMPO, CHIHUAHUA y JUEZ DE GARANTÍA DEL DISTRITO JUDICIAL DE MINA, CON SEDE EN LA VILLA DE GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA, para que dentro del término de tres días hábiles, computados a partir de su notificación, rindan su respectivo informe previo. Para lo cual, vía estafeta, reenvíenseles los oficios 17838 y 17836 de catorce de julio de dos mil veintiuno, así como copia de la demanda de amparo, a fin de que se encuentren en aptitud de rendir el correspondiente informe de ley. Se apercibe a las responsables que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, con relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que aún no transcurre el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado remitido por la autoridad responsable Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado Turno Vespertino, residente en esta ciudad, el cual fue recibido y puesto a la vista de las partes en proveído de veintinueve de marzo en curso. Así también, se está a la espera de que dicha autoridad remita las constancias que se le solicitaron. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las ONCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con el licenciado Karlos David Moreno Sequera, Secretario con quien actúa. Doy fe.
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