Alberto Anaya Nolasco
Expediente 702/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 702/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alberto Anaya Nolasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese el oficio SSP/DJ/33805/2019 signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto. Al efecto, no es el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de doce de los corrientes, se tuvo por cumplida dicha sentencia, y se ordenó el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que mediante proveído de treinta de agosto de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado con lo informado por la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera, siendo que la notificación del acuerdo de mérito, se les realizó el dos y cinco de los corrientes. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia y la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia firmada el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, en el primer punto resolutivo se concedió a Alberto Anaya Nolasco el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta capital, para el efecto de que: "...el Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato, acuerde lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y lo haga del conocimiento del aquí quejoso." Posteriormente, a través de auto de cinco de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió a la citada responsable su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, el Delegado del Gobernador Constitucional del Estado, mediante misiva relacionada en proveído de trece de agosto del presente año, comunicó que por oficio de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, el Gobernador del Estado acordó lo conducente respecto a la solicitud de la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, ordenando al Secretario de Seguridad Pública del Estado que de inmediato proporcionara el auxilio de la fuerza pública a su cargo, en las condiciones solicitadas. Determinación que conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, hizo del conocimiento del quejoso, según se advierte de la constancia de notificación que obra al reverso de la copia certificada del diverso oficio que la responsable remitió como anexo. Mediante el propio proveído de trece de agosto del año que transcurre, se vinculó al cumplimiento de la ejecutoria al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. En respuesta a lo anterior, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta capital, mediante oficio relacionado en auto de treinta de agosto último, informó que programó las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, para que con auxilio de la fuerza pública tuviera verificativo la diligencia solicitada por la referida juez en el expediente 02/2018, a fin de desalojar y entregar el predio correspondiente. En tales condiciones, como se advierte de las constancias remitidas, el Gobernador Constitucional acordó lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado por la juez del conocimiento y lo hizo del conocimiento del quejoso, mientras que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública programó fecha y hora para que con el apoyo de la fuerza pública se llevara a cabo la diligencia encomendada. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se considere destruido el acto que se les atribuyó, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese, haciéndolo personalmente al quejoso y tercero interesado, y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que mediante proveído de treinta de agosto de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado con lo informado por la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera, siendo que la notificación del acuerdo de mérito, se les realizó el dos y cinco de los corrientes. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia y la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia firmada el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, en el primer punto resolutivo se concedió a Alberto Anaya Nolasco el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta capital, para el efecto de que: "...el Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato, acuerde lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y lo haga del conocimiento del aquí quejoso." Posteriormente, a través de auto de cinco de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió a la citada responsable su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, el Delegado del Gobernador Constitucional del Estado, mediante misiva relacionada en proveído de trece de agosto del presente año, comunicó que por oficio de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, el Gobernador del Estado acordó lo conducente respecto a la solicitud de la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, ordenando al Secretario de Seguridad Pública del Estado que de inmediato proporcionara el auxilio de la fuerza pública a su cargo, en las condiciones solicitadas. Determinación que conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, hizo del conocimiento del quejoso, según se advierte de la constancia de notificación que obra al reverso de la copia certificada del diverso oficio que la responsable remitió como anexo. Mediante el propio proveído de trece de agosto del año que transcurre, se vinculó al cumplimiento de la ejecutoria al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. En respuesta a lo anterior, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta capital, mediante oficio relacionado en auto de treinta de agosto último, informó que programó las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, para que con auxilio de la fuerza pública tuviera verificativo la diligencia solicitada por la referida juez en el expediente 02/2018, a fin de desalojar y entregar el predio correspondiente. En tales condiciones, como se advierte de las constancias remitidas, el Gobernador Constitucional acordó lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado por la juez del conocimiento y lo hizo del conocimiento del quejoso, mientras que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública programó fecha y hora para que con el apoyo de la fuerza pública se llevara a cabo la diligencia encomendada. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se considere destruido el acto que se les atribuyó, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese, haciéndolo personalmente al quejoso y tercero interesado, y cúmplase. SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Visto: agréguese a este expediente el oficio SSP/DJ/30316/2019 del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del Secretario de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, así como la certificación que al mismo acompaña, que remite en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesado de lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesado.
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