Alba Rocío García Jiménez y Otros.
Expediente 269/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 269/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alba Rocío García Jiménez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de trece de abril de dos mil quince, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la quejosa Alba Roció García Jiménez, mediante proveído de veintisiete de marzo del año en curso, para que cumpliera con la prevención ahí efectuada, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho auto, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por Alba Rocío García Jiménez, por su propio derecho y en representación de su menor hijo José Salvador Delgadillo García, calidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, contra actos del Juez Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 269/2015-IV. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones II y IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción IV, de la ley de la materia que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Ahora bien, en primer término es conveniente precisar que en el capítulo atinente a los antecedes del acto reclamado, la gestionante indicó que: El dieciocho de febrero de dos mil trece, demandó ante la responsable en la vía sumaria civil bajo el número de expediente C208/2013, en contra de José Salvador Delgadillo Rosales, el pago de pensión alimenticia a su favor y de su menor hijo José Salvador Delgadillo García, entre otras prestaciones. El once de marzo de dos mil trece, el Juez responsable le dio trámite al asunto y ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público de su adscripción a efecto de que manifestara lo que a los intereses del menor conviniera. El doce de junio de dos mil trece, el Juez de origen tuvo por recibido la información respecto a las precepciones y deducciones del demandado. El dos de mayo de dos mil catorce, la responsable ordenó girar oficio a la Secretaría de la Defensa Nacional a fin de que descontara a José Salvador Delgadillo Rosales el cuarenta por ciento de todas sus prestaciones ordinarias y extraordinarias, por concepto de alimentos a favor de la aquí quejosa y de su menor hijo. El diez de junio pasado, la responsable emplazó por comparecencia a José Salvador Delgadillo Rosales. En la misma fecha tuvo informando acerca del descuento realizado al antes mencionado y el treinta del mismo mes y año lo tuvo contestando la demanda entablada en su contra. El cinco de agosto de dos mil catorce, se llevó a cabo el desahogo de las pruebas ofrecidas y el veintinueve siguiente, celebró la audiencia de alegatos; lo anterior, sin la comparecencia de los ahora quejosos. El cuatro de septiembre de dos mil catorce la responsable dictó sentencia, la cual causó ejecutoria al no haber sido impugnada. Derivado de esos acontecimientos la promovente aduce que durante la substanciación del procedimiento, se violaron los derechos fundamentales tanto de ella como de su menor hijo y por tal motivo, señala que en esta instancia constitucional se duele de: ".reclamo la inobservancia de una perspectiva para juzgar basada en los derechos de la infancia, perspectiva que yace en los principios que guían la comprensión e interpretación de dichos derechos, principios denominados interés superior del niño; no discriminación; el derecho a opinar en todos los asuntos que le afectan y a que sean debidamente tomadas en consideración sus opiniones; el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo; inobservancia para juzgar de la perspectiva de infancia, acontecida en el juicio concluido que la responsable ventiló bajo el número de expediente C208/2013 relativo a la acción de pago de alimentos en la vía sumaria civil a favor del menor quejoso y de la suscrita que incoé en contra del tercero interesado; e inobservancia de la perspectiva de infancia para juzgar, que arrojó al menor referido a un estado de indefensión en el proceso en virtud de cursar con una representación indebida convirtiéndolo en un tercero extraño al mismo por equiparación,." Empero, no obstante el señalamiento que realiza la promovente del amparo, el suscrito estima que en caso no se puede establecer con exactitud cuál es realmente su intención, lo que genera confusión en lo que realmente reclama. Al respecto cabe señalar que por acto reclamado se entiende la acción o la omisión de la autoridad que la parte quejosa considera violatorias de sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En otras palabras, la expresión "acto u omisiones" prevista en el artículo 1°, fracción I, de la legislación en consulta que reza: ".El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; .", recibe el nombre de acto reclamado, que puede traducirse en una disposición, hecho u omisión autoritario, concreto y particular. Es decir, puede entenderse por acto de autoridad cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión, en una ejecución o en una omisión o en todas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. Por ello, con el señalamiento que hace no es jurídicamente posible establecer concretamente cuál es el acto reclamado en el presente asunto, pues lo que pretende que se tenga como tal es la inobservancia por parte de la responsable, durante todo el procedimiento de origen, de una perspectiva para juzgar basada en los derechos de la infancia, lo que aduce arrojo al menor José Salvador Delgadillo García a tener una representación indebida. No obstante debe decirse que el Juicio de Amparo no constituye una instancia revisora del procedimiento seguido ante los órganos jurisdiccionales del fuero local, sino un medio de defensa constitucional contra actos precisos y concretos acontecidos ante tal procedimiento; por ende, la promovente debe señalar concretamente cuál es la determinación que estima violatoria de sus derechos fundamentales en el juicio C208/2013, del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, pues la actuación de la autoridad habida durante la secuela del proceso en el que arguye se le dejó a ella y a su descendiente en estado de indefensión, sólo puede ser combatida en los conceptos de violación y examinada en la parte considerativa del fallo, pero esto último únicamente cuando sea procedente el amparo contra la resolución correspondiente. Por ello, ante la vaguedad del acto de autoridad que reclama la solicitante del amparo, es necesario que lo precise con toda claridad, haciendo mención de la fecha en que le fue notificado o tuvo conocimiento de él, pues de estimarlo de otra manera podría generar diversos problemas como el que la autoridad no rinda su informe correctamente y que la sentencia que se llegara a emitir no tendría ejecución sobre la verdadera razón del amparo. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, en relación con el 114, fracciones II y IV, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Señale con precisión el acto que le imputa a la autoridad señalada como responsable en la demanda de amparo de acuerdo con los razonamientos expuestos en la presente determinación, y bajo protesta de decir verdad haga mención de la fecha que le fue notificado o tuvo conocimiento de él. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, excepto al de las copias para la apertura del incidente de suspensión, cuya apertura en todo caso únicamente se postergará, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Tomando en consideración que la promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Por otra parte, téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que indica, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará presumir su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, las sentencias ejecutoriadas y las demás resoluciones públicas dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización en los términos ordenados por el titular de este Juzgado en las circulares 1/2010 y 2/2010, de quince y veintiuno de enero de dos mil diez, respectivamente.
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