Alberto Abrego Aguilar

Expediente 595/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
595/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Alberto Abrego Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado electrónicamente por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por **************, en contra del proveído de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, quedando registrado bajo el número 175/2023 de su índice.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso *********************, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento de diecisiete de julio del año en curso. Ahora bien a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, resulta necesario precisar que de la lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desprende que el quejoso acude ante esta instancia constitucional reclamando: La resolución de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, emitida en el toca 350/2023, por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, al resolver el recurso de apelación interpuesto por Jorge Carlos Lara Álvarez, en contra del auto de catorce de marzo del año en curso, dictado dentro del juicio ordinario civil ********************, por el Juez Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, que modifica dicha determinación a efecto de que se admita la prueba fotográfica y medios electrónicos ofertados por la parte actora del procedimiento de origen. En ese orden, se estima que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (...) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:" (.) "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. En efecto, en la legislación vigente, se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; lo que no sucede en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, con la aclaración que hace el legislador secundario, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y, no únicamente, que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De la anterior interpretación derivan dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión contraria a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro de juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. En el caso, como previamente se estableció el quejoso acude a esta instancia constitucional reclamando la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, emitida en el toca 350/2023 por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, al resolver el recurso de apelación interpuesto por Jorge Carlos Lara Álvarez, que modificó el auto de catorce de marzo del año en curso, dictado dentro del juicio ordinario civil ******************** por el Juez Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, a efecto de que se admitiera la prueba fotográfica y medios electrónicos ofertados por la parte actora, el trece de marzo del mismo año. Por tanto, como se puede observar, la resolución que modifica el auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, a efecto de que se admitan las pruebas fotográficas y medios electrónicos que se habían desechado y que fueran ofertadas por la parte actora en el juicio de origen, no puede ser considerada como un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, puesto que su consecuencia únicamente se relaciona con el desahogo de tales probanzas, lo cual, en determinado caso, podría traducirse en una violación procesal que afecte derechos adjetivos, más no así derechos sustantivos, ya que esa actuación tendrá un efecto jurídico en la esfera del quejoso hasta el dictado de la sentencia; por lo que, no se le puede considerar como un acto de imposible reparación, de manera que el acto reclamado no encuadra en la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107 -fracción V- de la Ley de Amparo en vigor. De ahí que, la actuación reclamada sólo implique la infracción a derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si el quejoso obtiene sentencia favorable y, en caso contrario, de resultar opuesto a sus intereses, pueden reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos de las fracciones III y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues en la especie, como se estableció dicho acto reclamado no puede ser considerado como un acto de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, si la quejosa obtiene sentencia favorable en el juicio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISIET DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *********************, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 595/2023-II. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis de la demanda de amparo puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción V, de la ley de la materia, como se verá a continuación: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el caso concreto, el suscrito estima que el solicitante del amparo omitió cumplir con el requisito establecido anteriormente, pues únicamente se limitó a indicar que la parte contraria en el juicio del que emana el acto reclamado interpuso recurso de apelación en contra del auto de catorce de marzo del año en curso, por el que se le desecharon la prueba fotográfica y medios electrónicos, y que el tribunal de apelación modifico dicha determinación a efecto de que se desahogaran dichas probanzas; omitiendo expresar todos y cada uno de los antecedente del acto reclamado, los cuales resultan indispensables para proveer respecto de la substanciación del presente juicio de amparo, ya que sin conocerse estos no sería posible determinar la procedencia del mismo. Por tanto, resulta indispensable que el quejoso indique todos y cada uno de los antecedentes que dieron origen a la resolución reclamada, acorde a lo establecido por la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, debiendo además precisar: Quienes son las partes del expediente civil C-171/2022 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato. La etapa procesal que guarda el referido controvertido. Exponga las razones fundamentales sobre las que se dictó la sentencia de segunda instancia. Se precisa que lo requerido anteriormente se realiza de forma enunciativa, más no limitativa, toda vez que el quejoso dado el carácter con el que se ostenta, le asiste la obligación legal de proporcionar a este Juzgado todos aquellos datos que tenga a su alcance y que permita a este órgano jurisdiccional efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo. Datos que resultan indispensables para proveer sobre la procedencia del juicio; por lo que, es necesario que el quejoso subsane tales omisiones manifestándolo así bajo protesta de decir verdad. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108 -fracción V- en relación con el 114 -fracciones I y II-, ambos de la ley de la materia, prevéngase al quejoso para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con seis copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste bajo protesta de decir verdad la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, específicamente las irregularidades que se destacaron en la presente determinación. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si es el quejoso quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6 de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 -fracción V- de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Por otra parte, dígasele al quejoso que a fin de que se le autoricen las notificaciones vía electrónica, en términos del artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, debe proporcionar el "Nombre de Usuario" utilizado al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En razón de lo anterior, la presente determinación y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado federal, con fundamento en el numeral 26 -fracción III- de la ley de la materia. Asimismo, se le tiene designado como autorizados en término amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Laurentino Lara Guzmán y Gerardo Rosillo Becerra, toda vez que obran sus cédulas profesionales números 1656501 y 4197653 registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a las demás personas que indica, en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral, por no encontrarse en ese supuesto. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

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