Alba Cira Godoy Bravo

Expediente 482/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
482/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/06/2019

Partes del expediente

  • Alba Cira Godoy Bravo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, quien se ostenta albacea de la sucesión a bienes de **********, y **********, quien se ostenta como tutriz de la menor **********, contra actos del Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 482/2019-II. Ahora, resulta necesario precisar que de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que las quejosas acuden ante esta instancia constitucional reclamando: La resolución interlocutoria de nueve de mayo de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por las quejosas en contra del auto de veintitrés de abril del mismo año, y que confirmó la apertura de la cuarta sección denominada de partición, todo ello dentro del procedimiento especial sumario intestamentario C340/2013 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad. En ese orden, se estima que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora, en el caso concreto las promoventes del amparo reclaman la resolución interlocutoria de nueve de mayo de dos mil diecinueve, que confirmó la apertura de la cuarta sección denominada de partición, ello dentro del procedimiento especial sumario intestamentario C340/2013 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad; sin embargo, los efectos de la determinación reclamada sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados, en todo caso, al dictarse la sentencia de adjudicación de los bienes que pone fin al juicio sucesorio en lo principal, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarlas en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos del artículo 172 de la ley de la materia; máxime que las inconformidades manifestadas en la demanda están encaminadas a que no se encuentra cumplida la sentencia emitida por la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado dentro del toca 509/2018, en el sentido de que no está integrada debidamente la tercera etapa del juicio sucesorio de origen. Lo anterior es así, ya que el juicio sucesorio constituye un juicio de carácter universal, y se compone de cuatro etapas individualizadas entre sí. La primera de ellas, corresponde a la de sucesión, la cual comprende el reconocimiento de derechos hereditarios y la declaratoria de herederos, así como el nombramiento y remoción de albaceas e interventores. La segunda etapa, comprende la de inventarios y avalúos. En la tercera, se desarrolla la administración de los bienes y rendición de cuentas. Y la cuarta etapa finaliza con la sentencia de partición y adjudicación, la cual guarda relación con las tres primeras etapas, pues en dicho fallo se realiza la adjudicación a favor de las personas que fueron declarados herederos y con ello se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, de acuerdo con las cuentas de la administración aprobadas en su momento. En relatadas condiciones, al terminar cada una de las etapas del juicio sucesorio, ya no es posible volver a analizar las actuaciones efectuadas dentro de esa etapa, porque cada una de ellas se resuelve por separado mediante una resolución independiente, que adquiere firmeza para los herederos llamados a juicio y que tuvieron participación activa en él. Por consiguiente, las violaciones procesales cometidas durante cada una de las etapas del sucesorio, no son impugnables individualmente en amparo indirecto, sino que éste procede en contra de la resolución interlocutoria que da por concluida cada una de dichas etapas. Sin embargo, existe una excepción a dicha regla, la cual excluye al amparo indirecto, y conmina su procedencia al amparo directo. Dicha excepción se refiere específicamente a la cuarta etapa, ya que como se estableció en párrafos que anteceden, la última determinación que se emite dentro de ella es la sentencia de adjudicación de bienes, la cual pone fin al juicio sucesorio en lo principal, por lo que para los efectos del juicio de amparo es considerada como definitiva, de ahí la procedencia del amparo directo, y no así del indirecto. En tal virtud, como se estableció en acápites anteriores, la resolución interlocutoria de nueve de mayo de dos mil diecinueve, que confirmó la apertura de la cuarta sección denominada de partición, dentro del procedimiento especial sumario intestamentario C340/2013 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad -que como acto reclamado señalan las quejosas-, no puede ser considerada como un acto susceptible de análisis constitucional en este momento, ya que su afectación únicamente puede traducirse en violaciones procesales que afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados, en todo caso, al dictarse la sentencia de adjudicación de los bienes que pone fin al juicio sucesorio en lo principal, dictada en la cuarta etapa, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos del artículo 172 de la ley de la materia. Bajo ese contexto, se estima que respecto al acto reclamado que se analiza, se actualiza de manera manifiesta e indudable la indicada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIII del artículo 61 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase a las promoventes señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisan en su demanda de amparo, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Hilario Yáñez González, en virtud de que cuenta con su cédula profesional número 374515, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *******, quien se ostenta albacea de la sucesión a bienes de **********, y **********, quien se ostenta como tutriz de la menor **********, contra actos del Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 482/2019-II. Ahora, resulta necesario precisar que de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que las quejosas acuden ante esta instancia constitucional reclamando: La resolución interlocutoria de nueve de mayo de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por las quejosas en contra del auto de veintitrés de abril del mismo año, y que confirmó la apertura de la cuarta sección denominada de partición, todo ello dentro del procedimiento especial sumario intestamentario C340/2013 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad. En ese orden, se estima que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora, en el caso concreto las promoventes del amparo reclaman la resolución interlocutoria de nueve de mayo de dos mil diecinueve, que confirmó la apertura de la cuarta sección denominada de partición, ello dentro del procedimiento especial sumario intestamentario C340/2013 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad; sin embargo, los efectos de la determinación reclamada sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados, en todo caso, al dictarse la sentencia de adjudicación de los bienes que pone fin al juicio sucesorio en lo principal, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarlas en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos del artículo 172 de la ley de la materia; máxime que las inconformidades manifestadas en la demanda están encaminadas a que no se encuentra cumplida la sentencia emitida por la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado dentro del toca 509/2018, en el sentido de que no está integrada debidamente la tercera etapa del juicio sucesorio de origen. Lo anterior es así, ya que el juicio sucesorio constituye un juicio de carácter universal, y se compone de cuatro etapas individualizadas entre sí. La primera de ellas, corresponde a la de sucesión, la cual comprende el reconocimiento de derechos hereditarios y la declaratoria de herederos, así como el nombramiento y remoción de albaceas e interventores. La segunda etapa, comprende la de inventarios y avalúos. En la tercera, se desarrolla la administración de los bienes y rendición de cuentas. Y la cuarta etapa finaliza con la sentencia de partición y adjudicación, la cual guarda relación con las tres primeras etapas, pues en dicho fallo se realiza la adjudicación a favor de las personas que fueron declarados herederos y con ello se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, de acuerdo con las cuentas de la administración aprobadas en su momento. En relatadas condiciones, al terminar cada una de las etapas del juicio sucesorio, ya no es posible volver a analizar las actuaciones efectuadas dentro de esa etapa, porque cada una de ellas se resuelve por separado mediante una resolución independiente, que adquiere firmeza para los herederos llamados a juicio y que tuvieron participación activa en él. Por consiguiente, las violaciones procesales cometidas durante cada una de las etapas del sucesorio, no son impugnables individualmente en amparo indirecto, sino que éste procede en contra de la resolución interlocutoria que da por concluida cada una de dichas etapas. Sin embargo, existe una excepción a dicha regla, la cual excluye al amparo indirecto, y conmina su procedencia al amparo directo. Dicha excepción se refiere específicamente a la cuarta etapa, ya que como se estableció en párrafos que anteceden, la última determinación que se emite dentro de ella es la sentencia de adjudicación de bienes, la cual pone fin al juicio sucesorio en lo principal, por lo que para los efectos del juicio de amparo es considerada como definitiva, de ahí la procedencia del amparo directo, y no así del indirecto. En tal virtud, como se estableció en acápites anteriores, la resolución interlocutoria de nueve de mayo de dos mil diecinueve, que confirmó la apertura de la cuarta sección denominada de partición, dentro del procedimiento especial sumario intestamentario C340/2013 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad -que como acto reclamado señalan las quejosas-, no puede ser considerada como un acto susceptible de análisis constitucional en este momento, ya que su afectación únicamente puede traducirse en violaciones procesales que afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados, en todo caso, al dictarse la sentencia de adjudicación de los bienes que pone fin al juicio sucesorio en lo principal, dictada en la cuarta etapa, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos del artículo 172 de la ley de la materia. Bajo ese contexto, se estima que respecto al acto reclamado que se analiza, se actualiza de manera manifiesta e indudable la indicada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIII del artículo 61 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase a las promoventes señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisan en su demanda de amparo, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Hilario Yáñez González, en virtud de que cuenta con su cédula profesional número 374515, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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