Alba Guadalupe Nava Arellanes
Expediente 425/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 425/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alba Guadalupe Nava Arellanes
- Fiscal especializado en materia de Combate a la Corrupción del estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede se advierte que el plazo de diez días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de revisión contra el auto que sobreseyó el juicio fuera de audiencia, feneció sin que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se sobreseyó fuera de audiencia, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que en este incidente de suspensión, se negaron la suspensión provisional y definitiva solicitadas; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que en este asunto se negaron la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
INTERLOCUTORIA Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 425/2020, promovido por********************, contra los actos de las autoridades que se mencionarán más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, la negativa de otorgarle intervención y copias cotejadas en la carpeta de investigación o carpetas de investigación iniciadas en su contra, así como su cumplimiento con todas sus consecuencias legales. Por ello, estima que dicha autoridad viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue presentada el cinco de agosto de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes Común y remitida por cuestión de turno a este órgano jurisdiccional para su conocimiento. Posteriormente fue registrada con el número 425/2020 y fue admitida el seis de agosto de dos mil veinte; en el mismo acuerdo se ordenó tramitar -por duplicado y por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde proveyó respecto a la solicitud de la medida provisional solicitada. La inconforme señaló en su escrito inicial y durante la tramitación del incidente de suspensión, a las autoridades responsables siguientes: Fiscal General del Estado de Oaxaca Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca Encargada de la Mesa de Intervenciones de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos Agente del Ministerio Público de la Mesa Auxiliar III dependiente de la Dirección de Averiguaciones Previas, cuya denominación correcta es: Fiscal Investigador III de Asuntos Relevantes adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos. De quienes reclamó la negativa de otorgarle intervención y copias cotejadas en la carpeta de investigación o carpetas de investigación iniciadas en su contra, así como su cumplimiento con todas sus consecuencias legales. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos. En ese sentido, del examen integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se obtienen los siguientes actos reclamados: La negativa de otorgarle intervención y copias cotejadas en la carpeta de investigación o carpetas de investigación iniciadas en su contra, así como su cumplimiento con todas sus consecuencias legales V. SE DESVIRTÚA INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades señaladas como responsables, al momento de rendir sus informes previos, negaron la existencia de los actos que les fueron reclamados. Sin embargo, dicha negativa la hacen depender del hecho de que en su ámbito de competencia, no han negado a la disidente la intervención a la carpeta de investigación que pudiera instruiste en su contra; sin embargo, del informe previo que rindió el Fiscal Investigador III de Asuntos Relevantes adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, se advierte que ante esa fiscalía, se integra la carpeta de investigación ********************, en contra de******************** y otro. Es decir, si bien no se encuentra entre sus facultades conceder o negar una intervención, lo cierto es que sí existe una carpeta de investigación iniciada en contra de la citada impetrante, cuyo resultado tiene los efectos del cumplimiento que también se reclaman; de ahí que se desvirtúa la inexistencia manifestada por las autoridades responsables y se tienen por ciertos los actos reclamados. Ante la certeza del acto reclamado, se procede efectuar el análisis respecto de la procedencia o no de la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. VI. SE NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR DEFINITIVA. Ahora bien, la quejosa solicitó en su escrito de demanda, la suspensión de los actos recamados para los efectos siguientes: ".se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y esencialmente para que no se judicialice o judicialicen la o las Carpetas de Investigación que refiere la responsable en su instructivo de notificación número ********************" En ese sentido, este juzgador reitera la decisión tomada en el acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte, donde se negó la suspensión provisional, pues aún existen las mismas razones para negar la medida cautelar, pero ahora de forma definitiva. Se dice lo anterior, toda vez que en el caso, dicha medida cautelar resulta improcedente, en razón de que se contravendrían disposiciones de orden público, como lo son: a) paralizar el procedimiento penal acusatorio en su primera etapa, evitando transitar de la investigación inicial a la complementaria; b) se afectaría el interés social, ya que la facultad constitucional del Ministerio Público de investigar los delitos no puede paralizarse; c) se perturbarían eventualmente los derechos fundamentales de las víctimas, en tanto no podrían obtener la reparación del daño causado por el delito, impidiéndoles acceder a una justicia pronta. Así mismo, la continuación del procedimiento no ocasiona perjuicios irreparables al derecho de defensa de la imputada, en virtud de que puede ejercer plenamente su derecho ante el Juez de Control, propiamente en la investigación complementaria. No pasa inadvertido que, si bien la peticionaria accionó este sistema de control constitucional, en razón de que, acorde a su dicho, no se le permite la intervención a la carpeta de investigación que se inició en su contra, lo cierto es que de conformidad con los artículos 20, apartado B, fracciones III y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos al Código Nacional de Procedimientos Penales, al tratarse de una persona en libertad, puede tener acceso a los registros de la carpeta de investigación y ejercer sus derechos constitucionales cuando se reciba su declaración o sea sujeta de un acto de molestia y se solicite su entrevista. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de Jurisprudencia PC.I.P. J/51 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2041, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENTE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO JUDICIALICE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. De la interpretación sistemática de los artículos 20, apartado B, fracciones III y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracción VIII, 216, 218, párrafos primero y tercero, 219, 307, primer párrafo, 310, 311, 314, 315, 333 y 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que en el sistema procesal penal acusatorio, el imputado puede tener acceso a los registros de la carpeta de investigación y ejercer sus derechos constitucionales ante el Ministerio Público o ante el Juez de Control, en los momentos siguientes: 1) cuando se encuentre detenido; 2) cuando se reciba su declaración o sea sujeto de un acto de molestia y se solicite su entrevista; y 3) antes de su primera comparecencia ante el Juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En ese contexto, es improcedente conceder la suspensión para el efecto de que el Ministerio Público no judicialice la carpeta de investigación, pues de concederse, se contravendrían disposiciones de orden público, ya que ello implicaría paralizar el nuevo procedimiento penal acusatorio en su primera etapa, evitando transitar de la investigación inicial a la complementaria; también se afectaría el interés social, toda vez que la facultad constitucional del Ministerio Público de investigar los delitos no puede paralizarse, y que la sociedad está interesada en que dicha facultad se ejerza plenamente y sin demoras; y, se perturbarían eventualmente los derechos fundamentales de las víctimas, en tanto no podrían obtener la reparación del daño causado por el delito, impidiéndoles acceder a una justicia pronta; además, la continuación del procedimiento no ocasiona perjuicios irreparables al derecho de defensa del imputado, en virtud de que puede ejercer plenamente su derecho ante el Juez de Control, propiamente en la investigación complementaria". Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo general conjunto número 1/2009, el plazo de la destrucción del duplicado de este incidente contará a parir de la fecha de esta resolución. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se niega las la suspensión definitiva a********************, respecto de las autoridades responsables y actos reclamados, por las razones expresadas en el apartado VI de esta resolución. SEGUNDO. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo general conjunto número 1/2009, el plazo de la destrucción del duplicado de este incidente contará a parir de la fecha de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Fiscal Investigador III de Asuntos Relevantes adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, y ténganse por recibidas las documentales que en copia certificada exhibe como prueba; dese vista a las partes. Por otra parte, téngase a la citada autoridad responsable aclarando que esa es su denominación correcta y no como la refirió la parte quejosa "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA MESA AUXILIAR III DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS"; en consecuencia, se toma nota de lo anterior y se ordena dirigir las subsecuentes notificaciones a la denominación correcta; así mismo, instrúyase a la analista jurídico SISE para que asiente la denominación correcta en el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE.
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