Alan Enrique Silva Llovet

Expediente 1058/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1058/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/08/2022

Partes del expediente

  • Alan Enrique Silva Llovet y Otros.
  • Alan Enrique Silva Llovet

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de agosto de dos mil veintidós. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de ocho de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de julio de dos mil veintidós. DESAHOGA PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente el escrito de cuenta signado por la quejosa María de la Luz Medina Becerril, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de treinta de junio del año en curso. En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo, por lo que una vez hecho un estudio integral de la demanda y de los escritos de desahogo con los datos aportados por la parte quejosa se provee. ACTO RECLAMADO. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como del escrito que se atiende se advierte que la quejosa reclama: El auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio de conclusión de patria potestad 168/2020, del índice del Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción, Restitución Internacional de Menores y demás Especialidades y no Contenciosos Relacionados con Menores de Edad, y Sumario de Conclusión de Patria Potestad del Estado de México. PRECISIONES. Previo a realizar el análisis de la procedencia del juicio de amparo, es oportuno precisar lo siguiente: Del escrito de desahogo de prevención, la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que fue notificada por medio de lista y boletín judicial de la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca 315/2022, por la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca Estado de México, el veinticinco siguiente. Lo que se corrobora de las copias certificadas que remitió la Jueza Especializada en Procedimientos de Adopción, Restitución Internacional de Menores de Edad y Sumario de Conclusión de Patria Potestad del Estado de México. Documentales que tienen valor probatorio pleno al ser documentos públicos, en términos de los artículos 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se desahogan por su propia y especial naturaleza. De lo anterior, se aprecia que no combatió la determinación emitida en el toca de apelación 315/2022, por la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca Estado de México. Estos es así, en virtud de que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para la promoción de la demanda de garantías, empezó a correr a partir del día siguiente hábil a aquél en que surtió efectos la notificación de la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, que lo fue el veintiséis siguiente -en términos de la acto-, resulta indudable que el plazo genérico de quince días que impone la ley para promover el juicio de amparo, transcurrió en exceso, lo cual se traduce en el consentimiento tácito de la multicitada sentencia. DESECHAMIENTO. Una vez plasmado lo anterior, el artículo 113 de la Ley de Amparo señala que se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Este órgano jurisdiccional estima actualizada de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, y el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se endereza contra actos que son consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." En correlación con la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos antes transcritos, conviene citar la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página nueve, Volumen 217-228, Primera Parte, Séptima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, que en lo conducente establece: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Así, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario que se cumplan dos elementos, a saber: Que el acto reclamado sea una consecuencia legal y necesaria del acto antecedente. Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos previamente. En ese contexto, el acto de autoridad que es consecuencia inmediata y directa de otro que habiendo afectado los intereses de un particular no fue impugnado oportunamente tiene el carácter de acto derivado de otro consentido si no se combate por vicios propios. Lo anterior, tal como se establece en la tesis aislada de la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal del País, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta". De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte: La quejosa María de la Luz Medina Becerril, es parte en los autos del juicio de Conclusión de Patria Potestad 168/2020 del índice del Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción, Restitución Internacional de Menores y demás Especialidades y no Contenciosos Relacionados con Menores de Edad, y Sumario de Conclusión de Patria Potestad del Estado de México.. Dentro del juicio de Conclusión de Patria Potestad 168/2020 la autoridad responsable en sentencia de veintinueve de dos mil veinte, continúo con el trámite hasta el dictado de la sentencia correspondiente. Posteriormente, el seis de abril de dos mil veintidós, se interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en el juicio de Conclusión de Patria Potestad 168/2020, se remitieron los autos y el cuaderno de apelación a la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca Estado de México, radicando bajo el número toca de apelación 315/2022. El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se dicta la resolución en el toca de apelación 315/2022, por el cual revocan la sentencia emitida en el juicio de Conclusión de Patria Potestad 168/2020, que en los resolutivos son del tenor siguiente: CUARTO.- Se condena a ENRIQUE LLOVET CONTRERAS y MARIA DE LA LUZ MEDINA BECERRIL a la inmediata entrega del menor de iniciales A.E.S.LL., en favor de su progenitora KARINA LORENA LLOVET CONTRERAS, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se hará uso de medios de apremio que la Ley establece para materializar la entrega del menor en favor de su progenitora. (.)" Énfasis añadido. El veintidós de junio de dos mil veintidós, en cumplimiento a la sentencia de apelación, específicamente al resolutivo cuarto se emitió un auto dentro en el juicio de Conclusión de Patria Potestad 168/2020, en el cual se cita a Enrique Llovet Contreras y María de la Luz Medina Becerril para que en compañía del menor de edad de identidad reservada de iniciales A.E.S.LL., acudan al juzgado el uno de julio de dos mil veintidós, a las nueve horas con treinta minutos para que de manera voluntaria se realice la entrega del menor antes citado. Por lo anterior, la demanda de amparo que da origen al presente juicio resulta improcedente cuando se promueve en contra de actos derivados de otros consentidos, en este caso, la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio de conclusión de patria potestad 168/2020, del índice del Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción, Restitución Internacional de Menores y demás Especialidades y no Contenciosos Relacionados con Menores de Edad, y Sumario de Conclusión de Patria Potestad del Estado de México, en el cual se cita a Enrique Llovet Contreras y María de la Luz Medina Becerril para que en compañía del menor de edad de identidad reservada de iniciales A.E.S.LL., acudan al juzgado el uno de julio de dos mil veintidós, a las nueve horas con treinta minutos para que de manera voluntaria se realice la entrega del menor dando cumplimiento a la resolución emitida, por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Sin que de la lectura de la demanda de amparo se advierta que contra dicho acto la quejosa haya hecho valer el recurso correspondiente o, en su caso haya reclamado en esta instancia, dentro del plazo legal correspondiente, la citada resolución, lo que trae como consecuencia que consintió la resolución emitida en el toca de apelación 315/2022, por la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca Estado de México. Para justificar la anterior afirmación, se tiene que de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa y en su demanda de amparo y el escrito de desahogo de prevención, se aprecia que desde que fue notificada el veinticinco de mayo pasado, no la impugnó a través del recurso idóneo sin haberla combatido. Por lo tanto, ese acto fue consentido, ya que se encuentra íntimamente vinculado al acto reclamado. Se sostiene lo anterior, porque no se puede admitir que el citado acuerdo que señala como acto reclamado en su escrito de demanda cuente con autonomía propia, puesto que como se ha visto, es una consecuencia de la resolución por la cual se revocó la sentencia emitida en el juicio de Conclusión de Patria Potestad 168/2020, pues se advierte no se inconformó en su momento y, con ello, lo consintió tácitamente; de ahí que, en tal supuesto, se actualiza la citada causal de improcedencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI. 2o. J/99, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página noventa y seis, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". También, en términos del principio de exhaustividad, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales, judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución". (...) De lalectura del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente en contra de la última resolución dictada en dicho procedimiento. En la inteligencia de que, por última resolución en el procedimiento de ejecución correspondiente, señala que es aquélla en que se apruebe o reconozca de manera expresa el cumplimiento total de la sentencia, laudo o, en su caso, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, supuesto en el cual será el momento procesal en que proceda el juicio biinstancial y en el que la parte agraviada esté en aptitud de impugnar tanto la resolución de mérito como todas aquéllas intermedias que considere le dejaron sin defensa. Ello es así, porque en los actos surgidos de una contienda en el juicio de amparo existe como regla específica, cuya ratio legis es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, y que sólo permite la tramitación de la acción de amparo cuando se emita la última resolución de la fase ejecutiva de que se trata; porque de permitir la interposición de esta acción de control contra cualquier resolución emitida en fase de ejecución, sería tanto como permitir que una persona que ya ha sido oída y vencida en juicio en el que ya alegó y probó sus defensas sin obtener fallo a su favor, obstaculizara la acción de la justicia e impidiera que las prestaciones de quien obtuvo a su favor se vieran denegados o retardados en detrimento de la firmeza del sistema jurídico en su conjunto. Por ello, con toda atingencia el legislador estableció qué actos dictados en ejecución de la acción debe prosperar si y sólo sí se impugna la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que se reitera, tratándose de los procedimientos de ejecución, la sociedad y el Estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde la parte quejosa ya fue oída y vencida, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice su cumplimiento. En el presente caso, se reclama el auto emitido el veintidós de junio de dos mil veintidós, en el expediente 168/2020, del índice de la responsable, el cual fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el toca 315/2022, por la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, en específico el resolutivo cuarto mediante el cual se ordenó la entrega del menor de identidad reservada de iniciales A.E.S.LL., a su progenitora. Por tanto, es factible concluir que, en la especie, aún no se ha dictado la última resolución en el procedimiento respectivo, en el que ahora la promovente es parte, por lo que el juicio de amparo que insta, sólo será procedente en contra de dicha resolución y no en contra de las determinaciones intermedias que se emiten para hacer cumplir la sentencia. Al respecto, debe distinguirse entre lo que constituye una resolución dictada "para la ejecución de una sentencia o laudo" y la diversa, "en ejecución de la misma"; la primera, debe entenderse como aquella que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo, y la que, por su propia naturaleza, ya no requiere de otra determinación legal -por lo que es autónoma-; en cambio, la resolución emitida en ejecución de sentencia no constituye precisamente la última determinación judicial previa a su material ejecución, sino que está orientada a preparar y lograr tal objetivo. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado lo que debe entenderse por la expresión "última resolución" en la jurisprudencia por contradicción número P/J 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los autos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la legislación invocada, el que se acude en forma analógica, ante la existencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Tomadas las ideas plasmadas en la jurisprudencia transcrita, puede válidamente concluirse que el acto reclamado en el presente sumario constitucional, se ha dado en la etapa de ejecución de sentencia, de lo que se desprende que no es impugnable en el amparo indirecto, en virtud de que el mismo no constituye la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución; es decir es un acto propio del procedimiento de ejecución, por tanto, es claro, que el juicio natural se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Así que no será sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución correspondiente, cuando proceda el amparo, en el cual podrá la agraviada impugnar la determinación de mérito, así como todas aquellas violaciones que considere la dejaron sin defensa. En esas condiciones, ante la actualización de las causales de improcedencia previstas por la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al 107, fracción IV, segundo párrafo y 217 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V del mismo ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, en cuanto al acto combatido, por ser notoriamente improcedente. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2° de la ley de amparo, agréguense al expediente el oficio de cuenta remitido por la Jueza Especializada en Procedimientos de Adopción, Restitución Internacional de Menores de Edad y Sumario de Conclusión de Patria Potestad del Estado de México, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido por auto de treinta de junio del cursante, remite la resolución emitida el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el toca 315/2022 del índice de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, Estado de México, de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y se está a la espera de que la parte quejosa desahogue la prevención realizada en el citado auto. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

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