Aida Margarita Vera Solís

Expediente 632/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
632/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/08/2023

Partes del expediente

  • Aida Margarita Vera Solís

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; once de agosto de dos mil veintitrés******************** Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio recibido vía interconexión y procedente Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el que remite copia autorizada del testimonio de la ejecutoria dictada el trece de julio de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial 31/2023, cuyos puntos resolutivos son: "(.) PRIMERO******************** Existe el conflicto competencial******************** SEGUNDO******************** Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Aida Margarita Vera Solís, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por los razonamientos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria (.)" Atento a lo anterior, acúsese de recibo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S********************I********************S********************E********************)******************** En consecuencia, como no existe más por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir el cuaderno en que se actúa al archivo de este juzgado de Distrito******************** Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S********************I********************S********************E********************)******************** En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El presente asunto es susceptible de destrucción al tratarse de una incompetencia (artículo 19, fracción I, inciso b) del acuerdo en cita******************** 2) A consideración de este juzgado de Distrito, el presente cuaderno carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo******************** Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 19 del referido Acuerdo, el presente cuaderno, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de seis meses contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante******************** Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio******************** Notifíquese********************

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. REMITE AUTOS ORIGINALES Y NO ACEPTA COMPETENCIA. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, mediante el cual informa que no aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito para conocer del juicio de amparo promovido por Aida Margarita Vera Solís, por derecho propio, contra de actos del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y remite los autos del juicio de amparo 560/2023-II, de su índice. Atento a lo anterior, glósese copia certificada del oficio de cuenta al cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia planteada por este juzgado. El Juzgado oficiante para no aceptar la legal competencia planteada, expresó en lo que interesa lo siguiente: "Esto es, de lo antes indicado se advierte que en el caso se está en presencia de actos de carácter meramente omisivos, carentes hasta este momento de ejecución alguna, de ahí que, a criterio de quien aquí resuelve en el caso debe aplicarse el último de los supuestos de competencia que refiere el citado ordinal 37 de la Ley de Amparo, esto es, será competente el juez de distrito ante quien se haya presentado la demanda. Ello con independencia de que el Juez Federal declinante refiera que el acto reclamado sea de naturaleza omisiva con efectos positivos, toda vez que aduce implica un impacto especifico en la emisión del dictamen respectivo, mismo que conlleva la actualización del pago de la pensión solicitada, motivo por el cual están ligadas al domicilio de la parte quejosa, por lo que considera que el acto tiene ejecución en la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. [.] Sin embargo, se insiste que hasta este momento los actos reclamados por la quejosa, no tienen ejecución alguna, pues los mismos consisten precisamente en la omisión de las responsables en emitir contestación a las peticiones por los que solicitó tramitar, acordar, resolver y emitir el dictamen de pensión, no puede tomarse como parámetro para fincar competencia el domicilio de la aquí quejosa; por tanto, lo cierto es que hasta este momento se observa que se trata de actos meramente omisivos sin ejecución alguna, u, por ende, debe aplicarse el contenido del artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo; es decir, que es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El suscrito no comparte los razonamientos que expone el homólogo federal para no aceptar la competencia declinada, pues primordialmente manifiesta que este juzgado debe conocer de la demanda porque los actos reclamados por la parte quejosa no conllevan una ejecución material, por lo que deberá de conocer del asunto el Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda de amparo. Sin embargo, cabe destacar que, como se precisó en auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se determinó que la omisión de dar contestación a la solicitud de pensión, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir, que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber legal de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista, se genera una violación a los derechos de seguridad social. Violación que subsistirá, hasta en tanto se lleve a cabo la notificación de la resolución que se emita. De ahí que se diga que tales actos no constituyen omisiones simples, sino que traen aparejados actos positivos que conllevan ejecución, dado que la autoridad está obligada a resolver la solicitud de pensión de la quejosa, implicando con ello, un actuar que tendrá alcances materiales en la situación particular de la solicitante. Por tanto, es de concluir que en el caso, contrario a lo que sostiene el oficiante el acto reclamado es de naturaleza omisiva con efectos positivos, por lo que sí tiene ejecución material. Por lo que este juzgador además considera que en el presente caso cobra aplicación, por analogía, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que precisa que en los casos en los que se reclame la indebida cuantificación de la pensión, el juez competente para conocer del asunto será el del domicilio donde se ubique el quejoso, tal como se ve en la jurisprudencia 2ª./J152/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena época, Tomo XXX, octubre 2009, página noventa y cinco, de título, subtítulo y texto siguientes: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Pues a su vez, no debe perderse de vista que en el caso de que la parte quejosa se encuentre inconforme con la cuantificación de la pensión que resulte, ésta tendrá oportunidad de impugnar dicha determinación y ello ocurrirá de acuerdo con el domicilio en el cual reside y deba recibir la pensión determinada. A su vez, este órgano jurisdiccional sigue considerando que en el caso se surten los criterios sostenidos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en los conflictos competenciales 17/2022, 6/2023 y 13/2023, en sesiones de uno de septiembre de dos mil veintidós, dos y treinta de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente. Por ello, se considera que en el caso resulta competente para conocer del presente juicio de amparo, el Juez en cuya jurisdicción conlleva ejecución los actos reclamados, conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En consecuencia, este Juzgado Federal insiste en declinar la legal competencia para conocer del presente asunto, al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl y, se reitera el criterio sustentado en la determinación de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, pues es de estimarse que los argumentos vertidos por este juzgador son sólidos y suficientes para fincar la competencia al Juez de Distrito citado en líneas precedentes. Expuesto lo anterior, con fundamento en el párrafo tercero, del artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional considera pertinente remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en Turno, para que tenga a bien resolver cuál Juez de Distrito es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Aida Margarita Vera Solís, por derecho propio, contra de actos del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Comuníquese la anterior determinación al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, para los efectos legales conducentes. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de abril de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por recibido el escrito de demanda promovida por ********************, por derecho propio, contra de actos del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. REGISTRO. Fórmese expediente electrónico y físico toda vez que la demanda se presentó de forma impresa, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 632/2023-I. Por otra parte, no es necesaria la continuación de la integración del cuaderno físico del presente asunto, en virtud del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo de trece de octubre del año dos mil veintidós, por lo que únicamente se formará un expediente en donde obraran las promociones físicas que se promuevan de manera tradicional en la oficialía de partes de este juzgado de Distrito. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso en estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de la responsable de responder la solicitud de pensión con número de folio ********************que presentó en la Unidad de Atención al Derechohabiente de Nezahualcóyotl del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios el siete de marzo de dos mil veintitrés. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." INCOMPETENCIA. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que prevé a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este artículo, se obtienen las reglas básicas para determinar la competencia por territorio de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que se puntualizan en el orden siguiente: a) La primera regla, se encuentra prevista en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, la peculiaridad para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito a que se hizo alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado deba tener ejecución en más de un Distrito, haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente aquel ante el que se haya presentado la demanda de amparo; y c) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, de conformidad con los parámetros normativos que existen en la materia de competencia por razón de territorio, se debe tener presente la naturaleza del acto reclamado -si requiere ejecución material o carece de ésta-, así como sus características fundamentales - acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado-, para determinar en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que, de manera más objetiva y razonable, puedan permitir concluir la asignación de la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. A propósito de ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 70/2011 - el seis de abril de dos mil once, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito y el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito -, sustentó que la expresión "ejecución material" debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo, o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. En este sentido, debe destacarse la forma en que se dividen los actos, lo que se hace con orientación en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 343/2019. Precedente en el cual se indicó que los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Positivos. 2. Negativos, y éstos a su vez en:  Actos negativos simples.  Actos negativos con efectos positivos  Actos negativos prohibitivos 3. Omisivos o abstenciones. De los anteriores, importa destacar los actos omisivos o abstenciones, que son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. Ahora, para efectos de explicar de manera clara la naturaleza de los actos omisivos, se trae a contexto lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión ********************, en el que puntualizó que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, pasando por alto la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En adición, debe tenerse en cuenta que al resolver el amparo directo en revisión ********************, la misma Primera Sala precisó que no deben confundirse las nociones de no hacer y omisión. Ello es así, pues la diferencia entre ellas es que los estados de inacción -no hacer- no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacemos no tienen alguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de hacerlas, constituyen omisiones. En esa línea, para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente. Expuesto lo anterior, ahora se precisa que el acto reclamado es la omisión de emitir el dictamen de pensión solicitada por la persona quejosa, el siete de marzo de dos mil veintitrés, en la Unidad de Atención al Derechohabiente de Nezahualcóyotl del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con folio asignado ********************. En esas condiciones, debe tenerse presente el contenido de los artículos 3, 11 y 18 del Manual de Operación del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que disponen lo siguiente: "Artículo 3. El Comité de Pensiones tendrá por objeto resolver las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones en materia de pensiones a los derechohabientes del Instituto, previstas en la ley, siempre y cuando acrediten reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes." "Artículo 11. El Comité de Pensiones tendrá las siguientes funciones y atribuciones: I. Analizar y dictaminar las solicitudes de pensión o del estímulo por permanencia; (.). "Artículo 18. Los dictámenes o resoluciones que emita el Comité de Pensiones serán entregados o estarán a disposición del solicitante en las unidades receptoras donde se inició el trámite de pensión o de estímulo por permanencia, con la finalidad de que sean notificados del resultado." De las normas transcritas, se obtiene que la resolución que determina la procedencia de una pensión, es emitida por el Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mientras que la obligación de tenerlas a disposición del interesado, o bien, entregarlas, queda a cargo de las unidades receptoras en donde se haya iniciado el trámite de pensión, esto, con la finalidad de ser notificadas. Consecuentemente, la omisión de dar contestación a la solicitud de pensión, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber legal de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista, se genera una violación a los derechos de seguridad social. Violación que subsistirá, hasta en tanto se lleve a cabo la notificación de la resolución que se emita. De ahí que se diga que tales actos no constituyen omisiones simples, sino que traen aparejados actos positivos que conllevan ejecución, dado que la autoridad está obligada a resolver la solicitud de pensión de la quejosa, implicando con ello, un actuar que tendrá alcances materiales en la situación particular de la solicitante. Por tanto, es de concluir que en el caso, el acto reclamado es de naturaleza omisiva con efectos positivos, por lo que sí tiene ejecución material. Sobre esa consideración, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que los actos reclamados tendrán ejecución material en la circunscripción territorial en que ejercen jurisdicción los Jueces de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, pues es en su jurisdicción en donde los efectos positivos de la omisión señalada a la autoridad responsable de dar contestación a la solicitud de pensión, tendrán efectos. Lo anterior, porque de las constancias que acompañaron la demanda de amparo, se observa que la solicitud de pensión se tramitó en la Unidad de Atención al Derechohabiente Nezahualcóyotl de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por lo que, en términos del artículo 18 del Manual antes transcrito, es dicha unidad quien tendrá a disposición para efectos de su notificación, el dictamen o resolución que debe emitir el Comité de Pensiones del referido instituto de seguridad social. Por tanto, tomando en consideración la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo requiera ejecución material, resulta competente el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, es evidente que, quien debe conocer de la demanda que nos ocupa, es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno. Por otra parte, también cobra aplicación, por analogía, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que precisa que en los casos en los que se reclame la indebida cuantificación de la pensión, el juez competente para conocer del asunto será el del domicilio donde se ubique el quejoso, tal como se ve en la jurisprudencia 2ª./J152/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena época, Tomo XXX, octubre 2009, página noventa y cinco, de título, subtítulo y texto siguientes: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Como se adelantó, tal criterio es orientador, por analogía, en los casos en los que se reclame la omisión de emitir el dictamen de pensión por jubilación solicitado por la persona quejosa, el siete de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Atención al Derechohabiente de Nezahualcóyotl, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Habida cuenta que, en el caso en particular, del análisis del anexo de la demanda de amparo, esto es, la solicitud de pensión, se observa que la persona quejosa indicó que su domicilio particular se ubica en "********************; aunado a que presentó la solicitud de pensión ante la Oficina de Atención al Derechohabiente "Nezahualcóyotl", del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por lo que sí puede aplicarse la referida jurisprudencia 2ª./J152/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítase la demanda y sus anexos, al Juzgado de Distrito de Amparo en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente. Consecuentemente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En similar sentido resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en los conflictos competenciales 17/2022, 6/2023 y 13/2023, en sesiones de uno de septiembre de dos mil veintidós, dos y treinta de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Dado que el usuario proporcionado "********************", se encuentra registrado y cumple con los requisitos de ley, se ordena al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), habilitar los campos correspondientes para la debida consulta del expediente electrónico en que se actúa, de igual manera, como lo solicita se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el usuario referido, con las reglas que se establecen en el diverso 30, fracción II, de la ley de la materia. En relación al correo electrónico que proporciona, de ser necesario y a criterio de este juzgado, se le podrán comunicar a los mismos, aspectos que son urgentes. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** al contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes por así haberlo solicitado. OPOSICIÓN DE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Se toma conocimiento de las manifestaciones de la promovente, en el sentido de que se opone a la publicación de sus datos personales, así como de sus representados, por tanto se instruye al Oficial del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a los Actuarios de este Juzgado de Distrito, que tomen las medidas encaminadas a acatar dicha petición. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le permite la utilización de éstos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, pero se le informa que deberá conducirse con lealtad procesal y que no podrá reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero, de la legislación en cita, se ordena habilitar horas y días inhábiles, para realizar las notificaciones relacionadas con este juicio de amparo. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre del año en curso, se exhorta a las partes, para que continúen la tramitación del asunto, a través del portal de "Juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.

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