Alain Pérez Campos

Expediente 901/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
901/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
24/03/2021

Partes del expediente

  • Alain Pérez Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    MESA VI CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra el auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales conducentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión de plano y oficio (artículo 18, párrafo primero, fracción I, inciso a) del acuerdo en cita). 2. Asimismo, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el segundo párrafo del artículo 18, del Acuerdo de referencia), asimismo a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. 3. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 18 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, trascurrido dicho término se procederá a la depuración, para posteriormente remitirse al Centro archivístico respectivo. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIÓN OFICIAL. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el comunicado procedente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 21/2020 (orden 21/2020) del índice estadístico de este juzgado, del cual se advierte que se notificó a la parte quejosa los autos de diecinueve de febrero del año en curso, así como el diverso de diez de diciembre de dos mil veinte. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y dese de baja la comunicación oficial de que se trata. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Mesa VI ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, así como la circular SECNO/10/2021, en la que se comunica el acuerdo aprobado por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal para adoptar medidas especiales del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se acuerda: Por ende, se ordena la reanudación del presente juicio de amparo, sin que sea necesario señalar fecha para la celebración de la audiencia constitucional, en inteligencia de los razonamientos que se verterán en la presente determinación. Lo anterior, sin que sea el caso de notificar personalmente a las partes reanudación del presente sumario constitucional, ya que atento a lo dispuesto en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020 y acuerdos de prórroga subsecuentes, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la suspensión de labores de este órgano jurisdiccional se originó por causa de fuerza mayor, a saber el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS COV-2, cuyos factores de riesgo aún subsisten y afectan las actividades diarias; por lo que aún impera la contingencia de salud en comento, lo que pondría en riesgo innecesario al personal adscrito a este órgano jurisdiccional; de ahí que se estima suficiente la publicación del presente proveído en las listas de acuerdos y electrónica de este juzgado para el conocimiento de las partes. Además, los acuerdos generales precitados se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, razón por la cual las partes estuvieron en aptitud de conocer -en primer lugar, la suspensión de los plazos y términos de los asuntos que se tramitan en el juzgado y -en segundo- la reanudación de los juicios y la reincorporación física y paulatina del personal. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Por otra parte, es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Ahora bien, el acto que se reclama a través del presente juicio de amparo es: La orden de traslado a diverso centro de reclusión. Así las cosas, en el caso a estudio se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo. Los artículos 50, 51, 52, 117, fracción III y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a la letra dicen: "(.) Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y (.) Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. (.) Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados; (.)" La Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. De igual forma, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Recientemente, nuestro Alto Tribunal, en el criterio que más adelante se invoca, ha establecido que respecto de la orden de traslado proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, en los casos en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, incluso de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que contra la orden de traslado es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o la apelación en términos del artículo 132, fracción VII, de la aludida legislación, según la clase de traslado de que se trate; lo que conduce a concluir que la orden de traslado no constituye una violación directa a la Constitución Federal, al no afectar la libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues se erige dentro de procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual puede ser combatida. En consecuencia, al actualizarse, de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, con relación al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado, por no haberse agotado en su contra el principio de definitividad, procede sobreseer este juicio de amparo fuera de audiencia. La anterior determinación tiene sustento en las resoluciones pronunciadas en los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Sin que en la especie proceda a hacer mayor pronunciamiento respecto de las reservas decretadas en proveídos de treinta de diciembre de dos mil veinte, cuatro, veinticinco de enero y ocho de febrero de dos mil veintiuno, ello dada la conclusión arribada en párrafos que anteceden. Sin que en el caso sea procedente ordenar la notificación de esta determinación a la autoridad "Titular del Sistema Nacional de Seguridad" al resultar inexistente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. Expuesto lo anterior, y dada la naturaleza de la presente determinación, tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, ubicado en el Estado de Oaxaca de Juárez; atento a ello, con apoyo en lo establecido en los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el artículo 21 de la ley de la materia, comisione a cualquiera de los actuarios adscritos a ese órgano jurisdiccional, a fin de que siguiendo las reglas de la ley de la materia, se constituyan en dicha instalación carcelaria en busca del quejoso Alain Pérez Campos y le notifique personalmente la presente determinación, así como el auto de diez diciembre de dos mil veintiuno. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV 2 y los subsecuentes, así como la circular SECNO/10/2021, en la que se comunica el acuerdo aprobado por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal para adoptar medidas especiales del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese; y por correo electrónico al Asesor Legal y por exhorto al quejoso.

  4. Principal

    MESA VI PIEZA POSTAL REHUSADA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese al expediente físico y electrónico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes el sobre devuelto por el servicio postal Correos de México, que contiene la siguiente misiva: Oficio 17494/2020 dirigido al Titular General y/o Nacional de la Policía Federal, devuelto con la leyenda: "No se encuentra en ese domicilio rehusado por oficialía de partes". RESERVA. Toda vez que en auto de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, se ordenó suspender el procedimiento de este sumario, resérvese acordar lo conducente una vez que se reanude el mismo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS COV-2 y los subsecuentes, así como de la circular SECNO/6/2021, en la que se comunica el acuerdo aprobado por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal para adoptar medidas especiales del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno. Se ordena publicar el presente acuerdo en la lista electrónica del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal para conocimiento de las partes. Publíquese el presente acuerdo en la lista electrónica del Portal del Consejo de la Judicatura Federal.

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