Aida Aca Chapul

Expediente 1129/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1129/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Aida Aca Chapul

Actuaciones

  1. Principal

    En Puebla, Puebla a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Carátula del juicio de amparo. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal del presente expediente, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista de ocho días con los informes justificados y constancias que obran en autos, otorgada a la tercera interesada finada* a través de Ángel Salazar Apango, pues fue emplazada a este juicio el cinco de octubre del año en curso (como se desprende del proveído de once de octubre de la presente anualidad, en el que se recibió la constancia de su notificación ordenada mediante despacho); vista que comenzó a computarse a partir del nueve de octubre de la presente anualidad y fenece el seis de noviembre de dicho año. Del mismo modo, se desprende que el plazo de ocho días que debe mediar entre la fecha en que se difirió la audiencia constitucional (veinticinco de octubre del año en curso) y la nueva señalada para ese motivo (esta data), no transcurrió en su totalidad. Todo lo anterior, en virtud de que: ? En la circular 28/2023 suscrita por el Secretario del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, se informó que en sesión extraordinaria de ese mismo día, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal declaró como inhábiles los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés y veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés. ? Mediante el oficio administrativo 18/2023, dirigido a la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, el Coordinador de las Juezas y Jueces de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, informó que con motivo de la declaratoria nacional de paro de labores de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las personas titulares de los Juzgados Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, determinaron declarar inhábiles pero laborables los días veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Esto es, debido a que durante los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, no corrieron plazos por haberse declarado inhábiles, no pudieron transcurrir los plazos antes mencionados. * En consecuencia, a fin de no violentar derechos de las partes, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para su celebración

  3. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PROMOVENTE. Puebla, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por *, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género y Contra las Mujeres en San Pedro Cholula. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las parte que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Debido a que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera y, por ello, no se integraran al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico- Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. * Lo anterior, dentro de la carpeta de investigación *. De lo referido con antelación, permite visualizar una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así ya que dichas omisiones que la quejosa advierte como acto reclamado, tienen prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar la parte quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público durante la etapa de investigación, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. * Por ello se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones del Ministerio Público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma, en particular impugnarlas ante un juez de control para que este revise la legalidad de esas omisiones, entre las cuales queda comprendida la omisión que aquí se reclama. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede ordenar que cesen las omisiones e incluso disponer la emisión de los actos que sean pertinentes a la investigación, para una eventual determinación de la acción penal. Lo cual se obtuvo de la contradicción de tesis 233/2017, que generó el criterio invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción, determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar cualquier omisión del Ministerio Público, a través de la ruta ordinaria establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Omisiones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extendió a la falta de actos para integrar la carpeta de investigación. Por lo anterior, se indica que es oportuno que la quejosa acuda previo a la promoción de amparo a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, ya que dicho mecanismo permite al juez de control modificar la decisión o inactividad del ente ministerial para que continúe con el imperativo constitucional de investigar los hechos con apariencia de delito y, eventualmente, lleve a cabo el ejercicio de la acción penal ante los tribunales (obligación contenida en el artículo 21 de la Constitución Federal). En efecto, la parte quejosa debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra el acto reclamado en la demanda de amparo; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar las conductas del fiscal responsable, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que la inactividad combatida en la demanda de protección, encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues los actos reclamados por la promovente a la autoridad responsable, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la promovente, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues la omisión atribuida a la autoridad responsable, debe impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación. Anotación interna. Se instruye a la oficial judicial "A" que realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en relación al desechamiento. Notificaciones electrónicas y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito que se provee. Respecto del correo electrónico que proporciona, se le tienen únicamente como medios de comunicación, toda vez que la ley de Amparo no prevé la hipótesis de tenerlos como domicilio para oír y recibir notificaciones. Por último, se tiene en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo a las personas que señala en su escrito inicial de demanda, toda vez que no cuentan con su cédula profesional inscrita en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Acceso a la información y protección de datos personales Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si no hacen manifestación al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.

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