Alain Emmanuel Guerrero García

Expediente 1312/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1312/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • Alain Emmanuel Guerrero García

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de julio de dos mil veintidós. Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo); a través del cual el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, comunica el proveído de cinco de julio del año en curso, del que en esencia se advierte que el juicio de amparo 33/2022 de su índice se encuentra en etapa de cumplimiento, en ese sentido se obtiene que se avocó del conocimiento de dicho juicio. En otro orden, del estado procesal del presente juicio se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible en términos del artículo 21, inciso j), de dicho Acuerdo, y que no existen documentos originales exhibidos por las partes. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comento, el cuaderno principal permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su destrucción. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. N

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, anexa el proveído de veinte de enero pasado, por el que dicho órgano colegiado acusa de recibo del diverso 713/2022 del propio registro; asimismo, se advierte que formó y registro su juicio de amparo directo 33/2022; además, se advierte las gestiones que realizó a fin de determinar si el planteamiento formulado por este juzgado corresponde a la materia de amparo directo; motivo por el cual, se reservó a proveer lo conducente hasta en tanto la autoridad responsable dé cumplimiento a lo solicitado por el tribunal oficiante; circunstancias de las que este órgano jurisdiccional toma nota. Cúmplase.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de enero de dos mil veintidós. Vista la comparecencia de siete de enero pasado, se advierte que el quejoso ********************, compareció ante este órgano jurisdiccional a fin de ratificar el contenido y firma de su escrito recibido el veintinueve de diciembre del año pasado, en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, registrado en el libro de correspondencia bajo el número 19161, correspondiente a su escrito de desahogo de prevención. Atento a lo anterior, téngase por cumplido el requerimiento efectuado y se deja sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora bien, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integra de la demanda recibida, se aprecia que el quejoso señala como acto reclamado: El acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente ******************** del índice de la sala regional sur del Estado de México y auxiliar con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual, desechó el recurso de reclamación por extemporáneo. Así también, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que, el impetrante impugna el acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente ******************** del índice de la sala regional sur del Estado de México y auxiliar con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual, se desechó el recurso de reclamación por extemporáneo, y el referido recurso fue promovido contra el proveído que desechó por improcedente la demanda, presentada ante la citada Sala, pues el acto era de competencia Estatal, es decir, tenía que plantearse ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. En estas circunstancias, es evidente que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues la resolución motivo de reclamo en la presente instancia constituye una resolución que pone fin al juicio de primer grado, en términos de lo establecido por los artículos 34, 47 y 170, fracción I, todos de la Ley de Amparo, según se verá a continuación. En efecto, los referidos preceptos de la ley de la materia, por su orden, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.)" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control." De la interpretación de los numerales transcritos se obtiene que si el acto reclamado se trata del acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente ******************** del índice de la sala regional sur del Estado de México y auxiliar con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual, se desechó el recurso de reclamación por extemporáneo, y el referido recurso fue promovido contra el proveído que desechó por improcedente la demanda, presentada ante la citada Sala, pues el acto era de competencia Estatal, es decir, tenía que plantearse ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; entonces, resulta inconcuso que el acto en esta vía combatido constituye una resolución que, sin resolver sobre el fondo de la cuestión planteada, pone fin al juicio al dejar firme la resolución por la que se desechó la demanda que lo originó. Resulta aplicable al caso, en lo conducente, la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 260, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Administrativa, Común, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE NULIDAD. EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE NULIDAD CONSTITUYE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ANTE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, UNA RESOLUCION QUE PONE FIN AL JUICIO. En términos del artículo 107, fracción V, inciso b) de la Constitución General de la República, 46 y 158 de la Ley de Amparo y 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigentes a partir del quince de enero de 1988, son competentes tratándose de juicio de amparo directo, los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando el acto reclamado lo constituya una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que ponga fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario, por el cual puedan ser modificados o revocados. En el caso concreto, el acto reclamado en esta vía, se puede encuadrar en los supuestos competenciales establecidos para los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de amparo directo debido a que, el acuerdo de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto en contra del auto dictado por la Magistrada instructora que tuvo por no presentada la demanda de nulidad, confirmando dicho auto y desechando la demanda respectiva, se puede ubicar como resolución que pone fin al juicio. Para demostrar la aseveración anterior, es necesario partir de la finalidad que se persiguió al reformar los preceptos relativos a la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en el conocimiento de juicios de amparo directo. Con anterioridad a la reforma en comento, el amparo directo se promovía ante los Tribunales Colegiados de Circuito, únicamente contra sentencias definitivas o laudos, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya fuera que la violación alegada se hubiera cometido durante el procedimiento o en la sentencia misma, entendiéndose por sentencias definitivas aquellas resoluciones que decidieron el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedieran ningún recurso ordinario, en virtud del cual pudieran ser revocadas o modificadas. Así, aquellas resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, que ponían fin al juicio pero que no lo resolvían en lo principal (entre ellas el sobreseimiento), por exclusión, se debían combatir a través del juicio de amparo indirecto, prolongándose innecesariamente la tramitación del mismo. En efecto, en el juicio de amparo indirecto la instancia ante el Juez de Distrito comprende la realización de un procedimiento posterior, con una etapa de instrucción cuya finalidad es colocar el asunto en estado de sentencia, implicando un periodo probatorio (ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas) y alargando con ello la tramitación y sustanciación del juicio de amparo, respecto a resoluciones judiciales o jurisdiccionales (entre ellas el sobreseimiento), que por su naturaleza no necesitaban de un procedimiento posterior, para colocar el asunto en estado de sentencia. En este orden de ideas, con la finalidad precisamente, de evitar la innecesaria instancia ante el Juez de Distrito, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de juicios de amparo directo comprendió, en virtud de la reforma comentada, el supuesto de la procedencia del mismo, contra resoluciones que pongan fin al juicio (entendiéndose por éstas, aquellas que lo dan por concluido porque el juzgador advierte la existencia de un obstáculo jurídico que impide decidir sobre el fondo de la controversia), dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario, por el que puedan ser revocadas o nulificadas, dicho en otras palabras, con la reforma se precisó que contra todas aquellas resoluciones jurisdiccionales o judiciales de carácter definitivo que no requieran por su naturaleza de un procedimiento posterior (con la consabida etapa de instrucción), para colocar el asunto en estado de sentencia, procede el juicio de amparo directo, es decir una sola instancia, independientemente que resuelvan o no la controversia principal motivada por la litis. Al tenor de los razonamientos que anteceden, el acto que en esta vía se impugna y que constituye la resolución de la Sala responsable del Tribunal Fiscal de la Federación, que resuelve el recurso de reclamación y tiene por no presentada la demanda de nulidad, constituye para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo ante Tribunales de Circuito, "una resolución que pone fin al juicio", debido a que no se requiere de una etapa de instrucción para colocar el asunto en estado de sentencia, porque la misma ya se llevó a cabo durante la tramitación del recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo de la Magistrada instructora que tuvo por no presentada la demanda de nulidad, donde se ofrecieron y desahogaron las pruebas pertinentes. Así, al constituir el acto reclamado en esta vía, una resolución jurisdiccional dictada por un tribunal administrativo, que no requiere de una etapa posterior de instrucción para colocar el asunto en estado de sentencia, y no procede en su contra ningún recurso en virtud del cual pueda ser revocada o modificada, la sustanciación del juicio de amparo debe hacerse de conformidad a las reglas previstas tratándose de amparo directo, surtiéndose en consecuencia, la competencia de este Tribunal Colegiado." De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IV.3o.A.41 A (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 2724, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Administrativa, de rubro y texto siguiente: "RESOLUCIÓN QUE DESECHA EL RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, INTERPUESTO PARA IMPUGNAR LA SENTENCIA QUE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. Del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo se advierte que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Además, prevé que se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal y, por resoluciones que pongan fin al juicio las que, sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. En ese sentido, la determinación que desecha el recurso de reclamación mencionado contra una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que decretó el sobreseimiento en el juicio de nulidad, al haber sido dictada por los Magistrados integrantes de la Sala y no únicamente por el instructor, se asemeja a aquellas que ponen fin al juicio sin decidir el fondo del asunto, en virtud de que, para la parte que intente ese medio ordinario de impugnación, su juicio concluye con esa decisión, pues tiene como consecuencia la firmeza de la sentencia de sobreseimiento y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo." Así como, en lo conducente, la diversa tesis (I Región)8o.24 A (10a.) sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, visible en la página 3432, Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV de Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Administrativa, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. PROCEDE CUANDO SE CONTROVIERTE EL DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL POR EXTEMPORÁNEO, SI EN EL ACUERDO POR EL QUE, A SU VEZ, SE DESECHÓ POR LA MISMA RAZÓN LA DEMANDA -AL ESTIMAR QUE SU TRÁMITE CORRESPONDÍA A LA VÍA SUMARIA Y NO A LA ORDINARIA-, NO SE COMUNICÓ AL QUEJOSO QUE PARA SU INTERPOSICIÓN REGÍA EL PLAZO DE CINCO DÍAS. Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 116/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, página 617, de título y subtítulo: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. PLAZO PARA INTERPONERLO CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA LA DEMANDA DE NULIDAD TRAMITADA EN LA VÍA SUMARIA, POR EXTEMPORÁNEA.", en el supuesto de que el Magistrado instructor de alguna Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deseche la demanda promovida en la vía sumaria por extemporánea, aun cuando se cuestione la conclusión de que ésta y no la ordinaria, es la vía procedente, el promovente debe interponer el recurso de reclamación dentro del plazo de cinco días que rige para aquella modalidad del juicio contencioso administrativo, siempre y cuando tal plazo se le haya informado expresamente. En consecuencia, cuando en el amparo directo se controvierta el desechamiento del recurso mencionado por extemporáneo, y en el acuerdo por el que, a su vez, se desechó por la misma razón la demanda -al estimar que su trámite correspondía a la vía sumaria y no a la ordinaria-, no se comunicó al quejoso que para su interposición regía el plazo de cinco días, procede suplir la deficiencia de sus conceptos de violación, acorde con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, ya que se materializó en su contra una violación manifiesta de la ley que lo dejó indefenso." En esas condiciones, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo presentada por ********************. En ese contexto, remítanse los autos del juicio de amparo indirecto 1312/2021-III, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a efecto de que este asunto sea turnado al Tribunal Colegiado en turno correspondiente. Igualmente, se solicita a la superioridad de manera atenta y respetuosa el acuse de recibo respectivo. Finalmente, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual el quejoso *** pretende desahogar la prevención decretada en proveído de veinte de diciembre pasado; sin embargo, como la firma que calza el ocurso que se atiende, difiere notablemente de la que obra en la demanda de amparo; en tal virtud, se requiere al promovente para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique del presente proveído, comparezca en las instalaciones de este Juzgado de Distrito a ratificar el contenido y firma del ocurso de cuenta; apercibido que de ser omiso al respecto, se tendrá por no presentado el escrito que se atiende. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 202, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 165 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBE MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiéndose al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." En el entendido, que previo a acudir a este órgano jurisdiccional a ratificar el contenido y firma del escrito de cuenta, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso.

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