Alarico Napoleón Galván Albert

Expediente 1057/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1057/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/12/2021

Partes del expediente

  • Alarico Napoleón Galván Albert

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia que, no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 21 de tal ordenamiento; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la comparecencia de diecinueve de noviembre pasado, se advierte que el quejoso *************, compareció ante este órgano jurisdiccional a fin de ratificar el contenido y firma de su escrito recibido el nueve de noviembre de la presente anualidad, en la oficialía de partes común de este Juzgado de Distrito y registrado con el número de folio 16383, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada mediante proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, téngase por cumplido el requerimiento efectuado y se deja sin efectos el apercibimiento respectivo. Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. En ese sentido, de un análisis integral de la demanda de amparo y del escrito mediante el cual cumplió la prevención, permite a este juzgador advertir que la pretensión del quejoso está encaminada a reclamar los actos que se hacen consistir en: La privación del mínimo vital inherente a salvaguardar su dignidad humana y necesidad alimentaria en la tercera edad, con motivo de la dilación en la concesión de su pensión jubilatoria por causas no imputables a su persona. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, respecto al acto aquí reclamado, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, pues este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia la prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en concordancia al diverso 6°, párrafo primero, de la legislación en cita y 107, fracción I, de la Constitución Federal. Para corroborar el anterior aserto, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 6° de la Ley de Amparo, que en la parte conducente establece: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del precepto legal transcrito se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido y normas generales), que se sigue siempre a instancia de parte agraviada; es decir, el juicio constitucional puede promoverlo, únicamente, la parte a quien afecte el acto o la norma general reclamados. Por otra parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." La interpretación del precepto constitucional invocado permite establecer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, así como que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; por tanto, el requisito de procedencia del amparo consiste en que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y que ese interés se vea agraviado. En relación con lo anterior, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." De la transcripción precedente se obtiene que para la procedencia del juicio amparo es requisito indispensable que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y ese interés se vea afectado. En el caso particular, sólo se analizará el interés jurídico, pues al presentar la demanda de amparo, la parte quejosa no alegó la titularidad de un interés legítimo para accionar la vía constitucional. En ese sentido, es válido afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad o una norma general cuando demuestre la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, que el acto de autoridad afecta ese derecho; precisándose que tal afectación se materializa cuando se impone una obligación que antes no se tenía o si se elimina o restringe el derecho subjetivo de referencia. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. Sobre el particular, se cita por su aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, página 225, registro 170500, del contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Corolario a lo anterior, es que la afectación a dicho interés jurídico debe comprobarse de manera fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción. Cobra aplicación la jurisprudencia 321, de la Segunda Sala del más alto Tribunal de la Nación, publicada en la página 216, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Sentado lo anterior, en el presente caso, de lo narrado en la demanda de amparo y el escrito de desahogo de prevención de la parte quejosa, se advierte que solicitó una pensión jubilatoria ante la autoridad responsable y que ésta se encuentra en trámite, pues se ha dilatado injustificadamente desde el treinta de junio de dos mil diecinueve, al negársele la continuidad del mismo. Lo que se concatena que en la demanda de amparo y del escrito de desahogo de prevención, si bien la parte quejosa exhibió diversos documentos, entre los que se encuentra su solicitud de pensión por jubilación, recibos de nómina, y acuses de generación de cita; también lo es que de ningún documento se aprecie que se haya acordado de conformidad la pensión por jubilación peticionada. En decir, se considera que el acto aquí reclamado en realidad no genera en este momento, detrimento alguno a los derechos fundamentales que el justiciable estima transgredidos, pues al día de la presentación de la demanda no le ha sido concedida alguna pensión por jubilación, y por ende, al derivar el acto reclamado (la privación del mínimo vital inherente a salvaguardar su dignidad humana y necesidad alimentaria en la tercera edad, con motivo de la dilación en la concesión de su pensión jubilatoria por causas no imputables a su persona) de dicha concesión de pensión jubilatoria, y que no exista elemento de convicción que fundada y razonadamente patentice lo contrario, se estima que no está demostrada la afectación al interés jurídico del aquí quejoso. Pues se reitera, no le causa un menoscabo en su esfera de derechos, el privarle del mínimo vital como lo refiere si aún no le ha sido concedida la pensión por jubilación que solicitó y que sustente su derecho a recibir ese mínimo vital que reclama no le ha sido proporcionado desde que inició su trámite. Orienta lo anterior, la tesis aislada XV.3o.8 A (10a.) con registro digital 2021658, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias Común, Administrativa, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, página 2323, de texto y rubro siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE PAGO OPORTUNO DE UNA PENSIÓN JUBILATORIA. PROCEDE, AUN CUANDO EL ADEUDO SE HUBIESE CUBIERTO, PARA ANALIZAR LA AFECTACIÓN A DERECHOS HUMANOS DEL QUEJOSO Y DECRETAR LAS MEDIDAS QUE LOS TUTELEN, CUANDO SE ADVIERTA QUE EL RETARDO EN EL PAGO PERSISTE Y ES RECURRENTE. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de pago oportuno de una pensión jubilatoria, no cesan los efectos de aquélla ni se consuma por el hecho de que se cubra el adeudo, ya que puede ser que no desaparezcan en su totalidad las violaciones y consecuencias que dicha conducta generó en los derechos humanos del quejoso que, sin haber sido transgredidos directamente, son condición necesaria para el respeto, protección y garantía del derecho violado, como los relativos al mínimo vital, a la seguridad social, del que deriva el pago de una pensión a los jubilados, o a la dignidad e integridad de la persona. Por tanto, en la hipótesis indicada procede el juicio de amparo indirecto, aun cuando el monto omitido se hubiese cubierto al quejoso, siempre que se advierta que el retardo en el pago persiste y es recurrente, porque durante el tiempo en que aquél no recibe su pensión, carece de los medios para la plena satisfacción de sus necesidades básicas, lo cual no se subsana únicamente con el pago posterior o tardío, ya que ello no retribuye las molestias, problemas y obstáculos que una persona de la tercera edad -como son los jubilados- debe enfrentar para subsistir hasta en tanto el pago acontece, y compete a los tribunales encargados de vigilar la regularidad constitucional de los actos de las autoridades, decretar las medidas que los tutelen, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual, interpretado bajo un nuevo enfoque, tiene por objeto que por medio del juicio de amparo se otorgue una mayor protección a los derechos humanos, mediante el acceso a la justicia constitucional, buscando siempre la ampliación a la esfera de protección a las personas y prevenir que los derechos violados sigan siendo desconocidos." Consecuentemente, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 6º, fracción I, éstos de la Ley de Amparo y 107 fracción I, de la Constitución Federal, procede desechar la demanda intentada por el quejoso.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual aparentemente el quejoso Alarico Napoleón Galván Albert, da cumplimiento a la prevención realizada mediante proveído de veintiocho de octubre del año en curso, esto es, señala el acto reclamado y bajo protesta de decir verdad hace una narración sucinta y cronológica de la totalidad de los antecedentes de dicho acto. Atento a lo anterior, dado que la firma que calza el ocurso que se atiende, difiere notablemente de la que obra en autos; se requiere al promovente para que comparezca en el término de tres días ante este órgano jurisdiccional e indique si ratifica el contenido y firma del escrito de cuenta; apercibido que de ser omiso al respecto, se tendrá por no presentado el ocurso que se atiende. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 202, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 165 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBE MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiéndose al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Para lo cual, deberá realizar el trámite respectivo previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***********************, por propio derecho, contra actos del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1057/2021-IV. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, previo a la admisión de la demanda, el Juez de Distrito debe examinar la misma y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el 108, fracción IV y V, de la Ley de Amparo, dado que es requisito formal para la presentación de la demanda entre otros, precisar el acto que se reclama, se considera pertinente requerir a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias necesarias de éste, bajo protesta de decir verdad, y sabedor de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja procesal indebida, manifieste bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1.- Señale con precisión el acto reclamado del cual se adolece, pues en el apartado denominado "IV.- ACTO RECLAMADO:" señala como éste la privación del mínimo vital inherente a su dignidad y necesidad alimentaria en la tercera edad, con motivo de la dilación injustificada en la concesión de su pensión jubilatoria por causas no imputables a su persona; mientras que, en el punto 2 de los antecedentes que refiere menciona ".siendo que a la fecha de la presentación de esta demanda se me niega sin fundamentar ni motivar dicha negativa, la continuidad del citado trámite."; asimismo, en el punto 3 del referido capítulo, menciona "El día 19 de octubre de 2021 tuve conocimiento del oficio No 270000003000S/2214/2021 suscrito por la Mtra. Miriam Guadalupe Moreno González, Coordinadora Administrativa de la Secretaría de la Mujer del Estado de México mediante el cual hace de mi conocimiento que no es posible atender mi petición para la expedición de copias de los recibos. y siendo estos aparentemente los que la responsable escuda para retrasar mi trámite."; luego, en el apartado de conceptos de violación señala en el párrafo primero ".la responsable me priva de dicho derecho en perjuicio de mi más mínima subsistencia al dilatar por más de un año el cumplimiento de dicha prerrogativa." ".pues sin derecho se me priva de tal beneficio a pesar de que demostré ante tal responsable contar con dicho derecho de plano y siendo por causas no imputables a mi persona como lo es un archivo deficiente.". Es decir, deberá especificar si el acto que reclama lo es la omisión de expedir el dictamen de pensión que refiere solicitó desde el treinta de junio de dos mil diecinueve, o bien, si ya existe alguna resolución en la que se le haya negado otorgarle dicha pensión. 2. Una vez precisado lo anterior, bajo protesta de decir verdad deberá hacer una narración sucinta y cronológica de la totalidad de los antecedentes de dicho acto, así como de la relación que este tiene con el oficio 270000003000S/2214/2021 suscrito por la Mtra. Miriam Guadalupe Moreno González, Coordinadora Administrativa de la Secretaría de la Mujer del Estado de México mediante el cual le hace del conocimiento que no es posible atender su petición para la expedición de copias de los recibos (sic). Además, para el caso de que se le haya negado la pensión que refiere indique la fecha y forma en que aconteció, así como la fecha en que tuvo conocimiento de la misma. Lo anterior con la finalidad de obtener mayores elementos que permitan a este órgano jurisdiccional conocer con precisión lo reclamado, y estar en aptitud de pronunciarse sobre la procedencia del juicio que se intenta, pues hasta el momento con los datos que se cuenta no es claro establecer lo reclamado, pues por un lado reclama el mínimo vital para su subsistencia (sic), que pareciera es consecuencia de la dilación en otorgarle la pensión que solicitó o bien consecuencia de la negativa de la referida pensión. Apoya lo anterior, la jurisprudencia III.2o.C. J/3, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 84, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA. De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo." Asimismo, la Jurisprudencia P./J. 127/99, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, página 32, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Así como la diversa, tesis XX.57 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, visible en la página 871, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda" Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.7o.A.100 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, Tomo XXIII, Abril de 2006, Materia Común, Registro 175345, Página 990, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Es oportuno señalar que, conforme a lo dispuesto por el sexto transitorio de la Ley de Amparo, se continuarán aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada en tanto no se oponga alguna disposición vigente. Apercibido que de no dar cumplimiento en los términos indicados, en el plazo establecido, de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. No se soslaya que el aquí quejoso solicita la suspensión de oficio y de plano respecto al acto que reclama; sin embargo, debe precisarse que de la lectura integra de la demanda no se advierte que se trate de actos previstos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para su procedencia. Luego, téngase como domicilio las listas que se publican en este Juzgado de Distrito, pues los estrados no se encuentran contemplados en la ley de la materia. Por otro lado, toda vez que de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro del usuario "GARCIALEMUS", conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico que deriva del presente asunto. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Rodolfo García Lemus, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente y en términos del artículo 24 de la ley de amparo a las diversas personas que refiere, por así haberlo solicitado. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes que integran el presente juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.

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