Agustina Martínez José
Expediente 203/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/06/2023
Partes del expediente
- Agustina Martínez José
- Agustina Martínez José y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en esas condiciones, se decreta que dicho auto ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 14, fracción II, y 17 del referido acuerdo el cuaderno principal es conservable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción III inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se otorgó la protección constitucional. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el primer párrafo, del artículo 17, del Acuerdo en comento, el presente expediente será transferido una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Atento a lo anterior, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Veinte de abril de dos mil veintitrés. Veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Tres de mayo de dos mil veintitrés. Nueve de mayo de dos mil veintitrés. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La aplicación del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el diecinueve de diciembre de dos mil doce; consistente en la deducción del 6% de su pensión en concepto de servicios de salud, relativos a la clave: 5540, derivada del DECRETO N. 36 por el que se reformó el citado artículo 33 de la Ley del ISSEMYM, así como la devolución de las deducciones indebidas consistente en la diferencia en el porcentaje del 1.375% derivado de aplicar el 6% de deducción por concepto de servicios de salud; a partir del siete de febrero de dos mil veintitrés. Previa substanciación del juicio de amparo, el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "Entonces, al existir jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que declaró inconstitucional el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, reformado mediante Decreto Número 36, publicado en el Periódico Oficial de la Entidad, el diecinueve de diciembre de dos mil doce; lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************y ********************, para el efecto de que, a fin de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y la restitución de la parte quejosa en el goce del derecho violado, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, la autoridad Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: 1. Deje de aplicar, en el caso concreto, en perjuicio de ********************y ********************, la obligación de enterar la cuota del 6% del monto de la pensión, prevista en el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, impugnado, hasta en tanto se reforme, debiendo enterar el porcentaje mínimo, esto es, el del 4.625% establecido en la fracción I, del diverso artículo 32 de la legislación citada, aplicable para los servidores públicos en activo: y, 2. Devuelva en una sola exhibición únicamente la diferencia que resulte entre aplicar la cuota del 6% y la del 4.625%, esto es, el 1.375%, a partir de la fecha en que los quejosos ********************y ********************, manifestaron bajo protesta de decir verdad tuvieron conocimiento del descuento reclamado (siete de febrero de dos mil veintidós -pues así lo manifestaron bajo protesta de decir verdad, máxime que de considerar una fecha anterior, ello podría constituir un consentimiento tácito respecto de la aplicación realizada en dichos pagos de pensión-), así como la diferencia que resulte de los subsiguientes descuentos realizados, hasta en tanto se cumplimente la presente sentencia protectora". Posterior a ello, el veinte de abril de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la referida sentencia, y se requirió a la Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que dentro del plazo de tres días diera total cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, remitiendo copia certificada de las constancias que así lo acrediten. En ese sentido, el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido los oficios sin número (con anexo), signados por el representante legal de las autoridades responsables Titular de la Dirección General, Titular de la Subdirección de Tesorería, Jefe del Departamento de Pensiones Dependiente de la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social y del Jefe del Departamento de Control de Pagos dependiente de la Coordinación de Administración y Finanzas, todos del Instituto de Seguridad Social del estado de México y Municipios, y registrado en el libro de correspondencia interna bajo el número 6467, al que remitió copia del oficio ********************, signado por el Encargado del Departamento de Pensiones mediante el cual, informa que dejó de realizar el cobro del 6% de la cuota obligatoria de servicios de salud; asimismo, anexa impresiones originales de los comprobantes de pago expedidos a favor de los quejosos, realizando la devolución hecha a las mismas del uno punto trescientos setenta y cinco por ciento, respecto de esa resolución; y con su contenido se dio vista a la quejosa y tercera interesada para que en el término de tres días legalmente computados, manifestaran lo que a su interés conviniera. En ese sentido, de la misiva antes mencionada, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión de amparo, es decir, con plenitud de jurisdicción. A las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora en su totalidad; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), mediante el cual, la representante legal de las autoridades responsables Titular de la Dirección General, Titular de la Subdirección de Tesorería, Jefe del Departamento de Pensiones Dependiente de la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social y del Jefe del Departamento de Control de Pagos dependiente de la Coordinación de Administración y Finanzas, todos del Instituto de Seguridad Social del estado de México y Municipios, remite oficio 207C0401520101L/dP/3410/2023, signado por el Encargado del Departamento de Pensiones mediante el cual, informa que dejó de realizar el cobro del 6% de la cuota obligatoria de servicios de salud; asimismo, anexa impresiones originales de los comprobantes de pago expedidos a favor de los quejosos, realizando la devolución hecha a las mismas del uno punto trescientos setenta y cinco por ciento, con lo que acredita el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y sus anexos, dese vista a las partes quejosas, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese personalmente a ******************** representante común de los quejosos.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, veinte de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Atendiendo a lo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remita las constancias con las que demuestre el cumplimiento al fallo protector, apercibido que para el caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 258, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; así como, se remitirá el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para que siga el trámite de inejecución de sentencia que podrá terminar en la separación de su cargo y su consignación. Es aplicable, la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.
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