Aitana Córdova Ortega
Expediente 1616/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1616/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Aitana Córdova Ortega
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo dictado en el presente juicio de amparo, en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA QUEDADO FIRME. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con la totalidad de los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables, mediante los cuales se les comunicó el acuerdo dictado en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que el auto cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a la autoridad responsable copia del acuerdo dictado en autos, para su conocimiento. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Con Suspensión de Plano concedida: Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se decretó la suspensión de plano concediendo dicha medida cautelar, con fundamento en el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el presente asunto es susceptible de ser depurado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María Del Rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós Agréguense a los autos los informes relativos a la suspensión de plano e informe justificado rendidos por el Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, en representación del Instituto de la Salud para el Bienestar, autoridad responsable en el presente juicio. Al respecto, téngase por hecha la comunicación anterior para los efectos legales procedentes, sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, en razón de que por acuerdo de veintiocho de febrero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de febrero de dos mil veintidós Se tiene por recibido el escrito signado por Austelio Adalberto Mendoza Andrade, autorizado de la parte quejosa de iniciales A.C.O., mediante el cual informa que a la menor quejosa ya le fueron aplicadas la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer, anexando copia del comprobante de vacunación contra el virus SARS COV-2; en consecuencia de lo anterior se acuerda lo siguiente: Del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables la omisión de implementar un programa de vacunación contra el VIRUS SARS COV-2, COVID-19, destinado a menores de edad de doce a diecisiete años y, por ende, la omisión de ordenar que se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer. Ahora bien, en el caso este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "................. "XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y..." Para aclarar el contenido de esta porción normativa, es pertinente citar la jurisprudencia 2ª/J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, publicada en el tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, con registro digital 173858, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". De la interpretación de la fracción antes citada, se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales de un determinado acto de autoridad, que es generado sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, medio de control constitucional que el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia a la circunstancia de que el fallo protector, que en su caso, llegare a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe considerarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, tendrá lugar cuando subsistiendo formalmente el acto reclamado, éste no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; lo cual, se actualiza cuando el juzgador advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió; por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se considere violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, inclusive cuando éste subsiste, pero se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. De tal suerte que, si el acto reclamado en el presente sumario, concretamente, es la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19 en México, en la parte que omite regular la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, a los menores de edad adolescentes, cuya edad oscila entre los doce y diecisiete años, quien aquí resuelve, advierte que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de la modificación del entorno de vacunación del menor de edad. Es así, pues de autos se desprende lo siguiente: Mediante el escrito de cuenta, signado por Austelio Adalberto Mendoza Andrade, autorizado de la parte menor quejosa de iniciales A.C.O., mediante el cual informó que a la menor quejosa ya le fueron aplicadas la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer, anexando copia del comprobante de vacunación contra el virus SARS COV-2 Por tales motivos, se considera se actualiza la causa de improcedencia anunciada. En tales condiciones, si bien el plan nacional de vacunación subsiste en sus términos, la materia de reclamo en la esfera jurídica de la parte quejosa dejó de existir, porque en el caso, la omisión contenida en la política pública ya no afecta la esfera de derechos de ésta. Lo anterior, debido a que los efectos del acto reclamado no se concretaran en el caso particular, dada la modificación del entorno en el cual se encuentra actualmente la menor de edad; esto es, dejó de existir el objeto o la materia de reclamo por el actual esquema de vacunación del infante. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia respecto del acto reclamado precisado, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este sumario constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuatro minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de febrero de dos mil veintidós Visto el estado de los autos, se advierte que mediante oficio, el Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos fijo fecha para aplicar la dosis de la vacuna Pfizer-BioNtech, a la menor quejosa. En consecuencia, para efectos de que este órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de resolver el presente juicio conforme a derecho, se requiere a la parte quejosa para el efecto de que en el término de tres días informe si ya le fue aplicada la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNtech, a la menor quejosa, asimismo exhiba el comprobante de vacunación contra el virus SARS-COV2, que para el caso se haya emitido, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá una multa de cien a mil valores diarios de unidades de medidas de actualización, en términos de los artículos 237, fracción I y 238, primera parte de la Ley de la Materia. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las diez horas con cuatro minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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