Alan Fernando Briones Figueroa

Expediente 1088/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1088/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Alan Fernando Briones Figueroa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior, comuníquese a las partes en especial a las autoridades responsables con copia de la sentencia dictada en autos, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso se hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1088/2020, promovido por Alan Fernando Briones Figueroa contra actos del Ministerio Publico, Fiscalía, Visitaduría Especializada en Asuntos Penitenciarios de Derechos Humanos, Control y Confianza de Asuntos Internos, Juez de la Fiscalía de Control y Juicios Orales de Ejecución de Sentencias de Cuautla, Morelos y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos (demanda que remitió el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, ya que la misma fue dirigida a su Juzgado, sin embargo de la lectura se advierte que se trataba de una demanda nueva), remitida al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Alan Fernando Briones Figueroa solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades señaladas con anterioridad y por el acto siguiente: Acto reclamado: ".para que no sigamos en estas condiciones tan inhumanas y denigrantes y lo peor que estemos en un lugar en donde corre peligro nuestra vida y tememos nos pase algo." SEGUNDO. El veintiséis de noviembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1088/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado." Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables, los malos tratos en el lugar en el que está recluido. TERCERO. Inexistencia de las autoridades responsables. Así, se tiene que si bien, el promovente señaló a diversas autoridades responsables, también lo es que mediante acuerdos de treinta de noviembre de dos mil veinte, y diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se requirió al quejoso para que en el término de tres días, realizara manifestación alguna respecto a las razones actuariales signadas por los actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, relativas a los oficios 18320/2020, 18321/2020, 18322/2020 y 18323/2020, (siendo la totalidad de las autoridades señaladas como responsables) con la finalidad de señalar la denominación correcta, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, se tendrían por inexistentes a dichas autoridades. Sin que pase desapercibido que es obligación del quejoso el señalar de manera correcta a las autoridades responsables, requisitos establecidos en la Ley de Amparo, en sus numerales 108, fracción III, y 114, que a la letra dicen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios.". "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda.". De lo anterior se desprende que el quejoso debe señalar con claridad a las autoridades responsables y en caso de que exista irregularidad en las mismas se requiriera al mismo para que aclare su denominación, circunstancia que así aconteció, ya que se requirió y se dio un término para aclarar dicha situación. Plazo que transcurrió de la siguiente manera: ACUERDO NOTIFICACIÓN SURTE EFECTOS PLAZO Treinta de noviembre de dos mil veinte. Relativo al oficio 18323/2020 Tres de febrero de dos mil veintiuno. Cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Del cinco al nueve de febrero de dos mil veintiuno, sin contar los días seis y siete del mismo mes y año por ser inhábiles. Diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Relativo a los oficios 18320/2020 18321/2020 18322/2020 Treinta de marzo de dos mil veintiuno. Cinco de abril de dos mil veintiuno. Del seis al ocho de abril de dos mil veintiuno. Sin que se advierta que el quejoso haya realizado manifestación respecto a los requerimientos señalados en los acuerdos citados. Por ende, se hacen efectivos los apercibimientos ahí decretados y se tiene por inexistentes a las citadas autoridades responsables, suspendiéndose desde este momento toda comunicación con las mismas. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 153/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió." En ese sentido, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del numeral 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.;...". (Énfasis añadido) De los artículos anteriores se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se advierte que es improcedente el juicio de amparo; circunstancia que acontece en el presente caso. Lo anterior se estima así, toda vez que le quejoso fue omiso en desahogar los requerimientos formulados en autos, relativos a la aclaración de la denominación correcta de las autoridades responsables. Por lo anteriormente expuesto, al no existir autoridad responsable a la cual se le pueda atribuir acto de autoridad alguno, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo promovido por Alan Fernando Briones Figueroa. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón de imposibilidad realizada por el Actuario adscrito, en la que manifiesta la imposibilidad de entregar el oficios 18320/2020, 18321/2020 y 18322/2020 dirigidos al Ministerio Publico, Fiscalía y Visitaduria Especializada en Asuntos Penitenciarios de Derechos Humanos, Control y Confianza de Asuntos Internos, por la razón que ahí expone. De lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no realizar manifestación alguna se le tendrá por inexistente a la autoridad responsable antes referida. Finalmente para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las diez horas con seis minutos del veinte de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de conformidad con los ordinales 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual el promovente interpone el recurso de revisión; a lo que se acuerda: de conformidad con el numeral 80 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, exhiba ante este Órgano Jurisdiccional dos copias más de su escrito, ya que solo exhibió cuatro, las cuales se distribuyen de la siguiente manera, una para el agente del Ministerio Público Federal adscrito, tres para las autoridades señaladas como responsables una para la parte tercero interesada y una más para el Agente del Ministerio Público Adscrito al Tribunal Revisor; esto con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido dentro del lapso indicado, se tendrá por no interpuesto el citado medio de impugnación que promueve. Finalmente, y tomando en consideración la excesiva carga de trabajo con la que cuenta este órgano jurisdiccional; se faculta a los actuarios adscritos, para que realicen la presente notificación, inclusive, en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de Amparo.

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