Aide Portugal Maldonado
Expediente 1910/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1910/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 16/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Aide Portugal Maldonado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso b), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, la que señala: Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de once de julio de dos mil diecinueve ..., para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por el tercero interesado a través de escrito ingresado en la oficialía de partes de este juzgado federal el diecisiete de julio de dos mil diecinueve (fojas 121 a 137); en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".En consecuencia, lo procedente es conceder a Aidé Portugal García, el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitado contra el acto reclamado consistente en la resolución emitida el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del toca penal 94/2018-CO-4, por medio del cual confirma el auto de no vinculación a proceso dictada en la causa penal ... para los efectos siguientes: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente la determinación reclamada En su lugar, dicte una nueva resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, pero purgando los vicios formales precisados que afectaban la anterior determinación, se pronuncie respecto a la totalidad de los agravios formulados por la recurrente Aidé Portugal García y resuelva lo que en derecho corresponda." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. A fin de dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable a través de oficio ...(foja 88), remitió copia certificada de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dentro del toca penal 94/2018-CO-4; constancias con las cuales se corrió traslado a la quejosa, y se dio vista a las partes. Ahora bien, a fin de determinar si la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, este juzgador tiene a la vista la resolución emitida por la autoridad responsable, de la cual se advierte que con plenitud de jurisdicción, analizó los argumentos de la recurrente -aquí quejosa-, y estimó fundado y suficiente el agravio tercero hecho valer en el recurso interpuesto, para revocar la determinación del juez de primera instancia, por lo que en consecuencia, dictó auto de vinculación a proceso en contra de ROBERTO MARTÍNEZ GARCÍA, por el delito de despojo, en agravio de la ahora quejosa. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las documentales mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. No pasan desapercibidas las manifestaciones del tercero interesado, mediante escrito ingresado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, en el cual, medularmente arguye lo sigueite: Incurrió en exceso porque con la nueva resolución viola sus derechos humanos de legalidad, seguridad y certeza jurídica. Argumenta que cuenta con permiso de la CONAGUA para habitar el terreno en el que vive, por lo que no está en posesión de la porción del inmueble que se dice despojada la quejosa. Refiere que la Sala responsable concibe de manera incorrecta los elementos del hecho delictivo de despojo. Aduce que la Sala responsable emitió la resolución de nueve de julio de dos mil diecinueve de forma maliciosa, violando en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 Y 20 de la Constitución Federal, en relación con los diversos 8.1,8.2 b), 8.2 h), 9 Y 25 del Pacto. de San José; artículos 192,193,196, 197, 198 de la Ley de Amparo; artículo 316 fracción 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sostiene que la Sala responsable valoró un escrito de querella, el cual a criterio del Tercero Interesado, es ilegal, no obstante ello, el Tribunal de Alzada la estimó como apta y suficiente. Igualmente refiere que la constancia de posesión expedida por el comisariado ejidal de San Pedro Apatlaco de trece de noviembre de dos mil diecisiete, así como el informe que rindió el Ayudante Municipal de Apatlaco Morelos, son ilegales por no haber sido expuestos por la Fiscal de forma clara y completa. Controvierte los testimonios rendidos por José Sánchez Merino y Pedro Jaimes García, por considerar que no aportan nada para esclarecer los hechos por los que se le vinculó a proceso. Combate la valoración que la Sala responsable realizó respecto de los dictámenes en materia topográfica. Refiere que la Sala responsable confunde el señalamiento de una fecha en la cual refiere que realizó labores para desgajar un cantil, y con ello estiman suficiente la acreditación de su responsabilidad en la comisión del delito de despojo. Ahora bien, en cuanto a los argumentos señalados con los numerales 1, 2, 3, 4 y 9 tendentes a controvertir el fondo del juicio de origen, no pueden ser analizados por parte de este juzgador. Al respecto, debe precisarse que el objeto del presente acuerdo únicamente consiste en determinar si la autoridad responsable cumplió con lo ordenado en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, cuyos efectos fueron que una vez que causara ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente la determinación reclamada, y en su lugar, dictara una nueva en la que, con plenitud de jurisdicción, pero purgando los vicios formales precisados que afectaban la anterior determinación, se pronuncie respecto a la totalidad de los agravios formulados por la recurrente y resolviera lo que en derecho corresponda. En ese sentido, las manifestaciones vertidas por el tercero interesado no pueden ser objeto de estudio por parte de este juzgador, ya que a través de los mismos, pretende controvertir el fondo del asunto, lo cual es ajeno de la Litis del presente juicio de amparo, pues no debe perderse de vista que en la ejecutoria de amparo se dejó a salvo la jurisdicción de la Sala responsable para resolver el asunto sometido a su conocimiento, conforme estimara procedente. De manera que si el tercero interesado se encuentra inconforme con lo resuelto por la autoridad responsable, tiene a salvo sus derechos para ejercer los medios de defensa que estime procedentes en contra de la resolución emitida en cumplimiento por parte de la responsable, pues como se precisó en párrafos anteriores, ello no es materia del cumplimiento que se analiza en el presente juicio. Refuerza lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 89/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Junio de 2007, página 66, novena época, que a la letra dice lo siguiente: INCONFORMIDAD INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. LA MATERIA DE SU ESTUDIO DEBE LIMITARSE AL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO RELATIVO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE. La materia de estudio de la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, planteada contra la resolución de un juez de Distrito o de un tribunal colegiado de Circuito, que estima cumplimentada la ejecutoria concesoria del amparo debe limitarse al análisis del cumplimiento de dicha sentencia, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, pues ello es ajeno a la indicada inconformidad. Igualmente, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 18/2002, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Abril de 2002, página 280, novena época, cuyo rubro y cuerpo es del tenor siguiente: INCONFORMIDAD, MATERIA Y LÍMITE DE ESTUDIO. Cuando en el trámite de ejecución de una sentencia concesoria de amparo se promueve la inconformidad, a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, su estudio debe atender de manera circunscrita a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; de manera que si el efecto protector del amparo se estableció para que la autoridad responsable cumpliera con lo ordenado, es ilegítima la pretensión del quejoso consistente en exigir que, al hacerlo, la autoridad abarcara puntos no especificados en la resolución de amparo, pues al no haber constituido parte de la litis en el juicio de garantías, equivaldría a trastocarla y a dilucidar algo que no se incluyó en la acción constitucional de la que emanó. Por último, respecto a los argumentos señalados con los numerales 5, 6, 7 y 8, resultan inoperantes, toda vez que el alcance y valoración del material probatorio no puede ser objeto de estudio para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por constituir aspectos ajenos a dicha sentencia, máxime que se dejó a salvo la jurisdicción de la responsable para resolver lo relativo al toca penal 94/2018-CO-4, del cual conoce. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 115/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 222, que a la letra dice: INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se siguió en sus términos el fallo protector. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable dejara insubsistente la determinación reclamada, y dictara una nueva en la que, con plenitud de jurisdicción, pero purgando los vicios formales precisados que afectaban la anterior determinación, se pronunciara respecto a la totalidad de los agravios formulados por la recurrente -aquí quejosa- y resolviera lo que en derecho corresponda. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que dejó sin efectos el acto reclamado, y en su lugar, emitió uno nuevo en la que analizó los argumentos esgrimidos por la impetrante, y hecho lo anterior, consideró procedente dictar auto de vinculación a proceso en contra de ROBERTO MARTÍNEZ GARCÍA, por el delito de despojo, en agravio de la ahora quejosa. Con base en lo anterior, de conformidad con el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable remitió copia certificada de las documentales que anexó a su informe justiciado, devuélvasele, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, devuélvase a Lic. Daniel Adán Rodríguez Apác, Juez de Primera Instancia, de Control, Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado en Materia Penal, la copia certificada de las constancias requeridas, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Vistos los autos del presente juicio, se advierte que la el Agente del Ministerio público adscrito a la Fiscalía Región Oriente del Estado de Morelos, que conoce de la causa penal JCC/250/2018, tercero interesado en el presente juicio, no tiene conocimiento del contenido del auto de once de julio de dos mil diecinueve; en ese sentido, a fin de evitar mayores dilaciones, con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso b), y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que notifiquen por oficio al referido tercero, el contenido del acuerdo aludido, para que surta sus efectos legales. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por el tercero interesado, mediante el cual pretende interponer incidente de incumplimiento por exceso de la sentencia de amparo. Al respecto, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, se desecha la incidencia planteada por el tercero interesado por ser notoriamente improcedente, toda vez que la Ley de Amparo, dentro de su cuerpo normativo no prevé dicho incidente. No obstante lo anterior, a fin de no dejar en estado de indefensión al tercero interesado, dígasele que sus manifestaciones serán tomadas en consideración por este juzgador al momento de proveer sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Finalmente, queda a su disposición la copia adicional del escrito de cuenta por no ser necesarias para la integración del expediente. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de julio de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de Amparo de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dése vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Resguárdese en la secretaría de cumplimientos el disco en formato DVD, que remite la autoridad responsable. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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