Aida Santiago Márquez
Expediente 210/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 210/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Aida Santiago Márquez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Juez homólogo informa. Agréguese el oficio de cuenta, que remite el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, por medio del cual informa que no insiste en declinar la competencia de la demanda de amparo promovida por Aida Santiago Márquez. Archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que no se aceptó la competencia declinada por el juzgado de distrito diverso, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de marzo de dos mil dieciocho. SE RECIBEN AUTOS REMITIDOS POR EL JUEZ HOMÓLOGO. Téngase por recibido el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, al que adjunta los autos del amparo indirecto 285/2018-IV-B. Acúsese recibo. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 210/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. NO SE ACEPTA COMPETENCIA. Como se dijo, el juez homólogo, remite los autos del amparo 285/2018-IV-B, debido a que consideró que es incompetente en razón de territorio, por lo que respetuosamente, éste órgano de control de constitucional no comparte el criterio adoptado, en mérito a lo anterior, se establece y explica por qué este Juzgado carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, dado que, el artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: a) Es competente el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del contenido del artículo que se transcribe se obtienen tres reglas básicas que determinan la competencia de los Jueces de Distrito. La regla inicial, que es la que al caso importa, se encuentra contenida en el primer párrafo del precitado numeral, que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. De lo que deriva que dicha hipótesis de competencia se actualiza cuando el acto reclamado es de aquellos que después de su emisión, por su naturaleza, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, como sucede en el caso. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que fueron señaladas como autoridades responsables al (1) Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de México; así como al (2) Director de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales en el Estado de México; (3) Subdirector de Otorgamiento de Crédito, de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales en el Estado de México; (4) Subdelegado de Prestaciones en el Estado de México; (5) Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas en el Estado de México; y (6) Jefe de Recuperación de Crédito en el Estado de México, todas estas pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De quienes reclama el descuento vía nómina por la cantidad de $3,322.67 (tres mil trescientos veintidós pesos 67/100 moneda nacional), con motivo del préstamo a corto y mediano plazo número 20170642080, fechado el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, por $135,882.00 (ciento treinta y cinco mil ochocientos ochenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), del cual bajo protesta la quejosa dice que no se le otorgó la cantidad líquida o cheque alguno, puesto que no fue posible ejercer el propio crédito. Ahora, este juzgador federal considera que si bien es verdad que el acto reclamado conlleva una ejecución material, lo cierto es que el mismo no se materializa en esta localidad; pues la circunstancia de que la quejosa se encuentre adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, de ninguna manera conlleva a considerarlo así. Ya que en el caso concreto, son las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con asentamiento en Toluca, Estado de México (señaladas como responsables), las que reúnen el carácter tanto de ordenadoras como de ejecutoras, máxime que no se advierte el señalamiento ni la participación de alguna autoridad de esta localidad de Morelia, Michoacán, por lo que no puede estimarse que los actos impugnados tengan ejecución material en esta ciudad. Sin que obste para considerarlo así, la circunstancia de que en su caso, sea el Administrador Regional del Poder Judicial de la Federación con domicilio en Morelia, Michoacán, quien aplica los descuentos de nómina origen del acto reclamado, pues la actuación de esa dependencia administrativa no debe tomarse como base para determinar la competencia en el juicio constitucional, porque en esa hipótesis no actúa como autoridad, sino como patrón, limitándose únicamente a efectuar los descuentos al sueldo de su trabajador en cumplimiento a la supuesta deuda adquirida. Ello es así, porque los actos de ejecución para efectos del juicio de garantías, conforme al artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo, deben provenir necesaria y forzosamente de una autoridad en estricto sentido, lo que no acontece cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ordena el descuento del salario por concepto del préstamo a corto y mediano plazo, girando para tal efecto el oficio al empleador del deudor, para que descuente periódicamente el porcentaje fijado, pues aquél, al realizar los descuentos, aun cuando se trate de un órgano de Estado, no actúa como autoridad, sino que su actuación se equipara a la de un particular; tan es así que ni siquiera existe obligación de que se le llame al juicio constitucional, pues el juicio de amparo no procede contra actos de particulares. Admitir una postura contraria, implicaría llegar al extremo de considerar como actos de ejecución, para efectos de fincar la competencia en los juicios de garantías, aquellos descuentos de salario que realicen no sólo los órganos del Estado, sino también las diversas dependencias de la administración pública en sus diferentes niveles, empresas privadas y los particulares, en donde labore el obligado, incluso, llegar al grado de tener que llamarlos al juicio constitucional como autoridades responsables, siendo que es de sobra conocido que tales entidades o individuos, actuando simplemente como particulares auxiliares de la administración de justicia en cumplimiento de una orden judicial y, por ende, es innecesario llamarlos a juicio. Sirve de analogía a lo anterior, la Jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, que aparece publicada en la página 145, Tomo XI, correspondiente al mes de agosto de dos mil doce del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa." A lo que se suma la circunstancia de que, de las constancias adjuntas a la demanda, se aprecia que el préstamo autorizado por internet con folio 5185302 (foja14), en su caso, se debía ejercer en la ciudad de Toluca, Estado de México. Por tanto, se concluye que el Juez competente para conocer de la demanda de amparo de que se trata, lo es el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en la ciudad de Toluca, Estado de México, pues es desde esa población donde se lleva a cabo la ejecución de los actos reclamados. Así las cosas, se excluye la aplicación del resto de las hipótesis de competencia que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo; la del párrafo segundo, porque no se advierte que el acto reclamado se está ejecutando en dos o más distritos (máxime que en todo caso, el conocimiento sería a prevención) y la del último párrafo, porque la resolución reclamada sí tiene ejecución material, exclusivamente si se atiende que el acto tiene efectos positivos, traducidos en el descuento que se hace del salario de nómina a la parte quejosa. En consecuencia, este Juzgado no acepta la competencia planteada; y, con fundamento en el normativo 48 párrafo segundo de la ley de la materia, se ordena devolver al homólogo Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, el expediente en que se actúa, el cual deberá informar a este órgano constitucional, si insiste o no en declinar su competencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y se ordena formar el cuaderno de antecedentes relativo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. USO DE MEDIOS. Por otra parte, por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, toda vez que mediante Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Sin embargo, cabe señalar que la citada circular no es vinculatoria para este juzgador, pues constituye una facultad discrecional de cada titular autorizar o no el uso de dichos medios, pero en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, así como una economía procesal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: Solicitarlo por escrito o por comparecencia. Señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico (cámaras, grabadoras o lectores ópticos) con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos para mantener una seguridad jurídica. En el entendido, que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados en términos amplios a Arturo Berrelleza Valdez, Adulio Santiago Montes y a Fernando Paleta Ochoa, en cuanto a las diversas personas que señala; por no encontrarse registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se le autoriza en términos restringidos. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
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