Agustín Villalvazo Ruiz
Expediente 1249/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1249/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Agustín Villalvazo Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1249/2023, promovido por Agustín Villalvazo Ruiz, por alegada violación de los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad: La omisión de dar continuidad con el procedimiento y turnar los autos del expediente ordinario laboral 291/2023, en los términos de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, así como dentro del plazo que establece el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman omisiones de autoridad responsable residente dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. De las manifestaciones que formuló la autoridad responsable al rendir su informe justificado se obtiene la certeza de los actos reclamados. Lo anterior se corrobora con las constancias remitidas del expediente laboral 291/2023, las cuales adquieren pleno valor en términos del artículo 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según se advierte de su numeral 2º. CUARTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia y/o sobreseimiento, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, con relación a la conducta omisiva que se le atribuye a la responsable. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". El Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes de su nacimiento. También, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar al quejoso, lo cual debe entenderse como su detención definitiva, la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia de aquél; por tanto, la razón justificante de la improcedencia de mérito de ninguna manera es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que no surtió sus consecuencias, ni las surtirá y en modo alguno dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, tal motivo de improcedencia está orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, a saber, lograr la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, para restablecer las cosas al estado existente antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, de ser negativo, obligar a la responsable a respetar la prerrogativa correspondiente. Así, dicho motivo de inviabilidad se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado guardado antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo y el acto no invadiera la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejara. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto, permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, en el caso concreto, de la precisión de los actos reclamados que formuló la parte quejosa y de los antecedentes que bajo protesta relató, se advierte que su reclamó es la omisión de dar continuidad con el procedimiento y turnar los autos del expediente ordinario laboral 291/2023, en los términos de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, así como dentro del plazo que establece el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo. Al respecto, el numeral 103 que invoca la quejosa precisa: "Artículo 103. El Tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la práctica de las diligencias que fueran necesarias y citará a las partes, y en su caso a los testigos y peritos, para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución". Lo que evidencia que la omisión que reclama la quejosa se encaminan a la falta pronunciamiento para citar a las audiencia de pruebas, alegatos y resolución. En ese sentido, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado refirió que con fecha diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, en los autos del juicio laboral 291/2023, tuvo a las demandadas por contestando la demanda entablada en su contra, y señaló las nueve horas del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. De tal forma, es evidente que la omisión reclamada ha dejó de existir con motivo de acuerdo emitido por la responsable; por tanto, la afectación de que se dolía el quejoso dejó de surtir efectos en su esfera jurídica. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley citada. Por último, no se soslaya que la fiscal adscrita a este órgano jurisdiccional formulara los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Agustín Villalvazo Ruiz, contra el acto reclamado y autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando último de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
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Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se recibe oficio. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio singado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual, remite diverso comunicado por corresponder a este órgano jurisdiccional la tramitación del juicio de amparo promovido por Guadalupe Montes de Oca García, en cuanto apoderada jurídica de Agustín Villalvazo Ruíz. 1.1 Informe justificado. Visto el oficio recibido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, rindiendo informe justificado; con el que se ordena dar vista a las partes para los efectos legales conducentes. 1.2. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad responsable; sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSOM QUE DICE: Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De los autos se desprende que mediante sentencia dictada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, misma que causó ejecutoria en auto de veintiuno de julio del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: "Emitir de inmediato el acuerdo en el que señale fecha para el desahogo de la prueba de recuento en el juicio laboral ********************; asimismo realice lo necesario para llevar a cabo su desahogo, dentro de los plazos que establece el artículo 883 de la Ley Federal de Trabajo." 2. Actos llevados a cabo para cumplir con la sentencia de amparo. Mediante oficio 469/2023, recibido en proveído de nueve de agosto del dos mil veintitrés, la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del acuerdo de ocho de agosto del año en curso, a través del cual realizó gestiones para materializar el desahogo de la diligencia encomendada. Luego, al comunicado 483/2023, recepcionado en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, anexó copia certificada del proveído de quince de agosto del presente año, en el que señaló hora y fecha para que tuviera verificativo el desahogo de la prueba de recuento. Posteriormente, mediante oficio 511/2023, recibido en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, remitió copia certificada de la actuación de veintiséis de agosto de dos mil veintitrés, de la que se advierte el desahogo de la diligencia de recuento. 3. Manifestaciones. La parte quejosa no desahogó la vista dada en autos. 4. Conclusión. En tales circunstancias, se estima que la autoridad responsable restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, ya que señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la prueba de recuento, la cual fue desahogada el veintiséis de agosto del año en curso, dentro del expediente especial . En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaría encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 6. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -en adelante Acuerdo General-, el presente asunto es CONSERVABLE. 7. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en los artículos 17 y 26 del mencionado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, con apoyo de la Administración Regional del edificio sede de este órgano jurisdiccional, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 8. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. 9. Documentos originales. En términos del artículo 19 del citado acuerdo, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidas que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 10. Constancia. Como lo establece el ordinal 34, párrafo segundo, del Acuerdo General, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. 1. Se reciben alegatos. Visto lo de cuenta, incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado, por medio del cual formula alegatos que a esa representación social corresponde, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 1.1. Solicita copias. Asimismo, solicita se le expidan copias certificadas de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las mismas. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
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